POLITICA
Caso Andis: cómo operó la supuesta red de droguerías para cobrar sobreprecios y defraudar al Estado

El fiscal Franco Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez emitieron un dictamen de 300 páginas en el que piden indagar a altos directivos de droguerías que habrían participado de un esquema de supuesta corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
La investigación versa sobre una serie de maniobras ilícitas desarrolladas -al menos- desde diciembre de 2023 y hasta octubre de 2025, período en el que distintas maniobras de supuesta corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios de la propia ANDIS y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (denominados PACBI), según la acusación de los fiscales.
En ese sentido, según el dictamen, existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A sobre la ANDIS: recibía información anticipada; controlaba y administraba las compulsas, determinando los precios de venta de medicamentos PACBI propios y de otras firmas, con sobreprecios y valores discrecionales que derivaron en un aumento sustancial de los precios; y, utilizaba a la firma Génesis S.A. como firma interpuesta para aumentar los valores de venta al Estado Nacional. Asimismo, daba órdenes a los responsables de ANDIS sobre a qué firmas pagar y a cuáles no; como así también, a qué personas designar dentro de la agencia y a quienes despedir.
Desde Suizo Argentina negaron las imputaciones y sobreprecios vertidos en el dictamen de Picardi. Hablan de pruebas incorporadas de manera dudosa y audios atemporales sobre personas que no tienen vínculo con la firma. Además destacan que Andis era solo un cliente de más de 10 mil con los que trabaja la compañía. El 95% de la facturación de la compañía se produce en el sector privado.
Según Picardi y Rodríguez, durante la gestión de Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, esta firma facturó $124.652.174.118 a ANDIS desde mayo de 2024 a agosto de 2025, conforme surge de la información aportada por ARCA.
“Se puede advertir que la tenencia de información por adelantado en los términos analizados no fue una excepción, sino la regla, lo que da la pauta de las actividades de control y administración que la Suizo Argentina S.A. asumió desde mayo de 2024. En otras palabras, la actividad de la Suizo Argentina S.A. no se agotó en la administración de las compulsas, sino que además era la que controlaba las compulsas de precios de la ANDIS. Así, entre los archivos almacenados en el teléfono mencionado, se identificó otro conjunto de documentos: ya no se trata de planillas que anticipan cómo se comportaría una firma en particular en una compulsa, sino de matrices completas con información de los renglones totales de las compulsas de precios; la participación de cada una de las firmas cartelizadas y los porcentajes asignados por compulsa y acumulados a cada firma”, asegura la acusación de los fiscales.
En ese sentido, son varias las droguerías señaladas como supuestas partícipes de una maniobra irregular o que al menos figuran entre la facturación analizada. La Suizo Argentina S.A. administró, antes del cierre de las compulsas, los medicamentos de alto costo que cada una de las droguerías obtendría. En estos Excel se llevan controles y registros de las siguientes 14 firmas, Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería Del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L, Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A., y, Scienza Argentina S.A.
En la compañía “Droguería del Sud” afirman que su mercado en un 99% es con el sector privado y que las relaciones con el Estado son prácticamente inexistentes en su facturación.

Uno de los principales señalados en este esquema es Pablo Atchabahian, exdirector de ANDIS entre 2018 y 2019, que habría trabajado como lobbista de la principal droguería entre julio de 2023 y agosto de 2025.
El exfuncionario de Salud, según el dictamen, le indicó a quiénes pagar y a quiénes no; a quiénes incorporar al sistema SIIPFIS para que puedan cotizar; a qué personal despedir e incluso a quiénes incorporar.
A modo de ejemplo, se recuerda el caso de Luciana Ferrari, persona de confianza de Pablo Atchabahian —que trabajaba en la empresa Roche S.A.Q.E.I.—, y quien en clara oposición a los intereses del Estado se dedicaba a gestionar el sistema SIIPFIS, desde el sector privado, tal como se explicó oportunamente. De este modo, para la misma época en que Pablo Atchabahian actuaba como lobbista de Suizo Argentina S.A. y Daniel María Garbellini gestionaba en ANDIS dichos intereses de manera directa, Luciana Ferrari contó con usuario y clave del SIIPFIS por lo menos desde el 13 de agosto de 2024, apenas dos meses después del arribo de este último al organismo.
Así las cosas, el mismo día que Atchabahian pidió incluir a 20 de junio, también ordenó frenar y “dormir un pago” a una droguería -Dihemo S.A.- ya que “estaba jugando mal”.
Uno de los elementos más importantes del dictamen es el supuesto pago de sobreprecios. Si cita un ejemplo con las compras libradas por ANDIS para la provisión de la droga cladribina. Se identificaron 21 órdenes compra a través de las cuáles se adquirió la droga en cuestión.
“La lectura de las órdenes de compra permite corroborar que la droga fue comercializada, en líneas generales, a través de su versión “Mavenclad 10 mg 1 comprimido”, del laboratorio Merck. En cuanto a su valor, fue adquirida por ANDIS entre los $281.400 (por ejemplo, en mayo 2024) y los $584.563,51 (por ejemplo, en mayo 2025). Y esta droga era cotizada, en general, por Soldist S.A, Seguermed S.R.L., Dihemo S.A., Génesis S.A. y/o Droguería del Sud S.A., entre otras. Sin embargo, a partir de que Gonzalo Zarbo dio el aviso en su grupo de trabajo sobre la adquisición de cladribina en su versión comercial “Eurit” —del Laboratorio Richmond—, a costo de $92.000 y solicitó que roten, se produjeron en ANDIS, dos compulsas de precios en las que se requirió la provisión de la droga: la Nro. 01-24-07-297, del 29 de julio de 2024 e inmediatamente después la Nro. 01-24-08-298, del 2 de agosto de 2024″, señala el documento judicial al que accedió TN.
Discapacidad, Diego Spagnuolo
POLITICA
“Sin precedentes”. El trabajo en el centro de detención clandestino La Perla identificó a ocho nuevos desaparecidos

CÓRDOBA.- Ocho identidades más de personas desaparecidas durante la última dictadura fueron reveladas por la Justicia Federal de Córdoba. Con estas suman 38 las identificaciones realizadas este año por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a partir de fragmentos óseos encontrados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, en el sector conocido como Loma del Torito, en la Guarnición Militar de La Calera.
Los restos sometidos a análisis antropológicos y genéticos fueron hallados en las excavaciones iniciadas en setiembre del 2025 que se extendieron durante 70 días. El equipo del EAAF contó con la colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Las tareas fueron ordenadas por el juez federal Hugo Vaca Narvaja en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.
Los nuevos identificados son Néstor Albino Acosta Ludueña, Claudio Norberto Nardini Lambir, Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila, Mercedes del Valle Ramírez Aguero, Pascual Delfín Ludueña Leyva, Juan Carlos Soulier Guillen, Marisa Luisa Salto Segovia.
La primera tanda de 12 identificaciones se conoció en marzo, pocos días antes de que se cumplieran 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: Carlos Alberto D’Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elsa Mónica O’Kelly Pardo.
También se determinó que uno de los restos correspondía a una de las mellizas Adriana y Cecilia Carranza Gamberale, aunque no se pudo establecer a cuál de ellas. Una identidad no se difundió a pedido de la familia.
La segunda comunicación pública llegó en mayo, con 16 nombres, porque otra familia solicitó preservar la identidad de la víctima. La lista incluyó a Gilbestor Néstor Lellin D’Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Felipe, Luis Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire.
El nombre de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, quien tenía 22 años, era estudiante, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y trabajaba en IKA-Renault, fue difundido en agosto último. Fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 en una pensión junto con su pareja, Susana Noemí Huarte Martínez, quien estaba embarazada y continúa desaparecida.
Recuerdo de los familiares
Hubo un momento en que los familiares de los últimos identificados pudieron hablar. “Somos conscientes de que esto no termina, hay que seguir la lucha. Seguir luchando por memoria, verdad y justicia. Reivindicando la lucha de todos los compañeros de una sociedad mejor para todos”, dijo la hermana de Salto Segovia, quien contó que lo hallado “podrá descansar con mis padres y mi otro hermano”.
También la hermana de Cecilia Pessina de Avila, relató cómo al momento del secuesto, avisaron por el portero “nos llevamos a la mamá, dejamos a la nena”. Los vecinos se quedaron con la criatura hasta que la buscó su tía. El padre quien vivía en Río Tercero y había trabajado en Fabricaciones Militares fue allí a pedir orientación allí, lo mandaron a la comisaría y terminó secuestrado en la D2 del centro de Córdoba por unos días.
“La idea que tengo es que el metacarpo de la mano derecha, el huesito que habla, es la mano con la que Cecilia escribió historias, ejecutó música”, se conmovió la hermana de la joven desaparecida a los 27 años. Recordó a su sobrina Carolina, quien murió hace dos años. “Fue una segunda tragedia, no la pude retener. Era un pedacito de ellos dos”, subrayó.
Rosa Ludueña, sobrina de Delfín Ludueña, afirmó que, en su caso, fue identificado por un fragmento del pie. “Los pies dejan huellas. Ojalá sirvan para que todos, nunca dejemos de recordar lo que pasó”.
Repasó que su abuela Petrona “enloqueció de sufrimiento; murió sin saber nada; sin poder velar sus restos, sin saber la verdad”.
La hermana de Acosta Ludueña, emocionada también, dio cuenta de cómo los impactó la desaparición: “Mi familia era una familia común, de gente trabajadora, honesta. Néstor militaba en el PRT, trabajaba en el ferrocarril. Luego de 50 años de lucha podemos decir que Néstor está aquí, presente. Dejó de tener la condición de desaparecido. Eso es muy valioso”.
Sebastián Soulier, hijo de Juan Carlos, describió que usó un pañuelo blanco en el cuello “porque hace 50 años que buscamos, no somos solos. En mi familia quedan dos desaparecidos, un tío y mi mamá. ´El negro Carlos´ volvió y podemos abrazarlo».
Todos y cada uno de los familiares agradecieron al EAAF y al juez Vaca Narvaja por el trabajo, además de al resto de las instituciones que colaboraron.
Prestigio internacional
Mariela Fumagalli, antropóloga y directora programática del EAAF, describió que las ocho hectáreas de la Loma del Torito ya fueron completamente excavadas en “una operación minuciosa” que incluye trabajo mecánico y manual. Hasta finales de este mes se mantiene el trabajo en el lugar, luego se corta por las lluvias.
“Sin precedentes”, caratuló la tarea que se realiza en Córdoba. El reconocimiento del EAAF es internacional. Su trayectoria comenzó en la Argentina, en los primeros años de la democracia. Se constituyó formalmente en 1987, después de las primeras exhumaciones realizadas en 1984 con la participación del antropólogo forense estadounidense Clyde Snow.
Desde entonces, desarrolló métodos que combinan la antropología, la arqueología, la genética y la investigación documental para localizar, recuperar e identificar víctimas de desapariciones forzadas.
La experiencia acumulada llevó al equipo a intervenir en casos de repercusión internacional, como la identificación de los restos de Ernesto Che Guevara en Bolivia y las investigaciones sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en México. También participó en la identificación de soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, en Malvinas.
En Córdoba, los especialistas trabajaron en Loma del Torito, donde hallaron restos dispersos, fragmentados y desarticulados. Cada pieza fue recuperada, clasificada y analizada; después, los perfiles genéticos obtenidos se cotejaron con las muestras de referencia de familiares de desaparecidos.
La investigación combinó testimonios, fotografías aéreas históricas, imágenes satelitales y tecnología LiDAR, un sistema que utiliza pulsos de luz láser para relevar el terreno y detectar alteraciones en el suelo.
La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, uno de los principales responsables de la represión ilegal en el país. Según las estimaciones del Archivo Provincial de la Memoria, por ese centro clandestino pasaron entre 2200 y 2500 personas. La mayoría continúa desaparecida.
El EAAF mantiene un pedido de colaboración dirigido a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 para que aporten muestras genéticas que permitan realizar nuevos cotejos. Esa participación de esas familias resulta central para que los perfiles obtenidos en los laboratorios puedan compararse con referencias genéticas y se concreten nuevas identificaciones.
en setiembre del 2025,llegó en mayo,,Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau,,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Adepa rechazó la decisión de la Cancillería de impedir el ingreso de una periodista de Clarín a una conferencia de prensa

La Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) expresó su enérgico rechazo a la decisión del canciller Pablo Quirno de impedir el ingreso de la periodista de Clarín, Natasha Niebieskikwiat, a una conferencia de prensa en la Cancillería.
“La exclusión selectiva de periodistas de actividades oficiales es incompatible con la transparencia y el libre ejercicio de la prensa. El acceso a la información pública no puede estar sujeto a decisiones discrecionales de los funcionarios”, aseguró ADEPA en un comunicado.
Además, agregó: “El respeto a la libertad de prensa exige garantizar condiciones equitativas para todos los medios”.
La conferencia de prensa fue este jueves en el Palacio San Martín y la dieron en conjunto el canciller Pablo Quirno y el vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau.
En el encuentro, Landau reconoció que Washington sigue con interés el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone aplicar sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. Sin embargo, sostuvo que la administración de Donald Trump respeta el proceso legislativo del país.
La declaración se produjo después de que el Gobierno argentino reconociera contactos con Washington por las consecuencias que podrían tener las sanciones sobre compañías y grandes fondos de inversión estadounidenses.
Pablo Quirno, Cancillería, palacio san martin
POLITICA
La Justicia sobreseyó al Presidente y a Karina Milei en el caso $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei y su hermana Karina en la causa $LIBRA, donde se investigaba una presunta estafa con el lanzamiento de una criptomoneda con ese nombre.
El pedido de sobreseimiento había sido presentado por el fiscal Eduardo Taiano, según confirmaron fuentes judiciales a .
Días atrás, en un oficio entregado a la Justicia, la secretaría de Presidencia que dirige Karina Milei había respondido que no guardaba registro de ningún acuerdo confidencial firmado entre Javier Milei y Hayden Mark Davis, el creador de $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente y acabó bajo investigación.
El oficio fue en respuesta a un pedido puntual del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, quien, concluido el peritaje al teléfono de Mauricio Novelli- uno de los principales implicados en la trama- solicitó a la secretaría que informara si poseía documentación relativa “a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras vinculadas con Blockchain y Criptomonedas”.
La respuesta, entregada el 10 de marzo y firmada por el subsecretario legal, Juan Manuel Galli, dice: “Sobre el particular, cumplo en informar que, realizadas las consultas pertinentes en el ámbito de competencia de esta Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial”.
Noticia en desarrollo
Karina Milei,Escándalo cripto,Conforme a
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