El proyecto de la denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad ya ingresó al Senado, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmara el texto sancionado y lo enviara a la Cámara alta. Ahora, la vicepresidenta Victoria Villarruel o el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, deberán definir su giro a las comisiones correspondientes para iniciar el tratamiento.

Aunque todavía no se resolvieron los giros formales, las comisiones que podrían intervenir son Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Agustín Monteverde, y Población y Desarrollo Humano, que conduce la peronista Alicia Kirchner.

Antes de convocar al debate, el oficialismo deberá definir su estrategia legislativa. Según pudo saber TN, La Libertad Avanza pretende que el proyecto se trate durante el actual período ordinario de sesiones, que finaliza el 30 de noviembre. Las primeras definiciones podrían llegar la próxima semana. Por el momento, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, no se pronunció públicamente sobre el tema.

La discusión por el financiamiento y la estrategia del Gobierno

En el Senado recuerdan la reacción que generó el proyecto de Presupuesto 2027 cuando ingresó a Diputados el pasado 15 de septiembre. En ese momento, legisladores libertarios expresaron sorpresa y cuestionamientos al ministro de Economía, Luis Caputo, por los cambios que la iniciativa proponía sobre las pensiones por invalidez, la actualización automática por inflación de los aranceles para prestadores y las incompatibilidades con el empleo formal.

Los artículos 36 a 41 del proyecto presupuestario modifican aspectos centrales de la Ley N.º 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque no la derogan en su totalidad.

En ese contexto, Bullrich ya advertía sobre el impacto político que podían tener esas disposiciones y la posibilidad de que la oposición se unificara detrás de una nueva iniciativa. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto este miércoles con una amplia mayoría.

Tras la votación, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés sostuvo: “Las personas con discapacidad necesitan políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. La discapacidad no es beneficencia, es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales”.

Un proyecto aprobado con amplio consenso

La Cámara baja sancionó la iniciativa durante la medianoche del miércoles con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El resultado reflejó un amplio acuerdo entre bloques, luego de que el oficialismo pasara de rechazar la declaración de emergencia en discapacidad a participar de la elaboración de una propuesta alternativa.

Entre los votos negativos estuvieron los de los seis diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. En el Senado, ese espacio cuenta con la representación de Alejandra Vigo. También se mencionan entre las posiciones contrarias a la iniciativa las de Andrea Estévez, de Unión por la Patria; Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas; y Natalia de la Sota, que integra un monobloque.

El consenso se construyó a partir del trabajo del diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad y de representantes del oficialismo, entre ellos Martín Menem, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Gisell Castelnuovo. También participaron dirigentes del peronismo, como Victoria Tolosa Paz, Juan Marino —autor del proyecto para prorrogar la emergencia en discapacidad— y Sabrina Selva.

Las negociaciones se extendieron durante casi dos meses, desde la firma de los dictámenes en los plenarios de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Luego se sumaron encuentros con representantes de la Comisión de Pastoral Social, que plantearon la necesidad de incorporar distintos puntos al texto. La última reunión se realizó horas antes del debate en el recinto.

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Qué establece la ley aprobada por Diputados

La iniciativa ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y permite que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. También habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.

Otro de los puntos establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.

En cuanto a la suspensión de beneficios, la norma incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y establece un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo, seguido de una revisión por parte de la autoridad competente.

La principal concesión del oficialismo estuvo vinculada a los recursos. El proyecto dispone que los gastos deberán cubrirse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y establece que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de distintos bloques. Además, se asumió el compromiso de asegurar las partidas correspondientes en el proyecto de Presupuesto 2027 que se debate en Diputados.

El peronismo buscará acelerar el tratamiento en el Senado

La bancada justicialista que conduce José Mayans buscará impulsar un tratamiento rápido de la iniciativa a través de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, presidida por Alicia Kirchner. Los acuerdos alcanzados en la Cámara baja podrían facilitar el desarrollo del debate, aunque el peronismo ya había expresado su preocupación por la situación del sector.

Senadores del PJ presentaron durante los últimos meses distintos proyectos relacionados con los derechos y las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Varias de esas iniciativas, al igual que ocurrió en Diputados, proponen prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Entre los proyectos presentados figuran uno de la senadora Anabel Fernández Sagasti y otro del legislador chubutense Carlos Linares. Por su parte, el pampeano Daniel Bensusán solicitó informes sobre el estado de ejecución del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

En su iniciativa, Linares reclamó la continuidad de la emergencia y sostuvo: “La sanción de dicha ley constituyó una respuesta institucional del Estado Nacional frente a la profunda crisis que atravesaban las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores de servicios, los centros terapéuticos, los centros de día, las escuelas especiales, los hogares permanentes, los transportistas y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector”.

Con el proyecto ya en la Cámara alta, el próximo paso será definir las comisiones que lo analizarán y el cronograma de reuniones. La intención del oficialismo es avanzar antes del cierre del período ordinario, mientras el peronismo buscará acelerar el debate para sostener los acuerdos alcanzados en Diputados.

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