POLITICA
La Casa Rosada descarta un acuerdo general con los gobernadores y apuesta a negociar por provincia
Después del acercamiento con los gobernadores aliados, el Gobierno sabe que debe empezar a materializar los entendimientos electorales y legislativos rumbo a las elecciones de 2027. Con ese objetivo, activó el “operativo seducción” y anticipó algunos condicionamientos a la hora de sentarse a conversar.
En Casa Rosada descartaron la posibilidad de cerrar un acuerdo macro con los 13 mandatarios provinciales que viajaron a París, en el marco de la Argentina Week, y en su lugar hablan de conversaciones “provincia por provincia”. La idea es tener en cuenta los distintos contextos y reclamos que enfrenta cada gobernador en su territorio.
“No podemos hablar de un acuerdo general. Esto fue siempre provincia por provincia porque no todos los gobernadores están en la misma”, explicó una importante fuente al tanto de las conversaciones a Infobae.
Para ejemplificar la afirmación, en el oficialismo utilizaron el caso de Claudio Vidal, que enfrenta a una oposición fuerte en Santa Cruz y, por ese motivo, no vería con buenos ojos un escenario de lista conjunta, a diferencia de otro aliado como el chaqueño Leandro Zdero, uno de los primeros en cerrar entendimientos en 2025.
Al margen de los criterios de negociación, en La Libertad Avanza reafirman la voluntad de competir en todos los territorios del país, pese a las a señales surgidas en París en las que se deslizó la posibilidad de no plantar listas en determinadas provincias a cambio de apoyos para la reforma electoral. “Con ese criterio, los gobernadores no deberían presentar listas a legisladores nacionales”, se expidió un integrante del Gobierno que rechaza la posición.
A diferencia de 2025, tanto caputistas como karinistas se muestran abiertos a acordar “con todos los que haya que acordar”, con el objetivo de lograr la reelección de Javier Milei en 2027. Las alternativas que se analizan van desde listas conjuntas hasta las condiciones de una “confrontación acordada”.
La diferencia está en los plazos. Mientras algunos creen que el oficialismo debería empezar a trazar los entendimientos, desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguran que los tiempos son una “herramienta” electoral.
“Los tiempos también juegan. Estamos bien, quedan dos meses para las sesiones ordinarias”, argumentaron ante este medio para explicar el equilibrio que la administración libertaria deberá alcanzar con los aliados para sancionar las leyes que pretenden y acercarlos rumbo a los comicios de 2027.
Como contó este medio, las conversaciones son dispares. Si bien algunos sectores se encuentran bastante avanzados, como los cinco gobernadores radicales, otros aún están pendientes de profundizar la línea de diálogo. En eso trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien prometió concretar reuniones individuales con la delegación que viajó a la Argentina Week de Francia para trazar acuerdos políticos que luego se traduzcan en respaldos legislativos.
Este martes, Karina Milei y Santilli se mostraron con Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), con la reforma electoral y el Presupuesto 2027 entre las principales prioridades del Poder Ejecutivo. Los gestos de acercamiento de la última semana en Francia alimentaron las expectativas de varios libertarios sobre la sanción de la reforma, aunque quienes permanecieron en el país se mostraron más moderados.
“Hoy pareciera retomar color y encaminarse a estar cerca de definiciones concretas, pero todavía falta. Falta que el PRO dirima sus internas entre Mauricio y Jorge (Macri) y alguna provincia más para empezar a avanzar a paso firme”, admitió un integrante de la mesa política, que postergó el intercambio de este martes.
La eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), uno de los puntos clave para el objetivo de 2027, complejiza el tratamiento de la reforma porque es el aspecto que concentra mayores rechazos. En las tribus violetas lo saben, por lo que no descartan dar lugar a una “contraoferta” de los aliados y habilitar la chance de consensuar un articulado conjunto.
“Tenemos que hacer el mejor proyecto posible. La Boleta Única de Papel (BUP) con este sistema electoral es impracticable. Si no la quieren votar, la Cámara Nacional Electoral va a tener que ver cómo resuelve”, planteó un funcionario para justificar los cambios planteados.
El Gobierno de la Ciudad entregará este jueves a la Nación el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en un paso clave para avanzar con el cierre de la cárcel de Villa Devoto. El traspaso formal de la obra dará inicio a la etapa previa al traslado de los internos, que se realizará de manera gradual.
El convenio será firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el titular de esa cartera en la Ciudad, Horacio Giménez. A partir de ese acuerdo comenzará a tomar forma el operativo conjunto diseñado para trasladar a los presos desde el penal porteño hasta el nuevo establecimiento.
Para organizar el procedimiento se conformará un Comando Unificado Federal, integrado por representantes de las fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El organismo tendrá a su cargo definir la estrategia, coordinar a las distintas fuerzas y ejecutar el traslado.
El movimiento de los internos será progresivo y estará diseñado en función de las características de cada detenido. El esquema contempla evaluar los perfiles criminológicos y establecer medidas para reducir los riesgos durante los recorridos y las distintas etapas del operativo.
POLITICA
Diego Santilli designó a un nuevo interventor en el Enacom, un área antes controlada por Santiago Caputo
Diego Santilli designó a Andrés Michelazzo como interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), uno de los organismos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Michelazzo reemplazará a Juan Martín Ozores, que hasta hoy había sobrevivido a la salida de Darío Genua de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a fines de julio pasado, en medio de diferencias con Santilli.
Genua era hombre del asesor presidencial Santiago Caputo, no así Ozores, según indicaron funcionarios libertarios a .
En la Casa Rosada, algunos señalaron que Caputo fue quien sugirió el nombre de Michelazzo a Santilli. Para otros, sólo dio su aval.
“Santiago levantó el pulgar” o “Santiago lo propuso”, eran dos de las formas que se mencionaban este martes detrás de la llegada del nuevo funcionario.
En otras terminales del Gobierno se insistía en que la llegada de Michelazzo era producto de una “designación de Santilli”. Aunque buscaban, así, relativizar la injerencia del asesor, advertían que el cambio de nombres no responde a la interna entre el sector de Caputo y el de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.
“Es una decisión de Santilli, no veo una interna ahí y menos del lado de Karina”, dijo una de las fuentes consultadas. La interna sigue y seguirá existiendo, admiten en la Casa Rosada, pero atraviesa un momento de convivencia, afirman. Santilli y Caputo, más allá de que el primero reporta a la secretaria general de Presidencia, mantienen una buena relación, refieren en Balcarce 50.
Cerca de Santilli explicaban este martes que desde que llegó al cargo, en julio pasado, en reemplazo de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete “viene revisando las distintas áreas y realizando cambios y modificaciones”.
Agregaban que “va a seguir habiendo cambios en otras áreas”, como en el Correo Argentino, en el que se esperan modificaciones en los próximos días. Santilli ya modificó, semanas atrás, la dirección del organismo.
En lo que se refiere a la salida de Ozores, fuentes cercanas al organismo explicaban que su suerte quedó sellada cuando poco más de dos meses atrás se concretó el desplazamiento de Genua.
Genua respondía a Caputo, pero desde la llegada de Santilli se supo que su suerte estaba echada y un mes después se produjo el desplazamiento.
Esa salida, a su vez, condicionó la de Ozores, quien según distintas fuentes, no era una persona que tuviera apoyos significativos a nivel político y no era cercano al asesor presidencial. Por eso es que las distintas voces coinciden en que su salida solo “era cuestión de tiempo”. En tono coloquial, agregaban: “Había quedado medio colgado ahí”.
Otra fuente del sector evaluó, para explicar los más de dos meses de diferencia entre la salida de Genua y la de Ozores: “Creo que la demora se debió a la búsqueda de un perfil técnico pero con experiencia en organismos públicos”.
Michelazzo, de acuerdo a su perfil de Linkedin, es ingeniero especialista en gestión de las telecomunicaciones con 30 años de experiencia. Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica de Córdoba (entre 1990 y 1996), Ingeniería con especialización en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba (entre 1997 y 1998) y una especialización en Gestión de las Telecomunicaciones en ITBA (entre 2004 y 2005).
Trabajó durante 16 años en Telecom, donde se desempeñó como gerente de cuentas wholesale, analista de sistemas y responsable de la gestión de los activos de telecomunicaciones de la empresa en territorios extranjeros. También fue asesor de la División de Soluciones Digitales del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados.
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POLITICA
El gobierno de Entre Ríos avanza con una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia
El gobierno de Entre Ríos anunció que enviará una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia. El gobernador Rogelio Frigerio busca avanzar con los cambios en el Código Procesal Laboral y así reducir la litigiosidad, ordenar el sistema de pericias médicas y generar mayor previsibilidad a empresas, trabajadores y aseguradoras.
El proyecto introduce cuatro modificaciones centrales al sistema de justicia laboral provincial. La primera es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, cuyos integrantes serán seleccionados por concurso público. La clave del diseño es la remuneración: sus miembros cobrarán un sueldo fijo, de modo que sus ingresos no variarán según el porcentaje de incapacidad que determinen ni según el monto de una eventual indemnización. El objetivo es desacoplar el resultado de la pericia del beneficio económico del perito.
El segundo cambio es la aplicación obligatoria del baremo nacional para determinar incapacidades laborales. Hasta ahora, la ausencia de un criterio uniforme habilitaba evaluaciones dispares entre peritos, lo que generaba incertidumbre para todas las partes. Con la reforma, los profesionales deberán fundamentar técnicamente sus conclusiones dentro de ese marco común, con el fin de unificar criterios y reducir las diferencias entre evaluaciones.
El tercer eje modifica la forma en que se calculan los honorarios periciales. En el sistema actual, esos honorarios se calculan en función del monto reclamado, de la condena o del porcentaje de incapacidad reconocido, lo que genera un incentivo directo para inflar los valores. La reforma establece que la retribución se determinará por la complejidad, la calidad y la utilidad del trabajo realizado, con un límite máximo fijado de antemano.
El cuarto punto elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, los intereses y las costas —o de ofrecer bienes suficientes a embargo— como requisito para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. La modificación apunta a garantizar el acceso a una segunda instancia judicial sin suprimir las medidas cautelares destinadas a asegurar el eventual cumplimiento del fallo.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) respaldó la iniciativa y la calificó como un “primer paso concreto y necesario” frente al crecimiento sostenido de la litigiosidad en la provincia. Con la reforma, el gobierno entrerriano apunta a construir un sistema con pericias independientes, reglas uniformes y menos incentivos para judicializar, con el propósito de reducir costos y generar mayor previsibilidad para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos.
El contexto que motivó la iniciativa es concreto: según datos de la UART, en 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en la provincia, un 25% más que el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, ese crecimiento llegó al 38%, la cifra más alta entre las nueve principales jurisdicciones del país. La suba se produce pese a que los índices de siniestralidad laboral disminuyen de manera sostenida, lo que indica que el aumento de demandas no responde a un incremento real de accidentes.
Ese fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. A nivel nacional, según un informe de la UART, los juicios por accidentes de trabajo alcanzaron 14.966 en agosto de 2026, un 11,3% más que un año antes. En los primeros ocho meses del año se acumularon 87.553 nuevas demandas, y la proyección para el cierre de 2026 supera los 138.000 juicios, lo que marcaría un nuevo récord histórico.
La entidad señaló que la brecha entre la evaluación de las Comisiones Médicas y lo que resuelve la Justicia alimenta el problema de fondo. “Aún cuando las Comisiones Médicas determinan que un caso ya fue cerrado y la persona atendida y recuperada sin incapacidad, al judicializarse, en la casi totalidad de los casos los peritos judiciales, luego avalados por los jueces laborales, reconocen algún porcentaje de incapacidad. Eso termina generando un incentivo muy fuerte a reclamar, incluso en casos ya resueltos por la vía administrativa”, señaló una fuente sectorial.
La UART viene reclamando la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias del país como medida estructural para revertir esa dinámica, y la reforma de Entre Ríos avanza precisamente en ese sentido.
Rogelio Frigerio
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