POLITICA
Sin margen de acción, el Gobierno analiza modificar el Presupuesto para cumplir con el Financiamiento Universitario
Con el presidente Javier Milei de viaje en los Estados Unidos, el Gobierno atravesará este jueves una jornada de doble presión política y legislativa, marcada por una nueva movilización universitaria y por el intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una norma que la administración libertaria considera central.
El conflicto con las casas de estudio escaló luego de que el juez federal Martín Cormick impusiera una multa diaria de $ 100.000 a Diego Santilli, jefe de Gabinete, por incumplir una medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y no docentes y con el fondo de becas previsto en la ley de financiamiento del sector.
Ante está situación, el Poder Ejecutivo cuestionó duramente al magistrado e insinuó que la sanción que le aplicó al funcionario estaría relacionada a sus vínculos con el ala más dura del kirchnerismo.
“Con pasado y amigos en La Cámpora, Cormick anteriormente buscó declarar nulo el protocolo antipiquetes con el que el Gobierno logró liberar las calles después de años de acampes, manifestaciones y piquetes que hacían imposible el tránsito y la circulación”, recordaron cerca de “El Colo”.
Asimismo, las autoridades nacionales anticiparon que apelarán tanto esa multa como el fallo que ordenó implementar la ley con la que insistió el Congreso luego del veto de Milei.
En la Casa Rosada sostienen que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023, junto con la suba del 21,33% dispuesta en junio, llevaron la actualización acumulada al 226,80%, una cifra que consideran compatible con las exigencias judiciales.
En este marco, en Balcarce 50 ratificaban que no asumirían nuevas erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal, aunque en las últimas semanas comenzó a analizarse una alternativa para cerrar esa discusión.
Si bien todavía se están estudiando todos los caminos, en la Casa Rosada ya empezaron a pensar en la posibilidad de modificar el Presupuesto 2027 para que los $ 11 billones reclamados por las universidades salgan de otras partidas.
“Es una alternativa que se está barajando. Es algo que se conversó hace un par de semanas en mesa política”, revelaron en el entorno de uno de los funcionarios que están detrás de esta idea.
La opción no tiene el consenso de todos los miembros de la cúpula libertaria, pero volvió a estar en discusión a partir de los sucesivos fallos judiciales, impulsados y celebrados por los representantes de las universidades.
Tal como contó este medio, fue el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el que notificó al juez Cormick de que había vencido el plazo para cumplir con los pagos, y solicitó entonces la multa contra Santilli.
“No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente“, comentó Franco Bartolacci, titular del CIN.
En cuanto a la sesión en Diputados, Casa Rosada confiaban en que los bloques más duros no alcanzaran el número necesario para habilitar el inicio del debate, aunque admitían que el resultado se mantenía abierto hasta último momento.
“Aún no estamos seguros al 100% de que no vaya a haber quórum. Estamos trabajando hasta último momento para desactivarlo”, reconoció a Infobae uno de los integrantes de la mesa política.
La preocupación del oficialismo se concentraba en la posibilidad de que algunos sectores que en otras oportunidades acompañaron al Poder Ejecutivo optaran esta vez por sentarse en sus bancas, ante la presión social.
En Provincias Unidas, por ejemplo, los diputados misioneros tenían previsto participar del debate, mientras que los representantes salteños mantenían dudas y planeaban definir su posición después de consultar con el gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz.
El PRO, en cambio, ya tenía decidido que no va a bajar al recinto, en un momento en el que está volviendo a bajar la tensión con La Libertad Avanza, luego de las diferencias por las partidas destinadas a discapacidad y los desacuerdos en torno a las negociaciones electorales para 2027.
La sesión convocada por la oposición tenía como uno de sus principales objetivos dejar sin efecto el DNU 70/2023, firmado por Milei al comienzo de su gestión y cuestionado en las últimas semanas a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la venta de tierras rurales a extranjeros.
El decreto eliminó regulaciones en sectores como alquileres, salud, transporte, comercio, mercado financiero y actividad inmobiliaria. Por esa amplitud, en el oficialismo advertían que una derogación integral podría abrir discusiones administrativas y judiciales sobre medidas aplicadas desde diciembre de 2023.
Con ese riesgo en el horizonte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión para el 21 de octubre, con la idea de tratar una alternativa legislativa que restituya límites a la venta de tierras y ofrezca una salida a los bloques aliados que rechazan ese punto del decreto, pero no quieren acompañar la caída completa de la norma.
La iniciativa incorpora modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y propone reponer los topes fijados por la Ley de Tierras, aprobada en 2011, durante la gestión de Cristina Kirchner.
Entre otras disposiciones, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no podrán tener más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia o de cada departamento.
En Balcarce 50 consideraban que esa propuesta podía contribuir a desactivar la convocatoria opositora y cuidar el DNU 70, aunque el resultado dependía de los contactos que se mantenían con los bloques dialoguistas y los gobernadores.
“Estamos bien, pero vamos a llegar justitos. La situación en la que estamos es que sabemos que vamos a terminar ganando, pero primero vamos a sufrir”, resumió a este medio una persona al tanto de las conversaciones parlamentarias.
La habitual mesa de diálogo con el PRO, que desde agosto buscaba acercar posiciones cada dos jueves, continuaba postergada por el escenario complejo y la falta de definiciones en varios frentes.
Mientras el oficialismo negociaba votos en el Congreso, los gremios docentes y agrupaciones estudiantiles estarán afuera del recinto llevando adelante una nueva movilización en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La marcha volverá a poner ese tema en el centro de la agenda, mientras el Gobierno busca sostener sus alianzas parlamentarias para impedir que prospere el intento opositor de derogar el DNU 70.
Diego Santilli,Luis Caputo,Argentina Week,París,Embajada de Argentina en Francia
POLITICA
En medio de una nueva marcha, el Gobierno negocia otorgar beneficios fiscales a las universidades para modificar la Ley de Financiamiento
Como parte de la negociación para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno ofrece mantener reducidas las contribuciones patronales de las universidades. Se trata de los aportes obligatorios que las instituciones educativas —en su carácter de empleadoras— deben ingresar a los subsistemas de la seguridad social por cada uno de sus trabajadores (docentes, no docentes y autoridades). La Casa Rosada busca combinar un acuerdo sobre el régimen administrado por ARCA con una mejora de las partidas del Presupuesto 2027 para acercar posiciones con las casas de estudio.
En el Ejecutivo confirman que la cuestión de las contribuciones forma parte de las herramientas que están dispuestos a negociar, aunque todavía no está definida la alícuota que propondrán. Las conversaciones sobre este punto se vienen desarrollando de manera informal con las universidades y no existe por ahora un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional.
La discusión parte de un régimen creado en 2010 para determinadas universidades nacionales que arrastraban deudas previsionales. El Decreto 1571/2010 fijó para las instituciones alcanzadas una alícuota reducida del 10,17% sobre la nómina salarial, integrada por 8,67% con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino y 1,5% al PAMI.
El beneficio alcanza específicamente a las universidades nacionales que registraban al 31 de diciembre de 2009 las deudas previstas por la norma y que ingresaron en los respectivos planes de regularización. La tasa del 10,17% se mantiene mientras siga pendiente la cancelación de esa deuda.
Ese régimen fue modificado en 2023. El Decreto 645/2023 sustituyó el artículo que regulaba la salida del beneficio y estableció que las universidades no pasan directamente a la alícuota general cuando terminan de pagar, sino que ingresan en una escala progresiva de convergencia.
Para las instituciones que cancelen la deuda, la alícuota correspondiente a SIPA y PAMI es del 13,65% en 2026 y sube al 14,52% en 2027. Luego pasa al 15,39% en 2028, 16,26% en 2029 y 17,13% en 2030. Recién desde el 1 de enero de 2031 deben aplicar las alícuotas generales que correspondan al sector público.
Ese punto es central para la negociación. En la UBA aseguran que el salto que enfrentan no es directamente hacia una carga del 24%, sino hacia la escala progresiva fijada por el Decreto 645/2023. La universidad se encuentra entre las instituciones cuyo plan de regularización está próximo a finalizar y busca evitar un incremento significativo de sus obligaciones sobre la masa salarial.
POLITICA
Los gobernadores que podrían auxiliar a Milei para bloquear la sesión impulsada por la oposición en Diputados
CÓRDOBA.- Luego de que el oficialismo aceptara reponer los límites a la venta de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la oposición deberá redoblar los esfuerzos para conseguir el quorum en la sesión especial convocada con el objetivo de voltear todo el decreto de Javier Milei, que avanzó en la política desreguladora del Estado.
Para iniciar el debate se requieren 129 diputados y, aunque las cuentas muestran que la oposición no tendría garantizado ese número, hay dudas sobre qué directivas darán a sus legisladores los gobernadores aliados.
“Después del dictamen no tiene sentido la sesión”, definieron varios legisladores que responden a gobernadores consultados por , a la vez que admitieron que igual seguirá el tira y afloje. El dictamen, agregan, “va en sintonía con la definición de la Corte Suprema de hace unos días”.
Pese a todo, siguen las negociaciones por la sesión convocada por la oposición. El eje ya no estará en el DNU 70/23, pero a la hora de la sesión estará la quinta marcha universitaria por el financiamiento y los reclamos en torno a las políticas de discapacidad.
Como en otras oportunidades, varios especulan hasta el último minuto. Por ejemplo, si el quórum queda lejos no tiene costo político frente al oficialismo nacional que sus legisladores bajen. En cambio, si la diferencia es mínima deben jugarse antes. Lo que tienen en claro es que ya el debate no será solo por las restricciones a la venta de tierras.
Entre los santafesinos de Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia, quien preside el bloque de Provincias Unidas, y tampoco José Núñez. “El DNU 70 no tiene vigencia a partir de los cambios en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se votó el artículo que deroga el artículo 154. Ahora tocar el decreto nos perjudica la política de cielos abiertos”, definieron desde el círculo de Pullaro. El chubutense Ignacio Torres aportará la ausencia de su diputado, Jorge Ávila.
En el caso del catamarqueño Raúl Jalil, uno de los mandatarios con más cercanía a la Casa Rosada, los tres diputados integrantes del bloque Elijo Catamarca habían decidido, hace unos días, asistir a la sesión. Así lo confirmó Sebastián Nóblega: “Hemos decidido acompañar la sesión y somos firmes defensores de la Ley 26.737”, dijo a la radio El Esquiú.
Sin embargo, en las últimas horas, se reactivaron los contactos de la Casa Rosada para tratar de evitar su presencia. Jalil estuvo entre los 13 gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei a París.
Al salteño Gustavo Sáenz le responden tres diputados –Pablo Outes, Bernardo Biella, Yolanda Vega- quienes integran el bloque Argentina Federal con cuatro misioneros. La diputada Vega, según indicaron fuentes salteñas a , está con un pobre de salud; respecto de los otros dos sostuvieron que “todavía no hay definiciones. Pero entendemos que no llegan al número los que impulsaron la sesión”.
Para el oficialismo también será clave el rol de Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien controla tres diputados.
Los cuatro misioneros conversaron con el gobernador Hugo Passalacqua la decisión de dar quorum. Fue el legislador Alberto Arrúa quien confirmó públicamente la posición de asistir.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, es de los mandatarios con vínculo resbaladizo con la Rosada. Seis son los diputados del peronismo cordobés y cinco se sumarán al quorum.
De ese grupo, tiene juego propio Juan Schiaretti, a quien siguen Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez, quienes bajarán al recinto. Ignacio García Aresca, hombre de Llaryora, también dará quórum, al igual que Juan Brügge, hoy aliado con la Democracia Cristiana. Es una incógnita si Alejandra Torres se sumará o no a sus compañeros.
Hasta esta hora, los diputados María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, alineados con Carlos Sadir –quien también participó de la Argentina Week en París–, también se suman para el quorum. Igual que en el caso de Jalil, siguen los contactos para evitar que estén si su presencia es llave para el inicio de la sesión.
aceptara reponer los límites a la venta de tierras,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Diputados, en vivo: últimas noticias sobre el rechazo al DNU 70/2023, endeudamiento y emergencia en discapacidad
En un clima de tensión social en las calles, la Cámara de Diputados se reúne hoy, a partir de las 14 horas, para tratar la derogación del mega decreto 70/30 y avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad como así también con los proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas.
La convocatoria estuvo motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que en la práctica liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros. El oficialismo acordó con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre.
El principal desafío de los bloques de la oposición será llegar a los 129 presentes para abrir el recinto. La sesión confluye con la V Marcha Federal Universitaria, protestas y el paro de los trabajadores estatales.
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