POLITICA
Caso $LIBRA: EE.UU. rechazó el pedido de colaboración de la Justicia argentina tras concluir que faltan pruebas de un delito

Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas. Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.
La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo , fue más lejos. Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.
“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia. Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.
La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Milei, quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Pero, al final, la respuesta fue negativa.
“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.
“Deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas”, abundó el texto, que en su cuerpo no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
“Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados”, fijó como pauta general el Departamento de Justicia. “Las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades”.
Aunque el texto no aludió a político alguno, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes han utilizado sus redes sociales para difundir “memecoins” y otros criptoactivos con sus nombres -$Trump y $Melania- o, en el caso del jefe de Estado argentino, $LIBRA, para darles visibilidad y volumen financiero a esos proyectos.
Tras el colapso de $LIBRA, cabe recordar, Milei borró su posteo original y buscó despegarse del proyecto y de sus protagonistas. Remarcó que él solo se había limitado a “difundir”, pero no a “promocionar” el proyecto, del que empezó por afirmar que serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, pero al que luego caracterizó como “ir al casino” o, incluso, una “ruleta rusa”.
En la misiva que llegó a Comodoro Py, el Departamento de Justicia terció en ese contrapunto, acaso sin buscarlo: aludió al político que “promueve” un criptoactivo, en lugar de sostener que se había limitado a difundirlo. La carta, sin embargo, se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido.
En ese sentido, funcionarios de la Sección Fraudes recibieron al menos un “reporte de operaciones criminales” en los días posteriores al colapso de $LIBRA, según reveló en febrero de 2025, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.
Un día antes
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó el 28 de septiembre pasado, en Washington. Es decir, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan.
Rochon admitió así los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.
En ese sentido, la jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.
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POLITICA
El Gobierno quiere mostrar que prioriza a las provincias: los viajes de Milei y las reuniones de Santilli

Mientras el oficialismo continúa trabado en el Congreso, intentando resistir los embistes de la oposición y, al mismo tiempo, conseguir el apoyo para sancionar leyes que considera importante, la cúpula del Gobierno profundiza los contactos con las provincias, actores clave para conseguir ambas metas.
Mientras el presidente Javier Milei prevé viajar en los próximos días a Catamarca y analiza una posible visita a San Juan y a otros lugares del norte y el sur del país, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en la Casa Rosada a dos mandatarios locales.
Como es natural, el ministro coordinador es quien viene encabezando los encuentros con los representantes del interior para escuchar sus reclamos y, como contrapartida, pedirles el respaldo para las medidas que la Nación necesita.
La primera de las reuniones que tendrá “El Colo” sobre el final de esta semana será este jueves a las 18:15 con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas que siempre se mostró cercano a la administración libertaria.

La ronda de conversaciones continuará este viernes, cuando será el turno del mandatario de Corrientes, Juan Pablo Valdés, referente del radicalismo que el año pasado compitió y le ganó a LLA en su territorio.
La agenda incluirá cuestiones de gestión, reclamos de cada distrito y muy probablemente los próximos debates en el Congreso, con la reforma electoral como uno de los ejes centrales.
La Casa Rosada necesita sumar apoyos para avanzar con el proyecto que busca modificar las reglas para el año que viene y que tiene como principal punto la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
“Todavía no tenemos todos los votos, pero estamos muy cerca”, aseguró a Infobae uno de los integrantes de la mesa política del oficialismo, quien también reconoció que estarían dispuestos a considerar una suspensión de esta herramienta, si es que los otros espacios se niegan a derogarla.
El Poder Ejecutivo también requiere acuerdos para aprobar en el recinto el Presupuesto 2027 y contener la ofensiva opositora, que convocó a una sesión para el jueves que viene con el objetivo de tratar otras iniciativas sensibles.
Tal como anticipó este medio, La Libertad Avanza hizo su propio movimiento y convocó a un plenario de comisiones para el miércoles en Diputados con la idea de reinstalar la discusión por los límites a la venta de tierras a través de la ley de Propiedad Privada.

La ronda de reuniones se produce después de los contactos que el Gobierno mantuvo con los gobernadores durante la Argentina Week en París. Allí, Karina Milei, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, buscaron acercar posiciones con los mandatarios que integraron la comitiva presidencial.
Desde entonces, el oficialismo descartó un acuerdo global con todas las provincias y resolvió negociar caso por caso. La lógica es adaptar las conversaciones a la situación política de cada distrito, a los reclamos de los gobernadores y al respaldo que puedan aportar sus legisladores en el Congreso.
Santilli quedó al frente de esa tarea. En el oficialismo consideran que el jefe de Gabinete puede articular los pedidos de las provincias con la estrategia legislativa, especialmente en el Senado, donde La Libertad Avanza necesita construir una mayoría amplia para aprobar cualquier cambio en el sistema electoral.
El caso de Jaldo será seguido de cerca por la posición que mantiene el gobernador respecto de las PASO. El tucumano ha expresado diferencias con la eliminación de esa instancia, aunque el Gobierno buscará explorar alternativas que permitan mantenerlo dentro de los acuerdos parlamentarios.
Valdés, en cambio, integra el grupo de mandatarios radicales que en distintos momentos se mostraron abiertos a debatir una suspensión, o incluso erradicación de las primarias.
“Son un gasto innecesario para el Estado, hay que eliminarlas y chau“, le suele repetir a su círculo íntimo, aunque también lo expresa -con menos efusividad- en declaraciones públicas.

Su respaldo, como el de otros dirigentes provinciales, es relevante para el oficialismo en una Cámara alta donde necesita negociar al menos 16 adhesiones por fuera de su bloque para alcanzar la mayoría absoluta.
Los viajes de Milei, que todavía no tienen fecha confirmada, pero serían este mes, también forman parte de esa estrategia. La visita prevista a Catamarca y la posibilidad de trasladarse a San Juan apuntan a reforzar la relación con dos provincias cuyos gobernadores participaron de las conversaciones recientes con Nación.
El líder libertario, según trascendió, prepara una gira por los lugares del norte y el sur del país en donde hay proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que podría incluir a otras siete ciudades.
En la primera de las mencionadas provincias gobierna Raúl Jalil, cercano al Presidente y otro de los que estuvo en Francia, mientras que en la segunda lo hace Marcelo Orrego, más independiente. En casos, la Casa Rosada busca que los gestos políticos se traduzcan en acuerdos legislativos y electorales.
La prioridad inmediata sigue puesta en la reforma política y el Presupuesto, aunque el Ejecutivo también enfrenta la sesión especial convocada por la oposición para el 15 de octubre.
Ese día, la Cámara de Diputados tratará la derogación del DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y propuestas vinculadas con el endeudamiento de las familias.
Con las negociaciones abiertas y sin un entendimiento general con los gobernadores, el Gobierno intentará avanzar territorio por territorio. Santilli y toda la mesa política serán los principales encargados de esa tarea, mientras Milei busca sostener desde las provincias la red de apoyos que necesita para llegar con mayor fortaleza a los debates de fin de año.
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Milei viajará a EE.UU. en una semana caliente para el Congreso por el Presupuesto 2027 y el DNU 70/23 – Nexofin

En lo que se vislumbra como una semana de intensa actividad en el Congreso Nacional, el presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos. En esta ocasión, el mandatario argentino asistirá a la Gala Oficial de la Herencia Hispánica, que se llevará a cabo en Washington DC.
El jefe de Estado partirá el martes a la capital del país norteamericano para dar el presente en el evento que se celebrará el miércoles por la noche.
El Gobierno busca reemplazar tecnología china por la de EE.UU. en el funcionamiento del Estado
En paralelo a este nuevo periplo presidencial, se desarrollará la reunión de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. En ese marco, los legisladores de La Libertad Avanza impulsarán el debate de la llamada “Ley de Leyes”, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, según informó Clarín.
El miércoles tendrá lugar la discusión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y el jueves, la oposición intentará abrir el recinto para voltear el DNU 70/23 y aprobar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y una legislación para otorgar herramientas contra el endeudamiento familiar.
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Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”

La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.
También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.

El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.
El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.
Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.
Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.

Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.
“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.
La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.
Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.
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