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El dueño de la empresa que denunció extorsión calificó la absolución del jefe camionero de “cheque en blanco a la mafia sindical”

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El empresario Ariel Rey, dueño, junto a su hermano Gustavo, de Rey Distribución SRL, cuestionó con dureza el fallo que absolvió ayer al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo del gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano.

En una entrevista con , Rey, quien también es concejal de San Pedro (fue electo por La Libertad Avanza), calificó la sentencia como un “cheque en blanco a la impunidad y a la mafia sindical”. Anunció que apelarán el fallo y expresó su confianza en que será revertido.

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El empresario también sostuvo que la decisión envía un mensaje a los empresarios de la zona, quienes ahora temen sufrir nuevos bloqueos y extorsiones. “¿Qué tengo que hacer si viene Cabaleyro y me vuelve a bloquear? ¿Tengo que agarrar un palo? ¿Tengo que agarrar un arma? ¿Qué tengo que hacer?”, se preguntó Rey.

Cabaleyro había sido acusado de realizar dos bloqueos sindicales en 2021 y exigir dinero a sus propietarios. Sin embargo, el juez Alejandro López, del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás, argumentó que el gremialista ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos. Cabaleyro llegó al juicio en prisión domiciliaria y recuperó la libertad de inmediato. Junto a él fueron absueltos seis exempleados de la distribuidora, que estaban acusados de turbación de la posesión.

Maximiliano Cabaleyro, el sindicalista de camioneros juzgado y absuelto por bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL Iara Cerasi / El Norte

—¿Esperaban que la Justicia absolviera a Cabaleyro?

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—Nos sorprendió el fallo del juez. Hubo una acusación con hechos contundentes y había sido dictada la prisión preventiva de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola [sindicalista camionero que acordó ser juzgado aparte, en un juicio abreviado]. No esperábamos que un juez, cuyo criterio pongo en duda, directamente lo absuelva de absolutamente todo. Con este fallo, le da un cheque en blanco a la impunidad y a la mafia sindical. Pareciera que hay una ley aparte para los poderosos.

—¿Apelarán el fallo?

—Tenemos una instancia de apelación a la que vamos a recurrir. Vamos a llevar a Casación todos los delitos que venimos sosteniendo, de manera urgente y contundente. Vamos a dar la batalla en las instancias necesarias y vamos a recurrir, si es necesario, hasta la Corte Suprema.

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—¿Confían en que Casación revierta esta decisión?

—Vamos a revertir el fallo de este juez, claro que sí, porque tenemos delitos comprobados perfectamente. Incluso el juez reconoce los delitos en el fallo, pero le da la derecha porque está dentro del marco del reclamo laboral.

¿Para qué hay normas para un derecho a huelga si, con el fallo de este juez, puede venir un sindicato, bloquear una empresa, coaccionar y extorsionar, hasta tanto no cedas? ¿Qué le decimos a la sociedad después de fallos como este? ¿Qué tiene que hacer el dueño de una empresa que es extorsionado por un sindicato?

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A partir de un momento que hay una reforma laboral, este juez no cumplió una norma, con lo cual hay posibilidades de plantear un jury contra un juez que no acata una ley vigente.

—¿Se moverán para plantear ese jury?

—Claro que sí. Vamos a solicitarlo como parte de la sociedad, como privados.

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—¿Qué relación tiene hoy la empresa con el sindicalismo?

—La empresa es una distribuidora de productos alimenticios que tiene 36 empleados encuadrados dentro del Sindicato de Comercio: todos los empleados están dentro del encuadre que corresponde, con la categoría que corresponde. Yo estoy a favor de la representación institucional del trabajador a través del sindicato y del derecho a huelga; pero huelga no significa extorsión ni justifica el delito.

Moyano y otros dirigentes camioneros, en una protesta en San Nicolás cuando Cabaleyro fue detenido, en abril de 2022Prensa Multisectorial 21F

—¿Qué consecuencias tiene el fallo de ayer para la empresa?

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—¿Qué pasa si Maximiliano Cabaleyro, ahora en libertad, viene otra vez con el colectivo y me bloquea la entrada [de la empresa]? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué le decimos a la pyme que sufre esta extorsión? ¿Qué tengo que hacer si viene Cabaleyro y me vuelve a bloquear? ¿Tengo que agarrar un palo? ¿Tengo que agarrar un arma? ¿Qué tengo que hacer?

—¿Y qué harían?

—Si se vuelve a presentar otra persona, volvemos a denunciar.

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—¿Consideran que eso puede suceder, incluso por parte de Cabaleyro?

—Tenemos ese temor, claro que sí. No solo en mi empresa. Ahora, esa persona que extorsiona, que bloquea empresas, está libre.

—¿Es un temor compartido por empresas de la zona?

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—Claro que sí.

—¿Cuáles fueron, en concreto, los hechos denunciados ante la Justicia?

—En 2011, en San Pedro, hubo un avasallamiento de seis bloqueos simultáneos a distintas pymes y empresas de comercio por parte del Sindicato de Camioneros. Ahí empezó la persecución con el fin de robar afiliados. En 2017 tuvimos que acceder por presión, por amenazas, por parte del delegado –que en ese momento era Fernando Espíndola–, tuvimos que pasar empleados a la fuerza, obviamente amenazados, [de Comercio] a Camioneros, que no corresponde. Después empezó la extorsión: tener que darle plata a un sindicato para que te deje trabajar en paz y, si no, te bloquean. Esa es la amenaza. Finalmente, en 2021, producto de todas estas presiones, cumplieron con la amenaza. Me bloquearon mi empresa el 15 de enero y después insistieron el 22 de febrero.

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El Gobierno identificó a la marcha universitaria con una movida opositora y defendió el operativo de seguridad en el Congreso

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El Gobierno se enfrentó este jueves a la quinta marcha federal universitaria, que reunió a una multitudinaria convocatoria frente al Congreso pero que, a diferencia de otras oportunidades, terminó con incidentes.

En la Casa Rosada buscaron ligar el reclamo de las universidades, que demandan a la administración libertaria que cumpla la ley de financiamiento educativo, a una movida orquestada por la oposición. En ese tren, culparon a grupos violentos por los desmanes que se desataron frente al Palacio Legislativo.

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“Es un acto opositor”, plantearon fuentes del Ejecutivo respecto de la marcha y el acto central. “Se politizó demasiado”, agregaron.

El presidente Javier Milei no siguió el reclamo desde el país, ya que se encuentra en Washington, como parte de su vigésimo viaje a los Estados Unidos desde diciembre de 2023.

Respecto de la violencia que se desató en las calles porteñas, desde un importante ministerio de la Casa Rosada plantearon a : “Son los mismos de siempre, los que no salen a manifestarse, sino a provocar caos”.

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Otra fuente de peso en el Poder Ejecutivo acotó, en el mismo sentido: “Los enfrentamientos siempre son generados por los mismos sectores, lamentablemente”.

En un primer reporte, fuentes oficiales detallaron que hubo tres efectivos de la Gendarmería y uno de la Prefectura heridos con “elementos contundentes”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, justificó el operativo con un mensaje en la red social X. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, sostuvo la funcionaria, con un video de manifestantes rompiendo las vallas y con las caras tapadas.

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Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP) en Diputados, Germán Martínez, denunció la presencia de supuestos “infiltrados”.

Desde ayer, en el Gobierno vincularon el reclamo universitario a una cuestión partidaria. Incluso, afirmaron que están cumpliendo la ley, pese al retaceo de fondos, los reclamos de las universidades y los fallos judiciales adversos. Fuentes de la gestión de Milei acusaron al juez Martín Cormick de nexos con el kirchnerismo.

El magistrado no solo multó al Gobierno por incumplir la ley de financiamiento universitario, sino que también ordenó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pagara $100.000 por día.

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En ese momento, fuentes del Gobierno dijeron que el magistrado tenía “pasado y amigos en La Cámpora”, la organización que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. “Se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de Luana Volnovich”, apuntaron contra el juez.

La movilización de hoy, para exigir a la gestión de Milei que cumpla con la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso, fue convocada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Noticia en desarrollo

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pic.twitter.com/qRJcbdcIrh,October 15, 2026,Paula Rossi,Universidades,Conforme a

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Un grupo de manifestantes increpó a Lilia Lemoine a la salida del Congreso

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La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, fue abordada por un grupo de manifestantes de la Marcha Federal Universitaria mientras caminaba por la avenida Rivadavia, a la salida del Congreso.

Videos registrados en el lugar mostraron a un grupo de mujeres que se acercó a Lemoine y le cantó en la cara: “Olé, olé, olé, olá; a donde vayas, te va a pasar; a donde vayan, los iremos a buscar”. Alrededor se escucharon gritos de “facha”, “yo me pregunto de qué te estás riendo”, “qué hacés acá” y “la patria no se vende”.

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También le reclamaron: “Sos una vergüenza, sos una vergüenza para las mujeres que estudiamos”. En otro momento, mientras avanzaba, se registraron insultos como “chorra” y “sore**”.

En los videos se ve a Lemoine poniendo la mano en la cara para marcar distancia con los manifestantes.

El episodio ocurrió después de que la oposición no logró el quorum para una megasesión convocada para tratar la derogación del DNU 70/23, la prórroga de la emergencia en discapacidad y un proyecto sobre morosidad y endeudamiento familiar.

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La legisladora salió del recinto de la Cámara de Diputados y se cruzó con el sector de la protesta organizada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Noticia que está siendo actualizada.-

Lilia Lemoine, Marcha universitaria, Congreso

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La Justicia suspendió las multas al Gobierno por no aplicar la ley de Financiamiento Universitario

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La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió este jueves de manera provisoria la aplicación de multas diarias para el Gobierno por el incumplimiento de la cautelar vinculada con la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

Así lo dispusieron los jueces Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán al hacer lugar a un recurso de queja que había presentado el Ministerio de Capital Humano.

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Los magistrados dispusieron “conceder —en relación el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con fecha 24 de septiembre de 2026, contra la providencia de fecha 22 de septiembre de 2026”, según el fallo al que accedió .

El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, había resuelto este miércoles, un día antes de la quinta Marcha Universitaria Federal, la aplicación de sanciones económicas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, del orden de $100.000 por día por no aplicar la norma.

La Justicia federal había intimado así formalmente al gobierno de Javier Milei a acatar la cautelar que había sido ratificada por la Corte Suprema. A fines de septiembre, el magistrado ya había concluido que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la medida cautelar vigente, que obliga a actualizar salarios y becas universitarias, y había fijado un plazo máximo de cinco días para hacerlo.

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Quinta Marcha Universitaria Federal en el Congreso Nicolás Suárez

Cormick señaló, además, que la decisión se adopta “en concordancia” con lo resuelto en la causa principal: la semana pasada, el juez declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N.º 759/2025 mediante el cual el Gobierno había frenado la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego del rechazo al veto presidencial del año pasado.

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