Seis de cada 10 homicidios que ocurren en Uruguay tienen su origen en conflictos entre grupos criminales, según datos oficiales. Son personas que se matan por represalias, por disputas entre grupos o porque acumulan años –y hasta décadas– de violencia. Conocer las historias detrás de estos asesinatos es clave, para el Ministerio del Interior del país, para intentar prevenir una próxima agresión.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se basó en este dato para explicar por qué los homicidios crecieron un 14% en el primer semestre del año y para defender en el Parlamento la estrategia de su cartera.

Los asesinatos por disputas criminales se han duplicado en los últimos 12 años al tiempo que otras patologías disminuyeron. Por ejemplo, los crímenes ocurridos por conflictos interpersonales y altercados espontáneos bajaron un 5%; por violencia doméstica, un 10%; por rapiñas, un 21%; por otros motivos o causas desconocidas, un 1%.

Las víctimas con antecedentes penales, en tanto, se han duplicado en los últimos 12 años.

“La violencia letal sufrió un aumento en los últimos meses, concentrándose la mayoría de los homicidios en la zona metropolitana”, detalló Negro ante los legisladores.

La estrategia del gobierno uruguayo para hacer frente a esta realidad son las intervenciones policiales a través de distintos operativos, que hasta ahora ha derivado en “afectar capacidades operativas” de 22 estructuras criminales uruguayas, informó Negro. Fueron un total de 1.800 los allanamientos realizados.

Los narcos que cayeron

Las organizaciones criminales en Uruguay tienen tres “flancos más sensibles”, según el ministro del Interior uruguayo. Son sus líderes, las drogas y el dinero. Es por eso que las intervenciones de la Policía apuntan a capturas, incautaciones y lavado de activos. Pero, ¿quiénes son los líderes criminales que fueron capturados en Uruguay? El ministro Carlos Negro mencionó sus nombres en el Parlamento.

Luis Fernando Fernández Albín fue uno de los mencionados por Negro. El narcotraficante fue detenido en argentina y está preso en Uruguay, condenado por tráfico de drogas y lavado.

Luis Alberto Betito Suárez fue recientemente condenado a tres años y ocho meses por tenencia de estupefacientes. Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país y, si bien decía estar retirado del mundo delictivo, la Policía nunca dejó de prestarle atención.

Loly Suárez Correa fue la tercera líder criminal mencionada por Negro ante los legisladores. Es la hermana del Betito y fue a fines de 2025 por varios delitos relacionados a las drogas.

Rodrigo Lescano era un socio de Betito y también fue condenado.

Ricardo Cáceres Correa, conocido como Ricardito, fue condenado en julio de 2026. Este conocido delincuente dirigió torturas desde la cárcel por videollamada y estuvo vinculado a un triple crimen.

José Carlos Machado, el Pelón, fue condenado a la pena máxima en septiembre. El fiscal que investigó el caso lo definió como el asesino serial “más prolífico”. Había matado desde adolescente.

Axel Joel Mattos, el líder de Los Colorados, un grupo criminal que disputa el mercado tradicional de venta de drogas. Él esta guerra personalmente. En octubre de 2024 fue asesinado su hijo, un bebé de un año, sobre un pasillo angosto de Cerro Norte. El ataque iba dirigido hacia él.

Eduardo Félix Farías y Raimundo de Souza, dos integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y de la banda que planificó el “robo del siglo”, como se conoció al intento de ingresar a una sucursal de BBVA del casco histórico de Montevideo.

La lista de “líderes narcos” mencionada por Negro se completaba por: Fiorella Albín; Carlos Damián Araújo; Matías Suárez Barbero –de la banda Los Calidad, de Casabó–; Andrés Díaz –perteneciente a los Puglia–; Santiago Nicolás Rosa, el Dibu –de la zona metropolitana de San José–, Gustavo Edgardo Casari, Piolín –detenido recientemente–, Gabriel Jiménez Mattos –también de los Colos–; Kevin Moroto –conocido por varios episodios y delitos de homicidio, Emanuel Pintos, Manu; Agustín Cuello –perteneciente a los Fraga, de La Cruz de Carrasco–, Diego Ezequiel Carballo –de los Priti–; Marcelo Surraco; y Ruben Darío Goncalves, alias el Sapo, de la zona del Marconi.

“Estos son solo algunos nombres de las personas que fueron detenidas en este período. Cada una de ellas ocupa importantes lugares en las estructuras criminales atacadas”, describió Negro después de mencionar a cada uno de ellos.

El ministro del Interior mencionó también varios líderes que fueron capturados en el interior del país.

En Maldonado, por ejemplo, fueron apresados los principales líderes de las organizaciones de la zona, como Nicolás Montelongo Porley, líder de la organización, vinculado a los Patas Blancas. Se estima que decenas de bocas de venta de droga en todo el departamento eran abastecidas por esta organización.

El Tonga, como se conoce a Mario Gastón Fernández Pascal, era uno de los principales líderes del Primer Comando de la Frontera, que operaba en los departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja y Canelones.

Tras mencionar estos –y otros nombres–, el ministro insistió con la explicación de que muchos homicidios ocurren “en contextos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico”. “Muchas de las personas asesinadas tenían importantes antecedentes delictivos”, expresó.

“En este punto quiero ser muy claro: el ‘¡Que se maten entre ellos!’ no puede ser una respuesta del Estado. No podemos aceptar que haya muertes que nos importen menos por quienes son sus víctimas o por las circunstancias en las que ocurren. Cada homicidio nos interpela como Estado y como sociedad, y frente a cada uno tenemos la misma responsabilidad: investigar, esclarecer y trabajar para evitar que vuelva a ocurrir un hecho similar. Ninguna vida puede quedar fuera de la responsabilidad del Estado”, expresó el ministro.

Negro dijo que el objetivo del gobierno es “perseguir a los autores” de los homicidios y seguir la ruta del dinero, “la causa definitiva del tráfico y de las muertes”.

Los operativos realizados

Uno de los operativos que puso en marcha el Ministerio del Interior para capturar a estos delincuentes se denominó Atenea. Negro explicó que está orientado a “la presencia policial, el patrullaje y la investigación en zonas de alta exposición de violencia letal”. En los cuadrantes donde se aplica esta intervención, los homicidios se redujeron un 42% y las personas heridas por arma de fuego un 27%, según las cifras oficiales.

El operativo Argos, en tanto, está pensado como un complemento de este trabajo en áreas con homicidios recientes, personas heridas y balaceras. Un tercer operativo es el Dominó que “aporta una respuesta inmediata en territorios en conflicto luego de hechos de violencia armada”.

Negro informó que en Maldonado se han realizado 130 allanamientos tras los cuales hubo 140 imputados o condenados por la Justicia. Varias de las bocas de drogas allanadas fueron tapiadas o demolidas y se incautaron 90 armas de fuego, más de 85 kilos de cocaína y pasta base y más de 30 kilos de marihuana.

corresponsal: Desde Montevideo

Seattle’s effort to protect renters allegedly helped destroy a $39 million investment meant to provide affordable housing, sending a 254-unit apartment complex that served lower-income residents into receivership. Now, its owners have scored a court victory in a battle that could influence similar fights in Philadelphia and other Democrat-led cities.

The Washington Court of Appeals ruled Monday that GRE Downtowner LLC, the company behind Seattle’s 254-unit Addison on Fourth affordable housing development, can proceed with claims that the city’s sweeping rental regulations amounted to an unconstitutional taking of private property. GRE alleges the restrictions, including an ordinance requiring landlords to accommodate certain additional occupants without their consent, sent rent collections plummeting, triggered millions in losses and ultimately made the once-viable affordable housing investment financially unsustainable.

The development operated under the federal Low-Income Housing Tax Credit program, which offers tax incentives to private investors in exchange for providing rent-restricted apartments to lower-income residents. Sean Flynn, executive director of the Rental Housing Association of Washington, explained that while such developments typically generate relatively modest profits, the federal tax credits make them financially attractive to investors, helping bring private money into affordable housing projects that might otherwise struggle to get built.

Flynn, who is working with GRE Downtowner in its case against the City of Seattle, told Digital that the city’s successive ordinances targeting landlords ultimately created a «toxic cocktail of legislation» that took a functioning affordable housing property and «destroyed it.»

PROPERTY OWNER ADVOCACY GROUPS PUSH BACK ON MAMDANI’S ‘RENTAL RIPOFF REPORT,’ PUBLIC DATABASE OF LANDLORDS

According to court filings, GRE’s investment initially proved financially viable, with the property generating positive cash flow from 2015 through 2018. But as Seattle enacted a series of ordinances restricting criminal-background checks, expanding tenants’ ability to bring additional occupants into their apartments, limiting certain evictions and requiring relocation assistance following qualifying rent increases, GRE alleges its rent collections collapsed from 93.9% in 2018 to just 44.1% in 2023, contributing to nearly $5.8 million in cumulative operating losses.

The financial deterioration ultimately culminated in a federal judge appointing a receiver in January 2026 to take control of the property following a mortgage default.

«The policies they’re passing are detrimental to the folks they’re actually trying to help,» Flynn warned, arguing that excessive restrictions on landlords ultimately hurt renters by discouraging housing investment. «No one will invest to build more housing if they believe that the government can come in and effectuate a taking – to take the property out from under them – and they have no legal recourse.»

OREGON DEMOCRATS PROPOSE ‘RIGHT TO REST ACT’ DECRIMINALIZING PUBLIC CAMPING AS HOMELESS CRISIS SURGES

«What this decision says is government, you can regulate, you can regulate to your heart’s content,» Flynn added. «But if your regulations amount to the point of which you take my real property, I’m allowed to sue you for it.»

Ilya Somin, a George Mason University law professor specializing in constitutional law and property rights, told Digital that the ruling is more consequential than a routine procedural decision but cautioned against overstating its broader impact.

«This is only moderately significant, but it’s more significant than just a routine legal decision that only affects the people immediately involved,» Somin said, explaining that courts in other states could consider the Washington ruling when weighing similar constitutional challenges. He also said the case could theoretically go to the U.S. Supreme Court, but said that was fairly unlikely.

Seattle is hardly alone in imposing sweeping restrictions on landlords. San Francisco has long enforced rent controls and limits on evictions, and New York City expanded eviction protections in 2024 under the state’s Good Cause Eviction law, limiting landlords’ ability to remove certain tenants or refuse lease renewals while allowing renters to challenge excessive rent increases. Portland, Oregon, limits landlords’ use of criminal histories when screening prospective tenants and requires relocation payments following certain rent increases of 10% or more. Philadelphia has also adopted restrictions involving criminal-history screening. These policies reflect a broader push to strengthen renters’ rights in major Democrat-led cities, even as property owners raise concerns about the consequences of increasingly restrictive housing regulations.

OBAMA-ERA MANDATE SLASHED AFTER BEING BLAMED FOR ‘SKYROCKETING’ HOUSING COSTS

Flynn warned that the consequences of Seattle’s housing policies extend well beyond Addison on Fourth, arguing that mounting restrictions have driven developers and smaller landlords away from Seattle — a city once bustling with residential construction.

«Once upon a time in Seattle, you could stand from my office and you could see crane after crane after crane building housing,» Flynn said. «They’re gone, and they’re not coming back.»

Flynn argued that the resulting decline in investment ultimately hurts ordinary renters, leaving them with fewer housing options and higher costs.

«When you take the investment incentive out of providing a product, you get worse products at a higher cost,» he said. «Investors listen and they vote with their feet. And as a result, there’s less housing and the housing that is available is of lesser quality.»

NYC RENT BOARD DISSENTER WARNS MAMDANI-BACKED FREEZE COULD HURT AFFORDABLE HOUSING OVER TIME: ‘SLOW BURN’

GRE’s lawsuit seeks compensation under a legal principle known as inverse condemnation, which allows property owners to pursue payment when they believe government actions have effectively taken or damaged their property without providing just compensation. GRE argues that Seattle’s ordinances, individually and collectively, went so far in restricting its property rights that the city should be held financially responsible for the resulting losses.

The Seattle City Attorney’s Office told Digital that officials are reviewing the appellate ruling and weighing their next steps. «We haven’t made a decision on an appeal yet,» Chief of Staff Dan Nolte said in an email Thursday.

«I believe the plaintiffs in this case deserve to win at least on that roommate provision,» Somin told Digital, referring to Seattle’s restrictions on landlords’ ability to exclude certain additional occupants from rental properties.

Somin pointed to the Supreme Court’s 6-3 decision in Cedar Point Nursery v. Hassid , which ruled that a California regulation requiring agricultural employers to allow union organizers onto their private property constituted a physical taking under the Fifth Amendment. He argued that Seattle’s Roommate Ordinance raises a similar constitutional question because it requires landlords to accommodate additional occupants with whom they never entered into a rental agreement.

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«I think the strongest per se argument is simply an argument against this provision of the ordinance, which says they have to take these people who they never made any contract with at all, never screened, and so on,» Somin said. «The additional requirement to let them on their land is going beyond what’s in the contract, and the same thing you know would apply here in the Seattle case.»

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El próximo martes habrá elecciones de medio término en Estados Unidos y un par de temas excluyentes han marcado los meses previos a los comicios. En primer lugar, el costo de vida. En segundo, la inmigración. Hay indicios de que los resultados serían la manifestación de un cambio de paradigma al que los mismos tal vez contribuirían a acelerar el costo de vida y la inmigración.

A mediados de 2005 comencé a enseñar en Northwestern University, en las afueras de Chicago. Pagaba 1 dólar por la limpieza de cada camisa en la tintorería del barrio. Hoy el mismo servicio cuesta 4,65. Esto es un incremento del 465% en 21 años, seis veces más que el cálculo de 72% de inflación del Bureau of Labor Statistics para este período.

Seguramente los cálculos de los economistas son correctos. Pero a veces esos números abstractos no reflejan la realidad de la economía cotidiana. Y es la plata que sale del bolsillo para pagar los gastos corrientes la que suele tener un rol decisivo a la hora de votar, más que aquello que los ciudadanos escuchan de los candidatos o leen en los medios.

El aumento en el costo de vida viene sucediendo desde hace muchos años, pero se ha incrementado de manera notable recientemente. A mi compañera y a mí nos gustan mucho los pistachos. Hace un par de años una bolsa de casi 700 gramos costaba 15.99 dólares en Costo, un supermercado mayorista que tiene muy buenos precios. Esta semana pagamos 21.99 por el mismo producto. Un incremento del 37.5%, muy por encima del 7% de inflación acumulada durante este período según aquel organismo estatal.

Antes de enseñar en Northwestern University, daba clases en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), cerca de Boston. El presidente del MIT de aquel entonces, Charles “Chuck” Vest, tenía la costumbre de reunirse con el plantel docente de cada escuela una vez al año. Comencé a trabajar allí en 2001. Durante la reunión de 2002 uno de mis colegas le preguntó sobre temas de políticas inmigratorias del gobierno luego de los acontecimientos del 11 de septiembre, y si las mismas afectaban al MIT.

Chuck contestó que no se podía hacer ciencia de primer nivel sin el aporte de extranjeros (alrededor de un 30% del personal de MIT, aclaró) y que las restricciones que había impuesto la administración de Bush atentaban contra la competitividad del sistema científico norteamericano—y por ende su poderío económico y geopolítico. Agregó que por eso él y su colega David Baltimore, presidente del California Institute of Technology durante esos años, estaban viajando a menudo a Washington DC para convencer a la administración de modificar las restricciones que había impuesto. No solo tuvieron éxito, sino que el presidente Bush luego le ofreció a Chuck el puesto de director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología del país, oferta que declinó por temas personales.

La cantidad de visas F1 para estudiantes universitarios otorgadas por el gobierno norteamericano tuvo una reducción de aproximadamente el 50% comparando los meses de verano—el período de mayor actividad en esta área—de 2024 y 2025, según un artículo del New York Times. Esta merma sugiere que muchos estudiantes extranjeros posiblemente se sientan en la actualidad no tan bienvenidos como antes. Menos estudiantes extranjeros hoy llevaría a menos científicos extranjeros en unos años, lo cual redundaría en menos innovación, competitividad económica e influencia geopolítica en unas décadas.

Las redadas en busca de inmigrantes en situación ilegal que lleva a cabo regularmente la agencia de Immigration and Customs Enforcement (ICE) son otro indicador de esta tendencia. Buena parte de la ciudadanía ha reaccionado negativamente tanto a los modos mediante los cuales las mismas son llevadas a cabo como a la extensión de los criterios que se aplican para identificar a quienes deportar. A esta altura muchos votantes conocen de manera directa personas detenidas por ICE, o han escuchado historias al respecto de sus familiares y amigos. Esto es algo que suelen vivir como una experiencia traumática. Esta tendencia es particularmente pronunciada entre los votantes latinos, quienes fueron un pilar importante de apoyo al presidente Trump en 2024. Según las encuestas muchos de estos votantes parecieran estar reorientando su apoyo a los candidatos del Partido Demócrata en la actualidad.

Cambio de paradigma

Dos temas excluyentes y mucho en juego para ambos partidos. El presidente Trump fue elegido con el mandato de encauzar la economía y ordenar la situación inmigratoria, dos temas sobre los cuales una porción importante del electorado juzgó como deficiente la gestión del presidente Biden. Al cabo de los dos primeros años de su segunda administración, la sensación que se respira en la calle es que un amplio sector de la población está descontento con el desempeño de Trump en estos temas. La ciudadanía está menos ideologizada que los políticos: quiere soluciones eficaces para sus problemas cotidianos.

Según las encuestas, es muy probable que el Partido Republicano pierda la mayoría en la cámara baja y también hay una probabilidad más baja pero no menor que pase lo mismo en la cámara alta. Si bien el partido en el poder suele retroceder en las elecciones de medio término, las encuestas indican que este retroceso sería mayor que en el promedio de este tipo de comicios. Estas tendencias se relacionan no solo con la percepción del desempeño del presidente sino con una dinámica general de cambio de paradigma en los republicanos y los demócratas.

Por un lado, el presidente Trump y su movimiento MAGA pasaron de ser relativamente periféricos dentro del Partido Republicano antes de 2016 a convertirse en su centro de gravedad en menos de una década. De hecho, la influencia del presidente se ha hecho sentir fuertemente en la elección de muchos candidatos republicanos en estos comicios. Por el otro, el Partido Demócrata pasó del eje de la batalla cultural en las elecciones de 2024 a una dualidad entre las alternativas socialistas y de centro en los comicios de 2026. Abdul El-Sayed y James Talarico, los candidatos a senador en Michigan y Texas, respectivamente, representan esta dualidad entre socialismo y centrismo.

El caso de Texas es particularmente instructivo respecto de los cambios de paradigma en ambos partidos. El candidato republicano, Ken Paxton, quien cuenta con el aval del presidente Trump, le ganó la interna a su rival, el veterano senador John Cornyn. El candidato demócrata, Talarico, prevaleció sobre la congresista Jasmine Crockett, quien fue co-directora del comité de campaña de Kamala Harris en la elección presidencial de 2024, oradora destacada en la convención del partido ese año y recibió el apoyo de Harris en la interna hace unos meses.

Los demócratas no conquistan una banca en el senado en Texas desde 1988. Si Talarico superase a Paxton, sería un triunfo de altísimo impacto no solo en el estado sino a nivel nacional y le daría fuerte envión a la alternativa de centro de cara a las elecciones de 2028.

Los comicios de medio término serán, por un lado, el emergente del cambio de paradigma, y por el otro es de esperar que los resultados intensifiquen el cambio. Esto, a su vez, incidiría en las elecciones presidenciales de 2028. ¿Habrá un candidato MAGA o una alternativa de otras características dentro del Partido Republicano? ¿Cuál será el rol del presidente Trump, quien difícilmente se comporte como un pato rengo, en el proceso? ¿Prevalecerá una opción de centro o socialista dentro del Partido Demócrata?

El martes la ciudadanía expresará su voluntad en las urnas, con la cabeza pensando en el bolsillo y la mirada puesta en la frontera. Y al día siguiente comenzará en la primera potencia de Occidente el largo camino hacia el recambio presidencial.

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