POLITICA
El Gobierno defendió el DNU 70/23 frente a la avanzada opositora en Diputados: las normas que volverían atrás
El Gobierno salió a defender este martes el DNU 70/23 en medio del avance de la oposición en la Cámara de Diputados, que busca rechazarlo tras el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras Rurales.
A través de un extenso hilo en X, el vocero presidencial Adrián Ravier planteó qué pasaría si se deroga el decreto y recordó cómo era el país cuando había que “pedirle permiso al Estado” para alquilar, importar, vender en un supermercado o volar.
El primer punto del mensaje del portavoz fue una defensa a la derogación de la Ley de tierras rurales. Ravier sostuvo que “la tierra sigue siendo argentina” y explicó que la ley de 2011 impedía que la titularidad extranjera superara el 15% de esas tierras. Según planteó, el DNU la derogó porque el país tiene “millones de hectáreas con potencial productivo” que necesitan inversión de largo plazo: riego, forestación, infraestructura y tecnología.
Frente a los reparos por la soberanía, el vocero negó que el cambio signifique un riesgo y remarcó que el suelo permanece “bajo nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción” y que las zonas de seguridad de frontera conservan su régimen y sus controles. Agregó que la Constitución les reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los argentinos y que son “bienvenidos para trabajar la tierra”.
La discusión volvió al centro del debate legislativo luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que declaró inconstitucional el artículo 154 del decreto que derogaba la Ley de Tierras. El tribunal no se pronunció sobre la validez constitucional del DNU, sino que rechazó la demanda del CECIM La Plata por falta de legitimación. Con esa decisión, la derogación volvió a quedar vigente.
La resolución aceleró los movimientos opositores, que convocaron a una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar el decreto completo. El Senado ya había rechazado la norma en marzo de 2024, pero la Cámara baja nunca la trató. Si es rechazado, todo el DNU quedaría sin validez.
Las leyes que volverían si cae el DNU 70/23
En materia de alquileres, Ravier afirmó que, con la ley anterior, un dos ambientes en la Ciudad llegó a absorber el 73% del salario promedio, porque los propietarios retiraban sus departamentos del mercado. “El DNU devolvió la libertad para acordar plazo, moneda y actualización. ¿Resultado? La oferta se cuadruplicó, los precios cayeron un 38% en términos reales y hoy el alquiler representa el 43% del sueldo. De casi tres cuartas partes a menos de la mitad», señaló.
Sobre el comercio exterior, apuntó que hasta diciembre de 2023 “un funcionario decidía qué podía importar cada empresa” a través del SIRA, un esquema que, según dijo, “paralizaba fábricas por falta de insumos”. El DNU estableció que el Poder Ejecutivo ya no puede prohibir ni fijar cupos a importaciones y exportaciones por motivos económicos: para eso hace falta una ley. Además, cualquier pyme puede operar sin inscribirse en un registro especial ni contratar despachante, lo que “abarató electrodomésticos, ropa, calzado y juguetes”.
En los supermercados, el vocero cuestionó que las leyes de góndolas y de abastecimiento “prometían contener la inflación y terminaron generando escasez”. Con su derogación, sostuvo, “los precios y la oferta los definen hoy la competencia y los consumidores”.
Respecto de la política de cielos abiertos, señaló que se eliminaron exclusividades, se liberaron tarifas y se simplificó la llegada de nuevas aerolíneas. “Hoy los pasajes cuestan la mitad en términos reales, hay récord de pasajeros y nuevas rutas internacionales que salen directo desde el interior. Concordia, Olavarría, Tandil, Villa Gesell, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Chos Malal y Perito Moreno tienen vuelos regulares. Casi un millón de argentinos que antes no tenían aeropuerto cerca, ahora lo tienen a menos de 50 kilómetros de casa”, aseguró.
El vocero también se refirió a internet satelital, un servicio que estaba restringido y que el decreto liberó, con un registro solo para coordinar frecuencias. De acuerdo con sus cifras, hoy 750.000 argentinos tienen Starlink, entre campos, escuelas rurales, hogares y empresas antes desconectados. En su hilo, el funcionario sumó mapas con la evolución de usuarios entre 2023 y 2025.
Para las economías regionales, planteó que antes un funcionario podía decidir cuánta azúcar vendía cada ingenio, dónde se envasaba la yerba, cuánto cobraba quien elaboraba vino y en qué envase se vendía el alimento para vacas. “No era protección, era permiso”, subrayó. Y cuestionó: “Cada vez que el Estado se mete entre dos partes que pueden ponerse de acuerdo solas, pierde el que podía vender más barato y, al final, pierde el consumidor”.
POLITICA
Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.
El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.
La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.
El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.
También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.
El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.
La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.
Los supuestos testaferros
De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.
Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.
Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.
En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.
Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.
Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.
Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.
Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.
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POLITICA
“Erosiona el debate público”: ADEPA lamentó y rechazó los insultos de Milei a periodistas y editores de medios
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a editores de medios del país, y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que asocia a periodistas, rechazaron la nueva serie de graves insultos y agravios del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios.
Entre los destinatarios de los agravios presidenciales están el director del diario , Fernán Saguier; los columnistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, y el secretario de redacción y columnista dominical Jorge Liotti.
En su comunicado, ADEPA enumeró los ataques contra Saguier, Pagni, Liotti y Morales Solá; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín, y Gustavo Sylvestre, de C5N.
La entidad reiteró que “quien gobierna y es objeto de crítica, o considera errónea o sesgada una información, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a criticar, aclarar o desmentir”, incluso con tono enérgico.
Pero dijo que lo que erosiona el debate democrático es “el insulto y el agravio”, que afectan al destinatario y al conjunto del cuerpo social.
ADEPA recordó también que la libertad de expresión protege especialmente las opiniones sobre quienes ejercen el poder, y que el derecho a réplica no habilita los ataques personales.
FOPEA, por su parte, difundió en X un relevamiento con las expresiones del Presidente, organizado por día. Según el detalle de la entidad, el 5 de octubre Milei llamó “otra mierda humana” a Van der Kooy, y “Mierdanecio”, “Mandrilesio”, “estúpido” e “imbécil” a Novaresio.
A Sylvestre lo trató de “mierdas humanas, mentirosos” y a Jesica Bossi de “defensora de ladrones, asesinos y violadores”. A Pagni lo describió como “la versión de mierda de Lucas Adams” y como “una de las plumas esclavas de la mierda humana de Fernán Saguier”.
“La reiteración en un período tan breve y la virulencia de las expresiones muestran una dinámica que excede una controversia puntual con un periodista o un medio determinado”, advirtió FOPEA.
La entidad también alertó que funcionarios del Poder Ejecutivo se sumaron a los ataques. Según FOPEA, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en duda la independencia profesional de Morales Solá, mientras que el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo participaron de los cuestionamientos contra Novaresio y Duffard.
“El periodismo puede y debe ser cuestionado y refutado con datos y argumentos. Los periodistas no son infalibles y FOPEA no ejerce defensa corporativa alguna. Pero la crítica no es el insulto”, sostuvo la organización.
Agregó que, cuando el agravio proviene del poder del Estado, “la asimetría y su efecto intimidatorio se multiplican, incluso por el hostigamiento de terceros en las redes sociales”.
“La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía”, concluyó FOPEA. La entidad reiteró su pedido al Presidente y a los funcionarios del Gobierno para que “abandonen el insulto como herramienta de comunicación y contribuyan a una conversación pública respetuosa y plural”.
En abril pasado, ADEPA ya había rechazado agresiones verbales desde las cuentas de Milei contra Pagni, Liotti, Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove. En septiembre, durante su 64ª Asamblea General en Tucumán, la entidad advirtió que las críticas presidenciales deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio en la sociedad.
Por los ataques a Duffard, Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra Milei, una postura que FOPEA y ADEPA respaldaron.
https://t.co/VvgBGoWnX1,October 6, 2026,#FOPEALibertadDeExpresión,pic.twitter.com/I77FS9C7AR,October 6, 2026,Adepa,FOPEA,Periodismo,Conforme a
El Gobierno de la Ciudad entregará este jueves a la Nación el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en un paso clave para avanzar con el cierre de la cárcel de Villa Devoto. El traspaso formal de la obra dará inicio a la etapa previa al traslado de los internos, que se realizará de manera gradual.
El convenio será firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el titular de esa cartera en la Ciudad, Horacio Giménez. A partir de ese acuerdo comenzará a tomar forma el operativo conjunto diseñado para trasladar a los presos desde el penal porteño hasta el nuevo establecimiento.
Para organizar el procedimiento se conformará un Comando Unificado Federal, integrado por representantes de las fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El organismo tendrá a su cargo definir la estrategia, coordinar a las distintas fuerzas y ejecutar el traslado.
El movimiento de los internos será progresivo y estará diseñado en función de las características de cada detenido. El esquema contempla evaluar los perfiles criminológicos y establecer medidas para reducir los riesgos durante los recorridos y las distintas etapas del operativo.
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