20 de octubre de 2026. Un hombre entra a la sala de audiencias de la Corte Federal de Brooklyn. Está esposado y con el traje naranja de recluso. Arrastra los pies. Es un hombre grande: tiene 74 años, pero parece de muchos más. La piel grisácea, el pelo canoso y despeinado, los ojos apagados, la cabeza gacha, una pequeña curva en lo alto de la espalda. Hablan el juez, el fiscal, sus abogados, pero él no parece escuchar. Son apenas veinte minutos. Y se vuelve a retirar con la misma morosidad, la misma derrota con la que ingresó. Quien no lo conoce de antes, nunca podrá adivinar que ese hombre, Rafael Caro Quintero, fue el narcotraficante más buscado del mundo.

El 7 de febrero de 1985, Enrique Kiki Camarena sale apurado del consulado norteamericano de Guadalajara. Son más de las 2 de la tarde y está llegando tarde al encuentro con su esposa; habían quedado en almorzar. Al llegar a la esquina, cinco hombres se abalanzaron sobre él. No tuvo tiempo de reaccionar. Son profesionales, parecen policías. Golpes al cuerpo, un brazo detrás de la espalda y unos cuantos empujones hasta que lo logran meter dentro de un auto que, una vez con la carga en su interior, escapa raudo.

Kiki Camarena no llegó nunca a almorzar con su esposa. Ya no volverá a ser visto con vida. El cártel de Guadalajara lo había secuestrado. Sus líderes, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, habían pedido su cabeza. Camarena era un agente de la DEA que se había infiltrado en el cártel y, con sus informaciones certeras, había logrado desmantelar la mayor granja de cultivo de marihuana de la historia.

El Búfalo era una finca enorme en la que el Cártel de Guadalajara cultivaba miles de toneladas de marihuana; la cifra, aun a más de cuarenta años, sigue siendo imprecisa, pero monstruosa: se habla de entre 3000 y 8000 toneladas que fueron destruidas en noviembre de 1984, cuando casi 500 hombres del ejército mexicano ingresaron en la propiedad y desbarataron ese emporio narco. En el lugar trabajaban miles de jornaleros, en condiciones muy precarias, cercanas a la esclavitud.

Caro Quintero no se resignó. Necesitaba encontrar al culpable de su desgracia. Vengarse. Se obsesionó con dar con el responsable, con quien lo descubrió. Tras varios meses de investigación, torturas, sobornos enormes entre las autoridades, delaciones y algunos asesinatos, descubrió que el responsable había sido Kiki Camarena, un agente de la DEA que se había infiltrado en el cártel, que había logrado acercarse a él y que con una avioneta había descubierto las inverosímiles plantaciones.

Ese 7 de febrero de 1985, un par de horas después que a Camarena, secuestraron a Alfredo Zavala Avelar, piloto del avión que permitió el avistaje de las miles de toneladas de marihuana.

Los dos fueron llevados a una residencia clandestina del cártel, a una finca alejada para que nadie escuchara los gritos, para que no hubiera testigos de los movimientos inusuales en la casa. Hombres de Caro Quintero y de Gallardo los maniataron y los torturaron atrozmente. Golpes, asfixia, submarinos, picana eléctrica, mutilación de dedos, quemaduras. Les rompieron varios huesos y extrajeron -sin anestesia- todas sus piezas dentales. Cuando las víctimas no aguantaban más y se desvanecían, un médico los revivía, solo para extender el sufrimiento. Hasta fueron empalados. Tiempo después se encontraron grabaciones de audio de esas sesiones de tortura: Caro Quintero pidió hacerlas porque se quería asegurar de que se cumplían sus órdenes y que sus hombres habían hecho sufrir al agente de la DEA tanto como él había exigido.

Un día y medio de torturas ininterrumpidas; sus victimarios se iban turnando; los que recién llegaban lo hacían con las energías y el sadismo renovados. Los mataron atravesando sus cráneos con un tubo metálico mientras eran asfixiados.

Después de una llamada anónima proveniente de Los Ángeles, los cuerpos aparecieron un mes después en un descampado. La autopsia demostró el calvario que atravesó Camarena.

Desde ese mismo momento, Rafael Caro Quintero, el hombre que había ordenado el asesinato, se convirtió en el enemigo público número uno de Estados Unidos. Era la primera vez que asesinaban a una agente de la DEA y la caza del narco se convirtió en una cruzada.

Cómo forjó su imperio Rafael Caro Quintero, el narco de los narcos

Lo llamaban el narco de los narcos. Desde muy joven se dedicó al delito y al tráfico de drogas. En alguna entrevista dijo que era la única manera que había encontrado de mantener a sus diez hermanos luego de la muerte del padre. Lo cierto es que muy rápidamente se hizo del poder en Guadalajara. Primero trabajó en el campo, luego manejó camiones; así hizo contacto con un narco para el que empezó a trabajar. En poco tiempo, tomó el mando de la organización gracias a su voracidad y falta de escrúpulos. Aprovechó que los narcos colombianos buscaban un nexo para entrar la droga en Estados Unidos y que eran épocas de controles más laxos. También, por supuesto, se aprovechó de la permeabilidad al soborno y a los ingresos ilícitos de los funcionarios de los más variados estratos de su país y también de Estados Unidos. El imperio narco que construyó junto a Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo en los primeros años ochenta parecía indestructible. Pero, a pesar de que la organización cometió centenares de asesinatos y de delitos, el que lo condenó fue el homicidio de un solo hombre: Kiki Camarena.

Al darse cuenta de que iban por él y que la pesquisa era en serio, que esta vez no iba a poder contar con la complicidad de todas las fuerzas del orden (de todas maneras, varios lo ayudaron), se fugó hacia Costa Rica. En abril, un mes después, fue hallado (en una cama con una joven amante: a ella le interceptaron las llamadas para ubicarlo) y apresado. Costa Rica lo envió a México con toda celeridad. Quería sacarse el problema de encima.

A esa altura, los socios narcos de Caro Quintero estaban enojados con él, porque su accionar había atraído la atención de todos (opinión pública, el resignado gobierno mexicano y en especial Estados Unidos) sobre ellos y que eso aumentaría la persecución y reduciría el margen de acción del cártel. No se equivocaron.

Estados Unidos lanzó la Operación Leyenda, que tenía como fin arrestar y castigar a todos los responsables e intervinientes en el asesinato de Camarena. Caro Quintero, por supuesto, era el objetivo principal. Mientras lo buscaban, detuvieron y enviaron a Estados Unidos al médico que lo mantuvo con vida durante la tortura, a otros participantes menores y al jefe de policía sobornado por los narcos que permitió la captura de Camarena. México denunció que no eran extradiciones legales, que se trataban de secuestros. Fue un elemento más en la tensión entre Estados Unidos y México, que iban del reproche de no proteger a sus hombres a ser cómplices y socios de los narcos.

Caro Quintero permaneció detenido esperando el juicio que llegó recién cuatro años después. Fue encontrado culpable de narcotráfico, secuestro, torturas y asesinato. Le dieron una pena de 199 años de prisión que luego se redujo a 40, la mayor permitida por la legislación mexicana. Tenía 32 años y más de 400 millones de dólares. De nada le servían la juventud y la fortuna, ni siquiera el poder ostentado. Pasaría buena parte del resto de su vida detenido.

En la cárcel tuvo un trato preferencial. Buena parte de los negocios siguió dirigiéndolos desde su celda. Tenía privilegios que no disfrutaban los demás detenidos.

28 años después de ser detenido, un giro judicial. Los abogados que cobraban millones encontraron un argumento formal y también un juez venal. Caro Quintero fue liberado en 2013 por una cuestión jurisdiccional. El magistrado alegó que había sido juzgado en el fuero federal, pero la causa debió tramitar ante la justicia local. Un formalismo sagaz para que Caro Quintero pueda salir.

Ya libre, volvió a las andadas. Se puso al frente de otro cártel, el de Caborca, que disputó Sonora y Chihuahua con el Chapo Guzmán y su gente.

La DEA y Estados Unidos también volvieron a sus viejos hábitos: perseguir a Caro Quintero. Se propusieron detenerlo y juzgarlo una vez más por el asesinato de Camarena; querían que terminara sus días en prisión. El narco fue elusivo. No podía ser capturado pese a los múltiples excesos. Casi como un desafío, hasta dio entrevistas a importantes revistas mexicanas. Sin embargo, en esas declaraciones intentó bajar el tono. Mintió asegurando que ya estaba retirado, que los largos años de prisión lo habían vencido y que estaba arrepentido por lo de Camarena y pedía disculpas.

Estados Unidos puso una recompensa altísima para quien diera información que fuera vital para su arresto: 20 millones de dólares. Una de las más altas de la historia, solo superada por las recompensas ofrecidas en los casos de Nicolás Maduro y de Osama Bin Laden. La más alta para un narco. La DEA en su sitio web demostraba que no se daría por vencida. Aún permanece en su página de inicio un apartado que dice Justicia por Kiki.

En 2022, en un poblado alejado de Sinaloa, finalmente dieron con él. Lo encontraron escondido en unos arbustos. Los perros rastreadores no dejaban de ladrar. Vencido, salió de entre la vegetación el narco más buscado.

La extradición a Estados Unidos tardó bastante. Recién tuvo lugar tres años después, 2025. Caro Quintero lideró un paquete de 29 narcos mexicanos extraditados.

Se fijó una fecha de juicio para 2026 que fue movida en varias oportunidades. Mientras tanto, el narco de los narcos, ya con 74 años, el pelo canoso —no tiene más acceso a la tintura que renegría la cabellera el día que fue hallado y apresado— y la derrota en los ojos, fue aislado en una cárcel de alta seguridad, sin contacto con el exterior, sin ver a sus familiares, con una sola hora por día de luz natural. Comida frugal, vigilancia permanente; es despertado cada hora para saber que sigue vivo y que no está intentando fugarse. Las condiciones de vida, a pesar de las quejas de sus abogados, son durísimas y extremas.

Es por eso que el hombre tan temido durante décadas va a claudicar. Está negociando activamente junto a sus abogados para evitar el juicio y aceptar directamente su culpabilidad en el asesinato de Camarena. Así la obsesión de la DEA y de las autoridades norteamericanas se vería saciada: 41 años después hallarían un culpable por el asesinato de su hombre.

U.S. District Judge David O. Carter on Wednesday rejected the Justice Department’s emergency request to force California to set aside mail-in ballots associated with more than 20,000 registered voters whose citizenship the Trump administration has questioned, ruling that the last-minute intervention would disrupt an election already underway.

The over 20,000 voters identified by Department of Justice officials as «likely aliens» were designated as such after Homeland Security Investigations and federal partners «used multiple data-enrichment and verification methods» to flag potential noncitizens on California’s voter rolls. California officials, however, disputed the list’s accuracy, citing a preliminary review that identified U.S.-born individuals and voters with no voting history among those flagged.

Carter, a Clinton appointee, ruled that the Justice Department’s last-minute effort to intervene in California’s election violated constitutional and federal-law constraints, while questioning the reliability of the government’s evidence that the flagged voters were noncitizens.

«The district court denied our emergency request to sequester ballots from 20,000 suspected noncitizens,» First Assistant U.S. Attorney Bill Essayli said in a statement provided to Digital. «This ongoing emergency disenfranchises American citizens through dilution. The Solicitor General authorized an immediate appeal. We filed our Notice of Appeal and will immediately seek an emergency order from the Ninth Circuit.»

NINTH CIRCUIT QUESTIONS TRUMP DOJ’S EMERGENCY REQUEST TO SET ASIDE 20,000 CALIFORNIA MAIL BALLOTS

The Trump administration has suffered a string of defeats in election-related cases in the lead-up to the midterm elections, raising questions whether the administration will be able to deliver on its promises of improved election integrity ahead of the 2028 presidential election. President Donald Trump and other administration officials have repeatedly raised concerns about widespread voter fraud in U.S. elections, though those claims have not been supported by evidence demonstrating fraud on such a broad scale.

California election officials argued that complying with the Justice Department’s request would be virtually impossible because county election offices had already processed more than 500,000 ballots, separating them from identifying information and preventing officials from reliably linking those votes to individual voters.

Carter warned that the requested intervention would «wreak havoc and disrupt the election that is already underway,» though he noted that federal authorities were free to pursue individual voting fraud cases.

Experts were divided along ideological lines in the case.

TRUMP SCORES SUPREME COURT WIN IN ELECTION INTEGRITY FIGHT AS STATES GAIN NEW VOTER ROLL TOOL

Hans von Spakovsky, an election expert at Advancing American Freedom, a Mike Pence-affiliated think tank, criticized California for refusing to comply with the DOJ’s request.

«It tells you something very revealing and unfortunately badly revealing about California officials that they don’t even want to check,» von Spakovsky told The Center Square. «In California, for example, they have automatic voter registration. When you go in to get a driver’s license, they don’t ask you, ‘Would you also like to register to vote?’ The state of California just automatically registers you, and when you ask them, they say, ‘Well, it’s up to the individuals to tell us they’re not eligible to vote.’»

BIDEN-APPOINTED JUDGE BLOCKS VOTER-FRAUD PROBES IN BATTLEGROUND STATES JUST DAYS BEFORE MIDTERMS

Rick Hasen, a University of California, Los Angeles, election-law professor, meanwhile, called the Justice Department’s request a «total overreach of federal power,» arguing that «the Constitution’s clear that states have the authority to run Congressional elections unless Congress passes a statute otherwise — and Congress didn’t do so here.»

The California governor’s office did not respond to a request for comment when reached by Digital on Thursday.

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A little-known congressional maneuver could block members of the Democratic Socialists of America (DSA) from being sworn in as members of the House of Representatives next year, even if they win their elections on Tuesday.

Members-elect must swear an oath to uphold the Constitution before they can become full members of the House. At the beginning of a new Congress, that oath is typically taken en masse by all 435 members, led by the House speaker.

But an argument circulating in conservative circles posits that any member-elect can challenge another member-elect’s right to be sworn in, provided they have compiled evidence that that person would not uphold their oath. That would then lead to House-wide deliberations followed by a vote on whether that member-elect has a right to be sworn in.

In the case of DSA members, one potential argument could be the group’s platform calling to scrap the current U.S. Constitution and draft a new one. Several DSA members and self-proclaimed democratic socialists have already won primaries across the country.

SPEAKER JOHNSON REJECTS ‘NONSENSE NARRATIVE’ THAT GOP WILL REFUSE TO SEAT DEM WINNERS

Rep. Keith Self, R-Texas, suggested to Digital that he could invoke the maneuver.

«You cannot swear an oath to support and defend the Constitution while actively working to destroy it. The oath of office is not just words you say at a ceremony. It is a belief. It is an oath to our country and our fellow countrymen,» Self told Digital. 

«The House has both the authority and the duty to ensure that anyone who takes that oath does so in good faith, without mental reservation or purpose of evasion. As DSA candidates and the Red-Green Alliance gain ground, we must enforce the Constitution as written or risk allowing people committed to replacing it to take seats of power under false pretenses.»

The «Red-Green Alliance» is a term used on the right to describe cooperation between far-left groups and radical Islamic organizations or operators.

«Anyone who has personally embraced the destruction of the Constitution has no business being sworn in to uphold it,» Self said.

GOP LAWMAKER URGES JOHNSON TO SCRUTINIZE NEW SOCIALIST LAWMAKERS’ ‘ACCESS TO INTELLIGENCE’

According to an analysis by the Center for Renewing America, a challenge to a member-elect’s fitness to take the oath of office can be followed by the House speaker asking them to step aside while the debate begins.

«The objecting member should place the documentary record before the House, and the House should debate whether that evidence establishes that the member-elect remains committed to destroying the constitutional order,» the group’s analysis said.

The House would then vote on a resolution that «establishes the member-elect’s commitment to destroying the constitutional order,» which, if passed, could stop them from being sworn in.

The theory relies on a number of variables. For example, if House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., is elected speaker, he could decide to dismiss the challenge altogether. Speaker Mike Johnson, R-La., could do the same if he so chooses if Republicans keep their majority.

Johnson told reporters as much during an event this month in Iowa, calling the idea of him refusing to seat elected Democrats a «nonsense narrative» and vowing, «We are going to follow the law.»

It would also raise questions about challenging the will of the people who elected that person to represent them.

TENSIONS ERUPT IN HOUSE HEARING AS GOP ADVANCES ANTI-SOCIALISM RESOLUTION WHILE DEMS RAGE: ‘SILLY SEASON’

Such a move would also be in direct conflict with Supreme Court precedent, meaning it is virtually guaranteed to be relitigated.

The 1969 case of Powell v. McCormack ruled that the House cannot exclude an elected candidate from being sworn in if they otherwise meet the constitutional requirements of age, residency, and U.S. citizenship.

HOUSE DEMS OVERWHELMINGLY REJECT ANTI-SOCIALISM RESOLUTION AFTER 2 MODERATES DEFY JEFFRIES

It comes after Adam Clayton Powell Jr., then a senior lawmaker representing New York as a Democrat, was refused his oath of office by the House speaker after winning again in 1966. Powell Jr. had been embroiled in multiple financial scandals at the time.

The House then adopted a resolution barring him from taking his seat, a decision that was ultimately overturned by the Supreme Court.

But that has not stopped Republicans from considering the idea of revisiting the move.

Rep. Tim Burchett, R-Tenn., told the New York Post earlier this month that he would use the maneuver to try to block Darializa Avila Chevalier from joining Congress next year.

Chevalier, whose upset victory unseated a senior House Democrat, is from a deep-blue district and is almost certainly going to win her general election next week.

Burchett told the Post that he intended to declare her ineligible to take the oath over a now-deleted X post from 2019 in which she boasted about wiping her hands on the American flag because she did not have a napkin.

Whether the efforts succeed, the threats underscore the partisan rancor that’s taking shape even before the new Congress is formally selected in next week’s midterms.

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