The Supreme Court temporarily cleared the Trump administration to continue its third-country deportation policy this week, as DHS’ top lawyer mounts a public defense of an immigration authority the administration says previous presidents largely left dormant.

DHS has increasingly used so-called «third-country» removals when a removable alien cannot be returned to their home country or that country refuses to take them back — part of what agency General Counsel James Percival describes as a broader Trump strategy of reviving immigration authorities already on the books.

«Imagine going to a country and saying, hey, we’ve got a guy, he’s not your guy, and he’s a rapist, but can he please live there?» Percival told Digital.

«That’s not an easy ask. It requires significant diplomatic energy… Norway is not taking a rapist from Cuba.»

TRUMP’S SPECIAL STRATEGY TO DEPORT ILLEGALS GIVES HIM ANOTHER TOOL FOR ENFORCEMENT

The justices on Tuesday stayed a lower-court judgment restricting DHS’s policy, allowing the administration’s guidance to remain in effect while the Court considers the case on the merits. Arguments are set for December over whether agency procedures comply with federal immigration law, due process and safeguards against torture.

The case does not squarely challenge DHS’s underlying authority to conduct third-country removals, but rather the procedures it must follow beforehand.

«It’s in the statute expressly that we can do this,» he said. «If you go back and read most of the immigration laws, there’s a lot of really good tools in there that people just haven’t used.»

The third-country provision was included in a major immigration reform package passed by Congress and signed by President Bill Clinton in 1996: the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA).

«A lot of people in government sort of treat their authority like fine china,» Percival remarked.

«They’re afraid if they ever actually use it, someone will take it away. And if you’ve ever owned fine china, it’s like you can find yourself at the end of your life and you were so afraid you would break it you never used it.»

TRUMP’S FIGHT OVER RARELY USED 18TH-CENTURY DEPORTATION LAW LIVES ON IN LATEST COURT CLASH

But Percival’s strategy has not come without blowback from human rights advocates, who pointed most recently to allegations that deportees were beaten by authorities in Equatorial Guinea, a tiny nation on Africa’s Atlantic coast that has been under the control of President Teodoro Obiang since 1979.

Obiang’s government received $7.5 million from Washington as part of an agreement with Malabo to accept third-country deportations.

«I’d rather live in the United States than Equatorial Guinea too, but I’m an American citizen and I haven’t killed anybody,» Percival said.

The detention issue traces in part to the Supreme Court’s 2001 decision in a case involving a stateless legal resident whom the government ordered deported due to his criminal record. Kestutis Zadvydas was born to Lithuanian parents in a German displaced- persons camp, but neither Lithuania nor Germany would accept him.

The court held that six months of post-removal detention is presumptively reasonable, after which continued detention can be challenged if removal is not reasonably foreseeable.

Percival is making that case publicly through his «Daily Deportee» series on X, highlighting criminal deportees whose home countries will not accept them.

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«If the person is a child rapist and serves 20 years, we have two choices: Find a third country — or let the child rapist go live in an American community,» he said, adding that the effort is intended to shape public understanding of the issue and highlight its stakes.

Percival cited Burmese national Kyaw Mya, whose home country won’t take him back.

Percival said another case he plans to feature involves a migrant who committed a violent crime, was not removed by the Bush administration after serving time and then allegedly reoffended after his release:

«[He] tried to kill somebody, the gun misfired, so he pistol-whipped them instead. He served time for that. He got out,» Percival explained.

As DHS continues seeking to use underutilized tools in the IIRIRA and other laws, Percival pointed illegal immigrants and criminal resident aliens to another oft-repeated option that Homeland Security Secretary Markwayne Mullin continues to keep on the table:

«It’s not too late to get $3,000 and a flight home.»

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Roger Rider Mariaca Montenegro era considerado hasta el miércoles uno de los hombres más poderosos de Bolivia (o el más). Ese día, cerca de la medianoche y después de realizar un vuelo de Sucre a Santa Cruz de la Sierra, fue detenido por policías en el aeropuerto Viru Viru. Dos días antes, el Departamento de Estados Unidos lo había incluido en la lista de personas a las que les revocaba la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Roger Rider Mariaca Montenegro era el fiscal general de Bolivia.

Mariaca, de 38 años, pasó de ser un abogado independiente al hombre encargado de la persecución penal en su país en una carrera meteórica: se licenció de la universidad pública de Santa Cruz, obtuvo maestrías y diplomados en Derecho Penal, fue docente, vocal del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados; vocal de una comunidad guaraní y Fiscal Departamental de Santa Cruz, la región más poblada y posiblemente con mayor carga procesal del país.

Su trayectoria está atravesada por episodios controvertidos. Cuando era abogado independiente fue defensor de la familia Candia-Castedo, acusada por narcotráfico en un caso relacionado a una avioneta cargada con droga que fue detenida en Paraguay con 300 kilos de cocaína.

Cuando era fiscal de Santa Cruz dirigió las investigaciones contra Sebastián Marset, el famoso narcotraficante uruguayo que radicó en Bolivia hasta marzo de este año cuando fue capturado y expulsado a Estados Unidos. En 2023, con Mariaca en la Fiscalía de Santa Cruz y Eduardo Del Castillo en el Ministerio de Gobierno, Marset logró huir de un operativo en su contra. Tres años más tarde se revelaría que permaneció libre e impune en Bolivia, presuntamente con protección de Mariaca a quien en un video se lo escucha calificar como “un amigo”.

También tuvo entre las manos casos de alta repercusión política como los que se siguieron contra el exgobernador Luis Fernando Camacho o la ex alcaldesa Angélica Sosa, acusada de corrupción en el caso denominado “ítems fantasmas”. Con casos de interés mediático, Mariaca nunca tuvo un perfil bajo.

Fuera de estos procesos, hubo una serie de casos vinculados al narcotráfico que durante su gestión tuvieron decomisos e imputaciones, pero que permanecieron abiertos o sin sentencia pública. Un reportaje de la Agencia de Noticias Fides presenta un registro de todos esos procesos.

Con esa trayectoria, en 2024 se presentó como postulante al cargo del Fiscal General del Estado, que se elige por votación en la Asamblea Legislativa. Inicialmente no estaba entre los favoritos para ocupar el cargo, pero logró pasar todas las pruebas y votaciones.

Durante el proceso de selección, fue impugnado por cinco personas que señalaron supuestas irregularidades en su postulación e incumplimiento de requisitos.

Algunos diputados denunciaron entonces que Mariaca estaba comprando votos a través de intermediarios. Una fuente que entonces integraba el Legislativo contó a Infobae que “a cada diputado que votó por él le pagaron entre cinco mil y seis mil dólares” y que se les entregó una lapicera que borraba, para que pudieran mandar una foto de su voto a sus jefes de bancada y luego cambiarlo secretamente.

Estas denuncias nunca fueron probadas pero el resultado de la votación provoca sospechas. Mariaca superó los dos tercios -115 votos de 161- con apoyo de legisladores de todas las bancadas: desde el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) hasta el conservador Creemos.

“Es uno de los desafíos más honrosos de mi vida”, afirmó Mariaca, entonces de 36 años, al asumir uno de los puestos más importantes del país. “El cargo significa un compromiso inquebrantable con la justicia”, añadió.

Su elección coincidió con la agudización de la crisis interna del MAS y la disputa caníbal entre el entonces presidente Luis Arce y Evo Morales, su antiguo jefe y mentor. El rol de Mariaca tendría entonces profundas implicaciones políticas.

El fiscal no tardó en marcar posición: el 17 de diciembre, un mes después de haberse emitido la primera orden de aprehensión contra Morales por una acusación de trata de personas, salió ante los medios y dijo que pediría seis meses de detención preventiva contra el expresidente una vez que sea capturado; anuncio que no tuvo oportunidad de cumplir porque la orden de arresto nunca se ejecutó.

La postura del poder político frente a Mariaca nunca ha sido neutral y ha generado tanto críticas como alabanzas. Sus detractores lo acusan de corrupción y de proteger a narcotraficantes, mientras que sus aliados lo llenaron de medallas y diplomas de reconocimiento.

En los últimos dos años, Mariaca recibió al menos 25 homenajes y distinciones y fue nombrado doctor honoris causa de dos universidades. Los halagos vinieron de todo lado: desde la Cámara de Senadores hasta la Alcaldía de Santa Cruz, pasando por el Tribunal Supremo Electoral y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas, por citar solo algunas entidades.

“Son reconocimientos oportunistas e interesados para obtener favores, quedar bien o sacar alguna ventaja. Hay personas con más méritos para reconocimientos, pero se distorsionan las valoraciones”, afirmó el exdirector del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno, Daniel Valverde. Según el analista, muchos de estos reconocimientos fueron para “quedar bien” y para que “cuando le toque a uno (enfrentar la justicia), no se olvide que fue artífice de una condecoración ”.

La Justicia en Bolivia es precisamente una de las instituciones más vulnerables a decisiones arbitrarias, donde la voluntad de un juez puede terminar imponiéndose a la institucionalidad. El informe de 2025 de World Justice Project (WJP) sitúa al país en el puesto 131 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho y revela graves deficiencias en materia de independencia judicial y ausencia de corrupción.

El punto de inflexión en la gestión de Mariaca llegó cuando se convirtió en una figura incómoda para el Gobierno de Rodrigo Paz. Si bien hubo casos previos relacionados a contrabando de oro y otros, el detonante final fueron las investigaciones que involucran a su asesor principal Fernando Cerimedo, el consultor político argentino acusado de tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, violencia doméstica y encubrimiento al narcotráfico.

Mariaca dirigió la investigación judicial de la Fiscalía contra Cerimedo, sobre quien se difundieron acusaciones de corrupción que salpican incluso a la familia del presidente Paz.

Luego de que Estados Unidos le revocara la visa el 28 de septiembre, alegando indicios de favorecimiento al narcotráfico, Mariaca vinculó la medida con las investigaciones que llevaba adelante contra el asesor principal de Paz. El fiscal calificó la decisión de Washington como un acto de injerencia y presión política.

“No puedo permitir que mi carrera, mi trayectoria y mi imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos”, afirmó en una conferencia de prensa en la que apareció rodeado de treinta funcionarios.

“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera de nuestro país”, afirmó y agregó que algunas investigaciones, citando particularmente la de Cerimedo, tienen repercusiones en ámbitos políticos. “Ninguna presión política nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos que deben ser investigados”, señaló.

Los acontecimientos posteriores se precipitaron como una tormenta confusa. Mariaca fue detenido por policías la noche del 30 de septiembre en una acción que su defensa considera ilegal: no había una orden de captura ni fue encontrado en flagrancia. Junto a él cayeron otros tres fiscales a los que había designado.

En la madrugada del jueves se aprehendió a cuatro personas que estaban sacando en una ambulancia fajos de billetes de su casa y luego se aprehendió a su edecán, también en posesión de una alta suma de dinero. En total, los medios bolivianos reportaron el secuestro de 420 mil dólares.

El Gobierno lo acusa de haber montado una “organización criminal” en la Fiscalía “destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”. El viernes, la Asamblea Legislativa convocó a una sesión maratónica en la que se modificó la ley del Ministerio Público para incluir la imputación como causal para la destitución de un fiscal, en medio de acusaciones de inconstitucionalidad.

La caída de Mariaca cierra, por ahora, su vertiginosa carrera. Pero deja abiertas la preguntas más difíciles: hasta donde llegaba la red que ahora se investiga, quiénes más la integraban y si su caída terminará favoreciendo al Gobierno en las investigaciones sensibles que lo implican. Como dijo el vocero del gobierno: “Esto recién comienza”.

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California Gov. Gavin Newsom signed a bill earlier this week that would impose a 25% tax on private detention centers, a policy that would apply to all the facilities that partner with Immigration and Customs Enforcement (ICE) in the Golden State.

«If we can’t kick out private facilities, we’ll go after their profits,» Newsom said in a press release.

The move, which Newsom hailed as a way to push back against President Donald Trump’s immigration crackdown and what he sees as the practice of privatizing federal enforcement, is raising concerns among immigration experts who believe the increased tax could force the government to explore alternative facilities less suited to housing detainees. It also poses questions about what would happen if all eight of ICE’s detention facilities chose to suspend their operations in California.

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That’s the view of Hans von Spakovsky, senior legal fellow and an immigration expert with Advancing American Freedom, a conservative-leaning think tank.

«It’s very clear that there’s only one purpose to this California gigantic tax increase, and that is to make sure that the federal government cannot find any private property owners, any private contractors in California that are willing to lease space to the federal government,» Spakovsky said in an interview with Digital.

«The alternative for the federal government is to look at all the different federal properties that the government actually owns out there, over which neither Newsom or anybody else in California can impose any kind of tax, and see if any of those federal facilities can be converted to being a detention facility.»

Spakovsky explained that could mean repurposing warehouses or office space.

The newly minted law, AB 1633, is among 20 other bills that Newsom signed on Tuesday. In its current form, the 25% tax applies to the gross income of any private detention facility and applies to federal, state and local contract recipients. Revenue from the bill will go to a «Due Process for All Fund,» designated for immigration-related services, according to the bill’s language. Now that AB 1633 has been signed into law, it will go into effect on July 1, 2028.

Alongside the bill, Newsom signed a handful of other restrictions.

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«We’re also banning the Orwellian practice of using shock gloves in enforcement activity as well as further protecting access to our court system,» Newsom said.

«We may not be able to dictate federal immigration policy, but we can make clear that activities taking place in California will be subject to California law.»

Despite Newsom’s framing, Spakovsky believes the governor will affect federal immigration law enforcement by limiting the overall space it has to operate. He pointed to reporting from Immigration and Customs Enforcement (ICE) that details its detention needs. He explained that the government relies on private contractors, at least partially, to avoid the costs of building their own facilities.

«If you look at that report, currently ICE has about enough detention space for about sixty-six thousand aliens. Okay, that’s the full size of the federal government’s detention capacity,» Spakovsky said.

If an entire state’s private detention contractors decided the tax is too high, ICE’s overall capacity could shrink.

California is home to eight ICE detention facilities, according to reporting from the Department of Homeland Security (DHS). All of them are privately operated.

The GEO Group, a corrections company, owns five facilities. Imperial Valley Gateway Center LLC, a local detention company, owns one more. Two more were purchased by DHS in July but are run by CoreCivic, a prison company, and have contracts through 2027 and 2029.

Although the bill won’t go into effect until 2028, in Trump’s last year of his second term, Spakovsky believes that the government might begin evaluating where else it can find partnerships to meet its detention needs sooner rather than later.

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«Look, if I was the federal government and I couldn’t find enough federal properties in California to do this, I would then go into neighboring friendlier states that I could quickly transport aliens I’ve detained and I would lease and rent facilities there.»

«I’d go to Arizona. I’d potentially go to Nevada. I’d go to other states where they might be eager for federal government money and the increased employment from private contractors hiring people to work on these facilities.»

The office of Gavin Newsom did not immediately respond to a request for comment from Digital.

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