La Ciudad de Buenos Aires finalizó la construcción del complejo penitenciario en Marcos Paz con capacidad para 2.240 internos, permitiendo proyectar el cierre definitivo de la cárcel de Villa Devoto. El próximo jueves se suscribirá el convenio oficial con participación de la ministra Alejandra Monteoliva.

Un Comando Unificado Federal coordinará el traslado gradual de los detenidos para garantizar estrictas condiciones de seguridad operativa y prevención de riesgos. Además, el predio fue incluido dentro de la agenda oficial del papa León XIV para su visita del 11 de noviembre.

LA CÁRCEL MÁS MODERNA DEL PAÍS YA ESTÁ FINALIZADA

Terminamos el nuevo centro penitenciario de Marcos Paz para ponerle fin a la cárcel de Devoto y devolverle la tranquilidad al barrio.

Conocé la cárcel por dentro:

— BA Infraestructura (@BAInfraest) October 6, 2026

Advertisement

Las obras del complejo carcelario estuvieron detenidas durante cinco años y se retomaron en diciembre de 2024 bajo la administración de Jorge Macri. Esta moderna infraestructura penitenciaria también contribuirá a descomprimir significativamente la sobrepoblación registrada en las comisarías porteñas.

La entrada La Ciudad finalizó el complejo penitenciario de Marcos Paz y planifica el cierre total de la cárcel de Devoto se publicó primero en Nexofin.

Cárcel de Devoto,internos,marcos paz,Presos

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires elevó en las últimas semanas una serie de pedidos al Poder Ejecutivo y a la Legislatura para ampliar la estructura judicial, crear 40 cargos de magistrados suplentes, reorganizar las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo y cubrir puestos que ya fueron creados por ley, pero aún no funcionan. Las iniciativas se suman a la presentación realizada para impulsar la autarquía económico-financiera del Poder Judicial y al reclamo previo para completar las cuatro vacantes del máximo tribunal, que hoy cuenta con solo tres de sus siete miembros.

Los planteos, admiten en el Poder Judicial, revelan una agenda institucional que excede el funcionamiento interno de la Corte. El tribunal busca que el Ejecutivo y las dos cámaras legislativas -el Senado y la Cámara de Diputados- intervengan en decisiones vinculadas con el presupuesto, la designación de jueces, la creación de órganos y la distribución territorial de competencias. En todos los casos, la Corte sostiene que las medidas son necesarias para atender el aumento de expedientes, las vacancias y las modificaciones del mapa judicial bonaerense.

El presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres, el vicepresidente Daniel Fernando Soria y la jueza Hilda Kogan firmaron las resoluciones que impulsan las reformas. Son los únicos integrantes actuales del cuerpo, luego de que quedaran sin cubrir cuatro cargos.

El pedido para cubrir las vacantes del máximo tribunal de Justicia no es nuevo. La Corte ya había llevado esa preocupación a un acto institucional realizado el 28 de abril. Allí reclamó al Poder Ejecutivo y al Senado bonaerense que avanzaran con las designaciones necesarias para devolverle al tribunal su composición de siete integrantes. También presentó su proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial.

La cobertura de las vacantes parte de un acuerdo político. Un entendimiento que aún no asoma. En los seis años que lleva Kicillof al frente de su gestión no se han girado postulantes para el máximo tribunal. La última designación fue la de Torres durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Los distintos espacios políticos esperan que el Ejecutivo abra esa instancia de negociación, que invariablemente también está atravesada por la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Cuando presentó el proyecto de ley de Autarquía Judicial, Torres sostuvo que la independencia judicial requiere autonomía financiera. La Corte argumentó que el actual esquema presupuestario condiciona la administración de recursos destinados a salarios, infraestructura, tecnología y funcionamiento de los tribunales.

En abril, la Corte exhortó formalmente al gobernador y al Senado a iniciar el proceso de designación. La Constitución bonaerense establece la intervención del Ejecutivo en la propuesta de candidatos y del Senado en la prestación del acuerdo. El reclamo no se limitó a una cuestión de representación institucional. Según expuso el máximo tribunal, la actividad asignada a siete ministros recae sobre tres.

Luego hubo reuniones de Torres con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, y con la vicegobernadora y también titular del Senado, Verónica Magario, para avanzar con el tema. De momento no hubo mayores novedades.

Los últimos pedidos

Fueron tres las resoluciones que los integrantes de la Corte elevaron días atrás. La Resolución 2917/26 que pide la creación de más de 60 órganos judiciales en los fueros Penal, Civil y Comercial, de Familia, Contencioso Administrativo y Laboral.

La Corte pidió, entre otras medidas, la creación de 12 Juzgados de Garantías en Junín, La Plata, Cañuelas, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Malvinas Argentinas y San Pedro. También reclamó dos Juzgados en lo Correccional y dos Tribunales en lo Criminal para La Plata, además de un órgano de cada tipo para Junín.

El documento incluye Juzgados de Ejecución en La Matanza, La Plata y Quilmes, junto con una nueva sala para la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes y el reiterado pedido de otra sala para La Matanza.

En el fuero Civil y Comercial, la Corte propuso una sala adicional para la Cámara de Apelación de San Isidro, un Juzgado en La Matanza y dos Juzgados en Malvinas Argentinas, con competencia sobre ese distrito, San Miguel y José C. Paz.

Una parte importante del requerimiento se concentra en el fuero de Familia. La resolución propone tres juzgados en La Plata, dos en Merlo, cinco en Moreno-General Rodríguez, uno en Pergamino, Quilmes, Florencio Varela y Pilar, dos en Zárate-Campana y tres en Escobar. A ese listado se agregan órganos en Coronel Rosales, Ezeiza, San Pedro y Chivilcoy, a partir del incremento de causas familiares que tramitan ante Juzgados de Paz.

El tribunal también solicitó cuatro juzgados en lo contencioso administrativo: dos para La Plata y uno para cada una de las jurisdicciones de La Matanza y Quilmes. En el fuero Laboral, pidió 12 nuevos tribunales distribuidos en La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, San Martín y San Nicolás.

La resolución aclara que las nuevas dependencias deben contar con partidas presupuestarias, personal e infraestructura. La Corte advirtió que la creación de organismos sin edificios adecuados ni plantas funcionales podría profundizar la sobrecarga de las sedes existentes y la dispersión de oficinas en inmuebles alquilados o adquiridos en diferentes zonas urbanas.

La Suprema Corte también solicitó que se inicien o concluyan los procedimientos de designación de magistrados para organismos que fueron creados por leyes provinciales y permanecen pendientes de funcionamiento.

La lista abarca Juzgados de Garantías en Avellaneda-Lanús, Mercedes y Malvinas Argentinas; Juzgados en lo Correccional de Moreno-General Rodríguez y Pergamino; un Tribunal en lo Criminal y un Juzgado de Ejecución Penal en Moreno-General Rodríguez; y la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul.

También aparecen un Juzgado Civil y Comercial de Moreno-General Rodríguez, Juzgados de Familia en Tigre y Berazategui, Juzgados en lo Contencioso Administrativo en Moreno-General Rodríguez y Merlo, y Tribunales de Trabajo en La Matanza, Lomas de Zamora, San Miguel y Tigre.

La Corte reiteró, además, el pedido de llamado a concurso para el Tribunal de Trabajo de Moreno-General Rodríguez, creado por la Ley 14.864. El planteo exhibe una diferencia entre la sanción legislativa de un órgano y su funcionamiento efectivo. Para que las oficinas judiciales comiencen a operar, se requieren concursos, propuestas de candidatos, acuerdos del Senado, designaciones, recursos humanos y partidas para infraestructura.

La resolución también propone cambios en las competencias territoriales. Entre ellos, que los Tribunales de Trabajo con sede en Chacabuco y Bragado tengan jurisdicción sobre la totalidad de los departamentos judiciales de Junín y Mercedes, respectivamente. La iniciativa incluye una modificación para el Tribunal de Trabajo creado en Bahía Blanca y para el Juzgado de Garantías de San Fernando.

En el caso de los Juzgados de Familia con asiento en San Miguel, la Corte planteó que atiendan exclusivamente las causas de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. La finalidad declarada es adecuar el reparto de expedientes a la instalación progresiva de los órganos previstos para esa zona.

La Resolución 2918/26, registrada el 22 de septiembre, impulsa una reforma de la Ley 13.837, que regula el Cuerpo de Magistrados Suplentes. Ese sistema permite cubrir temporalmente cargos vacantes por renuncia, destitución, suspensión, fallecimiento o licencias superiores a 60 días.

La Corte propuso crear 40 nuevos cargos de jueces suplentes. El proyecto prevé 12 para los fueros Civil y Comercial, de Familia y de Paz; 18 para los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil; nueve para el Laboral; y uno para el Contencioso Administrativo.

Los fundamentos indican que el promedio de vacantes se incrementó más de 100% desde la última determinación de la cantidad de miembros del cuerpo. En el mismo período, la cantidad total de jueces en funciones creció un 12%, debido a la apertura de nuevos organismos y a dependencias próximas a entrar en funcionamiento.

La iniciativa busca, además, rediseñar las regiones en las que se distribuyen los magistrados suplentes. El nuevo esquema contempla nueve áreas: La Plata, Quilmes y Avellaneda-Lanús; Lomas de Zamora y La Matanza; San Martín, San Isidro y Morón; Moreno-General Rodríguez, Merlo y Mercedes; Zárate-Campana, Pergamino y San Nicolás; Junín y Trenque Lauquen; Azul; Mar del Plata, Dolores y Necochea; y Bahía Blanca.

La Corte sostiene que la reorganización reducirá traslados entre departamentos judiciales alejados. El proyecto también le delega la asignación regional de los nuevos cargos y permite redistribuir puestos ya existentes, sin afectar la situación de los magistrados que se encuentren en funciones. Esa adecuación debería completarse dentro de los 180 días posteriores a la eventual entrada en vigencia de la ley.

La tercera iniciativa, elevada también el 6 de octubre, apunta a las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo. La Corte pidió una ley para ampliar la cantidad de salas, modificar la integración de esos tribunales y redistribuir competencias entre las Cámaras de San Martín y San Nicolás.

El proyecto propone que la Cámara de La Plata tenga siete miembros, distribuidos en tres salas de dos jueces y una presidencia común. Para San Martín, San Nicolás y Mar del Plata se prevén cinco integrantes por tribunal, organizados en dos salas de dos miembros y una presidencia.

La reforma requeriría la creación de un juez adicional en La Plata y dos en cada una de las otras tres cámaras, junto con las respectivas secretarías. La Corte propuso que las nuevas salas puedan comenzar a funcionar de modo gradual y que, durante un plazo de hasta 24 meses, puedan integrarse con magistrados suplentes del fuero.

El fundamento central es el incremento de expedientes. Entre 2015 y 2025, el ingreso anual a las Cámaras Contencioso Administrativas pasó de 3.900 a 15.700 causas, con un pico de 18 mil durante 2024. La Cámara de La Plata acumuló el mayor crecimiento en ese período, con 515%, según la información incorporada al proyecto.

La Corte también propuso trasladar los departamentos judiciales de Mercedes y Trenque Lauquen desde la competencia de la Cámara de San Martín a la de San Nicolás. En 2025, 559 causas que ingresaron a San Martín provinieron de Mercedes y 143 de Trenque Lauquen. El cambio apunta a distribuir los expedientes de manera más equilibrada entre ambas alzadas.

Las tres resoluciones fueron remitidas a la Comisión Permanente del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que el peronismo ganará las elecciones presidenciales de 2027 y sostuvo que el modelo económico de Javier Milei está agotado. En una entrevista con el programa A Dos Voces (TN), el legislador cuestionó el cierre de empresas y las dificultades que atraviesan los trabajadores y las pymes.

“Estoy convencido no solamente de que vamos a tener una oferta competitiva, sino de que vamos a ganar las elecciones presidenciales”, afirmó Martínez.

Ante la consulta sobre si realmente creía que el peronismo podía volver al Gobierno, respondió: “Sin dudas. Sin duda, pero no por un acto de fe, sino porque lo que se está incubando en determinados malestares de la gente es terrible”.

El diputado señaló que la apertura de importaciones está afectando a distintos sectores industriales y mencionó la situación de Rosario, donde, según sostuvo, aumentó el desempleo y se profundizó el cierre de empresas.

“Este modelo está absolutamente agotado y hay que generar una alternativa que recoja lo mejor de las experiencias anteriores y que sepa resolver los problemas que, por algún motivo, no supimos resolver”, planteó.

También cuestionó la falta de respuestas del programa económico para distintos sectores de la sociedad. “No cierra para el trabajador, no cierra para la universidad pública, no cierra para los que están vinculados a la salud y a la educación. No cierra para el comercio, no cierra para las pymes”, enumeró.

Germán Martínez defendió a Cristina Kirchner y habló del futuro político de Axel Kicillof

Consultado por el armado electoral del peronismo para 2027, Martínez rechazó que Cristina Fernández de Kirchner sea un obstáculo para el surgimiento de nuevos liderazgos. “Cristina nunca tapona”, aseguró.

Y agregó: “Si hay alguien que ha promovido tener personas para que puedan tener protagonismo en la política argentina, es Cristina Fernández de Kirchner”.

En relación con Axel Kicillof, destacó su proyección dentro del espacio opositor, aunque evitó anticipar una candidatura presidencial.

“Axel es un gobernador de una provincia sumamente relevante, que tiene una perspectiva de futuro muy importante”, sostuvo.

Martínez consideró que el peronismo debe construir una propuesta que trascienda las discusiones internas y ofrezca respuestas concretas a los problemas económicos.

En ese sentido, señaló que el desafío será definir una estrategia electoral, elaborar propuestas sobre los principales temas de la vida cotidiana y traducirlas en candidaturas capaces de generar expectativas.

También defendió a Cristina Kirchner frente a su situación judicial. Calificó su condena como “absolutamente arbitraria e injusta” y sostuvo que la expresidenta debe recuperar la libertad.

El legislador mencionó las gestiones de su defensa ante Naciones Unidas y expresó su expectativa de que puedan abrir una instancia de revisión judicial en la Argentina.

Las críticas al presupuesto de Milei y los proyectos que impulsará la oposición en Diputados

Durante la entrevista, Martínez también cuestionó que el ministro de Economía, Luis Caputo, no haya concurrido al Congreso para explicar el proyecto de Presupuesto 2027.

Recordó que la iniciativa fue presentada el 15 de septiembre y advirtió que todavía no comenzó su tratamiento parlamentario. “Ese debate debería arrancar con el ministro de Economía explicando hacia dónde va la economía nacional y cómo eso tiene un reflejo en la ley de leyes, en la ley del presupuesto”, reclamó.

El diputado también se refirió a la relación entre el Gobierno y los gobernadores que acompañaron distintas iniciativas oficiales.

Aunque reconoció las diferencias dentro del peronismo, evitó calificarlos de traidores y defendió la necesidad de ampliar los acuerdos parlamentarios para impulsar proyectos vinculados con las universidades, la discapacidad y el endeudamiento familiar.

En ese marco, anticipó que la oposición buscará avanzar con una sesión especial para debatir tres temas:

• La prórroga de la emergencia en discapacidad.
• La morosidad y el endeudamiento de las familias.
• El rechazo del DNU 70/2023, con el objetivo de restablecer la plena vigencia de la Ley de Tierras.

Por último, Martínez cuestionó el proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno y advirtió sobre el riesgo de que empresas estatales queden en manos de grupos económicos cercanos al poder.