En Infobae al Regreso, los referentes de Inquilinos Agrupados y Tejido Urbano discutieron el impacto social y económico tras el aumento de los alquileres en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, fenómeno que combina la suba de divorcios y la eliminación de la Ley de Alquileres.

Gervasio Muñoz y Fernando Álvarez de Celis analizaron los índices oficiales, la brecha con la inflación y las condiciones que enfrentan hoy los inquilinos ante el nuevo escenario regulatorio.

La discusión se centró en los números concretos. Matías Barbería puso sobre la mesa tres índices clave para entender la magnitud del aumento tras el cambio de gobierno: “Según Zonaprop, los alquileres aumentaron 195% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre noviembre de 2023 y abril de 2026. El índice oficial del Instituto de Estadísticas y Censos porteño marca un 204% en el mismo período”. Sin embargo, el dato más impactante llegó con el índice nacional: “En la región GBA, que incluye Capital y Gran Buenos Aires, el aumento fue del 657%”.

La inflación acumulada en ese período fue del 355%, lo que implica que “el precio de los alquileres casi duplica la inflación”. La disparidad entre índices, explicaron, responde a que algunos miden precios de publicación y otros lo que pagan efectivamente los inquilinos. “El ajuste viene porque se fue cambiando a las nuevas formas de alquiler fuera de la ley”, detalló Barbería.

Gervasio Muñoz cuestionó la validez de los argumentos de mercado: “Durante la Ley de Alquileres, los precios viajaban por debajo de la inflación y los salarios. Apenas se termina la ley, el mercado impone cualquier tipo de condición y aumentan los precios”. Para él, la intervención estatal es indispensable: “Hasta que no haya intervención del Estado sobre cuestiones centrales en materia de acceso a la vivienda en alquiler, la cosa va a estar cada vez peor”.

Álvarez de Celis remarcó cómo el fenómeno del divorcio multiplica la demanda de vivienda: “Hay una familia y, por una ruptura de pareja, se va de casa y tiene que alquilar otra vivienda. Aumenta por dos la demanda de vivienda”.

Muñoz aportó otra perspectiva sobre el supuesto déficit habitacional: “Hace muchísimo tiempo la población es la misma, pero hay más viviendas que hogares en la ciudad de Buenos Aires. Hay 230 mil viviendas más que hogares”. Sin embargo, buena parte de esas viviendas no se destinan al alquiler tradicional: “Hay un 10% vacías, muchas funcionan como consultorios o no se alquilan porque los dueños las usan como reserva de valor o para alquileres temporarios tipo Airbnb”.

La caída de la oferta formal, especialmente tras la derogación de la Ley de Alquileres, generó una migración hacia contratos informales y nuevas reglas de juego, con los inquilinos en clara desventaja. “El 60% de los alquileres estaba fuera de la ley”, advirtió Álvarez de Celis, señalando que la informalidad se volvió la norma y no la excepción hasta 2023.

El debate expuso las dificultades cotidianas que enfrentan los inquilinos ante la falta de regulación y el poder de negociación de grandes inmobiliarias. Muñoz recordó: “En 2017 se votó en la Legislatura porteña que la comisión en la ciudad de Buenos Aires ya no se la van a cobrar a los inquilinos, sino a los propietarios. Sin embargo, las inmobiliarias te la siguen cobrando igual, porque no te queda otra que aceptarlo”.

La presión financiera afecta especialmente a los jóvenes y familias de clase media, que atrasan su emancipación o deben compartir vivienda para reducir gastos. “Hay jóvenes que comparten habitaciones. Se alquilan camas en la ciudad de Buenos Aires. Las camas tienen precio”, describió Muñoz. Álvarez de Celis sumó: “Una persona que alquila paga entre dos y tres departamentos a lo largo de su vida”.

—

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó USD 17,74 millones en intereses al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por la activación de USD 2.500 millones del swap de monedas por USD 20.000 millones en el cuarto trimestre de 2025,

Así se desprende del informe de Estados Contables del Ejercicio 2025 del organismo presidido por Santiago Bausili. La operación se enmarcó en un acuerdo de estabilización cambiaria suscripto el 18 de octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas nacionales, entre el BCRA y el Tesoro estadounidense, por un monto máximo de hasta 20.000 millones de dólares.

El documento oficial describe ese convenio como parte de “una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante shocks externos y episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”.

El swap fue concertado y cancelado dentro del mismo ejercicio fiscal: el BCRA activó la operación durante el cuarto trimestre de 2025 y la saldó antes del cierre del período. El costo financiero de ese préstamo de corto plazo —USD 17,743 millones sobre un capital de USD 2.500 millones— equivale a una tasa de interés efectiva de aproximadamente 0,71% por el período de utilización.

Para la cancelación del tramo activado del swap, la autoridad monetaria tomó un nuevo préstamo con un organismo internacional. Según consta en los balances de la autoridad monetaria, se apeló al Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) por medio de un Convenio de Facilidad Crediticia por un monto de USD 2.500 millones, que, más intereses devengados, ascendía a USD 2.888,9 millones a fines del año pasado.

El BIS una organización con sede en Basilea, Suiza, que agrupa a bancos centrales de todo el mundo. Su función principal es fomentar la cooperación entre bancos centrales y promover la estabilidad financiera global.

Según el informe oficial, el swap con Estados Unidos tuvo como propósito “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. El mecanismo bilateral habilita al BCRA a ampliar “el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales”. En concreto, EE.UU. intervino en los mercados locales para contener al dólar antes de los comicios de medio término.

Los swaps de monedas son operaciones mediante las cuales dos bancos centrales o tesoros se intercambian divisas por un período determinado, con el compromiso de revertir la transacción en una fecha acordada y al pago de los intereses correspondientes. En este caso, la operación permitió al BCRA acceder temporalmente a dólares del Tesoro de Estados Unidos para reforzar sus reservas internacionales, sin que el acuerdo implicara una transferencia definitiva de fondos.

El acuerdo marco, firmado en octubre de 2025, habilitó operaciones de hasta USD 20.000 millones, aunque en esta primera utilización el monto activado fue de USD 2.500 millones. Los Estados Contables del Ejercicio 2025 del BCRA detallan que el monto del swap “ascendió a USD 2.500 millones” y que “los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a USD 17,743 millones”.

El respaldo financiero otorgado por el Tesoro de Estados Unidos al gobierno argentino, formalizado en octubre de 2025 con la habilitación de una línea de swap de divisas por hasta USD 20.000 millones, representó un cambio relevante tanto en la relación bilateral como en la orientación de la economía local.

La asistencia, gestionada mediante el Fondo de Estabilización de Cambios (ESF, por sus siglas en inglés), se implementó ante la volatilidad cambiaria observada en el período previo a las elecciones, en un escenario de reservas internacionales bajas y presión sobre el mercado de divisas.

A través de este mecanismo, el Banco Central estaba habilitado a intercambiar pesos por dólares, lo que permitió reforzar la defensa del peso y acceder con rapidez a moneda extranjera durante una etapa de marcada inestabilidad cambiaria.

De los USD 20.000 millones anunciados, solo se activaron USD 2.500 millones para intervenir en el mercado de cambios y moderar la volatilidad que caracterizó al período preelectoral. A comienzos de 2026, tanto el gobierno de Donald Trump como el de Javier Milei confirmaron que la Argentina repagó el mencionado monto.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, la Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) actualmente no tiene pesos”, comunicó Scott Bessent, titular de la cartera económica estadounidense, a principios de enero.

Por su parte, desde el BCRA informaron que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025″.

Las dos partes confirmaron la restitución de los fondos pendientes. El Tesoro de Estados Unidos empleó esos dólares para comprar pesos en el mercado de cambios, con el objetivo de disminuir la volatilidad registrada en la previa de las elecciones legislativas. Luego de la amplia victoria del oficialismo, el clima de incertidumbre disminuyó y el dólar mayorista mantuvo una cotización estable.

Por su parte, Bessent subrayó que Estados Unidos obtuvo beneficios económicos a partir del swap con Argentina, tal como se había comunicado al momento de firmar el acuerdo: “Para reiterar, el ESF nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.

El gobierno de Javier Milei lanzó la licitación para la venta del 90% de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y dio así el primer paso significativo de su plan de privatizaciones, pero en el Congreso aparecieron las primeras resistencias a través de un proyecto presentado por el kirchnerismo, pero con un guiño de bloques alineados con gobernadores.

La iniciativa busca impedir la transferencia de AySA a manos privadas y fue planteada como un tema de «preferencia» en la última sesión del Senado por Eduardo «Wado» de Pedro (Unión por la Patria), justo después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la puesta en marcha del proceso que se abrió formalmente este viernes.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el pliego de condiciones técnicas, legales y financieras para la venta de la empresa estatal de aguas en el marco de una licitación pública «nacional e internacional», por lo que incluye tanto a jugadores locales como extranjeros. La presentación de ofertas (primera etapa) concluye el 27 de agosto.

Con la privatización de AySA ya abierta, si la oposición logra avanzar con el tratamiento del proyecto antes de esa fecha podría generar mucho ruido en la licitación. Sería difícil que haya interesados en comprar una empresa pública si el Congreso da señales de trabar legalmente la operación.

Cuál es la primera señal de resistencia opositora a la privatizació de AySA

El proyecto que presentó De Pedro declara intransferibles las acciones de AySA que pertenecen al Estado, con lo que la excluye de cualquier proceso de privatización, concesión o cesión de su capital o gestión y la define como de «interés público y estratégico para el desarrollo humano». El argumento es la importancia de que «el agua potable» sea «gestionada por el bien común».

Durante la sesión del Senado del último jueves el senador kirchnerista presentó un «pedido de preferencia» para el tratamiento del proyecto una vez que tenga dictamen de las comisiones. La moción se aprobó con 35 votos a favor y 33 en contra, con lo que estuvo a solo dos votos de la mayoría absoluta de 37.

Pero lo más llamativo fue que votaron a favor de la preferencia varios bloques que suelen jugar como aliados de La Libertad Avanza (LLA), como la salteña Flavia Royón que responde al gobernador Gustavo Sáenz, la neuquina Julieta Corroza, alineada con Rolando Figueroa y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, alfiles de Carlos Rovira.

También el bloque Provincias Unidas de la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y el de Convicción Federal que la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza. Todos estuvieron de acuerdo en que el proyecto tenga preferencia si logra dictamen de comisión.

¿Se puede trabar el proceso de privatización?: riesgos y salvaguardas para Milei

Que el proyecto tenga que pasar por esa instancia es un dato tranquilizador para el Gobierno. Las chances de que la privatización de AySA se enturbie por esta iniciativa son bajas si se considera que el kirchnerismo no tiene número suficiente en ninguna de las comisiones como para apurar el tratamiento ni mucho menos para conseguir un dictamen de mayoría.

También es una señal favorable para el Gobierno que el PRO y la UCR votaran en contra de la moción de preferencia. No obstante, el acompañamiento de algunos de los senadores aliados -que de hecho ayudaron a La Libertad Avanza a menguar la representación del peronismo en las comisiones- es un llamado de atención para el bloque oficialista que encabeza Patricia Bullrich.

Según supo iProfesional de fuentes cercanas a uno de esos bloques, por ahora todo quedaría en ese gesto que se dio en el recinto. Si decidieran eventualmente empujar el proyecto también en las comisiones para buscar un dictamen, entonces el escenario se volvería más preocupante para el Gobierno.

Un dato clave es que la privatización de AySA está contemplada en la Ley Bases que se aprobó en 2024. De las más de 40 empresas públicas que Milei se proponía vender el Congreso le dejó apenas ocho, entre ellas Aguas y Saneamientos. Pero a pesar de las intensas negociaciones el oficialismo aprobó raspando esa norma en el Senado: empate en 36 votos y definió Victoria Villarruel.

El listado de privatizaciones fue uno de los puntos más discutidos de la Ley Bases y la votación del Senado mostró que la redacción final de esa norma no dejó a una mayoría clara conforme. Esto implica que la norma que habilitó al Gobierno a vender AySA no lo dejó totalmente blindado frente al humor cambiante de la política.

Previamente en Diputados (donde se dio la mayor «purga» de empresas a privatizar) la Ley Bases tuvo un resultado más holgado: 147 votos a favor y 107 en contra. Sin embargo, tras el recambio legislativo de 2025 algunos de esos 147 diputados ya no están y otros adoptaron en el último tiempo un perfil más crítico frente al Gobierno.

En ese marco, el proyecto que se presentó en el Senado no llega a ser un obstáculo para la privatización de AySA, aunque el Gobierno tendrá que monitorear el tema con atención para evitar sorpresas durante el proceso que finaliza en agosto. Si bien el Congreso habilitó la venta de la empresa mediante la Ley Bases, las tensiones con los aliados y el clima electoral -que se intensificará entre julio y agoso- pueden hacer que todo cambie.

Los detalles de la licitación que lanzó el Gobierno para vender AySA

Si bien el Gobierno ya puso en marcha también el proceso de privatización del Belgrano Cargas, la licitación para la venta de AySA es la primera de gran magnitud por el tamaño de la empresa, su importancia para la región metropolitana y sus antecedentes: fue creada en 2006 luego de que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindiera unilateralmente el contrato de explotación de Aguas Argentinas al grupo francés Suez.

La privatización es importante para Milei no solo porque forma parte de su plan de gobierno sino porque espera obtener al menos u$s500 millones, una suma que ayudaría a Caputo, a alcanzar el superávit fiscal que le exige el FMI y mostrar sostenibilidad para su programa.

La licitación pública nacional e internacional es sobre el 90% de las acciones de AySA que tiene el Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada.

El cronograma oficial fijó como límite para la presentación de ofertas el 27 de agosto. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres de la primera etapa, donde se evalúan las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. En el pliego de licitación se establece la figura del «operador estratégico», que podrá ser nacional o internacional pero deberá tener experiencia comprobada en servicios de agua potable y saneamiento.

Luego de esa primera instancia de análisis, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación correspondiente. Se prevé una concesión de 30 años (de comienzos de 2027 a 2057) para la prestación del servicio de aguas y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en unos 26 municipios del conurbano bonaerense. Según la información oficial de la compañía, hasta mediados de 2025 la cobertura de agua potable superó el 85% y en cloacas el 70%.

Con el lanzamiento de la licitación el gobierno de Javier Milei puso en marcha el proceso para privatizar AySA a casi dos años de la aprobación de la Ley Bases que lo habilitó para llevar a cabo esa operación. El desafío ahora para el Gobierno es que los vaivenes de la política no le compliquen el objetivo. Por el momento, el riesgo es bajo, pero el clima actual da algún margen para sorpresas.