A tres años de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, y a tan solo unos meses para que comience la carrera electoral que pondrá a prueba la gestión libertaria, las principales consultoras comenzaron a analizar la situación política y muestran no solo cuál es la visión de la sociedad respecto del oficialismo, sino también cuáles continúan siendo los reclamos y preocupaciones.

Tal es el caso de la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que realiza periódicamente el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA).

En octubre, este estudio reveló que el 67% de las personas consultadas rechaza “la marcha general” del país, mientras que solamente el 30% se mostró satisfecha. Pese al balance negativo, las cifras son mejores que las que tuvieron Mauricio Macri y Alberto Fernández a esta misma altura de sus respectivos mandatos.

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El trabajo fue elaborado sobre una base de 1.000 encuestados, todos mayores de edad y de diferentes regiones argentinas, los cuales fueron relevados entre el 5 y el 13 de este mes y respondieron preguntas sobre la situación económica personal y algunas de las políticas públicas.

En lo que respecta estrictamente al desempeño del Gobierno, los niveles de aprobación y desaprobación se mantienen sin cambios significativos respecto del mes anterior, del 36% y el 60%, respectivamente, respectivamente.

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Sobre este punto, el respaldo para el jefe de Estado es exactamente igual al que tenía Macri en el mismo momento de su mandato y superior al registrado por Alberto Fernández para esta etapa.

Si se discrimina el dato por el género del encuestado, se descubre que los hombres registraron una aprobación de la actual gestión nacional del 38%, cinco puntos por encima de las mujeres.

Por nivel socioeconómico, en tanto, los números más altos a favor del Gobierno se registraron entre quienes integran la clase alta y la media baja, con 41% en ambos casos, mientras que el peor resultado se dio en el sector de menores ingresos, con apenas el 29% de aprobación.

El respaldo también mantuvo una fuerte relación con la identificación ideológica y el voto anterior: en el electorado de Milei, el 74% aprobó al Gobierno, al igual que el 65% de los que acompañaron en 2023 a Patricia Bullrich y el 20% de los que votaron la boleta de Juan Schiaretti. Ese apoyo baja drásticamente en los votantes de Sergio Massa y de otros candidatos en los últimos comicios presidenciales.

Por edad, los mayores de 60 años fueron el grupo con mayor aprobación, con 44%. Los siguieron los menores de 27 años, con 39%. Entre los millennials, en cambio, alcanzó el 30% y fue el segmento que peor lo evaluó.

La situación económica e imagen de los dirigentes

Por otra parte, el estudio señaló que el 56% considera que la situación del país empeoró durante el último año, frente a un 18% que percibió una mejora. A la hora de mirar hacia adelante, el 43% pronosticó un deterioro, mientras que solo el 29% espera una evolución favorable.

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La percepción sobre la economía personal fue incluso más negativa: el 52% afirmó que su situación empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 14% dijo que mejoró.

Si se toma solamente a los votantes de Milei, el 42% dijo que la Argentina está mejor que en el 2025, el 32% aseguró que está igual y únicamente el 23% consideró que empeoró. El 61% de ellos confió que el país va a mejorar.

Por otro lado, el 54% de los encuestados aseguró que los ingresos de su hogar no alcanzan y, dentro de ese grupo, el 35% respondió que tuvo que usar ahorros o recortar gastos y el 19% señaló que debió endeudarse.

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Solo el 20% de los participantes del estudio manifestó que el dinero le alcanza bien y que tiene capacidad de ahorro, al tiempo que otro 21% indicó que puede cubrir los gastos mensuales, pero sin sobrantes.

En cuanto a la consideración de los políticos, Patricia Bullrich se ubicó primera, con el 36% de imagen positiva y el 54% de negativa, seguida por Javier Milei, Myriam Bregman, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Jorge Macri y Victoria Villarruel. Todos, claro, tienen balance negativo en la valoración pública.

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Si se tiene en cuenta solamente a los que previamente dijeron aprobar el Gobierno, la lista la lidera el actual Presidente, con el 84% de imagen positiva, superando a la senadora y el alcalde porteño.

Entre los integrantes del Gabinete, en tanto, el ranking lo encabeza el ministro coordinador Diego Santilli, seguido por la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el de Economía, Luis Caputo. En el último puesto está el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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La Libertad Avanza y el peronismo, separados por dos puntos rumbo a 2027

De cara a las elecciones presidenciales en las que Milei buscará la reelección, la encuesta muestra que si fueran hoy, el 26% votaría a La Libertad Avanza y el 24% al peronismo, aunque otro 26% respondió que no sabe a quién apoyaría o prefirió no contestar.

El resto de las fuerzas aparece muy abajo en intención de voto: el Frente de Izquierda reúne 4%, mientras que el PRO y Provincias Unidas alcanzaron 3% cada uno. La UCR y los partidos provinciales están en el fondo de la tabla.

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La evolución desde junio exhibe un crecimiento de La Libertad Avanza hasta 26%, luego de ubicarse en torno de 24% en los meses previos. El peronismo osciló entre 23% y 26% y terminó en 24%. La indecisión, en tanto, se redujo desde un pico de 22% y se ubicó en 21%, sin contar el 5% que prefirió no responder.

Un dato que remarca la Universidad de San Andrés es que, entre quienes aprueban la gestión de Milei, el 66% elegiría a La Libertad Avanza, pero solamente el 39% de los que lo desaprueban se inclinan por el PJ.

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La fidelidad a los espacios también resulta desigual. El peronismo retiene 70% de los votantes de Massa de 2023. La Libertad Avanza conserva 64% de quienes eligieron a Milei, pero solo 41% de los votantes de Bullrich se inclina hoy por el oficialismo; 19% de ese grupo elegiría al PRO y 19% continúa indeciso.

El Ejecutivo es el poder mejor evaluado, aunque también tiene imagen negativa

La valoración de los poderes del Estado muestra una insatisfacción extendida. El Poder Ejecutivo reúne 25% de satisfacción y 66% de insatisfacción. El Senado llega a 18% de valoración positiva, el Poder Judicial a 16% y la Cámara de Diputados también a 16%.

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El saldo más adverso corresponde a Diputados, con un diferencial de 60 puntos negativos, seguido por el Poder Judicial, con 58 puntos negativos. El Senado presenta un diferencial negativo de 55 puntos y el Ejecutivo, de 41.

Frente al mes anterior, el informe señala una suba de tres puntos en la satisfacción con el Senado y una mejora de dos puntos en el Ejecutivo. En contraste, cae la evaluación del Poder Judicial.

Los problemas del país y las políticas que aprueba la sociedad

Por último, consultados sobre los principales problemas que atraviesa el país, la falta de trabajo apareció como la principal preocupación, mencionada por el 39% de las personas; seguidos por los bajos salarios, con 35%; la pobreza, con 31%, y la corrupción, con 30%.

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También figuran entre los problemas más mencionados la inseguridad, con 24%; los políticos, con 22%, y la inflación, con 19%.

En contraposición, las áreas con mejor evaluación fueron la política exterior y la de defensa, ambas con 34% de satisfacción, seguidas por la política energética, con 31%, y la de seguridad, con 30%.

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De todos modos, ninguna de esas áreas obtuvo un diferencial positivo, ya que los niveles de insatisfacción superaron a los de satisfacción en todos los casos.

Los resultados más críticos se concentraron en las políticas de obras públicas e infraestructura, salud y educación, con 72% de insatisfacción en cada caso. La política social acumuló un 68% de opiniones negativas y la científica, un 64%.

Entre las decisiones puntuales evaluadas, la única que obtuvo mayoría de acuerdo fue la inhabilitación de las empresas que operen en las islas Malvinas para extraer recursos en Vaca Muerta o adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin aval argentino: el 53% se manifestó a favor y el 26%, en contra.

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El alineamiento geopolítico con Estados Unidos recogió un 32% de opiniones positivas y un 52% de rechazo. El respaldo diplomático a Israel en el conflicto de Medio Oriente tuvo 22% de acuerdo y 58% de desacuerdo.

La posibilidad de presencia militar o de inteligencia de Estados Unidos en puntos estratégicos obtuvo 22% de aceptación y 62% de rechazo. La desregulación de la Ley de Tierras fue la medida con peor resultado: el 18% se mostró de acuerdo y el 68% en desacuerdo.

La encuesta de la Universidad de San Andrés fue realizada sobre una muestra estratificada por región, edad y nivel socioeconómico, con datos ponderados según el voto de octubre de 2025. El estudio estima un intervalo de credibilidad de aproximadamente ± 3,15 puntos porcentuales para los resultados generales.

La agenda de Diputados asoma intensa para el oficialismo, que pondrá a prueba su capacidad para negociar nuevos acuerdos y, también, sostener los tratos ya cerrados. En la amplia lista de temas pendientes, el proyecto sobre Malvinas deberá esperar una semana más para ver hasta qué punto el Gobierno cede en la búsqueda de apoyo de socios y dialoguistas, además de procesar la mala señal que acaba de dar Estados Unidos en la ONU. Antes, debería afianzar los entendimientos en cuestiones sensibles como Discapacidad y ley de Tierras. En los dos casos, trascienden crujidos internos que alimentan recelos de aliados y especulaciones de la oposición dura.

Ese conjunto de iniciativas, que el Gobierno busca acelerar, suma también el Presupuesto 2027 y -desde hace rato, en el Senado- la reforma electoral, considerada decisiva por el Ejecutivo para avanzar con su plan reeleccionista. Son temas que demandan negociaciones complejas por la variedad de ventanillas a atender, en especial las de gobernadores. Sin embargo, la cuestión colocada en el núcleo de su “estrategia” inmediata resultó ser el giro con Malvinas, en el marco del intento político más amplio frente a la realidad económica.

Las conversaciones sobre la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional expusieron rápidamente dos indicadores bastante claros, y esperables, en la Cámara baja: el primero, por supuesto, el consenso sobre las sanciones a empresas que participen de proyectos de explotación de recursos naturales en aguas y territorio de Malvinas; el segundo, los rechazos y críticas a los capítulos sobre penas para promotores de campañas de “desinformación masiva” -con criterios tan laxos que amenazan la libertad de expresión- y sobre la integración y facultades del Consejo de Seguridad.

Algunos legisladores de la oposición plantearon directamente que el proyecto debería ser dividido en dos textos, algo que rechaza el oficialismo. En paralelo, los aliados de LLA trasmitieron sus cuestionamientos y advirtieron que la iniciativa no tiene posibilidades de avanzar sin cambios, tal y como fue redactada en la Casa Rosada. Eso gatilló negociaciones apuntadas a garantizar respaldo básico antes de llevar el tema al recinto.

Como suele ocurrir con algunos movimientos propios en el Congreso, legisladores libertarios se apresuraron a plantear el objetivo detratar en velocidad el proyecto. Las conversaciones no son sencillas y ya la semana pasada LLA debió darse más tiempo para continuar las tratativas, al comprobar que aún no reunía los apoyos necesarios para lograr dictamen en comisión.

El oficialismo revisó sus planes y anotó entonces para este martes una nueva convocatoria al plenario de las tres comisiones que intervienen en este caso: Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación General. Pero un día antes, resolvió postergar para la semana que viene ese encuentro. Eso expone que todavía no tendría aseguradas las firmas de socios y espacios dialoguistas, es decir, del PRO, el bloque oficial de la UCR y legisladores que responden a jefes provinciales.

¿Es el único motivo? En medios opositores consideran que pesarían presiones de empresas estadounidenses por los alcances de algunos artículos del tramo de las sanciones. El oficialismo osciló entre el silencio y la descalificación informal de las informaciones sobre el asunto. Un dato diferente, pero público, se añadió como ingrediente en las últimas horas: Estados Unidos propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, que es precisamente el ámbito principal del reclamo diplomático de la Argentina por Malvinas.

Eso produjo de hecho la primera e inesperada diferencia entre el gobierno de Milei y la gestión de Donald Trump. Es sabido que una movida de tal magnitud está lejos de proyectar resultado práctico en la ONU, porque fuera de presiones presupuestarias y unilaterales, demandaría apoyo mayoritario en la Asamblea General. De todos modos, y más allá de que el oficialismo intente minimizarlo por eso mismo, supone una situación por lo menos incómoda para los libertarios ante el referido plenario de comisiones. Necesitan unificar discurso ante la posible demanda de respuestas políticas por parte de la oposición.

El proyecto de Malvinas requiere un amplio ejercicio de negociaciones para cerrar el tema. Eso demanda sus tiempos. En lo inmediato, el Congreso también pone a prueba la capacidad para sostener acuerdos previos. En este último punto, el caso más destacado lo constituye el proyecto sobre los recursos para atender el área de discapacidad, que junto a morosidad en el endeudamiento familiar y las idas y vueltas con la ley de Tierras integran el temario de Diputados por presión opositora.

Para enfrentar la ofensiva de la oposición, las negociaciones de LLA con sus aliados -en esta materia casi exclusivamente cargo de Martín Menem– incluyeron concesiones presupuestarias en el texto sobre Discapacidad. La primera reacción fue dejar de lado el enorme ajuste expuesto en el proyecto de Presupuesto 2027. Pero ocurre que desde el Ejecutivo -no sólo desde Economía- transmitieron desacuerdo con los términos de las tratativas para lograr dictamen.

En otras palabras, el mensaje a los legisladores fue que no sería respetado un trato que pueda significar -en la visión presidencial- complicaciones para los planes de superávit. La señal no es nueva. Por ahora, nadie explica hasta qué punto llegaría esa advertencia, aunque está claro que el Gobierno dio señales variadas en otros momentos, desde vetos hasta el incumplimiento de una ley, como ocurre con el financiamiento universitario.

Esas tensiones en el interior del oficialismo alimentan las negociaciones de estos días, casi en los umbrales de la sesión impulsada para el miércoles por LLA. Las tratativas entre libertarios y sus aliados definirán la suerte del tema, pero por el momento, los crujidos en el frente libertario reabren especulaciones de la oposición sobre las chances de su dictamen, que propone extender en el 2027 la emergencia en discapacidad. Llega ahora la prueba del recinto.

Otro tema realmente llamativo lo constituye el recorrido del oficialismo con la Ley de Tierras. La intención primaria fue derogar la norma que viene de la etapa kirchnerista. Y así lo reflejaba un capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fue podado íntegramente en el Senado porque resultaba imposible conseguir respaldo en el renovado clima por Malvinas. Parecía suficiente para dar por cerrado el tema, que remite a la cuestión de la soberanía, pero dos fallos de la Corte Suprema lo repusieron en la agenda pública.

La oposición volvió a la carga y, en Diputados, puso en la mira todo el DNU 70/2023 y no sólo el artículo que deroga la ley de Tierras. El oficialismo negoció con socios y dialoguistas para frenar esa movida y lo logró la semana pasada, pero lo hizo a cambio de un acuerdo para anular por ley ese punto del decreto inaugural de Milei. El trato fue incluido en el proyecto sobre propiedad privada, que si es aprobado volverá al Senado. Y es allí, en la Cámara alta, donde circulan reparos de senadores de LLA, que ahora deberían sancionar un cambio a contramano de lo que defendían hace poco. Se verá entonces si los acuerdos corren sin vueltas en las dos alas del Congreso.

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