El juez federal Julián Ercolini citó hoy a indagatoria al extitular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán, a María Soledad Calle, la “vecina” de Cristina Kirchner en San José 1111, y a otras cuatro personas por el contrato con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), que recibió al menos $2466 millones por parte del gremio.

Calle era empleada del sindicato desde junio de 2021. En diciembre de 2022 creó la empresa USEM y 82 días más tarde comenzó a administrar los fondos del gremio y los aportes de los afiliados.

Según un informe reservado que elaboró la actual intervención, USEM recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios. En 2024 fueron $698 millones, en 2025 la cifra alcanzó los $1086 millones y durante este año, hasta julio inclusive, $681 millones.

Furlán fue citado para el 17 de noviembre, mientras que Calle, para el 24. También deberán declarar Esteban Lobato, Adalberto Braconi (socio de Calle en USEM), Naldo Brunelli y José Ortíz.

“Cabe destacar que ambos contratos fueron celebrados con una sociedad constituida el 7 de diciembre de 2022, esto es, aproximadamente ochenta y dos días antes de su suscripción, que contaba con una estructura operativa reducida y respecto de la cual no se identificó actividad comercial adicional relevante distinta de los vínculos contractuales mantenidos con UOMRA y OSUOMRA”, destaca el fallo al que tuvo acceso .

El 18 de marzo de este año, Furlán obtuvo su reelección en la conducción nacional de la UOM con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. Sin embargo, un fallo judicial anuló los comicios y dispuso la intervención del gremio tras advertir presuntas anomalías en el proceso eleccionario de la seccional de Zárate-Campana, donde históricamente mandó Furlán.

Desde fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri, un abogado vinculado al radicalismo porteño, cercano a Daniel Angelici y al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, según contaron a fuentes de su entorno.

Además del llamado a indagatoria, Ercolini dispuso al inhibición general de bienes de todos los imputados y el bloqueo de las cajas de seguridad.

En febrero de 2023, el gremio que lideraba en ese entonces Furlán le cedió a la empresa de Calle la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados. A partir de ese momento, USEM se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM. Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales.

Calle estaba “de los dos lados del mostrador”. La Justicia confirmó que tuvo una relación laboral con UOMRA entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM SA. “La celebración y posterior ejecución de los contratos habría importado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración de los intereses patrimoniales de UOMRA y OSUOMRA”, destacó Ercolini en su fallo.

Una sindicalista ligada a La Cámpora que compró un departamento en San José 111

reveló en agosto pasado que la sindicalista María Soledad Calle había comprado el primer piso de San José 1111. La operación se concretó el 20 agosto de 2025, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner.

Calle desembolsó US$189.000 por esa propiedad de 252 m2, según un documento del Registro de la Propiedad. Serían unos 750 dólares el metro cuadrado, por debajo del valor de mercado.

¿Para qué lo compró? Durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”.

Agosto de 2025 fue un mes especial para Calle. El 8, según un documento oficial, adquirió el 50 por ciento de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en US$ 70.000. Decidió registrarlo en la ciudad de Buenos Aires aunque sigue teniendo domicilio en Campana. Calle ya tenía el 100 por ciento de un Peugeot 3008, modelo 2023.

También en el mes de agosto de año pasado, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global, junto a Federico Darío Monzón, un comerciante de Campana. La firma se dedica a los servicios financieros, según consta en el edicto publicado ese mes en el Boletín Oficial, y declaró un domicilio en el barrio de Villa Urquiza.

Noticia en desarrollo

Con una comitiva encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el Gobierno argentino enviará representantes en las próximas horas rumbo a Hamburgo, Alemania, para participar de las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en medio del conflicto por la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas.

En las audiencias, que serán el próximo lunes y martes, el Gobierno buscará que se decreten las medidas provisionales que buscan impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión podría conocerse dentro de las próximas dos semanas, estiman fuentes oficiales.

Casi un mes atrás, la Argentina pidió al Tribunal la adopción de medidas provisionales para que se ordene el cese urgente de las actividades de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en relación con la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas. Se trata de empresas de capitales estadounidenses e israelíes.

Ante la urgencia de la solicitud, el Tribunal fijó audiencias orales para este 10 y 11. La Argentina y el Reino Unido deberán presentar sus argumentos. Después, el Tribunal se tomará un tiempo para decidir.

En el Gobierno explican que hay cuatro escenarios posibles.

El primero, que se haga lugar al recurso presentado hasta que se resuelva la cuestión de fondo y se frenen provisoriamente los trabajos en la zona.

El segundo es que se ordene que se frene el proyecto totalmente, lo que ven casi imposible que suceda.

El tercero, que el Tribunal diga que no tiene competencia, y por último, que avale la explotación.

El primer escenario es el que confían que puede ser el más probable y que sería una suerte de primera victoria para la Argentina, estiman fuentes oficiales consultadas por .

La presentación argentina fue realizada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación, en medio de la avanzada de la administración mileísta para impedir la explotación petrolera en la zona.

Desde septiembre pasado, cuando el presidente Javier Milei habló en cadena nacional por la causa Malvinas, en la que marcó un giro con lo que siempre había dicho, el Gobierno activó distintos frentes para la preservación del área. Entre ellos, el planteo ante el Tribunal del Mar y presentó el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que está trabado en el Congreso.

Desde entonces, la Argentina viene solicitando el cese inmediato de las actividades de explotación del proyecto Sea Lion.

La defensa argentina encabezada por Ibarzábal Murphy está integrada por Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que representó a la Argentina en el caso de la fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional.

También por el neerlandés Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

En su reclamo ante el Tribunal Internacional, Argentina identificó que la inminencia de la explotación hidrocarburífera del llamado proyecto “Sea Lion” “no puede esperar a los tiempos habituales de conformación del tribunal de arbitraje” y por eso elevó el reclamo urgente ante el Tribunal del Mar para impedir que avancen las operaciones mientras se constituye el tribunal arbitral que resolverá la controversia de fondo.