El presidente Javier Milei avaló una nueva ofensiva contra el islam de los máximos referentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación militante que responde a Santiago Caputo.

El jefe del Estado se hizo eco de un mensaje que difundió el propagandista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en el que asoció la religión que profesa la familia Menem con la violencia física contra las mujeres, actos terroristas o la pedofilia. “Tomar nota”, señaló Milei.

Hasta ahora, el líder de La Libertad Avanza se había mantenido al margen de la pulseada religiosa que tensionó al máximo el vínculo entre los Menem y los tuiteros que comanda Caputo.

Parisini, uno de los integrantes de las milicias digitales de LLA, contó que el Centro Islámico de la República Argentina lo denunció en la Justicia por haber publicado en sus redes sociales una imagen en la que vinculaba al islam con la “esclavitud”, “decapitaciones”, “opresión a las mujeres” y “violaciones”, entre otras cosas.

“Quieren, a como dé lugar, censurar la batalla cultural de Occidente en contra del Islam para dejarnos desarmados y que nos termine pasando lo mismo que a Europa”, escribió Parisini.

El conductor de La Misa, el programa ultraoficialista que se emite por el canal de streaming Carajo, planteó que se considera víctima de una persecución por haber criticado al islamismo. Anticipó que no pedirá disculpas y redobló la apuesta: dijo que está “dispuesto a ir preso” para defender a la Argentina “de la amenaza que representa hoy el islam para el mundo y para la humanidad entera”.

“Así hicieron allá: llamaron ‘islamofóbico’ a todo aquel que los criticara y les tiraron los sistemas judiciales de nuestras democracias encima, que en muchos casos terminaron arrodillándose y convirtiéndose en cómplices de la destrucción de sus países. Ahora estos muchachos están persiguiendo ciudadanos argentinos para meterlos presos literalmente por criticarlos”, puntualizó.

Y agregó: “Ni amenazas, ni hostigamientos, ni violencia: crítica pura y dura”.

En el texto que compartió en “X” y avaló Milei, Parisini afirmó que la Argentina “es libre” y que “no será islamizada”. “Como dijo el presidente Donald Trump ayer sobre Francia y los ataques a las escuelas: ‘esto no se trata de las escuelas; esto se trata de que el islam quiere apoderarse de un país que una vez fue grande’. Bueno, con Argentina no podrán”, concluyó.

El propagandista del Gobierno comentó que había decidido hacer público que el Centro Islámico presentó una denuncia penal en su contra porque “los inmigrantes musulmanes están prendiendo fuego Francia” [en relación a las protestas estudiantiles] y ”volviendo a secuestrar aviones para estrellarlos y matar un montón de gente en el nombre de su religión”.

Luego de que Parisini difundiera su mensaje, los principales exponentes de Las Fuerzas del Cielo salieron a respaldarlo con fuertes cuestionamientos al islam. Uno de los más duros fue el diputado bonaerense Agustín Romo (LLA). “¿Quiénes se creen que son los del Centro Islámico para denunciar a un ciudadano argentino por ejercer su derecho a la libertad de expresión?“, sostuvo.

Y completó: “Esto no es una dictadura terrorista como les gusta a ellos, esto es la República Argentina, que sostiene el culto católico apostólico romano”.

Esta no es la primera vez que militantes de Milei e integrantes de la tropa digital afín al asesor Santiago Caputo arremeten contra el Islam y abren una grieta interna con la familia Menem.

En junio de 205, Lucas Luna -conocido en X como @SagazLuna y director de Intercargo- denunció la persecución de cristianos en Nigeria por parte de musulmanes y apuntó contra la fe islámica. “No odiamos lo suficiente al Islam”, sentenció, lo que provocó la reacción de otro de los integrantes de la familia Menem.

“Borrá eso, pelotudo”, le respondió Sharif Menem, jefe de la juventud de La Libertad Avanza y ladero del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ambos integran la administración de Milei, al igual que Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Centro Islámico de la República Argentina ya ha expresado su malestar con Milei por sus condenas al “terrorismo islámico” y al “fanatismo” musulmán. Fue a mediados de 2024, después de que el Presidente manifestara, durante la apertura de los Juegos Macabeos, “compromiso inalterable con el Estado de Israel y con su pueblo en la lucha contra el terrorismo Islámico, por la paz y la libertad’”.

En enero pasado, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y uno de los dirigentes de confianza de Karina Milei, reclamó “no confundir nunca, bajo ningún punto de vista, terrorismo con religión”.

Días antes, Zulemita Menem, hija del fallecido expresidente Carlos Menem, reivindicado por el mundo libertario, había publicado una carta pública contra el Gordo Dan por sus críticas al islam.

En su descargo, le dijo al tuitero que personas que apoyan los Milei “tienen raíces musulmanas” y que algunos de ellos profesan el islam.

“Desde lo más profundo de mi corazón, y como firme defensora de la libertad, valores que me inculcó mi padre, siento la necesidad de decirlo con claridad y serenidad: confundir al islam con el terrorismo es un error grave y doloroso para quienes profesamos esta fe y rechazamos toda forma de violencia, provenga de donde provenga. Nunca es sano confundir conceptos, y mucho menos cuando se trata de espiritualidad y valores. Hablo como argentina y musulmana“, subrayó Zulemita Menem.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar en un plazo máximo de seis meses las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red en la ciudad de Bragado, afectada por las altas concentraciones de arsénico.

El máximo tribunal rechazó el recurso de la empresa que alegaba que se trataba de una intromisión en la autonomía provincial.

La demanda fue impulsada en 2013 por un grupo de vecinos preocupados por el nivel de arsénico en el agua de la zona.

Pruebas técnicas e informes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA confirmaron niveles de arsénico de hasta 0,07 mg/l en el agua de Bragado, lo que supera los límites permitidos.

Por eso los vecinos plantearon una acción de amparo para obligar a la provincia a realizar trabajos necesarios para mejorar la calidad del agua de acuerdo con los valores guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el Código Alimentario Argentino y otros organismos internacionales.

Además, demandaron a la Provincia de Buenos Aires, responsable sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para efectuar el suministro de agua a la población de Bragado. Y reclamaron declarar la inconstitucionalidad de una resolución (N° 34/2012 y N° 50/2012 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Pesca, y del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) que permitió una excepción en el Código Alimentario para consumir el agua con esos valores de arsénico.

En 2021, el juzgado de Garantías del Joven 1 de Mercedes ordenó a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días comenzara a realizar las obras necesarias que aseguren la calidad y potabilidad del agua de red de uso domiciliario en Bragado. Y mandó a que los valores máximos no debían exceder la composición microbiológica y físico-química del agua de consumo humano, en especial respecto del contenido de arsénico.

No podía superar el umbral de 0,01 mg/l, nitratos, flúor, y sólidos disueltos, la normativa vigente.

El juzgado instó a trabajar en un proyecto para garantizar la sanidad del agua para la población del municipio de Bragado.

La empresa apeló y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó la presentación y ratificó la orden para que ABSA comience las obras que aseguraran la mejora en la calidad y potabilidad del agua. Siempre con la idea de que el nivel arsénico no podía ser superior a 0,01 mg/l.

Contra esa decisión, ABSA planteó un recurso extraordinario que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que confirmó en todos sus términos la decisión.

Pero la empresa provincial buscó la revisión de la Corte Suprema de la Nación, diciendo que la sentencia vulneraba la autonomía provincial regulatoria y que se le reclamaba un parámetro de calidad de agua que la ley no exige.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron la presentación inadmisible y dejaron firme la decisión.