La apertura de concursos preventivos de acreedores se disparó 130% en 2025 solamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los datos preliminares de 2026 muestran que el fenómeno se acentuó y que este año las empresas concursadas en CABA podrían “romper el récord que se alcanzó en pandemia”, según un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

El documento puntualizó que, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registró la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en el año 2023, lo que representa un incremento del 131,71%. La entidad advirtió que “la inercia destructiva empeoró en el arranque de 2026″: durante el primer trimestre judicial de ese año, es decir, entre febrero y abril, se abrieron 92 procesos concursales en la jurisdicción porteña.

El informe remarcó que esa cifra ya refleja más concursos que los registrados durante los años 2021 a 2024 respecto de cada año completo. En 2020, durante el pico de la pandemia, se ejecutaron 106 concursos preventivos de crisis, en contraste con los 190 del año pasado o con los 92 en solamente un trimestre de este año.

Desde IPA alertaron sobre “el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero”. Afirmaron que “la actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026” y que las consecuencias sociales de esta extinción de unidades productivas son dramáticas, ya que 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

El informe de IPA advirtió que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión, el cual se cristalizó mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa en el sector, arrojando un saldo negativo que resulta histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años. Frente a la crisis, “importantes firmas multinacionales abandonaron el país”, mientras que otras empresas locales buscaron sobrevivir transformando su matriz productiva.

El documento señaló que, ante la imposibilidad patrimonial que empuja a las pymes a un “fatal resultado falencial”, se registró una pérdida incalculable de capital con bienes de uso inactivos y se alcanzó una capacidad ociosa del 40,2%. Destacó que lo más trágico del cierre de fábricas es la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, y la afectación negativa a los stakeholders y al entorno de las empresas.

El presidente de IPA, Daniel Rosato, afirmó: “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”.

Rosato reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la “crisis terminal” que atraviesan las pymes y exigió al Congreso de la Nación que ponga en tratamiento legislativo y apruebe “en lo inmediato” el proyecto de ley de emergencia económica para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas.

Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución judicial de sus bienes, IPA reclamó que el Congreso trate el proyecto de ley de emergencia para el sector, con el objetivo de implementar un remedio paliativo y transitorio que permita a las pymes recuperar capital de trabajo y evitar un nuevo salto en los cierres y concursos preventivos.