MENDOZA.- Los insultos son moneda corriente en el discurso presidencial. En reiteradas oportunidades, Javier Milei atacó con dureza no solo a dirigentes opositores, economistas y periodistas, tratándolos de “basuras” y “mierdas humanas”, sino también al Congreso, al que denominó como un “nido de ratas”. Desde el Poder Legislativo, una diputada nacional libertaria propone ahora sancionar los agravios, pero no los del Presidente, sino los que surjan desde sus colegas de la cámara.

La iniciativa, que dispone suspender la dieta del insultador, ya genera controversia y para muchos actores políticos deja en evidencia una contradicción con el relato oficial, ya que consideran que se debería empezar con un cambio en la comunicación pública e institucional desde la más alta esfera.

El proyecto de ley es impulsado por la legisladora mendocina mileísta Mercedes Llano, una de las principales referentes del Partido Demócrata (PD) en la tierra cuyana. En diálogo con , Llano intentó marcar diferencias con el nivel de agresión que suele emanarse desde la Casa Rosada.

“No es contradictorio proponer esta iniciativa, desde un partido como el PD, tradicionalmente alineado al liberalismo político, y con arraigo en Mendoza, donde la descalificación y el agravio no forman parte de las prácticas parlamentarias y donde la calidad institucional, si bien deteriorada, ha sido su nota distintiva”, expresó Llano. Aclaró que la propuesta de modificación del reglamento interno alcanza únicamente a la Cámara Baja. “Es un intento de proyectar buenas prácticas y costumbres legislativas de mi provincia al ámbito nacional con el objetivo de contribuir a recuperar la confianza perdida en el Congreso”, añadió la diputada nacional, que integra el bloque de LLA.

El proyecto establece incorporar al Reglamento una sanción concreta frente a los insultos y agravios durante el ejercicio de la función parlamentaria: suspender por un mes el goce de la dieta de los legisladores que profieran insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes en el ámbito de la Cámara. En caso de reincidencia, amenazas, intimidación o agresión física, la sanción sería de dos meses.

“La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, argumentó Llano.

Según explicó la legisladora, el proyecto busca cubrir un vacío del régimen actual para que ese tipo de conductas reprochables sean sancionadas.

La propuesta aclara que las opiniones, críticas y juicios de valor quedan protegidos por la libertad de expresión parlamentaria. No se sanciona la crítica; se sanciona el insulto y el agravio personal, explicó Llano.

“La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones. No hay posibilidad de revertir el descrédito en los poderes legislativos sin ejemplaridad, respeto y tolerancia”, concluyó.

En este sentido, la autora del proyecto hizo hincapié en que los insultos y agresiones tergiversan la esencia de la actividad parlamentaria, que es la de discutir ideas en un ámbito de tolerancia, decoro, respeto y pluralismo. “Los agravios destruyen el debate democrático y recrudecen la crisis de representación”, agregó Llano, quien consideró que el actual régimen reglamentario de Diputados resulta insuficiente para sancionar este tipo de conductas, favoreciendo la naturalización de la violencia en el seno legislativo. “Este proyecto apunta a crear incentivos disuasivos, vía sanciones efectivas y expeditivas, a fin de evitar este tipo de comportamiento, mejorar la calidad de la discusión legislativa y dar muestras de ejemplaridad a la sociedad”, completó la legisladora.

“Da la sensación de que busca llamar la atención, pero sin mirar para arriba. Quizás con el objetivo de empezar a despegarse del discurso oficial que baja de la Casa Rosada, pero que los tiene entrampados con tantas contradicciones“, expresó a LA NACIÓN una importante dirigente y referente de la institucionalidad de la provincia cuyana, quien ha realizado aportes tanto en el radicalismo como en el peronismo. Su visión es coincidente con buena parte de la política mendocina que se mostró sorprendida por la propuesta legislativa presentada por Llano.

El juez federal Julián Ercolini procesó a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, por el delito de enriquecimiento ilícito y trabó un embargo sobre sus bienes hasta la suma de 1500 millones de pesos.

El desfasaje entre sus ingresos y gastos es de casi 4,3 millones de pesos, correspondientes al período 2003 al 2017. El juez aclaró que la suma es a valores a época, sin actualización por la alta inflación del período.

El principal cuestionamiento es una casa en el country Mapuche de Pilar, que la defensa dijo que era de la madre de Baratta, pero donde el exfuncionario pagaba las cuentas y hasta el servicio de cable estaba a nombre de su chofer Oscar Centeno.

Baratta era subsecretario del Ministerio de Planificación Federal y está siendo juzgado por el caso de los cuadernos de las coimas, como uno de los cobradores que retiraba bolsos con dinero de empresas y los llevaba a dependencias oficiales.

Según el fallo de Ercolini, Baratta incrementó su patrimonio de manera “apreciable e injustificada” mientras fue funcionario y durante los dos años posteriores a dejar el cargo.

La resolución de 73 páginas analiza la evolución patrimonial desde el 28 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2017.

En ese lapso Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio, hasta diciembre de 2015.

La perito oficial del Cuerpo de Peritos especializado en casos de corrupción reconstruyó los ingresos y gastos del exfuncionario.

Concluyó que hubo saldos negativos en 2005, 2008, 2010 y en todos los ejercicios de 2012 a 2017.

Después de aceptar algunas objeciones de la defensa, el desfase quedó en al menos 4.294.425,90 pesos.

Ercolini aclaró que esa suma está calculada a valores de cada año, sin actualizar, en un período de fuerte inflación. Por eso, escribió, la cifra “constituye, pues, un piso”.

La acusación se refiere a la compra de un lote y a la construcción de una casa en el Mapuche Country Club, de Pilar, que Baratta dijo que era de su madre y no suya.

El lote se escrituró en septiembre de 2012 a nombre de Marta Rosa Girola, madre de Baratta, por 70.000 dólares pagados en efectivo.

Entre diciembre de 2012 y enero de 2015 se levantó allí una casa de unos 380 metros cuadrados, con subsuelo, planta baja y primer piso.

El arquitecto Diego Manuel Gómez, que diseñó y dirigió la obra, dijo que trataba directamente con Baratta, quien le indicaba qué construir.

También declaró que cobró unos 3,7 millones de pesos en alrededor de treinta entregas, en pesos y dólares, siempre en efectivo y sin cheques ni transferencias.

Según el arquitecto, los pagos los hacía el propio Baratta o los llevaba su secretario privado, Nelson Javier Lazarte.

Gómez agregó que no conocía a la madre del exfuncionario y que al padre solo lo había visto algunas veces recorriendo la obra.

El fallo señala que las facturas de una constructora estaban emitidas a nombre de Baratta, con el domicilio de su departamento, y la cuenta del country registró gastos de Baratta y de su esposa, Dalina Bielle, hasta diciembre de 2017.

Además, los impuestos y las expensas se pagaban casi siempre en efectivo y el servicio de cable e internet de la casa estaba contratado desde 2015 a nombre de Oscar Centeno, chofer de Baratta y autor de los cuadernos que dieron origen a la causa por las coimas de la obra pública.

En mayo de 2013, la madre firmó además una oferta de donación del inmueble a favor de su hijo. Para el juez fue un “artilugio jurídico” para incorporar formalmente el bien a su patrimonio, aunque no hay registro de que la donación haya sido aceptada.

La lista de bienes que le adjudicó el juez a Baratta incluye un departamento en José Hernández 2043, en Belgrano, comprado en 2010 por 220.000 dólares, de los cuales 215.000 se entregaron en efectivo.

Además tiene dos unidades con cocheras en la calle Thames, a nombre de su esposa, cuatro autos, plazos fijos en varios bancos y cajas de seguridad; hizo viajes al exterior y pagó cuotas del Belgrano Day School.

Tiene además 27.500 euros y 25.276 dólares en efectivo, secuestrados en un allanamiento a su casa ordenado en otra causa que lo involucra junto a De Vido.

Ercolini señaló que el déficit “no presenta una distribución temporal azarosa”. Se profundiza desde 2012, coincide con la compra del lote y la construcción de la casa, y culmina en 2017, cuando pesa especialmente el dinero secuestrado.

En su indagatoria del 16 de septiembre, Baratta dijo que Ercolini carecía de imparcialidad y sostuvo que todos sus bienes se explican por su sueldo de funcionario, los ingresos de su esposa y los recursos de sus padres.

Dijo que la casa de Pilar la compraron sus padres con la indemnización que su padre cobró al retirarse de Edenor; que la decisión de construir se debe a la enfermedad de su hermana, ya fallecida, para darle un lugar de descanso y que los euros y dólares secuestrados eran de su suegra y provenían de una herencia.

El juez respondió que la existencia de esos recursos familiares quedó en parte acreditada, pero que no se probó que se hubieran usado para pagar las compras cuestionadas.

El delito de enriquecimiento ilícito prevé de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.