La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, defendió la retirada progresiva del Estado de la gestión energética y marcó una diferencia con las políticas de los ‘90, al sostener que el proceso actual debe respetar contratos y derechos adquiridos. Lo hizo en un contexto en el que la Argentina logró en abril pasado un superávit en su balanza energética de 1.248 millones de dólares, una cifra récord que se explica por un salto en las exportaciones de petróleo y un derrumbe en las importaciones, según informó el Indec.

“A diferencia de los ’90, ahora debemos respetar derechos adquiridos y contratos previos, por lo que el proceso es más gradual”, afirmó Tettamanti ante empresarios e inversores del sector, en el marco del Summit Shale organizado por Santander. La funcionaria subrayó que el objetivo del Gobierno es que el protagonismo en el sector energético recaiga en los privados y que el rol del Estado “debe ser cada vez menor”.

El discurso de Tettamanti llegó en un momento de fuerte expansión del sector: «Vaca Muerta superó en 2026 el umbral del 50% de la producción nacional de petróleo y gas, consecuencia de la concreción de nuevos proyectos en la Cuenca Neuquina. En ese marco, la secretaria atribuyó el boom de inversiones no a factores sectoriales aislados, sino al cambio de las condiciones y regulaciones en el país. “Esto ocurre porque se están corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos y atacando las causas de los problemas”.

Para Tettamanti, esas causas tienen un diagnóstico preciso: el exceso de gasto público, un déficit fiscal que definió como “incontrolable” durante años, y la emisión monetaria para financiarlo. “Por primera vez, hay un Gobierno que dice cuáles son las causas de la decadencia de la economía argentina”, afirmó, y señaló que el superávit fiscal es, para la administración de Javier Milei, “innegociable”.

La funcionaria advirtió, al mismo tiempo, que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola. Según su visión, debe ir acompañada de reglas claras y libertad económica a nivel microeconómico, con el menor nivel posible de intervención estatal. “Los problemas de la Argentina no se resuelven en cuatro años; se necesita continuidad”, señaló, en una alusión a la necesidad de que las políticas actuales trasciendan el período de gobierno.

En materia de energías renovables, Tettamanti sostuvo que el sector no requiere beneficios impositivos para ser competitivo, sino estabilidad fiscal. Por eso, el Gobierno impulsa una ley que renueve las condiciones vigentes. La funcionaria indicó que la ampliación del sistema de transporte eléctrico abrirá espacio para nuevos proyectos en ese segmento, hoy limitados a las zonas con garantía de despacho.

Sobre el gas natural licuado (GNL), Tettamanti anticipó que la Argentina seguirá importando volúmenes durante los picos de demanda invernal en los próximos años, aunque cada vez en menor medida. “A partir del año que viene necesitaremos menos GNL”, dijo, y agregó que la compra debería quedar en manos del sector privado, que “debe asumir los costos reales y tomar decisiones eficientes”.

Pese a la intención oficial de transferir esa operación al sector privado, la importación de GNL volvió a quedar este año en manos de Enarsa, tal como ocurre desde 2008. El acuerdo establece que el Gobierno subsidiará el costo de las importaciones destinadas a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios prioritarios, de manera de evitar aumentos abruptos en las tarifas, con el costo diferido en seis cuotas mensuales a partir de noviembre.

El esquema representa un cambio respecto al modelo vigente en décadas anteriores, cuando el Estado cubría también el costo del gas importado por las grandes industrias. Hasta el año pasado, Enarsa subsidiaba el precio internacional —de entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía localmente a cerca de USD 2,7. A partir de este invierno, la Secretaría de Energía dispone que solo los hogares y servicios prioritarios serán beneficiados por el subsidio en las tarifas reguladas, mientras que las industrias deberán asumir el costo pleno.

La Bancaria acordó una suba del 2,1%, la que se da en concordancia con el incremento de la inflación. También se actualizó el bono por el Día del Bancario

17/06/2026 – 17:24hs

La Asociación Bancaria cerró una nueva actualización de sueldo con las cámaras empresariales del sector financiero y confirmó un incremento del 2,1% correspondiente a mayo de 2026. Como resultado, el salario inicial de los trabajadores bancarios pasó a ubicarse en $2.437.232,92 mensuales, una de las remuneraciones más altas dentro de los convenios colectivos del país.

El acuerdo alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales que perciben los empleados de la actividad. La mejora será liquidada junto con los salarios de mayo.

Paritarias: cómo quedó el sueldo de los empleados bancarios

Tras la actualización acordada entre el sindicato y las entidades financieras, la estructura salarial quedó conformada de la siguiente manera:

• Salario inicial: $2.368.759,48.
• Participación en las ganancias (ROE): $68.473,44.
• Salario total de ingreso: $2.437.232,92.

La participación en las ganancias de las entidades financieras constituye uno de los elementos distintivos del convenio bancario y permite que los ingresos del sector se ubiquen por encima del promedio de la economía.

Desde el gremio destacaron que este mecanismo complementa el salario convencional y los adicionales específicos de la actividad, fortaleciendo el ingreso de los trabajadores.

El aumento acompaña la inflación acumulada

Con esta nueva corrección salarial, los empleados bancarios acumularon una mejora del 14,7% durante los primeros cinco meses de 2026 en comparación con los salarios vigentes en diciembre de 2025.

El porcentaje coincide con la inflación acumulada en el mismo período, según las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en línea con la estrategia de actualización mensual que viene aplicando el sindicato para evitar pérdidas de poder adquisitivo.

La Bancaria viene cerrando acuerdos periódicos a lo largo del año, con revisiones frecuentes que permiten adecuar los salarios a la evolución de los precios de la economía.

Bono por el Día del Bancario: cuánto se cobrará

El nuevo acuerdo también actualizó el tradicional bono por el Día del Bancario, uno de los beneficios más valorados dentro de la actividad, que se celebra el 6 de noviembre.

Según informó el sindicato, el monto mínimo quedó establecido en $2.111.667,14, aunque aclaró que la cifra será ajustada nuevamente si se producen futuras actualizaciones salariales durante los próximos meses.

De esta manera, el bono especial se mantiene atado a la evolución de las paritarias del sector financiero.

La estrategia salarial de La Bancaria

La negociación paritaria de 2026 se desarrolla bajo un esquema de revisiones mensuales que busca acompañar el comportamiento de la inflación y preservar el nivel de ingresos de los trabajadores.

Desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo señalaron que los acuerdos alcanzados durante el año tienen como principal objetivo sostener el poder adquisitivo de los salarios.

«Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios», expresó la organización en el comunicado difundido tras la firma del acuerdo.

Con salarios que ya superan los $2,4 millones mensuales para las categorías iniciales y un bono anual que supera los $2,1 millones, los trabajadores bancarios continúan ubicándose entre los mejores remunerados del mercado laboral formal argentino.

La reciente reforma laboral comenzó a generar cambios concretos en los mecanismos de control que utilizan miles de empresas para supervisar a contratistas y subcontratistas. Las modificaciones introducidas en los artículos 30 y 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), junto con su reglamentación, están llevando a las compañías a revisar procedimientos internos que durante años formaron parte de las auditorías laborales.

Uno de los puntos que más debate genera es el futuro del tradicional Libro Especial de Sueldos y Jornales, una herramienta históricamente utilizada para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de empresas tercerizadas.

Aunque la exhibición de este documento nunca constituyó un requisito legal expreso para limitar la responsabilidad solidaria de la empresa contratante, en la práctica se convirtió en uno de los principales elementos requeridos en los procesos de control y auditoría.

Reforma laboral: qué cambia con el artículo 30

La reforma laboral modificó el régimen de responsabilidad aplicable a las empresas que contratan servicios o tercerizan actividades vinculadas con su actividad principal.

La principal novedad es que la nueva redacción establece de manera específica cuál es la documentación que debe requerirse al contratista para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales.

Entre los documentos que deberán verificarse figuran:

• El CUIL de los trabajadores afectados a la prestación del servicio.

• Las constancias de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social.

• Los comprobantes de pago de salarios.

• La información de las cuentas bancarias donde los empleados perciben sus haberes.

• La cobertura de riesgos del trabajo (ART) con cláusula de endoso a favor de la empresa principal.

Según el nuevo esquema, la verificación de esta documentación queda expresamente vinculada a la posibilidad de que la empresa contratante limite su responsabilidad frente a eventuales incumplimientos laborales o previsionales del contratista.

De esta manera, el legislador buscó delimitar con mayor precisión cuáles son las obligaciones de control que recaen sobre quien terceriza una actividad.

El nuevo sistema de registración laboral

Otro de los cambios relevantes surge de la reglamentación del artículo 52 de la LCT mediante el Decreto 407/2026.

La norma establece que la registración de los trabajadores se considerará cumplida mediante las altas y bajas informadas a través de los sistemas administrados por ARCA. Además, determina que dicha registración será suficiente para todos los efectos legales y que no podrán exigirse requisitos registrales adicionales.

Como consecuencia de esta modificación, deja de ser obligatoria la llevanza del tradicional Libro Especial de Sueldos y Jornales, tanto en formato físico como digital.

Se trata de un cambio significativo para las empresas, ya que este documento era uno de los principales instrumentos utilizados para acreditar la correcta registración laboral.

Empresas revisan sus procesos de auditoría

La combinación de ambos cambios normativos está generando una revisión de los sistemas de control que las compañías aplican sobre sus proveedores de servicios.

Por un lado, la reforma establece de manera taxativa qué documentación resulta necesaria para limitar la responsabilidad de la empresa principal. Por otro, elimina una obligación registral que durante décadas fue considerada una herramienta central de fiscalización.

Frente a este escenario, numerosas organizaciones comenzaron a analizar sus matrices de control, sus procedimientos de compliance y los requisitos documentales exigidos a contratistas y subcontratistas.

El objetivo es determinar cuáles de esos controles continúan teniendo relevancia jurídica y cuáles responden a prácticas heredadas de un régimen que ya fue modificado.

Qué esperan los especialistas

Para especialistas en derecho laboral, el nuevo esquema podría traducirse en una simplificación de los procesos de auditoría y en una reducción de cargas administrativas tanto para contratistas como para empresas contratantes.

Sin embargo, advierten que todavía existen interrogantes sobre la forma en que estos cambios serán interpretados por los organismos de fiscalización y por la Justicia laboral.

En ese sentido, sostienen que la aplicación práctica de la reforma dependerá en gran medida de los criterios que adopten los jueces frente a eventuales conflictos vinculados con la responsabilidad solidaria en los procesos de tercerización.

Mientras tanto, las áreas de Recursos Humanos, Legales, Compras y Compliance ya comenzaron a trabajar en la adecuación de sus procedimientos internos a un esquema que busca centralizar la registración laboral en los sistemas de ARCA y establecer con mayor precisión cuáles son las obligaciones de control de las empresas que contratan servicios tercerizados.