POLITICA
Javier Milei declaró terroristas a cinco organizaciones criminales y guerrilleras de México, Colombia y Ecuador
El gobierno de Javier Milei declaró este miércoles como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador. La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial y contempla su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida alcanza a las organizaciones criminales mexicanas Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana; a las organizaciones guerrilleras colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN); y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.
Según informó la Presidencia, la decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Qué organizaciones fueron declaradas terroristas por el Gobierno
En el comunicado, el Ejecutivo explicó los motivos por los que resolvió incluir a los cinco grupos en la nómina de organizaciones terroristas.
Sobre el Cártel de Sinaloa, señaló que se trata de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. También destacó que ya fue designada como organización terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos.
En cuanto a La Nueva Familia Michoacana, indicó que es una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una expansión regional que el Gobierno calificó de alarmante.
Respecto de Los Tiguerones, el comunicado sostuvo que es un cártel de origen ecuatoriano vinculado al narcotráfico y al sicariato, al que describió como una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
También recordó que este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, una agrupación que la Argentina ya había declarado terrorista en agosto de este año.
El Gobierno dedicó otro apartado a las organizaciones colombianas FARC-EP y ELN, a las que definió como grupos guerrilleros insurgentes de extrema izquierda, basados en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
En ese sentido, el documento oficial sostuvo: “Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”.
Además, advirtió que la capacidad operativa de estas organizaciones y su expansión regional representan, según la evaluación del Ejecutivo, un riesgo para la seguridad argentina.
Milei ordenó incorporar a los grupos al registro de organizaciones vinculadas al terrorismo
Como consecuencia de estas designaciones, el Gobierno dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Se trata de una herramienta estatal destinada a identificar personas y entidades vinculadas con actividades terroristas y su financiamiento.
La decisión implica que los grupos quedarán formalmente incluidos en ese registro argentino. El comunicado, sin embargo, no detalla medidas operativas adicionales ni informa sobre investigaciones específicas relacionadas con su actividad en el país.
En el cierre del documento, firmado por Milei, la Presidencia expresó que el mandatario “reafirma el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”.
POLITICA
Facundo Moyano y Candela Arizaga fueron citados a declarar: la Justicia analiza levantar la perimetral – Nexofin
El exlegislador Facundo Moyano fue citado a una audiencia este jueves a las diez de la mañana por presunta violencia de género. La convocatoria fue realizada por los magistrados tras el pedido de la defensa para revocar la prohibición de acercamiento a Candela Arizaga.
La pareja del imputado deberá presentarse a las 13 horas luego de someterse a peritajes en la Oficina de Violencia Doméstica. El tribunal rechazó los recursos de la joven para evitar el examen psicológico antes de presentar su declaración testimonial.
Candela Arizaga
La causa investiga los hechos ocurridos el 4 de agosto en el barrio de Belgrano, que derivaron en la detención del dirigente. El expediente incluye imputaciones por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de agresión intrafamiliar.
Asimismo, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 sumó cargos por desobediencia tras presuntos encuentros en un hotel porteño. Los peritajes telefónicos detectaron coincidencias en las celdas de señal entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.
Las actuaciones judiciales se aceleraron luego de que ambos fueran vistos juntos recientemente en Madrid. Las autoridades buscan determinar si existieron presiones hacia la denunciante tras las imágenes difundidas en la capital española.
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Sobre el final de una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo apeló a una maniobra sorpresiva para evitar una derrota en el recinto: dio marcha atrás con su propio dictamen para dar respuesta a la creciente morosidad y el endeudamiento familiar, al advertir que no reunía los votos necesarios para aprobarlo. Así, impulsó una moción de orden para devolver el proyecto a comisiones, que fue aprobada con 121 votos. Fue decisiva la abstención de los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora.
Con 121 votos a favor, 117 en contra y cinco abstenciones de los cordobeses del bloque de Provincias Unidas, La Libertad Avanza logró bloquear la discusión sobre la morosidad y dilatar su tratamiento sin comprometerse a una fecha para retomarlo en comisiones. Una jugada que la oposición interpretó como un intento de diluir el tema en la agenda parlamentaria y que el bloque libertario festejó como un triunfo.
A lo largo de una discusión que se extendió por más de dos horas y media, tanto el oficialismo como la oposición reconocían que el escenario estaba trabado por la paridad de los votos. Un panorama muy distinto al del debate sobre discapacidad, en el que se alcanzaron los consensos necesarios para aprobar el proyecto.
“¿Cómo es posible que para un tema haya habido consenso y ahora haya distraídos que entiendan que no llegar a fin de mes es menor en comparación con lidiar con un familiar con discapacidad?”, cuestionó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
“Son las 3 de la mañana y todo el conjunto del Congreso se presta a esta farsa. Podemos recurrir al camino que alumbró una sana señal como en Discapacidad”, había advertido el legislador.
Con el debate ya avanzado, crecían las sospechas sobre los movimientos del oficialismo para evitar una derrota en el recinto. La tensión se hizo aún más evidente cuando la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau denunció un presunto toma y daca entre emisarios del Gobierno y legisladores.
“Me preocupa que a esta hora haya funcionarios del Gobierno que además de estar dando vueltas, estén llamando a diputados para decirles qué necesitan para que no se rechace el dictamen del oficialismo sobre el endeudamiento”, arremetió la legisladora de UP.
Noticia en desarrollo
sesión maratónica,Delfina Galarza,Conforme a
El municipio de Villa La Angostura acelera la recuperación del camping Quila Hue, ubicado sobre la costa del lago Correntoso y usurpado por la comunidad mapuche Paichil Antriao desde 2011. Para ello, pedirá a la Justicia que ejecute la sentencia firme que ordena la restitución del predio y, si no hay un retiro voluntario, disponga el desalojo de los ocupantes.
La comunidad mapuche Paichil Antriao agotó las instancias recursivas para mantener el control del espacio. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el municipio busca retomar la administración del predio y acondicionarlo para la próxima temporada de verano.
El conflicto se originó en 2011, cuando integrantes de la comunidad Paichil Antriao se instalaron en el camping luego de que venciera la concesión municipal del predio. En 2012, la Municipalidad inició una demanda civil para recuperarlo. En diciembre de 2019, la Justicia de primera instancia ordenó la restitución del inmueble y en abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó esa decisión al rechazar el planteo de ancestralidad de la comunidad.
Tras sucesivos recursos, la Corte Suprema dejó firme en agosto de 2026 la sentencia que obliga a devolver el camping al municipio, habilitando la etapa de ejecución y, de no mediar un retiro voluntario, un eventual desalojo.
Según publicó La Angostura Digital, el municipio solicitará al juez civil y comercial Francisco Astoul Bonorino que ejecute la sentencia. La comunidad, en cambio, anticipó que no abandonará el predio y que resistirá un eventual operativo de desalojo.
La posición del municipio
El intendente Javier Murer anticipó que el municipio trabajará con el juez para pedir la restitución y un plazo para una devolución pacífica del predio.
“Seguramente esto se va a trabajar con el juez para pedir la restitución del lugar y se les otorgue un plazo para la restitución del lugar en forma pacífica”, indicó Murer tras la confirmación del fallo. El intendente sostuvo que el municipio buscará evitar un desalojo por la fuerza, aunque remarcó que el predio deberá volver a la administración comunal.
En el gobierno comunal coinciden en que la instancia de negociación está cerrada y que la solución definitiva al conflicto pasa por la recuperación del control del camping.
Juan Pablo Naretti, jefe de Gabinete municipal, afirmó que el Ejecutivo “aguarda que el expediente regrese al fuero local”. El último intento para revertir el desalojo fue presentado el 5 de octubre, aunque el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la comunidad.
El reclamo de la comunidad
Para los demandados, integrantes de la comunidad Paichil Antriao, no se trata de una usurpación. Las dos personas mencionadas en el expediente fueron concesionarias del camping y, al vencer el contrato, decidieron permanecer en el lugar en lugar de restituirlo al municipio.
La comunidad sostiene que el predio forma parte de un territorio ancestral y cuestiona que no se haya completado el relevamiento territorial del INAI. La Justicia, en cambio, entendió que no se acreditó esa ocupación ancestral y reconoció el derecho del municipio a recuperar el espacio.
El municipio alega la titularidad del inmueble, la caducidad de la concesión y el cumplimiento de una sentencia firme. Por eso busca retomar la administración del camping o volver a concesionarlo.
Paicil Antriao
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