Mientras la confirmación de la visita del papa León XIV atraviesa una “atmósfera de duda”, después de la operación en la que le extrajeron un tumor maligno en el pulmón, la Iglesia argentina afianza la impronta identificada con el legado de Francisco. Quienes conocen el paño eclesiástico la describen como una Iglesia concentrada en los desafíos de la pobreza y la exclusión social, preocupada por las polarizaciones y empeñada en proponer la búsqueda del diálogo.

A esa perspectiva social, en la Conferencia Episcopal suman la mirada de una Iglesia de puertas abiertas y en salida misionera, también samaritana, que busca acercarse a los más heridos y vulnerables. “Una Iglesia que quiere anunciar el amor de Dios a todos; de ahí el lema que elegimos para la visita del Papa: Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, explicó a el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro.

A diferencia del carácter conservador que predominaba en varios obispos a fines de la dictadura militar, cuando llegó por primera vez Juan Pablo II a Buenos Aires, hoy la Iglesia despliega una fuerte presencia territorial en barrios populares, villas y asentamientos, a lo que se suma la amplia red de Cáritas, con comedores, programas alimentarios, planes de apoyo escolar, capacitación laboral y tratamiento de adicciones, entre otras herramientas de contención y reinserción social.

En los últimos meses, los obispos acentuaron expresamente su preocupación por los altos niveles de pobreza y exclusión, la situación de los jubilados, la baja de la edad de imputabilidad, el endeudamiento de las familias, la crisis de las personas con discapacidad, el deterioro de los sectores medios, los problemas de la educación, la persistencia de la grieta y el avance del narcotráfico, las adicciones y las apuestas online.

Muchas de estas situaciones críticas podrían nutrir los mensajes que León XIV preparaba para su viaje al país antes de que fuera sometido a la operación para extirparle un tumor del pulmón. Semanas atrás, varios obispos habían dicho que el Papa encontraría una Argentina “cascoteada por la pobreza” y herida por las divisiones.

La continua descalificación del adversario, el uso agresivo del lenguaje, la fragmentación social y las dificultades para construir consensos se extienden a otras geografías e, incluso, han llevado al Papa a pedir al mundo en su encíclica Magnifica humanitas “desarmar las palabras”, como un aporte para la construcción de “una civilización más humana”.

Perfil de la Iglesia argentina

Después de casi tres décadas del liderazgo de Jorge Bergoglio −desde su llegada a la Arquidiócesis de Buenos Aires en 1998 hasta el fin de su pontificado, en abril de 2025−, los obispos se caracterizan hoy por una conducción moderada y abierta al diálogo. Con perfiles distintos, sus rostros más visibles son el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo (65 años), y monseñor Jorge Ignacio García Cuerva (58 años), arzobispo de Buenos Aires desde mediados de 2023.

Ambos expresan los objetivos de superar la confrontación política en la Argentina, fortalecer el diálogo social y priorizar la atención de los pobres, los marginados e, incluso, la clase media empobrecida. Por su mayor exposición, a raíz de su participación en el Tedeum de las fechas patrias en la Catedral, García Cuerva ha tenido más choques con el gobierno de Javier Milei. Colombo se formó con el recordado obispo Jorge Novak, una de las principales voces de la Iglesia en defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar, y como obispo de La Rioja promovió la causa de beatificación de Enrique Angelelli y los mártires riojanos.

En la misma sintonía muestra un creciente liderazgo el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi (68 años), que fue alumno de Bergoglio en el seminario jesuita y acompaña a Colombo como vicepresidente primero del Episcopado. Rossi compartió la misma mesa con el entonces cardenal Robert Francis Prevost –hoy León XIV- en una de las sesiones de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que Francisco convocó en Roma en octubre de 2024, con la misión de consolidar la llamada “sinodalidad”, que se resume en la búsqueda de un funcionamiento más horizontal que vertical en la Iglesia.

Los otros dos cardenales argentinos –nombrados también por Francisco– son Víctor Manuel “Tucho” Fernández (64 años), quien conduce desde 2023 en Roma el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Vicente Bokalic (74 años), arzobispo de Santiago del Estero, reconocida como sede primada por ser la más antigua del actual territorio argentino. Junto con Rossi, ambos participaron y votaron en el cónclave que consagró Papa a Robert Prevost.

Con larga actividad pastoral y acreditada experiencia como formador del clero, el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández (71 años), goza de un fuerte consenso entre sus pares. Promotor de acuerdos y trabajos colegiados, es vicepresidente segundo del Episcopado y fue elegido por los obispos para llevar personalmente a León XIV la carta de invitación para que visite el país. Integra el Dicasterio para el Clero, uno de los principales organismos de la Santa Sede.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig (67 años), será el anfitrión de León XIV en la Basílica de Luján, el principal santuario del país, hacia donde la semana pasada peregrinaron dos millones de personas. Formado en la diócesis de San Isidro, el entonces arzobispo Bergoglio lo convocó en 2011 para trabajar en la pastoral urbana, una misión clave para insertar el mensaje de la Iglesia en las grandes ciudades, caracterizadas por un alto grado de secularización y contextos culturales complejos.

En tanto, una pieza clave en la organización del viaje del Papa para que todos los mecanismos estén aceitados es la función que lleva adelante el obispo Pizarro como secretario general del Episcopado. Formado en la diócesis que condujeron sucesivamente Jorge Casaretto y Oscar Ojea, Pizarro (53 años) aporta su experiencia en el área de pastoral juvenil de la Iglesia y se lo considera un virtual coordinador operativo de la visita de León XIV.

Entre otras comisiones episcopales, el área estratégica de Pastoral Social está en manos del obispo de La Rioja, monseñor Dante Gustavo Braida (58 años), un sacerdote que fue misionero en Cuba. El organismo reúne a varios obispos, curas y laicos que en los últimos dos años intensificaron las acciones y pronunciamientos para denunciar el avance de las apuestas online, con graves consecuencias en menores y jóvenes, y la crisis de la discapacidad, un tema sensible que ha generado cortocircuitos con el gobierno de Milei.

La Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó por prescripción a la esposa del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimiento ilícito por su fortuna de 10 millones de dólares oculta en bolsos en un convento de General Rodríguez hace diez años.

El fallo fue dictado por los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Casación, Angela Ledesma y Javier Carbajo, por mayoría. En disidencia, el juez Gustavo Hornos se pronunció por declarar imprescriptibles los casos de corrupción de funcionarios.

Los camaristas Ledesma y Carbajo resolvieron hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de María Amalia Díaz y, en consecuencia, declarar extinguida la acción y dispusieron su sobreseimiento.

Hornos propuso rechazar el recurso y sostuvo que “en base a la más ajustada y adecuada interpretación teleológica y finalista de nuestra Constitución Nacional los graves delitos dolosos contra el Estado que conlleve enriquecimiento atentan contra el sistema democrático y, en consecuencia, son imprescriptibles”.

El hecho investigado había ocurrido en la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando López, exsecretario de Obras Públicas entre 2004 y 2015, fue detenido en un monasterio de General Rodríguez.

Un vecino lo vio mientras intentaba ocultar bolsos que contenían más de 9 millones de dólares, fajos de euros, yenes, relojes de alta gama y un fusil automático.

El nombrado había sido secundado por Díaz, su esposa durante más de 25 años, quien había mantenido comunicaciones con el convento para coordinar la entrega del dinero.

En ese proceso, se logró el secuestro del teléfono celular de López, el cual posteriormente y en la causa Vialidad resultó de vital importancia para acreditar el “plan limpiar todo” y así disponer severas condenas a funcionarios públicos, entre ellos la de Cristina Kirchner.

La mayoría del tribunal dijo que la acción penal seguida a Díaz se encontraba extinguida por prescripción y dispuso su sobreseimiento.

Para la jueza Ledesma, la cuestión central era establecer si la condena a Díaz había quedado firme. Díaz fue condenada en junio de 2019 como partícipe secundaria de enriquecimiento ilícito. En 2021, Casación anuló la pena y devolvió la causa al tribunal oral para que fijara una nueva. La defensa fue en queja a la Corte Suprema, que el 1° de junio de 2023 la desestimó porque no se dirigía contra una sentencia definitiva. El Tribunal Oral Federal 1 entendió que con ese rechazo la condena quedaba firme.

Ledesma sostuvo lo contrario: la Corte no declaró inadmisible el recurso por razones de fondo, sino porque la sentencia estaba incompleta, ya que todavía faltaba fijar la pena. Por eso el fallo nunca adquirió firmeza. Y por eso declaró prescripto el caso.

El juez adhirió al voto de Ledesma “en las particulares circunstancias del caso” y “a fin de conformar mayoría”.

Hornos, en cambio, destacó que “el juzgamiento eficaz de los hechos debe ser asegurado a los efectos de conocer la verdad, de restaurar la justicia, de restablecer el equilibrio y, en su caso, de recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos”.

Por eso, el juez Hornos enfatizó que quien comete un grave delito doloso contra el Estado que haya conllevado enriquecimiento atenta contra el sistema democrático, socava los cimientos mismos del Estado de Derecho y afecta seriamente su orden económico y financiero.

Y, por tal motivo, declarar la extinción de la acción penal en este caso implicaría un acto jurídico opuesto a los principios fundamentales de la Constitución Nacional.