Un informe técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo ni asignar las voces a las personas imputadas en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El análisis examinó las grabaciones difundidas durante la investigación y señaló restricciones que impidieron arribar a una conclusión definitiva sobre su origen. Entre otros factores, los especialistas consignaron que la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de que los archivos llegaran a la instancia pericial.

El informe detectó cortes e indicios de regrabación

Los expertos de la Gendarmería Nacional informaron que los archivos que, en una primera evaluación, reunían condiciones para ser analizados presentaban rasgos compatibles con una regrabación, un fenómeno conocido como transferencia acústica.

El documento también registró discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas incompatibles con una grabación continua. Según el análisis, esas particularidades podrían corresponder a intervenciones, cortes o procesos de edición realizados con posterioridad al registro original.

El peritaje remarcó, además, que no se pudo descartar una eventual manipulación de las piezas ni la utilización de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces. Por esa razón, los especialistas no pudieron validar la autenticidad de los audios ni establecer una atribución técnica de las voces.

La falta de cadena de custodia condicionó el análisis

La preservación de la cadena de custodia resulta central para asegurar que un archivo sometido a peritaje sea el mismo que fue obtenido inicialmente y que no haya sufrido modificaciones durante su circulación. En este caso, el informe identificó una ruptura previa a la intervención de los peritos.

Esa limitación metodológica condicionó las conclusiones sobre las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Los peritos de las partes que participaron del proceso coincidieron en que los elementos analizados no permitían establecer una conclusión definitiva sobre su autenticidad.

Las grabaciones originaron una causa por presuntos sobornos

La investigación se abrió después de la difusión de audios adjudicados a Spagnuolo, en los que se describía un supuesto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculado con la compra de medicamentos.

En uno de los fragmentos conocidos públicamente se mencionaba que parte de esos fondos presuntamente estaban destinados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La existencia de esa mención en las grabaciones fue uno de los elementos que impulsó el avance de la causa, sin embargo Karina Milei nunca estuvo imputada.

La defensa de Spagnuolo había sostenido que el material podía haber sido editado o creado mediante inteligencia artificial. A partir de ese planteo, la Justicia dispuso el estudio técnico de los archivos para establecer si era posible comprobar su origen y profundizar las líneas de investigación.

La causa seguirá bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar el alcance del informe y las medidas de prueba pendientes. La imposibilidad de autenticar los audios no implica, por sí misma, el cierre de la investigación sobre las presuntas irregularidades denunciadas.

Javier Milei calló sobre Brasil desde que Lula ganó el balotaje. Flávio Bolsonaro llenó ese silencio. Al agradecer al mandatario argentino en su carta abierta, el excandidato del Partido Liberal (PL) dejó entrever que la Casa Rosada colaboró en el operativo que le permitió salir de su país, a pesar de la prohibición judicial que pesaba sobre él.

La Argentina tuvo un rol clave en el “Operativo Bolsonaro”. No solo porque organismos nacionales agilizaron y facilitaron los movimientos y los trámites del excandidato y su familia en la zona de frontera, sino también porque existió una estrecha colaboración con el marco que los Estados Unidos le quisieron dar a todo el plan: lejos de haber una operación comando de las fuerzas estadounidenses para extraer a Bolsonaro de territorio brasileño, Flávio se valió de recursos particulares -un traslado terrestre y un jet privado- para volar hasta Opa-Locka, en Florida.

Los Bolsonaro se trasladaron en una aeronave con matrícula “Lima-Victor” (LV), el prefijo de nacionalidad argentino para la identificación de aviones de uso civil y comercial. Eso ayudó a dar la apariencia de que Bolsonaro y su familia se valieron por sus propios medios y sin aportes materiales de los gobiernos aliados, pese a que claramente hubo colaboración imprescindible y discreta de organismos oficiales estadounidenses y argentinos.

La administración de Donald Trump quedó posicionada únicamente como abriendo las puertas y dando cobijo. La empresa aérea elegida también hizo su parte en ese sentido, al no operar aviones con matrícula “November”, asignada a los norteamericanos.

“Le dimos un salvoconducto para entrar al país, así que veremos… pero no me involucraré. Fue una elección muy extraña. No tomé una posición en la elección, pero cuando veo algo que es inapropiado, lo menciono”, dijo Donald Trump. En otras palabras: ayudé a Bolsonaro a ingresar a mi país sano y salvo, aboné la idea de que la elección fue “amañada”, pero por ahora no desconoceré la legitimidad de Lula.

Milei, en cambio, permaneció callado. Optó por ningunear el triunfo de Lula, fingiendo demencia incluso en la reunión de Gabinete frente a los mismos ministros que lo habían visto festejar su influencia mundial tras la primera vuelta en Brasil.

La otra evidencia del aval de Milei al “Operativo Bolsonaro” fue la presencia de Santiago Caputo en Puerto Iguazú. En la Casa Rosada no confirmaron que haya viajado, pero trascendió información sobre un operativo de seguridad vial que detuvo en la ruta nacional 12 a la camioneta Toyota Hiace en la que el viajaba junto a funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá. Según supo Infobae, en Misiones hay versiones que indican que el asesor presidencial despidió incluso a Flávio una vez que estuvo a bordo del Gulfstream G400 matrícula LV-JQW de Baires Fly, la aeronave que —tal como anticipó este medio— permaneció en la terminal local a la espera de la familia Bolsonaro por más de 24 horas.

La línea directa que el asesor presidencial —y supervisor político de la SIDE— profundizó con Washington y los lazos de amistad entre los referentes de Las Fuerzas del Cielo con Eduardo Bolsonaro (radicado en Dallas) y con otros referentes jóvenes del PL brasileño fueron claves para aceitar las comunicaciones durante el itinerario.

El despliegue incluyó un plan B por si la vía de Puerto Iguazú fallaba y un operativo mundial de desinformación. Los principales medios de comunicación internacionales publicaron que Flávio y su familia ya se encontraban en Estados Unidos cuando todavía no habían dejado Brasil.

El despliegue fue de película, aunque en todo el trayecto no medió una persecución policial de parte de las fuerzas brasileñas, ni hubo un freno en la frontera de salida de Foz do Iguaçu, del lado brasileño, antes de que Flávio ingresara a la zona franca. Tampoco sonó ninguna alerta internacional: Bolsonaro atravesó el paso fronterizo por el puente internacional Tancredo Neves e ingresó sin sobresaltos a la Argentina con su pasaporte italiano, mientras que su familia lo hizo con sus documentos de identidad.

¿Migraciones hizo descender de su vehículo al excandidato presidencial para los trámites? ¿Qué rol tuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que escoltó la camioneta de Bolsonaro hasta el ingreso VIP del aeropuerto? ¿Qué coordinación facilitaron los servicios de inteligencia? ¿A qué se debió la pasividad de los organismos brasileños? ¿Lula lo quería a Flávio fuera de su país?

La sintonía ideológica entre Trump, Milei y los Bolsonaro no alcanzó, en definitiva, para un triunfo electoral de la derecha en la economía más grande de Latinoamérica. Pero sí para coordinar un plan de escape.

Cronograma ajustado

El operativo activó la botonera más sensible de la administración nacional justo mientras, en Diputados, La Libertad Avanza conseguía dictamen para el proyecto de Defensa de la Soberanía. Más allá del capítulo de sanciones a empresas que operen en Malvinas, la iniciativa propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, y el titular de la SIDE. En un caso como el de Bolsonaro, un organismo supraministerial y estratégico de este tipo seguramente tendría algo para decir.

La del Consejo de Seguridad Nacional es una iniciativa que tiene el sello del asesor presidencial, educado con literatura de espionaje y películas de acción. Durante su discurso en comisión, el titular de la bancada peronista, Germán Martínez, habló de un “capricho” de Caputo.

Las negociaciones para alcanzar el dictamen de mayoría, no obstante, tuvieron una novedad: Martín Menem, titular de la Cámara baja, habilitó a Caputo y a su equipo a intervenir en las negociaciones para conseguir el apoyo de los aliados. Hacía mucho tiempo que “el mago del Kremlin” no podía mover los hilos en Diputados, bloqueado por el ladero de Karina Milei, con quien mantiene una interna crónica.

Menem instruyó a la “mesa legislativa” del oficialismo, con la diputada Silvana Giudici a la cabeza, a que trabajara los cambios en el dictamen junto a Caputo (hubo una reunión clave el viernes pasado) y habilitó el despliegue de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, que responde al asesor presidencial, para que negociara los detalles finales del texto.

Finalmente hubo cambios en tres materias. En primer lugar, las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur se limitaron a los operadores directos (luego de un planteo de un conjunto de empresas norteamericanas y de la diplomacia de Trump). En segundo término, el dictamen definió con mayor precisión qué se entiende por “campaña de injerencia extranjera”, para asegurar la libertad de expresión. Por último, se incorporó al Ministerio de Seguridad como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional.

Todo salió como Caputo esperaba, menos este último punto. El asesor no quería que el ministerio que hoy está a cargo de Alejandra Monteoliva se inmiscuyera en el Consejo de Seguridad Nacional que siempre soñó. Es un área donde no tiene especial llegada.

El problema que tiene ahora el dictamen del “proyecto Malvinas” es que el cronograma en Diputados está especialmente ajustado. El PRO pone “peros” con el Presupuesto (se quería dictaminar hoy, pero no hay consenso) y hay diferencias en torno al proyecto de biocombustibles, que es la llave para que muchos diputados provinciales apoyen la “ley de leyes”. Se pensaba en una sesión el 12 de noviembre, pero ahora se habla del 18 o del 25.

Lo otro que sigue sin avances es la reforma política. En las proximas horas, Santilli podria reunirse con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios radicales que tienen la llave —con dos senadores que le responden— para que el Gobierno prospere con la suspension de las PASO.

Las tratativas entre la Casa Rosada y la UCR tienen a un interlocutor crucial: Gustavo Valdés, el exgobernador radical de Corrientes. Pese a que esa provincia tiene desacoplados los comicios provinciales ejecutivos —Juan Pablo Valdés gobierna el distrito desde 2025—, el excacique provincial fue erigido como portavoz y negociador del radicalismo para el toma y daca con los Milei. La UCR pone en juego ocho de sus diez bancas en la Cámara alta, además de cuatro gobernaciones (Mendoza, Santa Fe, Chaco y Jujuy), y pone en juego su supervivencia.

Gustavo Valdés se reunió la semana pasada con Santilli y con Eduardo “Lule” Menem, el armador territorial de Karina Milei y encargado de bajarle el precio a los aliados en el regateo de las listas electorales.

Allí la negociación se centró en dos puntos. Por un lado, las listas legislativas. Los radicales pidieron colectoras. Según pudo reconstruir Infobae, el Gobierno aceptaria el pedido y ya tiene cómo renombrar el mecanismo, que tiene mala prensa: lo llamará “sistema de adhesiones”. Lo que quieren los gobernadores, en definitiva, es una garantía para defender lo propio y una herramienta para no quedar completamente a merced de la lapicera de Karina Milei.

El otro punto clave, naturalmente, es la competencia en las provincias. El caso de Cornejo hoy está trabado. El mendocino —que no puede reelegir, pero pretende colocar a un delfín— no quiere que LLA presente a Luis Petri como candidato a gobernador. El exministro de Defensa no cuenta con el favor de Karina, pero tiene otra carta: una promesa de Javier Milei. “El Presidente se lo aseguró. Javier no se mete casi nada en lo electoral. Pero cuando se mete, baja el martillo”, dijo un funcionario de la Casa Rosada al tanto de las tratativas.

A la espera del Papa

En la última reunión de Gabinete, Milei volvió a dar un panorama económico. Semanas atrás, el Presidente discutía los indicadores oficiales (cuestionaba la utilidad de los números desestacionalizados). Ahora admite que la economía crece menos de lo que esperaba y que la inflación se desacelera más lentamente de lo que quisiera. Pero lo atribuye a factores internacionales y aclara que no tomará ninguna medida.

“Él dice que si aumentamos la base monetaria nos complicamos mucho. Que si al shock de oferta le agregamos un shock de demanda, hacemos lío”, dijo un alto funcionario de la Casa Rosada. En un dogmatismo rígido y sin creatividad, Milei no ve posible que existan medidas de reactivación que no afecten el equilibrio fiscal.

En la reunión de Gabinete, Milei fue el único que tomó la palabra. Hizo un monólogo sólo interrumpido su salida al balcón, “six seven” incluido.

No estuvo Patricia Bullrich, que es la única que, de tanto en tanto, es la única que levanta el dedo en esos encuentros. La senadora se ausentó a último momento por una urgencia familiar. Pero eso no impidió que en las horas posteriores continuara con su seguidilla de desmarques, incluido el reconocimiento a Lula por su triunfo.

“Esto venía siendo una fórmula electoral. No sé cuánto tiempo más Javier se va a bancar las cosas que ella está haciendo”, reflexionó un altísimo funcionario esta semana. Por ahora, Milei bajó la orden de no confrontar con Bullrich y contenerla.

El Gobierno también está con la guardia baja frente a la Iglesia, en la previa a la llegada del Papa. Tras los recientes intercambios con el Vaticano, Karina Milei tiene la expectativa de que León XIV traiga un mensaje universal, sin cuestionamientos a la situación económica argentina ni alusiones puntuales al Gobierno. Espera que hable de los flagelos y las preocupaciones del mundo, sin nombres propios.

De todas formas, se descuenta que la agenda que traerá el Sumo Pontífice -vinculada a la pobreza, a los discapacitados, al impacto de la inteligencia artificial y a los mensajes de odio- será de contraste con la gestión de Milei.

Agenda judicial, a fondo

La mesa judicial del Gobierno le llevó tranquilidad a los Milei en los últimos días. No solo por el sobreseimiento exprés de la causa $Libra dictado por el juez Marcelo Martinez de Giorgi. La Sala II de la Cámara de Casación postergó la respuesta a un pedido de un grupo de damnificados por la criptomoneda para reincorporarse como querellantes en la causa. Existiría un desacuerdo entre los camaristas del tribunal y el voto clave sería el de la jueza Ángela Ledesma.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su segundo, Santiago Viola, consideran que el expediente se encamina a un cierre definitivo.

“Ledesma ya ha dicho en otros casos que la querella no puede actuar si no hay impulso del fiscal. El planteo en Casación se vuelve abstracto”, dijo una alta fuente oficial, en alusión al fiscal Eduardo Taiano, quien pidió el sobreseimiento del Presidente y su hermana, pese a la trama de llamados cruzados entre Milei y Mauricio Novelli la noche del tuit del lanzamiento del criptoactivo.

Si se mira con atención, los hermanos Milei ya no tienen expedientes que los desvelen demasiado. En el caso ANDIS, pese a que el fiscal Franco Picardi desnudó una pornográfica trama de sobreprecios y coimas para la compra de medicamentos e insumos para personas con discapacidad, por ahora el hilo se corta en exfuncionarios: Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, que están procesados. Los audios de la polémica están bajo peritaje por pedido del juez Ariel Lijo.

El Ministerio de Justicia quiere moldear al Poder Judicial a su medida y está dispuesto a ir a fondo. Además de completar vacantes, ya están redactados varios proyectos de ley que son, en su conjunto, una mega reforma judicial. Ya están escritos: el proyecto de reordenamiento de juzgados que, entre otros puntos, busca llevar a Comodoro Py de 12 a 10 jueces federales; la reforma del Consejo de la Magistratura (se propone pasar de 20 a 15 miembros), la reforma del Código Procesal Penal y la reforma del Código Civil.

Algo así no estuvo ni en los sueños de gobiernos anteriores. “Evidentemente, solo era cuestión de determinación”, comentó un funcionario muy al tanto de los movimientos en los tribunales. Como dijo Bullrich: si hay algo que al Gobierno le sale bien es correr permanentemente los límites

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