Decepcionado por la derrota de Flávio Bolsonaro ante el presidente Lula da Silva en las elecciones y su posterior huida a Estados Unidos, un diputado de su Partido Liberal (PL) propuso separar el sur del país de Brasil.

“Como representante recién electo en Santa Catarina, cumpliré mi promesa de campaña: convocar a un plebiscito para que el pueblo de Santa Catarina (y el Sur) vote sobre si aún desea formar parte de esta Federación”, escribió el legislador Bruno Souza.

No es algo nuevo. En Brasil existen numerosos movimientos independentistas minoritarios desparramados por todo el país y que cada tanto asoman la cabeza para visibilizar sus reclamos secesionistas.

De hecho, el sur del país —rico y europeizado— tiene grupos que promueven la independencia de los estados de Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, como “O Sul é o Meu País” (“El Sur es Mi País”) y la “República do Pampa” (La República de la Pampa), que en los años 90 llegó a mencionar la posibilidad de crear una nueva nación con las provincias argentinas del litoral y la pampa húmeda.

El plan de Souza es irrealizable simplemente porque lo prohíbe la Constitución brasileña. Pero su elección como diputado estadual demuestra que estos movimientos, si bien minoritarios, tienen base electoral.

“Las diferencias en preferencias, prioridades y valores quedaron claras una vez más en estas elecciones. ¡El Sur merece ser libre!”, clamó Souza.

El analista Joao Daniel Almeida, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, dijo a TN que “la última vez que este tema apareció de manera seria fue hace 130 años, entre 1891 y 1894, durante la Revolución Federalista”, una guerra civil que ensangrentó los estados del sur y culminó con la victoria del gobierno central.

“Hubo un movimiento de este tipo en los años 90, pero siempre tratado como una broma. Tal como sucede ahora de nuevo”, indicó.

Un debate que revive en cada elección

El legislador electo reavivó el debate en una región donde Bolsonaro arrasó en el balotaje del domingo. Allí, siete de cada diez electores catarinenses eligieron al candidato de la derecha dura. El número bajó a 6,2 de cada diez en Paraná y arañó los seis en Río Grande do Sul.

Nadie duda de que el sur es anti-Lula. Pero de ahí a separar la región hay un trecho enorme.

“No entiendo por qué tantos consideran extraño o ´exótico´ la idea de separar el Sur. Si la libertad es una premisa y la autonomía de los pueblos es un derecho, ¿por qué sería radical que un pueblo no quiera continuar en un arreglo que no lo beneficia ni lo representa? No es terraplanismo, es solo lógica. Si el pacto federativo ya no funciona para nosotros, ¿por qué insistir?“, afirmó Souza en su cuenta de Instagram.

La independencia del sur de Brasil es un tema recurrente ante cada elección.

Silva

El 79,9% de los militares israelíes en actividad votó durante las elecciones parlamentarias del martes, una participación 6,2 puntos porcentuales superior a la registrada en los comicios de 2022. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) instalaron más de 890 colegios electorales en bases y unidades de todo el país, además de puestos militares en la Franja de Gaza, Líbano y Siria.

La participación entre los integrantes del Ejército superó al 77,7% del conjunto del electorado, la cifra más alta desde 1999 y casi ocho puntos por encima de la registrada en 2022. La jornada también registró un aumento del voto en las localidades árabes.

Con el 51,6% de las urnas escrutadas, el Likud, del primer ministro Benjamín Netanyahu, encabezaba el recuento con el 20,7% de los votos. Le seguían Yashar, del ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, con el 16,7%, y Juntos, la alianza de Naftali Bénet y Yair Lapid, con el 9%. El escrutinio parcial y los sondeos a boca de urna no asignaban a ninguno de los dos principales bloques los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría en la Knesset y formar gobierno.

Los colegios electorales de Israel cerraron el martes a las 22:00 hora local, después de una jornada que registró la mayor participación electoral de las últimas décadas y que dejó abierto el escenario para la formación del próximo Gobierno.

A las 20:00, la participación alcanzaba el 74,3%, con 5,4 millones de votos emitidos, según la Comisión Electoral Central. La cifra superó en ocho puntos porcentuales la registrada a la misma hora en 2022 y fue la más alta desde 1988 para ese tramo de la jornada.

El dato se conoció pese a las lluvias torrenciales que afectaron al país durante la tarde. Un total de 7.331.981 electores estaban habilitados para elegir a los 120 integrantes de la Knesset (el Parlamento israelí) entre 38 listas, aunque las proyecciones anticipaban que cerca de 11 fuerzas superarían el umbral del 3,25% necesario para acceder al Parlamento. Las autoridades estimaron que unos 67.000 israelíes viajaron desde el exterior para votar, ya que el país no permite el sufragio a distancia salvo para sus representantes diplomáticos.

Los sondeos previos ubicaban a los bloques del primer ministro Benjamin Netanyahu y del opositor Gadi Eisenkot por debajo de los 61 escaños necesarios para formar gobierno. En ese escenario, los partidos árabes podrían adquirir un papel decisivo en las negociaciones posteriores al escrutinio.

El Likud solicitó extender la votación más allá de las 22:00 por la elevada afluencia y las esperas en algunos centros. La iniciativa contó con el respaldo de Otzmá Yehudit, la formación ultraderechista de Itamar Ben Gvir. La Comisión Electoral Central rechazó el pedido e indicó que podían sufragar quienes llegaran a su colegio antes del horario de cierre. Yashar!, el partido de Eisenkot, se opuso a la prórroga y sostuvo que no existía una situación excepcional que justificara modificar el cronograma.

Durante la jornada, Yashar! denunció presuntas irregularidades en una decena de colegios, con papeletas desaparecidas, dañadas o marcadas de forma que podían invalidar votos. La Comisión Electoral Central indicó que no había pruebas de una manipulación sistemática y que atendía los casos particulares.

La organización de derechos humanos Adalah también alertó sobre retrasos, cierres de centros y falta de papeletas en árabe en localidades de población árabe. La autoridad electoral emitió instrucciones para agilizar las filas y facilitar el voto.

La Policía arrestó a tres personas en el Néguev, bajo sospecha de participar en una trama de compra de votos a favor del partido árabe Ra’am. La agrupación rechazó las detenciones y afirmó que buscaban reducir la participación del electorado árabe.

En Tel Aviv, agentes detuvieron a un hombre que portaba un cuchillo cerca de Yair Golán, dirigente del partido Los Demócratas. La fuerza política calificó el episodio como un intento de apuñalamiento, aunque la Policía no confirmó esa versión.

(Con información de EFE)

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El Congreso Nacional de Honduras aprobó este martes, con dispensa de dos debates, una serie de reformas penales y procesales destinadas a endurecer la respuesta del Estado contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales organizadas.

La nueva normativa contempla condenas de hasta prisión perpetua para determinados delitos, amplía las facultades de las autoridades durante investigaciones urgentes y establece cambios en el sistema penitenciario.

De acuerdo con el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, la iniciativa recibió 118 votos a favor, mientras que 10 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron.

La aprobación se produjo después de que la Comisión Especial emitiera un dictamen favorable el 27 de octubre de 2026, tras incorporar propuestas de distintas instituciones y legisladores.

La denominada Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas tiene como objetivo fortalecer las herramientas jurídicas para investigar, perseguir, juzgar y sancionar a integrantes de estas organizaciones, además de combatir los mecanismos que utilizan para intimidar a la población y ejercer control territorial.

El texto aprobado incorpora modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la legislación penitenciaria.

Entre las disposiciones más relevantes figuran el establecimiento de prisión preventiva obligatoria para personas imputadas por asociación terrorista, la ampliación a 48 horas del plazo para presentar a determinados detenidos ante el juzgado competente y la creación de una fuerza especializada para controlar los módulos penitenciarios de máxima seguridad.

Zambrano sostuvo que las reformas buscan recuperar la seguridad en barrios y colonias del país mediante una respuesta institucional más contundente frente a las estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas.

También aseguró que se realizarán reuniones periódicas para evaluar los resultados de las medidas y presentar informes sobre los avances.

Uno de los principales cambios se concentra en el artículo 587 del Código Penal.

La reforma establece penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de asociaciones terroristas, mientras que los cabecillas, directivos, promotores y financistas de estas estructuras podrían recibir condenas de 40 años hasta prisión perpetua, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.

Las modificaciones también incorporan los tatuajes, signos, símbolos y expresiones visuales características como posibles elementos para acreditar la pertenencia a estas organizaciones. Sin embargo, su utilización como evidencia deberá sustentarse en peritajes especializados o matrices de asociación reconocidas por las autoridades competentes.

La legislación contempla, además, sanciones de 30 a 40 años de prisión para quienes elaboren, difundan o coloquen grafitis y mensajes vinculados con amenazas, intimidación o control territorial, cuando esas conductas encajen en los supuestos establecidos por la ley.

Otra disposición establece la prisión preventiva obligatoria para los imputados por asociación terrorista, sin posibilidad de sustituirla por otras medidas cautelares, conforme al texto aprobado.

Los procesados por este delito deberán permanecer en establecimientos o módulos de máxima o alta seguridad, mientras que la revisión de las medidas cautelares quedará excepcionalmente excluida, salvo situaciones debidamente acreditadas.

El plazo para poner a disposición del juzgado competente a personas detenidas por asociación terrorista, tráfico de drogas, secuestro y extorsión también se amplía a 48 horas, debido a la complejidad que representan las investigaciones de estos delitos.

Las reformas endurecen las penas por atentados cometidos por integrantes de maras, pandillas y estructuras criminales organizadas, con condenas de ocho a diez años de prisión.

Asimismo, se contempla prisión perpetua para quienes asesinen a integrantes de instituciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o del sector justicia cuando el crimen se cometa por razón de su función, cargo o condición.

El uso de drones también queda sujeto a nuevas restricciones. Volar estos dispositivos sin autorización sobre centros penitenciarios y otros recintos de internamiento será sancionado con cuatro a seis años de prisión.

Cuando se utilicen para introducir o extraer objetos, sustancias o dispositivos prohibidos, las penas aumentarán a seis u ocho años.

En materia penitenciaria, la normativa plantea la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria, encargada de custodiar los módulos de máxima seguridad, ejecutar traslados de alto riesgo y responder ante motines o intentos de fuga.

También se establece la identificación biométrica obligatoria para privados de libertad, visitantes, abogados defensores y personal institucional que ingrese o salga de estos módulos.

Para los reclusos sometidos al régimen especial, se contemplan reglas de presentación personal, el registro de tatuajes existentes y la prohibición de realizar nuevos tatuajes dentro de los establecimientos.

La ley autoriza a la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las policías municipales y otros cuerpos de seguridad a eliminar grafitis, dibujos y símbolos vinculados con estas organizaciones criminales.

En bienes públicos y espacios de libre acceso, las autoridades podrán actuar de oficio o tras recibir una denuncia, sin necesidad de una orden judicial previa.

En propiedades privadas, los propietarios, poseedores o administradores tendrán un plazo máximo de 24 horas para retirar las expresiones. Si incumplen, las autoridades podrán borrarlas o destruirlas, dejando constancia escrita o fotográfica de la actuación.

La normativa también prohíbe reinstalar estos símbolos y establece que las intervenciones efectuadas dentro de los límites legales no generarán responsabilidad civil, penal o administrativa para los agentes involucrados.

Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá adecuar los reglamentos penitenciarios en un plazo máximo de 30 días calendario desde la entrada en vigor del decreto, que ocurrirá con su publicación en el diario oficial La Gaceta.