El sindicalista de camioneros Maximiliano Cabaleyro, principal referente en San Nicolás del gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano, puede ser condenado a diez años de prisión por bloqueos a la empresa Rey, una distribuidora de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.

El miércoles próximo, se conocerá el veredicto en un juicio que comenzó hace dos semanas y en el que la fiscalía solicitó esa pena por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por hechos cometidos entre 2017 y 2021.

Se realizó este martes la jornada de alegatos en el juicio contra Cabaleyro, que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López. Las fiscales del juicio son María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes solicitaron la pena de diez años de cárcel para el jefe sindical, que está detenido desde 2022 (actualmente, goza del beneficio de prisión domiciliaria). Además, exigieron que se le revoque el arresto domiciliario y que sea inhibido para ejercer cargos públicos. Al momento de ser detenido, Cabaleyro era concejal en San Nicolás por el Frente para la Victoria.

Según consignó el diario local El Norte, las fiscales consideraron probado que el acusado ejerció intimidación y amenazas sobre los empresarios Ariel y Gustavo Rey para recibir pagos porque, de lo contrario, no les permitiría trabajar. Sostuvieron también que se comprobaron los bloqueos utilizados como extorsión y rechazaron que esas medidas hayan sido parte del ejercicio del derecho a huelga.

Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados) sufrió dos bloqueos sindicales en el año 2021. El primero fue el 15 de enero, y el segundo se extendió entre el 22 y el 26 de febrero. Los dueños de la firma hicieron la denuncia por esas dos medidas y afirmaron que sufrían extorsiones de Cabaleyro y otros sindicalistas camioneros desde 2017. En abril de 2022. Cabaleyro fue detenido junto con Fernando Espíndola, integrante del sindicato, que no es juzgado junto al jefe gremial local porque acordó un juicio abreviado con una pena de hasta seis años de prisión.

La abogada de los empresarios es la senadora bonaerense Florencia Arietto (La Libertad Avanza), que solicitó que la pena contra Cabaleyro sea de 15 años, el máximo previsto por los delitos de los que se lo acusa. “No puede pasar que utilicen una herramienta legal para cometer un delito”, dijo Arietto en la audiencia del martes.

Al presentar su alegato, el abogado de Cabaleyro, Mauricio Gugger, afirmó que la causa “no es más que un hecho traído de los pelos, una novela fantástica creada por la familia Rey”. Afirmó que no se pudieron determinar “modo, tiempo y lugar de las amenazas”, y subrayó que hubo testigos que “incurrieron en graves contradicciones”. Para Gugger, la acusación “fue una criminalización de la protesta por parte de la fiscalía”.

El abogado de Cabaleyro indicó, además, que “la única forma de protestar” para los sindicalistas “era estar en la puerta” de la empresa. Argumentó, también, que su defendido no impidió a los dueños de la firma “ingresar, egresar o comerciar en su empresa”. Y remarcó que durante el proceso se mencionó un pago de $500.000 ”que eran parte de una deuda de aportes que existía y el señor Rey lo convirtió en una extorsión para pagar los gastos de un paro».

La abogada Analía González, también parte de la defensa de Cabaleyro, reforzó la postura de Gugger, al referirse a un “audio de una hora y media” que se reprodujo durante el juicio. “En ningún momento se escuchó a Cabaleyro pedir dinero para solucionar la cuestión. Él quería el restablecimiento de [Edgardo] Di Mayo [un empleado que había sido despedido] en su puesto de trabajo y que reconozcan [el pago remunerativo] de horas nocturnas”, aseveró González.

Entre los testigos que declararon en el juicio, estuvo el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar (Partido Justicialista). En la audiencia del viernes pasado, dijo que, en 2022, intentó mediar en el conflicto entre la empresa y el sindicato de camioneros, pero aclaró que no le constaba que los gremialistas hubiesen bloqueado el ingreso a la firma. Ariel Rey es en la actualidad un dirigente político opositor a Salazar. Ganó las elecciones legislativas sampedrinas de 2025, a la cabeza de la boleta de concejales La Libertad Avanza (LLA). Hoy ocupa una banca en el Concejo Deliberante, en un bloque apartado de LLA, denominado “San Pedro Puede”.

Cuando Cabaleyro y Espíndola fueron detenidos, el sindicato de Camioneros protestó con un bloqueo de los accesos a la ciudad de San Nicolás, donde tiene su sede la seccional regional del gremio, que incluye a San Pedro y Ramallo. Por esa medida, que se extendió entre el viernes 8 de abril de 2022 y la noche del domingo 10, se frenó la recolección de residuos y se impidió el ingreso de mercaderías a San Nicolás.

Junto a Cabaleyro, son juzgados seis exempleados de Rey Distribución SRL, por el delito de turbación de la propiedad. La fiscalía pidió para ellos condenas de ejecución condicional. Los empleados llegaron al juicio en libertad; Cabaleyro y Espíndola están en prisión domiciliaria desde hace tres años, luego de un año y medio en la cárcel.