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POLITICA

La Justicia investiga pagos por más de US$1.000.000 vinculados a la AFA: yates de lujo y un viaje de Toviggino al Caribe

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Una serie de transferencias por más de US$1,27 millones a empresas vinculadas con el alquiler de yates de lujo vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los movimientos financieros incluyen pagos realizados por una compañía encargada de administrar ingresos internacionales de la entidad y coinciden con viajes de dirigentes a destinos exclusivos.

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A ese escenario se suma un dato sobre Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia: en enero de 2023 viajó en un avión privado a Miami y luego a la isla caribeña de Saint Martin. Durante su estadía en Estados Unidos, la entidad recibió un servicio de alquiler de un yate de lujo que fue abonado meses después.

Según reveló Clarín, los nuevos datos se conocen mientras la Justicia investiga distintas operaciones económicas relacionadas con la conducción del fútbol argentino, entre ellas las transferencias realizadas a empresas vinculadas con Toviggino y el destino del dinero administrado en el exterior.

El viaje de Toviggino a Miami y el alquiler de un yate de lujo

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en la llegada a Tribunales de Retiro previo a la indagatoria por presunta evasión. (Foto: NA – Daniel Vides)

El 15 de enero de 2023, Toviggino salió del Aeropuerto Internacional de San Fernando rumbo a Miami, con una escala en Quito, Ecuador. Viajó en un Cessna 680 Citation Sovereign, matrícula LV-KCP, que entonces pertenecía a Excel Servicios Aéreos SA.

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De acuerdo con los registros de vuelo, el dirigente llegó a Miami el 17 de enero. Un día después, el 18 de enero, se prestó un servicio de alquiler de un superyate Sanlorenzo SX76, una embarcación de casi 24 metros de eslora, con interiores de lujo y comodidades similares a las de una residencia.

Por ese servicio, la AFA realizó un pago de US$9.150 a la firma AB Yachts and Lifestyle LLC, aunque la transferencia se concretó el 13 de julio de 2023, casi seis meses después.

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Córdoba: Llaryora envía señales a la Rosada con el presupuesto provincial 2027

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CÓRDOBA.- El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, incluyó en el proyecto de presupuesto 2027 que presentó ante la Unicamerail mensajes a la Casa Rosada en dos direcciones. Por un lado, respondió con una reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos (IIBB), un reclamo de Luis Caputo a las provincias y uno de los tributos provinciales más cuestionados por las empresas. Por el otro, ratificó las demandas de Córdoba a la Nación por distribución de la carga fiscal y el financiamiento de la obra pública.

La decisión más significativa de cara al sector productivo es la reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos, que pasará del 4,75% al 3,5% en el 2027 si se aprueba la iniciativa. La baja de 1,25 puntos porcentuales representa una disminución del 26,3% sobre la alícuota vigente.

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Además, se amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder a la alícuota reducida del 2,5%. De los actuales 70.000 se pasará a unos 110.000, equivalentes al 57% del padrón, según datos oficiales.

Caputo varias veces planteó que se debe abrir una discusión para reducir impuestos considerados distorsivos y avanzar hacia un nuevo acuerdo fiscal. Viene reclamando que los gobernadores acompañen el proceso de desregulación y reducción tributaria que promueve la Rosada.

Sin embargo, Llaryora sostiene que la discusión debe contemplar también los impuestos nacionales y la distribución de los recursos. Plantea que las provincias no pueden resignar ingresos sin discutir qué hace Nación y cómo se financian las responsabilidades que quedaron en manos de las jurisdicciones.

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La obra pública es uno de los puntos claves de los reclamos de las provincias, que insisten en que debe arrancar la inversión en infraestructura. Los gobernadores señalan que las provincias no pueden reemplazar totalmente al Estado nacional sin recursos específicos.

Luis Caputo estuvo en Córdoba la semana pasada por la visita del Papa.Presidencia

El proyecto de presupuesto cordobés 2027 deja en claro que la provincia priorizará terminar las obras que ya están en ejecución y restringirá el inicio de nuevos proyectos, que dependerán de su importancia estratégica y de la disponibilidad de financiamiento.

Hace pocos días Caputo y Llaryora acordaron una compensación de deudas por $142.959 millones: el entendimiento no cerró las diferencias por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones ni los reclamos judiciales que la provincia mantiene ante la Corte Suprema.

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Cargas patrimoniales

El paquete tributario anunciado por Llaryora incluye también una reducción del 30% del Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y del 5% para el resto. Se mantendrán, además, los descuentos del 30% por “ciudadano cumplidor” y del 15% por pago en cuota única. Para el rural, las cuotas se actualizarán según el índice de precios mayoristas. No habrá revalúo en ningún caso.

“Hay que bajar para aliviar, entendiendo la situación”, dijo el gobernador al hacer el anuncio y agregó: “La nación también tiene que bajar”.

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El gobierno provincial calcula que el conjunto de las reducciones y beneficios tributarios representará un alivio de $1,5 billones en 2027. El costo de sostener las exenciones de Ingresos Brutos supera los $684.000 millones, mientras que las bonificaciones del Inmobiliario vinculadas con el cumplimiento y el pago en cuota única implican otros $240.990 millones.

El presupuesto contempla un superávit financiero de apenas 0,1%. Para sostener el equilibrio, el Ejecutivo anunció una reducción del 40% en publicidad oficial y concentrará los recursos en salud, educación, seguridad y programas sociales.

La decisión se toma en un escenario de actividad debilitada: según los datos difundidos por la provincia, cerraron más de 3000 establecimientos comerciales y se perdieron más de 35.000 puestos de trabajo. Además, la recaudación provincial acumula más de diez meses consecutivos de caída.

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Qué son las colectoras, el sistema que de votación que analiza el gobierno para las elecciones 2027

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En su intento por imponer su proyecto de reforma política, el gobierno de Javier Milei propone a sus aliados incluir una modificación al texto original que autoriza a usar el sistema de “colectoras” o “adhesiones”. Se trata de un mecanismo que permite a un candidato presidencial competir con más de una lista de legisladores adosada a la propia.

De ser aprobado, le permitiría al Gobierno ofrecerles a sus aliados la posibilidad de tener una lista propia de candidatos legislativos que esté ligada a la candidatura presidencial del propio Milei. Como el corazón de la reforma es la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la inclusión de las adhesiones dejaría un espacio de diferenciación a los partidos aliados que no quieren diluir su identidad en la boleta de La Libertad Avanza (LLA).

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El sistema de colectoras fue prohibido en 2019 a partir de un decreto que firmó Mauricio Macri previo a las elecciones en las que perdió contra Alberto Fernández.

Antes se había usado profusamente. Lo usó, por caso, Cristina Kirchner en 2011 en la provincia de Buenos Aires, cuando su candidatura presidencial a la reelección tuvo dos candidatos distintos a gobernador, Daniel Scioli (por el sello oficial Frente para la Victoria) y Martín Sabbatella (por Nuevo Encuentro).

Cristina Kirchner y Scioli, en 2011Casa Rosada

De otro modo, en 2019 el radical Gerardo Morales presentó su candidatura a gobernador de Jujuy adosada tanto a la lista presidencial de Macri como a la de Sergio Massa. Así ganó la provincia.

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Aunque todavía no se presentó el texto definitivo del proyecto, fuentes del oficialismo sostienen que se pondrá un límite de dos listas de adhesión en cada frente principal. Esto se debe a que el sistema debería convivir con la boleta única, cuyo espacio es limitado.

Durante años las colectoras no estaban ni permitidas ni prohibidas por el Código Electoral. Su uso se popularizó después de la crisis de los partidos políticos que significó el estallido de 2001.

La reforma electoral que creó las PASO, después de la derrota kirchnerista en los comicios de mitad de mandato de 2009, abrió la puerta a una regulación de las colectoras. Se hizo en el decreto reglamentario, de 2011, en el que se dispuso que en la formación de alianzas “pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza”.

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$LIBRA: uno de los imputados busca apartar a la jueza Ledesma y frenar la revisión que podría reactivar la causa

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La defensa de Mauricio Novelli pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma de la revisión de la causa $LIBRA, después de que la Sala II de la Cámara de Casación —que integra la magistrada— admitió por mayoría revisar los recursos de queja presentados por querellantes que reclaman volver a ser incluidos en el expediente.

El experto en criptomonedas que aparece relacionado con Javier Milei recusó a la magistrada con el argumento de que “su vínculo institucional con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales compromete la garantía de imparcialidad judicial”, porque esa organización intentó ser parte en el expediente.

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Si el recurso que debe definir Casación termina por legitimar a los supuestos damnificados, se abriría una vía para discutir el cierre del expediente e intentar reactivar la investigación. Además de Ledesma, la Sala II de Casación Penal está integrada por Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes deberán resolver la solicitud de Novelli.

Actualmente, $LIBRA es un caso cerrado en primera instancia, después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei y otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli. El fiscal Eduardo Taiano había dictaminado que no había elementos para sostener la existencia de un delito.

Mientras la Casación tiene pendiente evaluar la reincorporación de los querellantes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó un escrito ante el juzgado, donde señaló que faltan pruebas para dar concluida la pesquisa, entre ellas reconstruir el recorrido de los fondos y profundizar el análisis de comunicaciones y acuerdos comerciales.

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La recusación

El recurso que presentó la defensa de Novelli se concentró en el rol que deberá asumir la jueza Ángela Ledesma dentro de Casación. El planteo sostiene que Ledesma integra el Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que es parte del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Para la defensa, esa relación adquiere relevancia porque ambas organizaciones intentaron participar en la causa $LIBRA como querellantes. Aunque la Justicia rechazó aquel pedido, las entidades continuaron presentando iniciativas vinculadas con el impulso de la acusación.

También señaló a la organización porque cuestionó los sobreseimientos dispuestos en el caso y promovió otras medidas para sostener la investigación.

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Uno de los fundamentos expuestos por Daniel Rubinovich, el abogado de Novelli, remite a una publicación difundida por CIPCE el 7 de septiembre de 2026, que llevaba por título “Caso $LIBRA: excluir a las querellas profundiza la impunidad”.

El escrito de la defensa señaló que INECIP y CIPCE realizaron gestiones ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para impulsar la intervención de ese organismo en las incidencias recursivas promovidas por las querellas.

La posición de Novelli es que “existen circunstancias objetivas que comprometen la garantía constitucional de imparcialidad judicial”.

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Además, recordó dos antecedentes en los que la propia jueza había pedido no intervenir por su relación con estas organizaciones. El primero ocurrió en 2007, dentro de la causa conocida como Masacre de Pompeya. De acuerdo con el escrito, Ledesma se excusó entonces debido a la preocupación que INECIP había manifestado sobre ese proceso.

Ángela Ledesma

Los demás integrantes del tribunal aceptaron aquella excusación. La defensa señaló que la intervención de la entidad en ese expediente era menor que la que ahora atribuye a INECIP y CIPCE dentro de la causa $LIBRA.

El segundo antecedente corresponde a 2011, en la causa “López”. En ese expediente, Ledesma solicitó su inhibición ante la pretensión de CIPCE de actuar como amigo del tribunal.

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La defensa remarcó que, si la magistrada consideró que esos vínculos justificaban su apartamiento en casos previos, debería adoptar una decisión similar frente a una actuación que describe como más intensa por parte de las dos organizaciones.

El rol de Novelli en la causa $LIBRA

Mauricio Novelli, trader y organizador del Tech Forum Argentina, fue uno de los once investigados que resultaron sobreseídos en primera instancia. Durante la pesquisa, su nombre quedó asociado a un eventual rol de intermediación entre el entorno de Javier Milei y empresarios del ecosistema cripto, entre ellos Hayden Davis, uno de los impulsores del token.

La causa se originó a partir de denuncias que plantearon que la promoción de $LIBRA por parte de Javier Milei en X habría formado parte de una maniobra coordinada: tras el mensaje presidencial, el token subió con rapidez, atrajo fondos de miles de compradores y luego se desplomó cuando algunas billeteras retiraron liquidez.

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Los denunciantes sostuvieron que esa secuencia pudo configurar una estafa y también pidieron investigar posibles delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

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