El oficialismo acordó con sus aliados en la Cámara de Diputados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros y logró dictaminar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en el recinto en la sesión del 21 de octubre. La decisión va en la misma dirección que el último fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar interina, repuso temporalmente la vigencia de la ley de tierras que había sido derogada por el mega DNU 70/23.

El plenario de Legislación general y Asuntos Constitucionales tuvo lugar apenas 24 horas antes de la sesión convocada por la oposición para derogar el mega decreto desregulador que el presidente Milei firmó al inicio de su gestión. El objetivo de La Libertad Avanza fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.

El mega decreto 70/23 eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.

“Los límites a la venta de tierra podría haber juntado cierto consenso, pero eliminar por completo el DNU 70 tendría un costo terrible por la incertidumbre que generaría”, explicó un referente de La Libertad Avanza.

El inicio de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes Gonzáles propuso formalmente incluir en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.

La diputada peronista Paula Penacca, señaló el cambio de posición del oficialismo, que en el Senado impulsó la eliminación de los límites para la venta de tierras y ahora da marcha atrás: “Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado. Me sorprende que los libertarios firme un dictamen que va en contra de lo que piensa el Presidente, porque le puso la firma al DNU 70. Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda). En caso de ser aprobado con la reciente modificación por Diputados, el texto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.

La ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedó vigente tras el último fallo de la Corte, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

Noticia en desarrollo

La convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores, sumó el respaldo de organizaciones sociales, gremios y distintos sectores políticos, que se movilizarán este jueves al Congreso mientras la oposición intentará abrir una sesión especial en Diputados para tratar una serie de proyectos que el oficialismo busca frenar.

El reclamo por la educación pública, una causa que reúne apoyos más allá de las diferencias partidarias, volverá a representar un desafío político para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una nueva resolución judicial en su contra.

La movilización, que se prevé que será nuevamente multitudinaria, tendrá como escenario central la Plaza de los Dos Congresos, donde confluirán las columnas universitarias con sindicatos y organizaciones que también reclamarán el rechazo del DNU 70/2023, medidas para las familias endeudadas y respuestas a la situación de las personas con discapacidad.

La disputa por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos destinados a las becas. La sanción se sumó a las resoluciones judiciales que obligan al Gobierno a aplicar una ley que Milei vetó y que el Congreso ratificó.

Quiénes se suman a la quinta Marcha Federal Universitaria

La movilización convocada por estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de universidades públicas contará además con la participación de la CGT, las dos CTA, ATE y organizaciones políticas y sociales. Entre ellas estarán el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof; La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner; el Frente Renovador, de Sergio Massa; sectores de la Unión Cívica Radical no alineados con Milei; el Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Las primeras concentraciones universitarias en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a las 12.30 y la convocatoria principal será desde las 13 en Plaza Houssay. Las columnas marcharán hacia el Congreso, donde a las 16 está prevista la lectura de un documento conjunto. También habrá manifestaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y San Nicolás.

El Movimiento Evita y la UTEP anunciaron que se concentrarán desde las 14 en la Plaza de los Dos Congresos para exigir el rechazo del DNU 70/2023 y acompañar los reclamos por el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

Libres del Sur convocó desde las 13 para reclamar que el Congreso avance con medidas contra lo que considera “tasas de interés abusivas” y las “prácticas de cobranza ilegales”. Su dirigenta nacional, Silvia Saravia, también exigió el cumplimiento de la legislación universitaria y de discapacidad.

El SUTNA, por su parte, concentrará a las 13.30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, con reclamos en defensa de la educación pública y la industria nacional. ATE convocó a un paro de 24 horas y a movilizarse al Congreso, mientras el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga.

La marcha coincidirá con el intento opositor de sesionar en Diputados

Mientras las organizaciones se concentren frente al Congreso, los bloques opositores intentarán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión especial que incluye el rechazo del DNU 70/2023 y proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

“En la Plaza de los Dos Congresos se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad, al DNU 70/23”, afirmó el secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo.

En la Casa Rosada sostienen que la oposición todavía no cuenta con el quórum y trabajan con bloques aliados para impedir que comience el debate. La convocatoria de sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos coincidirá así con una negociación parlamentaria en la que el oficialismo busca evitar que avancen iniciativas contrarias a su agenda.

El juez federal Martín Cormick impuso sanciones económicas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida responde al incumplimiento de la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las casas de altos estudios. Asimismo, el fallo obliga al Gobierno a garantizar los fondos para las becas estudiantiles.

Ante la falta de ejecución, Cormick hizo efectivo el apercibimiento y dispuso “la aplicación de astreintes diarias al funcionario”. El pedido fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional para presionar el pago.

La norma prevé una recomposición del 40,25% para compensar la inflación registrada hasta julio de 2025. Sin embargo, el magistrado consideró que las autoridades nacionales no acreditaron el cumplimiento total de las obligaciones requeridas.

La sanción judicial coincide con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso. Los manifestantes reclamarán el jueves el cumplimiento de la ley durante la jornada de protestas en todo el país.

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