La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado de Honduras revisar las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, al advertir que algunas de las disposiciones aprobadas para combatir el crimen organizado podrían generar detenciones arbitrarias, restricciones desproporcionadas a derechos fundamentales y vulneraciones a las garantías judiciales.

El pronunciamiento fue realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), que expresó preocupación por el alcance de los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, aprobados en el marco de las acciones estatales contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales.

Aunque el organismo reconoció que Honduras enfrenta graves desafíos relacionados con la violencia, las extorsiones y la criminalidad organizada, recordó que las respuestas de seguridad deben cumplir con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

La Oficina advirtió que el conjunto de medidas incorpora restricciones excepcionales a derechos fundamentales que podrían asemejarse a las de un estado de excepción, pero sin que exista una declaratoria formal bajo ese mecanismo.

También alertó que estas disposiciones podrían afectar de manera desproporcionada a grupos vulnerables, particularmente mujeres y niños, además de generar riesgos en escenarios de protesta social y defensa de los derechos humanos.

La OACNUDH advirtió que considerar los tatuajes o determinadas características físicas como indicios de pertenencia a estructuras criminales puede poner en riesgo la presunción de inocencia, la responsabilidad penal individual y el derecho a la libertad personal.

Sin embargo, el organismo internacional considera necesario que las investigaciones se fundamenten en elementos objetivos y que ninguna persona sea sometida a persecución penal únicamente por características de su apariencia.

Otro aspecto cuestionado corresponde a las disposiciones que permiten realizar allanamientos sin una revisión o control judicial posterior, una situación que, según Naciones Unidas, podría debilitar las garantías contra actuaciones arbitrarias y afectar la inviolabilidad del domicilio.

Ante los riesgos identificados, la Oficina del Alto Comisionado presentó una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones hondureñas para garantizar que la aplicación de las reformas no derive en abusos de autoridad ni en violaciones a los derechos de las personas detenidas.

Entre las principales propuestas figura la creación de un Registro Central de Personas Detenidas, que sea público y accesible, con el propósito de prevenir desapariciones forzadas y facilitar la localización de quienes permanezcan bajo custodia de las autoridades.

Asimismo, solicitó garantizar que el Ministerio Público tenga una participación efectiva en la conducción y supervisión de las investigaciones penales, de manera que los procedimientos se desarrollen bajo controles institucionales.

La ONU también consideró necesario fortalecer la Defensa Pública para asegurar que las personas detenidas tengan acceso a representación legal y puedan recurrir de manera permanente al mecanismo de habeas corpus, una garantía jurídica que permite cuestionar la legalidad de una detención.

El organismo señaló que estas medidas son importantes para evitar que las nuevas facultades otorgadas a las instituciones de seguridad se traduzcan en actuaciones arbitrarias o en restricciones injustificadas de la libertad individual.

La Oficina también hizo énfasis en la necesidad de establecer mecanismos de control y sanción para los agentes de seguridad que incumplan sus funciones o incurran en actuaciones contrarias a la legislación nacional y los estándares internacionales.

En el ámbito penitenciario, recomendó que la clasificación de las personas privadas de libertad se realice de manera individualizada, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso y evitando decisiones generales que puedan afectar derechos fundamentales.

La preocupación se extiende a las facultades que las reformas conceden a las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado, especialmente cuando estas implican intervenciones sobre la libertad personal, la privacidad y otros derechos protegidos.

Las reformas forman parte de la estrategia estatal para combatir las estructuras criminales y ampliar las herramientas de investigación y persecución penal.

Sin embargo, Naciones Unidas considera que su implementación debe estar acompañada de garantías que permitan prevenir posibles excesos.

En la parte final de su pronunciamiento, la OACNUDH recordó que la seguridad y los derechos humanos son complementarios, por lo que el combate a la criminalidad no debe desarrollarse al margen de las obligaciones constitucionales e internacionales de Honduras.

corresponsal:Desde Tegucigalpa, Honduras

Mientras continúa la búsqueda del exterrorista italiano Leonarlo Bertulazzi, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita localizarlo.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 1168/2026 y establece que quienes colaboren podrán preservar su identidad. Para recibir datos se habilitó la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

Al mismo tiempo, la jueza federal María Romilda Servini, a cargo del Juzgado Federal N°1, ordenó allanamientos en domicilios y lugares vinculados con personas que podrían aportar información sobre el paradero del italiano.

La investigación también apunta a establecer si Bertulazzi recibió ayuda para preparar el descenso desde el quinto piso y abandonar la zona sin ser interceptado.

En la etapa inicial de la investigación, la Policía Federal Argentina inspeccionó el domicilio donde estaba detenido Bertulazzi, en Defensa al 600. Los agentes secuestraron el celular de su pareja, Betina Köpcke, de nacionalidad alemana, que vivía con él. Según informó el periodista de TN Rodrigo Alegre, las autoridades también encontraron una agenda con muchos números de teléfono de personas de la Argentina, España e Italia durante.

Otro dato revelado por los investigadores es que, durante el escape, Bertulazzi perdió una mochila con una peluca, maquillaje y ropa. El exterrorista escapó a las 6 de la mañana del martes 10 de noviembre, cuando la concentración de policías estaba enfocada en la seguridad en torno al Papa. “Eligió un momento que, en principio, fue clave, advirtió Alegre.

Bertulazzi estaba bajo custodia de la Policía Federal Argentina y tenía colocado un dispositivo electrónico monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, consiguió abandonar el departamento sin que los efectivos advirtieran inmediatamente lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, parte de la maniobra quedó registrada por una cámara de seguridad privada, cuyas imágenes se convirtieron en una pieza importante para reconstruir sus movimientos.

La ausencia del exterrorista fue advertida el martes en la mañana, durante un cambio de guardia de los efectivos federales. A partir de ese momento, se activó el protocolo de búsqueda, se emitió una orden de captura urgente y comenzaron los operativos para intentar localizarlo.

Carne de cerdo y un tensiómetro: el engaño para neutralizar la tobillera

El hallazgo dentro del departamento fue uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores. La tobillera electrónica estaba envuelta en carne de cerdo y rodeada por un tensiómetro, en una disposición que habría impedido que el sistema detectara a tiempo la manipulación del dispositivo.

La maniobra le habría permitido ganar minutos decisivos para concretar el escape sin que se disparara una alerta inmediata.

Según explicó Rodrigo Alegre, los investigadores descubrieron que utilizó grasa alrededor de la pierna y, cuando se sacó la tobillera, la dejó atada a un tubo, con carne de cerdo, el dispositivo térmico y conectado a un tensiómetro. Sobre la tobillera, Alegre alertó: “Creemos que siguió dando el pulso y no alertó al Servicio Penitenciario Federal”.

No era la primera vez que Bertulazzi intentaba desprenderse del mecanismo de vigilancia. Fuentes de la investigación señalaron que unas dos semanas antes ya había tratado de quitarse la tobillera. En aquella oportunidad, el sistema sí detectó la irregularidad y activó una alarma.

Después de aquel episodio, la Policía Federal solicitó a la Justicia que el italiano fuera trasladado a una cárcel o a una dependencia policial. El pedido no llegó a concretarse y Bertulazzi continuó bajo arresto domiciliario.

De las Brigadas Rojas a una extradición que quedó pendiente

Bertulazzi nació en Verona y fue integrante de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que tuvo un papel central en la violencia política italiana durante las décadas del 70 y 80.

La Justicia de Italia lo condenó a una pena unificada de 27 años de prisión por delitos como pertenencia a una organización armada, secuestro agravado, robo, tenencia de armas y explosivos y fabricación de artefactos incendiarios.

terrorista

La banca panameña enfrenta el desafío de impulsar el financiamiento a la economía local en medio de una expansión de sus activos, impulsada principalmente por las inversiones en valores y el crecimiento de los préstamos externos, según un análisis de Deloitte sobre el desempeño del sistema financiero durante 2026.

El estudio, elaborado con datos del sistema bancario hasta julio de 2026, advierte que, pese a mantener elevados niveles de liquidez y capitalización, las entidades financieras no trasladan proporcionalmente el crecimiento de sus recursos al mercado doméstico, lo que limita su contribución al financiamiento de la actividad productiva y a la expansión económica del país.

Hasta julio de 2026, los activos del Centro Bancario Internacional registraron un crecimiento interanual de 6.92%, impulsado principalmente por las inversiones en valores, que aumentaron 19.06%. En contraste, la cartera crediticia neta creció 4.88%, mientras el financiamiento interno avanzó apenas 1.96%.

De acuerdo con Deloitte, cerca del 75% del crecimiento crediticio durante ese período correspondió a operaciones externas, mientras las inversiones en valores explicaron aproximadamente el 59% del incremento del balance bancario, evidenciando una transformación en la distribución de los recursos del sistema financiero.

El análisis identifica una desconexión entre la capacidad financiera de los bancos y el ritmo de expansión del crédito doméstico, por lo que considera que el principal desafío de la industria no radica en su solvencia, sino en la intermediación de recursos hacia la economía local.

Daniel Zaga, economista jefe de Deloitte para Latinoamérica de habla hispana, considera que, aunque Panamá mantiene un sistema bancario sólido, será determinante observar el comportamiento del crédito interno y la capacidad de las entidades financieras para adaptarse y contribuir al crecimiento económico del país.

Otro cambio identificado en el sistema financiero es la creciente dependencia de los depósitos externos, cuya participación dentro de las captaciones bancarias pasó del 36.3% en diciembre de 2022 al 41.8% en junio de 2026, reflejando una mayor internacionalización de su financiamiento.

Esta transformación responde principalmente al incremento de los depósitos de particulares no residentes, que aumentaron 16.19%, según el estudio. Se trata de recursos procedentes del ahorro privado regional, cuya expansión refleja la capacidad de Panamá para captar capitales extranjeros, más allá del financiamiento entre instituciones bancarias.

Para los próximos doce meses, Deloitte identifica cinco variables que podrían determinar el desempeño de la industria, entre ellas la recuperación del crédito interno, cuya expansión debería superar el 6% para acompañar el crecimiento nominal de la economía, y la cobertura de los préstamos vencidos.

Las decisiones de las agencias calificadoras también tendrán incidencia sobre las condiciones de financiamiento del país, particularmente ante los desafíos fiscales que enfrenta Panamá. La firma identifica el riesgo soberano como una de las principales amenazas externas, considerando que Fitch mantiene la calificación en grado especulativo.

La dolarización constituye otro elemento relevante, debido a que Panamá carece de política monetaria propia y de un prestamista de última instancia. En ese contexto, eventuales incrementos de las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense podrían encarecer el financiamiento y presionar la morosidad.

El futuro de Cobre Panamá también podría modificar las perspectivas económicas. Según Deloitte, una eventual reapertura de la mina, paralizada desde finales de 2023, permitiría elevar entre uno y dos puntos porcentuales las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto para 2027.

Los datos más recientes de la Superintendencia de Bancos de Panamá muestran cierta recuperación del financiamiento doméstico. Al cierre de septiembre, la cartera interna neta creció 4.90%, mientras los activos del Centro Bancario Internacional alcanzaron 171,816 millones de dólares, con una expansión interanual de 8.20%.

Sin embargo, el informe oficial señala que el crédito al sector privado aumentó apenas 1.04%, mientras los desembolsos acumulados hasta septiembre crecieron 8.2%, impulsados en parte por el financiamiento público. La evolución de estos indicadores mantiene vigente el desafío de fortalecer la intermediación bancaria hacia las actividades productivas.