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Peter Lamelas le pidió al Senado que apruebe el tratado de patentes y adelantó que la FDA abrirá una oficina en Buenos Aires en 2027

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El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, reclamó este martes ante el foro de salud de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) que la Argentina suscriba al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y proteja los datos regulatorios de los medicamentos. En esta línea, advirtió que una adhesión plena podría atraer USD 8.000 millones en inversiones en los próximos seis años.

El diplomático habló en el AmCham Forum Health 2026, celebrado este martes bajo el lema “Salud y desarrollo: una mirada federal”. Lamelas centró su intervención en dos ejes: la puesta en marcha del Acuerdo de Comercio e Inversiones (ATCI) firmado en febrero y la protección de patentes y datos regulatorios, y la adhesión argentina al PCT, por sus siglas en inglés.

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El acuerdo bilateral, suscrito el 5 de febrero de 2026, contempla la reducción de barreras comerciales, reglas claras para inversores y compromisos concretos en propiedad intelectual, según se informó de manera oficial. Lamelas señaló que la embajada trabaja para identificar oportunidades y resolver obstáculos, pero exigió avanzar hacia su aprobación y puesta en marcha definitiva. “Ya pasaron ocho meses y esperamos dar el próximo paso. Queremos verlo plenamente aprobado e implementado”, sostuvo.

En el ámbito regulatorio, Lamelas destacó que el ANMAT avanza para reconocer productos médicos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y que, en marzo, se derogaron las resoluciones conjuntas que limitaban el patentamiento de nuevos medicamentos —las llamadas Resoluciones Conjuntas 118/2012, 546/2012 y 107/2012—. En junio, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) eliminó además los criterios restrictivos para patentes de biotecnología mediante la Resolución 197/2026, que derogó la Resolución 283/2015.

El embajador insistió en varios pasajes de su discurso en el reclamo a la adhesión al PCT, el tratado que permite presentar una única solicitud internacional de patente con validez en múltiples países. Lamelas cifró en USD 8.000 millones las inversiones que los miembros de AmCham proyectan para los próximos seis años si Argentina completa ese proceso. “Ocho mil millones, que son billions en inglés”, subrayó el embajador para evitar confusiones de escala.

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La Cámara de Diputados aprobó la adhesión al PCT el 27 de agosto de 2026 por 147 votos contra 93, pero el texto incorporó una reserva al artículo 64 sobre el examen preliminar internacional, lo que obligó a devolver el proyecto al Senado para una nueva votación.

Lamelas también reclamó protección para los datos regulatorios que acreditan la seguridad y eficacia de los medicamentos, y exigió que esa información se almacene en redes confiables “que no están controladas por gobiernos comunistas”, en una referencia implícita a plataformas de origen chino. En esta línea, y ante la consulta periodística, insistió: “Yo leí la ley de inteligencia del gobierno chino, y esa ley dice que las compañías chinas tienen que compartir la información privada con el Partido Comunista; las leyes de los Estados Unidos no dicen eso, tampoco la ley del Occidente dicen eso”.

Sobre el tratado de patentes, remarcó: “Yo soy médico y he visto cuando hay un descubrimiento nuevo. Pasó con el sida, pasa con el cáncer, pasó con el COVID. Esos descubrimientos no se han hecho aquí en Argentina, se han hecho en otros países, porque la ley de patentes no es clara aquí. No hay respeto cuando alguien inventa algo”.

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“Entonces, yo quiero que Argentina pueda tener esa oportunidad de desarrollar una medicina nueva, de tener una patente; de que un científico aquí, un médico aquí pueda tener esa oportunidad de hacer eso y ofrecérselo a los pacientes”, señaló, y agregó: “Pedimos (que la adhesión) sea lo más rápido posible; cada día que demora cuesta más que dinero, puede ser la vida de un paciente.

Una oficina de la FDA en Buenos Aires

Lamelas, además, anunció tres líneas de cooperación bilateral en salud pública. La primera es el trabajo conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para la detección temprana de amenazas sanitarias. La segunda apunta a incorporar tecnología diagnóstica en hospitales argentinos. La tercera, y más concreta, es la apertura de una oficina de la FDA en Buenos Aires antes de que finalice 2027, la primera de ese organismo en el país.

En marzo, el ministro de Salud, Mario Lugones, junto a autoridades de la ANMAT, recibió a representantes de la agencia estadounidense, encabezados por el comisionado asociado para Estrategia y Política Global, Mark Abdoo, para avanzar en ese plan de trabajo. En aquel momento, se indicó de manera oficial que el objetivo del encuentro fue avanzar en la convergencia de estándares científicos y regulatorios y en el desarrollo de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de la población a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad.

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El diplomático cerró su exposición con un llamado a convertir el talento científico local en investigación con impacto global. “La próxima respuesta, el próximo tratamiento que espera un paciente también puede nacer acá en la Argentina”, concluyó, y reiteró su compromiso de trabajar desde la embajada para transformar las condiciones de inversión en resultados concretos para los pacientes.

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Presupuesto porteño 2027: La Libertad Avanza propuso cambios en ABL, Patentes e Ingresos Brutos

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La Libertad Avanza (LLA) condicionó su respaldo al Presupuesto 2027 de la Ciudad de Buenos Aires a la aprobación de un plan de recorte del gasto público y reducción de impuestos, que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una baja del ABL y cambios en Ingresos Brutos.

El bloque de 14 legisladores porteños, presidido por Pilar Ramírez, difundió su posición a través de un video en redes sociales y planteó que revisará cada partida del proyecto enviado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Según el espacio, el objetivo es que el alivio tributario se financie con una reducción de estructuras y erogaciones de la administración porteña, sin recurrir a endeudamiento ni a nuevos tributos.

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“El presupuesto lo estamos revisando partida por partida, gasto por gasto, porque esa plata no es del Gobierno: es de los porteños”, afirmó Ramírez. La legisladora sostuvo que su bloque busca una baja de impuestos “permanente y sostenible”, sin modificaciones contables ni aumentos en otros gravámenes.

Uno de los principales reclamos de LLA es la supresión de las PASO en la Ciudad. El bloque calculó que dicho proceso electoral implica un desembolso de $ 29.000 millones y propuso destinar esos recursos a la reducción de la carga tributaria. En sus estimaciones, el paquete completo de medidas permitiría dejar $ 435.000 millones en manos de los contribuyentes porteños.

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La propuesta contempla eximir del pago de Patentes a los vehículos híbridos y eléctricos, reducir un 10% el ABL y modificar Ingresos Brutos. Sobre este último tributo, La Libertad Avanza planteó una rebaja del 25% para las industrias manufactureras, la ampliación del límite de facturación para comercios y servicios y una alícuota de 0% para monotributistas de servicios de todas las categorías.

Para cubrir el costo de esas reducciones, el bloque apuntó a áreas y organismos de la estructura estatal que considera prescindibles. Entre ellas mencionó la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, la Dirección General de Economía Circular, la Dirección General de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional.

Los legisladores también propusieron eliminar la Subsecretaría Autódromo de la Ciudad y concesionar el predio. El anuncio del espacio violeta surge luego del anuncio del gobierno porteño, que se encuentra en obras y tratativas para reabrirle la puerta a la Fórmula 1 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con una obra de renovación integral que ya alcanzó un 60% de avance. Y que contempla una inversión de 150 millones de dólares.

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El recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se discutirá el Presupuesto 2027

A su vez, también cuestionaron el funcionamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, al que atribuyeron un costo cercano a $124.000 millones, y reclamaron recortar las partidas de publicidad y propaganda, que estimaron en más de $ 60.000 millones.

“Si queremos bajar impuestos, tenemos que achicar el Estado que sobra. Todo lo que sobra se tiene que eliminar”, señalaron desde la bancada libertaria. LLA sostuvo que la supresión de esas dependencias y gastos permitiría financiar las modificaciones tributarias incluidas en su planteo.

Además de la discusión por el Presupuesto, el partido de Javier Milei anticipó que buscará que la Legislatura trate antes de fin de año los proyectos de Libertad Comercial y Silencio Positivo. Ramírez concluyó que el bloque trabajará esas iniciativas en las próximas semanas y convocó a otros sectores a acompañar las propuestas.

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La Justicia se queda con la Ferrari California y otros 25 vehículos del financista vinculado a Chiqui Tapia

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El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la causa que investiga los negocios de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, ordenó que los autos secuestrados en el marco de la causa sean entregados a la Corte Suprema, para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad. El listado de vehículos incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari California descapotable negra que Vallejo estacionaba en la puerta de la casa central de su empresa.

También, cuatro Mercedes Benz y dos Alfa Romeo. Son, en total, 26 vehículos, entre autos, camionetas y motos. De la lista completa, la mayoría ya está en poder de la Justicia; en cuanto al resto, se dispuso su secuestro, pero todavía no se hizo efectivo.

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La sospecha de los investigadores es que, ante el avance de la causa penal en su contra, Vallejo hizo una falsa venta de la Ferrari. “La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, dijeron los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco al pedir la indagatoria de Vallejo.

La decisión de entregarle los vehículos a la Corte Suprema es parte de una batería de medidas en la causa iniciada en noviembre pasado, tras la denuncia de ARCA, por presunta evasión impositiva y lavado de dinero.

Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas

Según el fallo de ayer, la asignación de los fallos a la Corte es “provisoria”. Está vinculado con el artículo 23 del Código Penal, que dice que “el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer”.

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El fallo también alude a las medidas cautelares que prevé la ley para “garantizar” que a futuro estén disponibles los fondos necesarios para cubrir “la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas” que puedan disponerse.

La lista

La lista de los bienes que la Justicia ya secuestró y tiene en su poder, según el fallo, incluye: tres motocicletas (una Yamaha y dos Honda), tres automóviles Toyota, dos Audi, un Peugeot, un Jeep, la Ferrari modelo “California Descapotable” y un Alfa Romeo.

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Los vehículos que la Justicia todavía no logró encontrar son:

-Un camión Mercedes Benz modelo Accelo 1016/39

-Dos camiones Mercedes Benz modelo Atego

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-Un Toyota modelo SW4

-Un Audi modelo Q2 35 TFSI ADVANCED

-Un Mercedes Benz modelo GLC 300 COUPE AMG-LINE

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-Un Alfa Romeo modelo STELVIO VELOCE

-Un Toyota, modelo SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A

-Un Citroen, modelo C3 1.6 VTI 115 EXCLUSIVE

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-Un Volkswagen, modelo VENTO 2.0TDI

-Un Peugeot modelo 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L AM23,

-Un Peugeot, modelo 208 LIKE PACK 1.6L AM23

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-Un Volkswagen, modelo Vento 2.5

-Un BMW, modelo 320 I

La causa

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La pesquisa busca determinar si fue genuino y tributado el movimiento de cerca de $818 mil millones de pesos a través de la billetera virtual de su grupo de empresas, Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada.

En los últimos días, Vallejo había levantado el perfil con motivo de la reapertura de Sur Finanzas, la financiera que lo llevó a codearse con figuras del fútbol como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!“, posteó el financista el jueves pasado en sus redes sociales.

Ayer, apenas unos días después de que Vallejo hubiera reabierto las puertas de Sur Finanzas, Rodríguez Ponte le prohibió que preste “servicios financieros” y comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

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“La prohibición alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida”, aclara la resolución a la que tuvo acceso .

Rodríguez Ponte, el nuevo juez de la causa, también ordenó este lunes una serie de operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de los clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas.




Sur Finanzas,Conforme a

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La Corte Suprema convocó a dos conjueces para resolver una nueva demanda contra la Ley de Tierras

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La Corte Suprema dispuso incorporar a dos conjueces para intervenir en una causa que cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. El expediente fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Según la resolución judicial, el sorteo se realizará este martes 6 de octubre a las 16.30, en la Secretaría Judicial N.º 4 del máximo tribunal. Los magistrados serán seleccionados entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelaciones en lo federal de la Ciudad de Buenos Aires y de las cámaras federales con asiento en las provincias.

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La convocatoria busca completar la integración necesaria para adoptar una decisión. El documento establece que corresponde sumar dos conjueces “a fin de lograr el número necesario para fallar”, aunque no detalla las posiciones de los actuales integrantes de la Corte sobre el planteo.

La medida tampoco contiene una definición sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado ni anticipa cómo se resolverá la demanda. Por ahora, dispone la incorporación de los jueces que participarán del análisis del expediente.

Ley de Tierras: el reclamo ambiental que deberá analizar la Corte

La causa está identificada como “Asociación Civil Árbol de Pie y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo colectivo”. En la misma resolución, el tribunal ordenó comunicar al Estado Nacional, como parte demandada, que el expediente se encuentra ante la Corte.

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La asociación ambiental presentó un pedido de aclaratoria después de la sentencia del 29 de septiembre que rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación. Su reclamo también apunta contra la derogación de la Ley de Tierras, pero invoca la protección del ambiente reconocida por la Constitución Nacional.

La presentación se inició en la Justicia Federal de Bariloche y luego fue remitida a La Plata por su vinculación con el proceso colectivo de los excombatientes. El planteo ambiental no había recibido un pronunciamiento específico sobre su pretensión.

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