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La Justicia intimó al Gobierno a que informe cuántas hectáreas de tierras bonaerenses están en manos de extranjeros

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LA PLATA.− La Justicia intimó a la Casa Rosada a que en un plazo de cinco días le informe cuántas hectáreas de la provincia de Buenos Aires están en manos extranjeras y dónde están ubicadas. También le impuso la obligación de preservar todos los datos e informes públicos relevantes sobre compras de tierras por parte de extranjeros en la provincia.

El Juzgado Contencioso y Administrativo N°4 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

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El planteo apunta obtener información y preservar toda la documentación sobre las tierras rurales bonaerenses durante la vigencia de la ley de tierras, sancionada en 2011 pero derogada por el DNU 70/2023 que Javier Milei firmó a poco de asumir la Presidencia. El martes pasado, la Corte Suprema dejó a salvo el artículo de ese DNU que derogaba la ley de tierras.

La Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, había advertido que por la caída de esta ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.

Frente a esta presentación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata le dio un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.

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“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, sostuvo Lorenzino, y agregó que “proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.

En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.

La jueza Güendalina Sessarego hizo lugar a la cautelar. Si el gobierno nacional cumple con la intimación, en cinco días la Defensoría del Pueblo podría acceder a un registro actualizado de tierras extranjeras en este territorio.

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La ley de tierras rurales 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También imponía límites por nacionalidad y por titular.

En diciembre de 2023, el DNU 70/2023, de Javier Milei, derogó la ley mediante su artículo 154. A partir de esta derogación – que quedó judicialmente suspendida durante casi tres años- se interpuso la medida cautelar de la Defensoría del Pueblo.

El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación. El argumento de la Corte fue procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había promovido la demanda, no tenía legitimación suficiente. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154, pero su fallo, en términos prácticos, confirmó la derogación de la ley a través de un decreto de Milei.

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Patricia Bullrich se diferenció del Gobierno por el pliego de la fiscal del caso Chocobar: “Va a tener mi voto negativo”

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La jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del Gobierno en materia de pliegos judiciales. Durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos realizada este miércoles, anunció que votará en contra del nombramiento de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo.

“Aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo”, adelantó en sus redes, luego de la audiencia. “Del lado de la gente, siempre”, agregó.

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Bullrich argumentó que se opondrá a la designación porque la fiscal “pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez”.

El policía Luis Chocobar mató a balazos a Juan Pablo Kukoc, un delincuente de 18 años que, en un violento robo, dejó al borde de la muerte a un turista estadounidense que paseaba por La Boca, el 8 de diciembre de 2017, cuando Bullrich era ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

La senadora repasó el recorrido judicial de la causa: en primera instancia, Chocobar fue condenado por homicidio agravado, con exceso en la legítima defensa; la Cámara de Casación redujo la pena y consideró que se trató de un exceso en el cumplimiento del deber; y la fiscalía de Pernas recurrió ante la Corte Suprema para pedir una pena mayor. “Usted, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción? Frente a situaciones de este tipo, ¿va a actuar de la misma manera?”, la enfrentó Bullrich.

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Pernas asistió este miércoles a defender su candidatura para un nuevo nombramiento como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal N° 2, propuesta por el Poder Ejecutivo.

La fiscal Susana PernasCaptura

“Me parece que es totalmente injusta esta posición. Me parece una posición personal hacia mi persona […] La acusación me parece totalmente improcedente a mi trayectoria de 50 años como fiscal”, afirmó Pernas. “No estoy en contra de la Policía”, añadió la funcionaria.

“Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia”, consideró Bullrich en redes.

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La senadora ya se había diferenciado del Gobierno en materia de designaciones judiciales. En junio pasado, se abstuvo de votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación era rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de Hugo Alconada Mon.




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Ley de Tierras: con una nueva estrategia, LLA busca convencer a sus aliados de frenar la sesión impulsada por la oposición

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El oficialismo prepara una nueva propuesta para limitar la venta de tierras rurales a extranjeros y busca que la oposición dialoguista decline su participación en la sesión especial del próximo 15 de octubre.

La convocatoria, solicitada por el peronismo, el Frente de Izquierda y otros sectores, apunta a derogar el DNU 70/2023, que eliminó la Ley de Tierras, y tratar los dictámenes sobre discapacidad y desendeudamiento familiar. Hoy los libertarios les acercarán la alternativa a sus aliados parlamentarios.

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“El gobierno tiene que anunciar una propuesta sensata para solucionar el problema Tierras, inmediatamente. No debería esperar hasta el 15. Ni insistir con la propuesta de (Federico) Sturzenegger que ya fracasó en el Senado y no pasa el filtro en Diputados. Derogar todo el DNU sería caótico, y mantener esta situación en la que no hay límites para la venta de tierras a extranjeros es inviable”, exclamó el diputado del MID Eduardo Falcone.

La oposición dialoguista tendrá una primera definición de La Libertad Avanza hoy cuando sus representantes sean recibidos por las autoridades libertarias en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara. La estrategia la despliega el presidente de la Cámara, Martín Menem. Allí estarán, además, el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, y dos estrategas del oficialismo, las diputadas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado.

Reuniones internas

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino)

Durante gran parte del martes, el oficialismo avanzó con la redacción de una propuesta para incluir en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sancionado por el Senado, del que se excluyó, por falta de acuerdos, el capítulo referido a la Ley de Tierras. En paralelo, transcurrió en el anexo del Congreso el debate por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con las exposiciones de los invitados, que en su totalidad rechazaron la propuesta del Poder Ejecutivo.

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Esto ocurre tras el reciente fallo de la Corte Suprema y la determinación de los integrantes del máximo tribunal de convocar a conjueces para que traten un planteo de fondo sobre la Ley de Tierras y el pedido de declaración de inconstitucionalidad del decreto 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.

El artículo 154 del decreto dispone: “Derogase la Ley N° 26.737”. Esa norma regulaba la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. Su eliminación forma parte de las modificaciones que el Poder Ejecutivo introdujo a través del DNU 70/2023.

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Desde la confirmación de la visita del Papa, los obispos acentuaron sus críticas por las deudas sociales

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Con expresiones muy gráficas y particular intensidad en las últimas semanas, la Iglesia describió el escenario que encontrará el papa León XIV en la visita que lo llevará a Buenos Aires, Córdoba y Luján, a partir del 8 de noviembre. Esa mirada se resume en la crisis del sector de la discapacidad, el avance de la pobreza (dos millones de personas más que hace seis meses), una creciente morosidad y una Argentina dividida por la grieta, “cascoteada” y con “un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal”, según los términos empleados.

El catálogo de preocupaciones se diferencia de diagnósticos anteriores, que se concentraban en llamados a superar la pobreza, el desempleo y la exclusión, como dramas de una realidad global. Los obispos incorporaron ahora, tal vez con mayor énfasis después de la confirmación de la visita del Santo Padre, cuestiones más extremas, que se reflejan en “actitudes y expresiones que lastiman” y en “lenguajes despreciativos, por momentos no exentos de crueldad”, en una crítica expresada ya hace unos meses y que no se limita únicamente al gobierno nacional.

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El arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, en la misa de clausura de la peregrinación a LujánTOMAS CUESTA – AFP

En agosto pasado, la Iglesia porteña rechazó públicamente los “bautismos comunitarios” que habían sido convocados en las redes sociales frente al domicilio de Cristina Kirchner, donde cumple los seis años de prisión domiciliaria.

Voces de la Iglesia entienden que tanto el gobierno de Javier Milei como el Episcopado, desde sus diferencias, “están igualmente interesados en tener la fiesta en paz”. A la vez, la jerarquía episcopal ha tenido especial cuidado en señalar el carácter pastoral de la visita del Papa.

El papa León XIVMichael Kappeler – dpa DPA

Para el profesor Roberto Bosca, historiador de la Iglesia y director del Centro Universitario Cudes, el propio León XIV “marcará el tono” de la visita. “Va a ser muy claro, especialmente en los temas de la doctrina social de la Iglesia, un punto particularmente picante. Pero ejercerá su oficio de profeta y será crítico sin señalar culpables”, pronosticó el especialista a .

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Pese a los acuerdos que permitieron avanzar en la organización del viaje, en esa convivencia entre la Iglesia y el Gobierno se colaron tensiones. Dos días después de confirmada la visita papal, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, trazó un duro diagnóstico social en el santuario de San Cayetano. Advirtió que “la libertad económica no puede ser absoluta” y pidió por los pobres y los endeudados.

En una línea similar, el arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, fijó posición sobre la morosidad, que impacta principalmente en familias de sectores medios y bajos. “No se puede tener una mirada superficial y decir que no interesa”, dijo Colombo, quien además vinculó el problema de las deudas con las adicciones al juego, otro foco de conflicto.

El último fin de semana, García Cuerva caminó a Luján con cientos de miles de peregrinos y, en una entrevista, describió el país que encontrará el Papa: una Argentina en crisis, dividida por la grieta y en la que “la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.

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Karina Milei, junto al nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, y el arzobispo porteño, Jorge García CuervaPresidencia

Si bien en la Casa Rosada evitaron salir al cruce, hubo una respuesta del libertario Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, quien descalificó al arzobispo en las redes sociales, al expresar que “como católico” estaba “cansado de este tipo”.

Monseñor Raúl Pizarro, el cardenal Ángel Rossi, el secretario de Culto, Agustín Caulo, monseñor Marcelo Colombo y monseñor César Daniel Fernándezepiscopado

La situación social fue también el termómetro que usó el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y jesuita, al resumir a que León XIV encontrará “una Argentina cascoteada, en la que está instalada la maledicencia, que se resiste a buscar qué cosa nos une”. Percibe una sociedad “muy bajoneada, en la que se escucha un lenguaje triunfalista, pero con una realidad muy frágil”.

La Iglesia ya venía exponiendo sus preocupaciones por la situación social, pero la proximidad de la venida del Papa animó a los obispos a pedir un esfuerzo para dejar atrás la grieta y el lenguaje cada vez más agresivo y descalificatorio hacia quienes piensan distinto.

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Ya en marzo de este año, el Episcopado pidió evitar la normalización de las agresiones en la política y en las redes sociales, donde proliferan insultos y estigmatizaciones que, incluso, agravian a periodistas. “Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor”, pidieron los obispos. Los insistentes llamados apuntan a promover una convivencia política más sana, tender puentes y reconstruir el tejido social.

Mientras el Ministerio de Salud y el área de Pastoral Social acordaron constituir una mesa de diálogo para abordar la crisis de la discapacidad, la Iglesia mantiene su preocupación por el proyecto del presupuesto 2027 enviado al Congreso, cuyos artículos 36 al 41 “podrían afectar de manera sustancial el sistema de derechos de las personas con discapacidad”, se indicó en esa misma reunión.

El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo ColomboSoledad Aznarez

Además, la Iglesia objetó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalidó el DNU 70/2023 del presidente Milei, que habilita la venta sin límites de tierras a extranjeros. La inquietud del Episcopado crece, especialmente, frente a casos de zonas que se encuentran vinculadas con reservas de agua y otros bienes naturales.

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Sectores de la Iglesia consultados por expresaron que la venida de León XIV “será muy valiosa y esperanzadora”, si se tienen en cuenta especialmente la enorme participación de jóvenes en la peregrinación a Luján y el clima religioso del acontecimiento que se percibe en diferentes ámbitos.

“Pero no podemos confiarle todo a una visita papal. La mejora de las relaciones sociales y políticas en nuestro país, de las que tanto necesitamos, depende fundamentalmente de los argentinos. Tanto en la Iglesia como en la sociedad el salto de calidad es responsabilidad de cada uno. Lo contrario sería más magia que realidad”, aventuró el director de la revista Criterio, José María Poirier.

Estimó, en ese sentido, que “quizás la Iglesia en la Argentina, como la sociedad toda, tiene que interrogarse sobre su papel y su capacidad para superar las grietas y los conflictos”.

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La organización de la visita del Papa reabrió el diálogo entre el Gobierno y la Iglesia, tras los últimos desencuentros Presidencia



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