La inflación mayorista se desaceleró en mayo al 2,5%, luego del 5,2% de abril, y acumula un alza del 14,4% en lo que va del 2026 y una suba interanual del 34,5% interanual.

Más allá de la baja mensual, el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) se ubicó por encima de la inflación minorista, que en el mismo período fue de 2,1%.

Según informó el INDEC, la inflación mayorista de mayo fue consecuencia de la suba de 2,5% en los «Productos nacionales» y de 3,1% en los «Productos importados».

Dentro de los «Productos nacionales», las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron «Sustancias y productos químicos», con 0,65 puntos porcentuales (p.p.); «Energía eléctrica», con 0,25 p.p.; «Productos refinados del petróleo», con 0,24 p.p.; «Alimentos y bebidas», con 0,22 p.p.; y «Petróleo crudo y gas», con 0,22 p.p.

Las señales detrás del dato de inflación mayorista

Más allá del dato correspondiente a mayo, la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) permite observar algunas tendencias de fondo sobre el comportamiento de los costos en la economía. En los primeros cinco meses de 2026, el indicador acumuló un incremento de 14,4%, aunque con diferencias marcadas entre los productos de origen nacional y los importados. Mientras los bienes nacionales registraron una suba de 15,1%, los productos importados avanzaron apenas 5,5%, reflejando una dinámica de precios considerablemente más moderada.

Al desagregar el comportamiento de los bienes nacionales, los productos primarios fueron los que mostraron el mayor incremento, con una suba acumulada de 26,7% entre enero y mayo. El principal impulso provino del rubro petróleo crudo y gas, que registró un alza de 65,7% en ese período. También sobresalieron los aumentos de la energía eléctrica, con 28,2%, y de los productos refinados del petróleo, que acumularon una variación de 27,3%. En contraste, las sustancias y productos químicos aumentaron 15,7%, en línea con el promedio de los productos manufacturados, que se ubicó en 11,4%.

La comparación con igual período del año anterior muestra una tendencia similar. En términos interanuales, el IPIM evidenció un fuerte incremento en los productos primarios, que registraron una suba de 48,8%, por encima del 31,2% correspondiente tanto a los productos manufacturados como a la energía eléctrica. Dentro del primer grupo volvió a destacarse el desempeño de petróleo crudo y gas, cuyo incremento alcanzó el 72%, el mayor de todo el índice, seguido por los productos refinados del petróleo, con un avance de 64,5%.

El resto de los sectores presentó variaciones más moderadas. La energía eléctrica acumuló una suba interanual de 33,9%, mientras que el rubro de sustancias y productos químicos mostró un incremento de 30%. En tanto, los productos importados aumentaron 26,3% en los últimos doce meses, un ritmo inferior al promedio general de los precios mayoristas.

¿Puede el IPIM anticipar la inflación minorista?

Uno de los puntos que vuelve a instalar el dato del IPIM es el debate sobre su capacidad para anticipar el comportamiento de la inflación al consumidor. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvieron en reiteradas oportunidades que la evolución de los precios mayoristas suele funcionar como un indicador adelantado del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Bajo esa interpretación, el resultado de mayo deja algunas señales para los próximos meses. Si bien el IPIM desaceleró respecto del registro de abril, continuó creciendo por encima del 2% mensual y, además, se ubicó por encima de la inflación minorista de mayo, que fue de 2,1%. El informe también mostró aumentos en prácticamente todos los rubros relevados, con la única excepción de los productos pesqueros.

No obstante, el dato también dejó un elemento considerado positivo por el Gobierno. La desaceleración evidenciaría una menor incidencia de los factores externos sobre la evolución de los costos internos. Tras conocerse el IPIM de abril, que había arrojado una suba de 5,2%, Caputo había explicado que cerca del 85% de ese incremento respondía al fuerte aumento del precio internacional del petróleo, impulsado por la guerra en Medio Oriente.

En mayo, en cambio, esa presión comenzó a moderarse. Los productos refinados del petróleo, que habían sido uno de los principales motores del índice el mes anterior, aumentaron apenas 1,8%, un porcentaje inferior al promedio general del IPIM. Para el equipo económico, ese comportamiento sugiere que el impacto de los shocks externos sobre los precios internos empieza a perder intensidad, un factor que podría contribuir a sostener la desaceleración de la inflación durante los próximos meses si esa tendencia logra consolidarse.

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, defendió la retirada progresiva del Estado de la gestión energética y marcó una diferencia con las políticas de los ‘90, al sostener que el proceso actual debe respetar contratos y derechos adquiridos. Lo hizo en un contexto en el que la Argentina logró en abril pasado un superávit en su balanza energética de 1.248 millones de dólares, una cifra récord que se explica por un salto en las exportaciones de petróleo y un derrumbe en las importaciones, según informó el Indec.

“A diferencia de los ’90, ahora debemos respetar derechos adquiridos y contratos previos, por lo que el proceso es más gradual”, afirmó Tettamanti ante empresarios e inversores del sector, en el marco del Summit Shale organizado por Santander. La funcionaria subrayó que el objetivo del Gobierno es que el protagonismo en el sector energético recaiga en los privados y que el rol del Estado “debe ser cada vez menor”.

El discurso de Tettamanti llegó en un momento de fuerte expansión del sector: «Vaca Muerta superó en 2026 el umbral del 50% de la producción nacional de petróleo y gas, consecuencia de la concreción de nuevos proyectos en la Cuenca Neuquina. En ese marco, la secretaria atribuyó el boom de inversiones no a factores sectoriales aislados, sino al cambio de las condiciones y regulaciones en el país. “Esto ocurre porque se están corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos y atacando las causas de los problemas”.

Para Tettamanti, esas causas tienen un diagnóstico preciso: el exceso de gasto público, un déficit fiscal que definió como “incontrolable” durante años, y la emisión monetaria para financiarlo. “Por primera vez, hay un Gobierno que dice cuáles son las causas de la decadencia de la economía argentina”, afirmó, y señaló que el superávit fiscal es, para la administración de Javier Milei, “innegociable”.

La funcionaria advirtió, al mismo tiempo, que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola. Según su visión, debe ir acompañada de reglas claras y libertad económica a nivel microeconómico, con el menor nivel posible de intervención estatal. “Los problemas de la Argentina no se resuelven en cuatro años; se necesita continuidad”, señaló, en una alusión a la necesidad de que las políticas actuales trasciendan el período de gobierno.

En materia de energías renovables, Tettamanti sostuvo que el sector no requiere beneficios impositivos para ser competitivo, sino estabilidad fiscal. Por eso, el Gobierno impulsa una ley que renueve las condiciones vigentes. La funcionaria indicó que la ampliación del sistema de transporte eléctrico abrirá espacio para nuevos proyectos en ese segmento, hoy limitados a las zonas con garantía de despacho.

Sobre el gas natural licuado (GNL), Tettamanti anticipó que la Argentina seguirá importando volúmenes durante los picos de demanda invernal en los próximos años, aunque cada vez en menor medida. “A partir del año que viene necesitaremos menos GNL”, dijo, y agregó que la compra debería quedar en manos del sector privado, que “debe asumir los costos reales y tomar decisiones eficientes”.

Pese a la intención oficial de transferir esa operación al sector privado, la importación de GNL volvió a quedar este año en manos de Enarsa, tal como ocurre desde 2008. El acuerdo establece que el Gobierno subsidiará el costo de las importaciones destinadas a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios prioritarios, de manera de evitar aumentos abruptos en las tarifas, con el costo diferido en seis cuotas mensuales a partir de noviembre.

El esquema representa un cambio respecto al modelo vigente en décadas anteriores, cuando el Estado cubría también el costo del gas importado por las grandes industrias. Hasta el año pasado, Enarsa subsidiaba el precio internacional —de entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía localmente a cerca de USD 2,7. A partir de este invierno, la Secretaría de Energía dispone que solo los hogares y servicios prioritarios serán beneficiados por el subsidio en las tarifas reguladas, mientras que las industrias deberán asumir el costo pleno.

El mes de junio marca la llegada de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los trabajadores estatales en todo el país. Este pago, también conocido como aguinaldo, representa el 50% del salario más alto percibido en el semestre y su acreditación depende del cronograma definido por cada provincia. En este contexto, la expectativa entre empleados públicos, jubilados y pensionados crece a medida que se acerca la fecha fijada para recibir estos fondos, fundamentales en el presupuesto de miles de familias.

El aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual registrado entre diciembre y junio, tal como indica la legislación nacional. Esta modalidad de cálculo aplica tanto para estatales como para otros trabajadores en relación de dependencia, sin distinción por jurisdicción o modalidad de contratación. El monto resulta clave para cubrir gastos extraordinarios o afrontar el período invernal, y se percibe en dos cuotas anuales.

Según la Ley 27.073, la fecha límite para abonar la segunda cuota del SAC es el 30 de junio. Sin embargo, la normativa concede un plazo de gracia de cuatro días hábiles para que empleadores y administraciones provinciales efectúen el depósito, por lo que algunos trabajadores pueden recibir el pago hasta el lunes 6 de julio de 2026. Esta flexibilidad permite a las provincias organizar su cronograma en función de sus recursos y capacidad administrativa.

El procedimiento para determinar el monto del aguinaldo resulta sencillo, aunque exige atención para evitar errores. El cálculo se basa en el sueldo bruto más alto percibido durante el semestre previo al pago. De este modo, si un trabajador obtuvo incrementos salariales, sumas extraordinarias o cobró adicionales, debe considerar el mes con mayor ingreso como referencia para el cálculo. El resultado corresponde al 50% de ese monto, sin descontar aportes ni retenciones, salvo los impuestos y deducciones habituales.

El aguinaldo representa un complemento fundamental para el ingreso de los empleados públicos y genera impacto directo en el consumo interno. Las fechas de pago varían según el distrito y dependen de la decisión de cada administración provincial, que puede adelantar o postergar el depósito en función de su disponibilidad financiera.

Algunas jurisdicciones ya comunicaron de manera oficial las fechas en que acreditarán el aguinaldo correspondiente a junio. A continuación, el detalle provincia por provincia:

• Catamarca: 20 de junio
• Chaco: 16 de junio
• Corrientes: 16 de junio
• Jujuy: 20 de junio
• La Pampa: 23 de junio
• La Rioja: entre el 18 y el 23 de junio
• Mendoza: 19 de junio
• Neuquén: 26 de junio
• Río Negro: entre el 19 y el 20 de junio
• Salta: 16 de junio
• San Juan: 19 de junio
• San Luis: 19 de junio
• Santiago del Estero: 16 de junio
• Tucumán: 16 de junio

Estas fechas permiten a los empleados públicos organizar sus compromisos económicos en función del calendario provincial. En algunos casos, la administración optó por escalonar los pagos entre diferentes organismos y reparticiones, mientras que en otros se estableció una única fecha para todos los estatales.

Al cierre de esta edición, varias provincias no informaron la fecha exacta de acreditación del aguinaldo. Entre ellas se encuentran:

• Buenos Aires
• Chubut
• Córdoba
• Formosa
• Misiones
• Santa Cruz
• Santa Fe
• Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

La definición de estos cronogramas suele depender de la disponibilidad de fondos, la negociación paritaria y la situación fiscal de cada distrito. Los trabajadores estatales de estos territorios permanecen atentos a los anuncios oficiales para conocer cuándo se efectivizará el pago.

La legislación establece de manera clara los períodos en los que debe abonarse el aguinaldo. El vencimiento del 30 de junio rige a nivel nacional, pero el plazo de gracia de cuatro días hábiles otorga margen a las provincias y a los empleadores del sector privado para cumplir con la obligación. Durante ese lapso, los trabajadores pueden consultar con su área de recursos humanos o a través de los canales oficiales de cada gobierno provincial para verificar la fecha exacta de cobro.

En el caso de los jubilados y pensionados, el calendario de pago del aguinaldo también queda sujeto a la programación del organismo previsional correspondiente, que suele anunciarlo en paralelo a la liquidación habitual de haberes mensuales.