POLITICA
AFA-gate: un fiscal general puso en suspenso la maniobra para unificar todas las causa en el juzgado de Campana
La maniobra judicial para intentar unificar al menos tres causas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el juzgado federal de Campana quedó en suspenso. El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, opinó que el expediente con todos los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión final quedó en manos del camarista Ignacio Rodríguez Varela, que ya decidió en ese sentido.
Sáenz sostuvo que la sede social de la AFA, al momento que se habrían cometido los delitos, estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Y se alineó con la argumentación del fiscal de la Cámara de Casación, Mario Villar, que argumentó que el juzgado de Campana no es competente para investigar las denuncias contra los máximos dirigentes de la AFA y denunció que esa causa se inició con un simple mail de Luciano Pantano, el supuesto dueño de la mansión. “La incompetencia intentada resultaría prematura, en tanto no se ha establecido aún cual es el tribunal a cargo de investigación del delito de lavado de activos, a la cual se está pretendiendo anexar esta pesquisa”, planteó Sáenz.
La causa que se pretende enviar a Campana comenzó con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y es la única que tiene todos los registros bancarios que reveló a partir del 28 de diciembre. Son más de 3000 páginas de transferencias obtenidas a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos.
Entre otras cosas, esos documentos revelan que se desviaron al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. La investigación de demostró que en realidad fueron al menos diez sociedades y que el desvío supera los US$ 57 millones.
El dinero provenía de al menos cinco cuentas de TourProdEnter. La última que se descubrió estaba en el PNC Bank y fue abierta por el propio Faroni. Esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones al mismo universo de sociedades fantasma que controlaban los implicados en la maniobra.
En dos ocasiones, la fiscal Silvana Russi y la jueza Paula Petazzi intentaron mandar la causa a otra jurisdicción. La última ocurrió hace pocos días. La decisión fue apelada por los abogados de Tofoni y ahora por el fiscal ante la Cámara Criminal y Correcional. “Frente a estos graves cuestionamientos señalados por mi colega ante la Cámara Federal de Casación Penal, y no habiéndose modificado el escenario en estos actuados respecto de aquellos que obraban cuando la Sala V de esta Cámara de Apelaciones revocó la incompetencia en favor de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, entiendo que debe rechazarse la inhibitoria planteada y mantenerse la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11”, sostuvo Sáenz.
En su dictamen, el fiscal general también tuvo en cuenta un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) “explicando toda la secuencia relativa al cambio de jurisdicción de la sede social de la AFA, y solicitando al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención de dicha Asociación en grado de veeduría”.
La otra investigación que ya aterrizó en Campana es la que llevaba adelante el juez Luis Armella, que comenzó con una denuncia sobre ex dirigentes de Banfield, luego se amplió a la financiera Sur Finanzas, y terminó rozando a Faroni y las sociedades fantasma.
Los encargados de resolver la disputa de fondo por la competencia son Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. El viernes, los jueces de la Cámara de Casación rechazaron una recusación contra Ledesma y quedaron en condiciones de resolver. Deben establecer qué tribunal es el competente para investigar las causas contra la AFA: el penal económico de Marcelo Aguinsky, el federal de Daniel Rafecas (el que ordenó los primeros allanamientos) o el federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
El presidente de la AFA Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino ya están procesados por la evasión de impuestos, pero están más pendientes de esa decisión.
Asociación del Fútbol Argentino (AFA),denunció que esa causa se inició con un simple mail de Luciano Pantano, el supuesto dueño de la mansión,Esa cuenta recaudó unos US$13 millones,La última ocurrió hace pocos días.,Nicolás Pizzi,AFAGate,Campana,Miami,Conforme a,,Sin prensa ni transmisión. Karina Milei dio otra señal de apoyo a Adorni y hubo un fuerte operativo para evitar un escrache,,Comodoro Py. Las dos prestamistas de Adorni declararon que les debe US$70.000 más los intereses,,Análisis. Cinco trampas de las que Milei no logra salir,AFAGate,,El modelo Tapia: de la gloria deportiva a la miseria ética,,»Mamá, me compré una Ferrari». La fortuna de Vallejo, el financista de la AFA, retratada en una frase,,AFAGate. La Justicia confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Chiqui Tapia y Toviggino
POLITICA
El gobierno de Brasil mantiene bajo análisis el regreso de su embajador a la Argentina y se extiende la tensión diplomática
La tensión diplomática entre la Argentina y Brasil continúa sin señales de distensión inmediata. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene bajo análisis el regreso de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, luego de haberlo llamado a consultas tras los dichos del presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño.
Según confirmaron a TN fuentes oficiales de Brasil, por el momento no existe una definición sobre el retorno del diplomático y la situación sigue siendo evaluada.
“No hay información sobre su regreso y la situación sigue bajo análisis”, señalaron fuentes de Itamaraty al ser consultadas sobre el futuro de Bitelli, cuya convocatoria a Brasilia fue una señal formal de malestar por parte del Palacio del Planalto.
La falta de una definición prolonga una crisis diplomática que comenzó el fin de semana, después de que Milei participara en un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo, donde acompañó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre. Durante ese discurso, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón” y “presidiario”, habló del “riesgo Lula” para Brasil y también cuestionó al juez Alexandre de Moraes.
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Las declaraciones provocaron una inmediata respuesta del gobierno brasileño. La Cancillería de ese país calificó el episodio sostuvo que nunca antes un presidente extranjero había realizado ese tipo de agravios contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas y el pueblo brasileño durante una visita oficial al país.
En ese contexto, el canciller brasileño, Mauro Vieira, convocó a consultas a Bitelli y mantuvo reuniones por separado tanto con el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, como con el propio representante brasileño.
Ese encuentro con Raimondi constituyó el primer contacto formal entre ambos gobiernos desde el inicio de la crisis. Según trascendió, Vieira le transmitió el malestar del gobierno de Lula por las declaraciones de Milei.
Posteriormente, el canciller brasileño también recibió a Bitelli en el Palacio de Itamaraty para realizar una primera evaluación del estado de la relación bilateral. De acuerdo con versiones publicadas por la prensa brasileña, ambos se reunirán en las próximas horas tras el regreso de Vieira de su viaje oficial a Lima, donde representó a Lula en la ceremonia de asunción presidencial de Keiko Fujimori.
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Mientras Brasil mantiene abierta la evaluación sobre el futuro inmediato de su embajador en Buenos Aires, el gobierno argentino envió señales de moderación y evitó una escalada del conflicto.
El canciller Pablo Quirno expresó que la Argentina espera que Bitelli regrese “lo antes posible” para continuar con la agenda bilateral entre ambos países.
“Esperamos que el embajador brasileño, Julio Bitelli, retorne a la Argentina”, afirmó el jefe de la diplomacia, quien insistió en que, desde la posición argentina, el enfrentamiento con Brasil no debe trasladarse al plano institucional.
Quirno sostuvo que el conflicto responde a diferencias políticas e ideológicas entre Milei y Lula, pero remarcó que eso no implica un deterioro de la relación entre los Estados. “De nuestro lado, no hay chance de que se rompan las relaciones bilaterales”, aseguró.
El canciller también destacó que la Argentina optó por separar las diferencias políticas de los vínculos institucionales.
“Separamos lo que es el carril político y el ideológico del carril institucional. Nosotros tuvimos episodios de esta naturaleza a los cuales no respondimos, ni vamos a responder a las declaraciones de Lula y sus funcionarios”, afirmó.
En ese sentido, señaló que el gobierno argentino mantiene “la más alta estima” por Bitelli y expresó su deseo de que, una vez concluidas las consultas en Brasilia, el diplomático retome sus funciones en Buenos Aires.
Quirno también evitó responder a las críticas formuladas por el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, quien calificó de “lamentables” los insultos de Milei contra Lula y consideró que esa actitud perjudica a la Argentina.
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“Son juicios de valor”, respondió el canciller argentino. Y agregó: “Es un país soberano, ellos toman sus decisiones, nosotros tomamos las nuestras”.
La convocatoria a consultas de Bitelli se produjo después de que Milei acusara públicamente al gobierno brasileño de haber financiado una campaña contra la Argentina y asegurara que Brasil tuvo “un rol muy activo” durante la campaña presidencial argentina de 2023.
Además del rechazo expresado por el Poder Ejecutivo brasileño, las declaraciones del mandatario argentino también recibieron cuestionamientos de distintos sectores políticos e institucionales de ese país. Entre ellos, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, quien respaldó al juez Alexandre de Moraes, y el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, que acusó a Milei de faltar el respeto a las instituciones brasileñas y al jefe de Estado.
Brasil, Lula Da Silva, Javier Milei, Pablo Quirno
POLITICA
Máximo Kirchner dijo que Cristina mostró su “voluntad de participar en la vida política” y dijo: “Queremos que sea candidata”
Después de que Cristina Kirchner anunciara que llevó su condena por corrupción en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su hijo mayor, el diputado nacional Máximo Kirchner, analizó la contienda electoral de cara al próximo año y volvió a ratificar que desde el Partido Justicialista (PJ) quieren que la expresidenta “sea candidata”.
“Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando, incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina”, indicó.
En diálogo con AM 530, Kirchner expresó que la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner “pone nerviosas” a muchas personas. “Entendemos que es la persona más capacitada para hacerlo y que dio muestras sobradas de tener el coraje para dar esa pelea y representar los intereses de los argentinos», señaló y agregó: “Esa proscripción que sufre Cristina y una porción de la sociedad que la quiere votar marcan el destino del país”.
Consultado sobre la chance de que la expresidenta —quien cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución— integre las listas del PJ, Máximo Kirchner sostuvo que su madre mantiene “la vocación de cambiar el destino de los argentinos” y aseguró que el objetivo del espacio político no es conseguir un eventual indulto, sino “que el país salga adelante”.
“Nuestro fin es que los argentinos puedan desarrollar sus vidas de manera mucho más normal y organizada de lo que vemos hoy, con un país en donde realmente se está rompiendo el orden social, en donde los equilibrios marcan cada vez más distancia entre unos y otros en la desigualdad económica”, subrayó.
En esta misma línea, ratificó que desde el PJ insisten en la candidatura de Cristina Kirchner ya que fue quien “llevó adelante a la Argentina” durante los ocho años que se extendió su presidencia. “Lo dicen aquellos que la pueden querer más y los que la pueden querer menos. Son testimonios constantes de que con Cristina esto no era así”, consideró y sumó: “Si hay algo que corta transversalmente el tema es que la realidad económica era muy diferente cuando gobernó ella de cuando no”.
Días antes, el diputado de Unión por la Patria ya había lanzado, desde la provincia de Buenos Aires, la candidatura de Cristina Kirchner.
«Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad», expresó desde el municipio de Carmen de Areco en un acto por en el Día de la Independencia.
Y desafió: “Vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear. Hace mucho tiempo que muchos compañeros y compañeras venimos trabajando juntos por una Argentina diferente. Nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Sabemos cuándo ayudarnos entre nosotros para dar las peleas que hay que dar. La organización, la participación de la sociedad en su destino debiera ser algo común”, prometió.
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Comienza una audiencia decisiva para definir la paritaria de la UOM: cuál es la nueva fórmula en discusión
Los delegados paritarios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales tendrán este mediodía una audiencia oficial con la Secretaría de Trabajo que puede ser decisiva para resolver el aumento salarial en las ramas metalmecánica y siderúrgica.
El encuentro, previsto para las 12 y que se hará de manera virtual, servirá para seguir analizando una fórmula distinta al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para recomponer los salarios de los metalúrgicos y los dirigentes gremiales buscarán recuperar un atraso de entre 13 y 14 puntos frente a la inflación en medio de una fuerte crisis industrial que combina caída de actividad, despidos y cierre de fábricas.
Según fuentes sindicales, cerca del 60% de los trabajadores del sector cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra ubicada por debajo de la línea de pobreza. En la rama siderúrgica, además, no se pactan aumentos de sueldos en la negociación colectiva desde hace dos años y cada empresa del sector fue otorgando mejoras por su cuenta a sus trabajadores.
La primera reunión oficial se realizó a principios de julio entre los delegados designados por la intervención judicial del gremio y las cámaras empresariales. Allí intercambiaron diagnósticos sobre el deterioro de la actividad y el desfase de los ingresos, y acordaron continuar las negociaciones de manera extraoficial.
El objetivo inmediato es actualizar las remuneraciones que quedaron atrasadas después del último acuerdo salarial, firmado en noviembre de 2025. Ese entendimiento contempló mejoras hasta marzo de este año con un incremento acumulado del 14% mediante sumas no remunerativas de 160 mil pesos, que no se incorporaron al básico y profundizaron el desfase.
La negociación salarial estuvo paralizada por la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a los delegados paritarios que fueron nombrados por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri. La situación cambió a partir de un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la facultad del interventor para discutir paritarias y designar a quienes participen de esas tratativas.
De esa forma pudieron reunirse en la sede de la UOM los delegados paritarios del sindicato Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), y empresarios de la Cámara Argentina del Acero para discutir los salarios de la rama siderúrgica, por un lado, y de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para hablar sobre aumentos para la rama metalmecánica, por otro.
La discusión salarial se desarrolla bajo una restricción adicional: el Gobierno no homologa paritarias que se ubiquen por encima de una inflación de alrededor del 2%. Ese límite oficial convive con el cálculo sindical y empresarial de una pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.
La situación interna del sindicato se agravó después de que el titular de la UOM, Abel Furlán fue desplazado de su cargo por otro fallo de la misma Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana por diversas irregularidades y esa decisión impactó sobre la conducción nacional del gremio.
El 22 de mayo, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González dejaron sin efecto tanto la elección de esa seccional como la elección nacional de autoridades de la UOM, realizada el 18 de marzo, en la que también había sido proclamado ganador Furlán. Al mismo tiempo, dispusieron la intervención del gremio por 180 días y encomendaron a Biglieri la convocatoria a nuevos comicios en Zárate-Campana bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.
En una de sus primeras medidas, el interventor presentó ante la Secretaría de Trabajo una nómina de nuevos delegados paritarios para negociar salarios, todos dirigentes enfrentados con la conducción de Furlán.
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo sostuvo en un dictamen que las atribuciones de Biglieri para designar delegados y conducir la negociación colectiva debían ser determinadas exclusivamente por el juzgado que ordenó su nombramiento. En esa resolución, la dependencia oficial afirmó que la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no podían ser confirmados ni ampliados por vía administrativa.
La Secretaría de Trabajo recomendó entonces pedir una aclaración judicial específica sobre el alcance de esas facultades. Esa respuesta llegó cuando la Sala VIII de esa Cámara rechazó el planteo oficial y sostuvo que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.
Con la firma del camarista Víctor Pesino, se ratificó que el interventor de la UOM “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización” y que entre ellas está la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas para esa tarea.
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