La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados parece haber encontrado la llave que le permite sumar victorias parlamentarias y convencer a socios que empezaban a mostrarse reticentes.

La clave no es otra que dar marcha atrás con algunas medidas gestadas en el Ejecutivo y optar por el mal menor.

Esto fue lo que ocurrió en la jornada de ayer, cuando, para proteger el DNU 70/2023, el bloque libertario cedió en la ley de Tierras y ahora propone —junto al PRO y la UCR— reeditar la ley de 2011 que buscó eliminar en dos ocasiones y que, en su momento, sus socios actuales votaron en contra.

Algo similar sucede con el debate sobre la ley de Discapacidad, donde, para desactivar el avance de la oposición en la idea de prorrogar por un año la emergencia, el oficialismo se opuso a los dictámenes del Ministerio de Economía y avanza con un proyecto propio al que buscará darle media sanción la semana próxima.

En este aspecto, la duda que recorría los pasillos ayer era qué iban a hacer en este caso los diputados del bloque de los gobernadores del norte, Argentina Federal. No quedaba claro si estaban trabajando sobre el dictamen de mayoría —el del oficialismo— o sobre algún otro.

Eso se develó en las últimas horas, cuando dos fuentes diferentes señalaron que el bloque que representa los intereses de los gobernadores de Salta, Formosa, Misiones y San Luis negocia el acompañamiento al oficialismo.

“En discapacidad, Oscar Herrera Ahuad —presidente del bloque— está trabajando el dictamen del oficialismo, así que no iría por la emergencia”, explicó una fuente parlamentaria.

En este nuevo esquema, fuentes cercanas a los bloques en negociación —LLA y AF— señalaron a Infobae que el oficialismo cedió en otros aspectos respecto de los que figuraban en el proyecto de ley que ya tiene dictamen.

“Esta semana los provinciales se reunieron y lograron cambios en el proyecto, en especial en los artículos 5 y 7, donde ahora aparecen los fondos que antes no figuraban de manera explícita”, explicaron.

Con estos cambios, que se introducirán en el recinto, y el acompañamiento casi sin restricciones del PRO, la UCR, Independencia, La Neuquinidad, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, Primero San Luis, MID y Argentina Federal, el oficialismo suma más de 130 voluntades.

El único problema que surge del acuerdo que lleva adelante el bloque libertario, encabezado por la ex PRO Silvana Giudici y su colega, también ex PRO, Laura Rodríguez Machado, es que el Ministerio de Economía, que comanda Luis “Toto” Caputo, no se mostró alineado con el proyecto.

Esto lo dejó en claro días atrás el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante su defensa del proyecto de Presupuesto 2027 que se debate en comisión.

Ante la consulta de los diputados de los bloques de la oposición sobre a quién había que creerle —si al Ejecutivo, que envió un proyecto con los artículos 36 al 41 que avanzan sobre derechos y prestaciones, eliminando entre otras cosas el Nomenclador, o al dictamen de mayoría que se debate en el Congreso—, Guberman evitó pronunciarse de manera concluyente.

Al momento de responder, ratificó que “está el presupuesto para cumplir con las pensiones y todo el servicio” de prestaciones. Pero ante la insistencia de los diputados, el funcionario de Economía señaló que “desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa. Pero los bloques quieren otra cosa”.

La duda que queda es si el Ejecutivo, que presentó un proyecto de ley de Presupuesto con ajustes en varios sectores, incluido el de discapacidad, y que se mostró en contra del posicionamiento del bloque de LLA, respetará esa postura y eliminará los artículos del 31 al 41, o si se mantendrá firme en su posición. Por ahora, el bloque libertario hizo el trabajo y parece haber juntado los votos.

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Los vecinos de Allen, en Río Negro, deberán definir el próximo 8 de noviembre si el intendente Marcelo Román (La Libertad Avanza) continúa al frente del municipio. El Concejo Deliberante aprobó la convocatoria al referéndum por seis votos contra tres, luego de que la iniciativa impulsada por un grupo de ciudadanos cumpliera con los requisitos establecidos en la Carta Orgánica local.

La recolección de adhesiones comenzó formalmente el 10 de septiembre, cuando el Concejo Deliberante habilitó cinco libros para que los vecinos pudieran respaldar el pedido. La verificación final contabilizó 4.771 firmas válidas, con las que se alcanzó el 20% del padrón de 2023 que exige la normativa municipal para convocar a una consulta de este tipo.

En paralelo, el jefe comunal enfrenta una investigación judicial por presunto peculado y administración fraudulenta, una causa por la que ya había sido suspendido preventivamente. La situación de Román puede terminar con su salida de la intendencia por dos vías diferentes.

Por un lado, los vecinos deberán decidir en el referéndum si continúa o deja el cargo, una vez que el Concejo complete los pasos previstos por la normativa municipal. Por otro, la Carta Orgánica establece que una condena firme en la causa penal derivaría en su destitución, mientras que una absolución le permitiría recuperar el cargo en caso de que siguiera suspendido.

El empresario Ariel Rey, dueño de la distribuidora de San Pedro que fue bloqueada por el Sindicato de Camioneros, dijo que está preocupado por la seguridad de su familia luego de que el juez Alejandro López absolvió al dirigente Maximiliano Cabaleyro, uno de los que lideró la protesta.

En diálogo con Infobae, Rey dijo: “Me preocupa porque con este fallo se va a empoderar y va a venir de vuelta a mi negocio, no me va a dejar sacar mi vehículo y me va a decir: ‘Todos tus empleados son míos. Vos no me hiciste caso la otra vez, me llevaste a juicio, me metiste preso y ahora el juez me dio la razón. Así que pasame todos tus empleados a Camioneros. Si no, te bloqueo’”.

Los temores de Rey, uno de los dueños de la pyme familiar, se hicieron públicos en forma simultánea con las primeras declaraciones de Cabaleyro tras el fallo judicial que lo favoreció, donde se mostró desafiante: “No me quedan dudas, si lo tuviera que volver a hacer, lo haría”, dijo en una conferencia de prensa al referirse al bloqueo que lideró y que lo mantuvo 4 años en prisión (los últimos tres, bajo arresto domiciliario).

Fortalecido por el fallo absolutorio, el jefe de Camioneros en San Nicolás destacó: “Acompañé a mis trabajadores hasta el final y eso a mucha gente le molesta. En mi gen sindical, jamás en mi vida podré dejar tirado a un trabajador, menos por un reclamo que es legítimo”.

“Perdí parte de la crianza de mis hijos y de mi familia. Uno tiene una convicción y quiere jubilarse como sindicalista”, dijo al victimizarse por su detención.

Recordó, además, que le “sacaron” el cargo de concejal del Frente de Todos en San Nicolás por esta causa. “Calculo que uno molestaba mucho en ese lugar. Fui el único condenado por poner un colectivo en la vereda de una empresa”. Y negó que haya recibido coimas: “Nunca las hubo. La plata que pagaron fue legal. No hay una filmación con un insulto. Decían que no se pudo trabajar y hay videos que demuestran lo contrario”.

“Vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre -advirtió Cabaleyro-. Quédense tranquilos que van a seguir creciendo con nosotros. Saben cómo trabajamos: los reclamos son por vía legal y siempre damos la oportunidad de llegar a un acuerdo”.

Además, anticipó que iniciará acciones legales contra sus denunciantes: “Estaré esperando un tiempo y accionaré contra los que armaron este mamarracho”, señaló.

Rey Distribución, pyme de San Pedro, sufrió un bloqueo en 2021 que se extendió durante 5 días e incluyó amenazas y hostigamiento, pero los responsables de la protesta (Cabaleyro y otros 6 imputados) fueron absueltos por el juez Alejandro Lópéz, miembro del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás, quien dio por probado la protesta que impidió el acceso de camiones y afectó la actividad de la empresa, pero consideró que fue llevado adelante como el “legítimo ejercicio de un derecho” y, por lo tanto, no configuró ningún delito.

“Es una locura lo que pasó -remarcó Rey luego del polémico fallo-. Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil, pero no vamos a bajar los brazos. Estamos con la verdad. Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”.

El empresario dijo estar “sorprendido” por la sentencia: “El Ministerio Público Fiscal encontró pruebas (del bloqueo) y la jueza de Garantía acusó a los responsables porque encontró pruebas suficientes en los cuatro hechos denunciados. Después, en un fallo unánime, Casación también encontró pruebas suficientes. Y ahora un juez limpia absolutamente todo. Dijo: ‘No, todo lo que hicieron está mal. No hay pruebas suficientes’”.

Con pesar, Rey dijo que los dirigentes gremiales que lo bloquearon “ahora se van a sentir empoderados” ya que el fallo “le está diciendo a la sociedad: “Si tenés problemas con el sindicato, arreglá con ellos porque, si no, en la Justicia no vas a encontrar reparo”.

“Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”, afirmó. “Si yo quiero abrir mi negocio, sacar el camión para salir a repartir y un grupo de personas hace un cordón humano y te dicen: “No avanzás”, ¿eso no es un delito? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho de huelga?“, se preguntó Rey.

Por su parte, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, uno de los máximos promotores de los bloqueos en la Argentina, celebró el fallo de López y descalificó a Florencia Arietto, la abogada de los dueños de Rey Distribución.

“La Justicia de San Nicolás ha absuelto y otorgado la inmediata libertad de Maxi Cabaleyro y a todos los compañeros que han sido involucrados en esta causa mentirosa que ha armado la chanta de Florencia Arietto”, sostuvo en un video filmado desde México, donde participa de un congreso sindical internacional.

Asimismo, Moyano destacó la importancia del fallo para “la defensa de los derechos laborales” y sostuvo que “constituye un precedente en la lucha sindical”.

En ese sentido, remarcó que las medidas legítimas de acción gremial “no deben ser criminalizadas” y dijo: “Esto quiere decir que llevar adelante una medida legítima no es bloquear, no es extorsionar, no es ser patotero, sino que es reclamar por los derechos de los trabajadores”.

Para el dirigente del Sindicato de Camioneros, “la resolución representa un triunfo para los trabajadores involucrados y vuelve a poner en el centro del debate el derecho a la organización sindical, la protesta y la defensa de las conquistas laborales”.