POLITICA
Amenazas en las escuelas de CABA: cómo es el protocolo que aplica el gobierno de la Ciudad

En las últimas semanas, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un fenómeno que instaló la preocupación en autoridades, familias y la comunidad educativa: amenazas de violencia plasmadas en pintadas y mensajes dirigidos a escuelas, cuya propagación generó la activación de protocolos de resguardo y un refuerzo sin precedentes de las medidas de supervisión en los establecimientos.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó en conferencia que la prioridad del ejecutivo porteño es erradicar este tipo de prácticas: “Frente a casos de esta gravedad, no podemos ni vamos a minimizar los acontecimientos. No vamos a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar”.
“Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias, mucho más cuando se pone en riesgo o en peligro la propia vida y la de los demás. No se trata de una broma pesada, es un delito”, subrayó el alcalde porteño.
La dimensión nacional del fenómeno fue destacada por Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña, quien subrayó que el “fenómeno es global: ocurre en Chile, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay y, recientemente, todas las provincias argentinas han sufrido de alguna manera este tipo de amenazas”.
El dato que diferencia la situación en Buenos Aires respecto de otros distritos es que, de los más de doscientos casos registrados en el país, más de veinticinco requirieron intervención del Ministerio Público Fiscal local, según precisó el fiscal general Martín López Zabaleta.
En este sentido, Macri amplió: “En tres hechos concretos, las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la ciudad. En todos los casos, la justicia sigue investigando los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de los padres”.
Protocolo, despliegue y acción

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un protocolo para las escuelas, que establece un marco de actuación claro ante la sospecha o detección de armas —de fuego, blancas o impropias— dentro del ámbito educativo.
El protocolo define como “detección” la observación directa de un arma en la escuela y como “sospecha fundada” a cualquier denuncia —verbal, escrita o digital— con base en hechos concretos o conductas que sugieran la portación o amenaza de un arma. Para que proceda la intervención, estos elementos deben ser comprobables, y la evaluación recae sobre los equipos directivos y docentes.
El documento distingue tres tipos de armas: las armas de fuego (pistolas, revólveres, escopetas, fusiles e inclusive armas de fabricación casera), las armas blancas (objetos cortantes o punzantes, como cuchillos o navajas), y las armas impropias (herramientas, vidrios, tijeras, compases o cualquier objeto utilizado para amenazar o herir).
Ante la sospecha o presencia de un arma —en especial si se trata de una persona menor de edad—, el protocolo exige a las escuelas evitar cualquier intervención física. No se permite requisar ni manipular las pertenencias del estudiante, ni intentar quitarle el arma de forma directa. El procedimiento exige que un adulto de la institución, mejor si goza de la confianza del estudiante, lo acompañe a un ámbito reservado y seguro.
En cuanto a la revisión de objetos personales, como mochilas, el texto enfatiza que solo el adulto responsable del menor, en presencia de la conducción escolar, puede abrirlas. Frente a armas de fuego, la norma es categórica: “Solo las fuerzas de seguridad pueden manipular y retirar armas de fuego.” Por eso, cada vez que haya indicio o certeza de la presencia de un arma de fuego, es obligatorio llamar al 911 de inmediato, haya o no amenaza activa, debido al “potencial riesgo para la integridad de la comunidad educativa”.
El procedimiento es más flexible ante la presencia de armas blancas o impropias: solo se debe convocar a la policía si existe un riesgo concreto o una amenaza vigente. Si la situación no implica un peligro inminente, la escuela debe priorizar el resguardo y el abordaje institucional sin derivar el caso automáticamente a la fuerza pública.
Entre las medidas recomendadas ante la presencia de un arma de fuego se destaca “considerar toda arma de fuego como si estuviera cargada”, y procurar que la persona involucrada nunca apunte hacia otros ni manipule el objeto si no está bajo control policial. Para casos menos graves —como la detección de herramientas punzantes en un entorno técnico— el texto llama a una valoración cuidadosa y dialogada, evitando estigmatizar abusivamente a estudiantes o personal.
Procedimientos administrativos y obligación de denuncia judicial

La dimensión administrativa tiene un lugar central en el nuevo protocolo. Ante cualquier episodio, el equipo directivo debe comunicar la situación a la Supervisión Escolar o al superior jerárquico, registrar lo actuado en el Libro de Actas y confeccionar los partes correspondientes.
“Los establecimientos educativos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad judicial competente aquellos hechos que configuren un ilícito penal de acción pública o que afecten los derechos y garantías del menor”, sostiene el documento.
Para casos complejos, el protocolo prevé la articulación inmediata con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), activando el procedimiento conjunto establecido en la Resolución 1-CDNNYA/24. Si se presume que la persona adulta responsable de un estudiante es quien vulnera sus derechos, el equipo escolar debe comunicarse de inmediato con dicho organismo para recibir orientación.
La influencia de las pantallas y las redes sociales
Desde el gobierno porteño indicaron que la expansión del fenómeno está íntimamente relacionada con la lógica viral de las redes sociales, donde los contenidos violentos pueden amplificarse y transformarse en tendencias que viajan de distrito en distrito en cuestión de horas. “No podemos seguir activando protocolos mientras las empresas detrás de las redes sociales no asuman la responsabilidad que les cabe. Son conscientes del daño que se está generando”, criticó Miguel.
En este contexto, Macri subrayó la necesidad de acompañar a una generación que “está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes”, y sostuvo: “Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos”.

A su vez, la administración porteña reforzó su política de prevención con aulas libres de celulares en todos los niveles educativos y fomenta la firma de un compromiso familiar: hasta la fecha, más de cuarenta y ocho mil familias porteñas firmaron el acuerdo donde postergan el acceso al celular hasta la secundaria y se comprometen a supervisar los consumos digitales de sus hijos.
El fiscal general Martín López Zabaleta subrayó en su intervención que la protección de las víctimas y la “intervención inmediata” son prioridades para el Ministerio Público Fiscal. Y expuso que, frente a este tipo de hechos, la fiscalía actúa “con rapidez y precisión” a través de un despliegue conjunto con autoridades educativas, políticas y judiciales.
Por último, Macri subrayó el rol de las familias en este tipo de situaciones y la necesidad de establecer conversaciones entre padres e hijos: “No pensemos que un mensaje en un WhatsApp alcanza para preguntarle a nuestros hijos qué les ocurre. Necesitamos el tiempo, la atención, la dedicación, el silencio y la compañía a ellos para que nos hablen”.
Y concluyó: “A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
En la conferencia estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el de Justicia, Gabino Tapia; y el de Salud, Fernán Quirós. Además, la presidente del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamon; Javier Bujan, Presidente de la Cámara Penal; Carolina Stanley, titular del Ministerio Público Tutelar; y Victoria Morales Gorleri, presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros funcionarios del Poder Judicial, diputados por la Ciudad, representantes de escuelas privadas e integrantes de la comunidad educativa.
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POLITICA
"Esa mancha no se borra más": Mayra Mendoza arremetió contra Kicillof por negar su pertenencia al kirchnerismo, lo acusó de desleal y de dividir al PJ

La interna entre el kirchnerismo duro y el kicillofismo suma otro capítulo de tensión. La diputada provincial Mayra Mendoza disparó sin filtros contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y fue categórica sobre quienes intentan despegarse de la etiqueta kirchnerista: “Esa mancha no se borra más”, sentenció la legisladora, que también acusó al mandatario de dividir al peronismo y de tratar con discrecionalidad a los municipios que no responden a su nuevo armado político denominado Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el que apunta a sostener su proyecto político para llegar a la presidencia en 2027.
El tramo más contundente de la charla —en el streaming Sakura— llegó cuando la diputada habló de Cristina Fernández de Kirchner, quien hace más de un año cumple arresto domiciliario. Mendoza consideró que algunos dirigentes peronistas no están a la altura del acompañamiento que la expresidenta necesita, tras años de liderar la construcción de un proyecto político nacional.
“Todos tuvimos oportunidades (con CFK), algunos más que otros… Entonces hay una parte que yo no puedo entender, de deslealtad, desagradecimiento. Hay algunos dirigentes peronistas que no pueden reconocer esto y creen que la historia comienza cuando llegan ellos. No hay nada en la vida peor que ser desleal y desagradecido”, afirmó sin mencionar al gobernador, pero en una clara referencia hacia él.
La legisladora provincial recordó que Kicillof llegó al poder bajo la misma estructura política que ella integra, pero que al ser reelecto en 2023 optó por lanzar una nueva agrupación propia. “Tomó la decisión de dividir al peronismo”, afirmó Mendoza, y señaló que esa ruptura derivó en un trato discrecional hacia los municipios según su cercanía con el nuevo armado del gobernador. El caso de Quilmes es, según la exintendenta, el más ilustrativo: en sus últimos meses al frente del Ejecutivo municipal, aseguró que la gobernación no le respondía. “Lo llamaba como intendenta y no teníamos respuesta”, afirmó.
Reclamo por obras paralizadas
La diputada detalló el impacto concreto que el desfinanciamiento del gobierno nacional tiene sobre el distrito. Según enumeró, hay más de 800 viviendas paralizadas, una estación de tren sin avanzar y convenios tripartitos para la construcción de escuelas —entre Nación, provincia de Buenos Aires y el municipio— completamente detenidos.
A eso se suma la deuda que la Nación mantiene con la provincia, que Mendoza cifró en 15 billones de pesos. “La decisión de Milei de desfinanciar la obra pública afecta muchísimo”, sostuvo.
En cuanto al reclamo hídrico, explicó que Quilmes sufre anegamientos tanto por sudestada sobre el Río de la Plata como por los arroyos San Francisco y Las Piedras, y que el distrito llegó a crear por ley una cuenca que reúne ambos cursos de agua, pero el financiamiento provincial nunca llegó. “Que nos ayude”, insistió sobre los pedidos que viene realizando ante la gobernación sin obtener respuesta.
POLITICA
El Gobierno ajusta su estrategia en el Congreso para evitar complicaciones con el Presupuesto 2027 y los proyectos por Malvinas

El Gobierno busca acelerar su agenda en el Senado y trabaja para llegar a octubre con una sesión amplia en Diputados, después de que la oposición lograra imponer los emplazamientos por morosidad y Discapacidad. La Casa Rosada pretende volver a concentrar la iniciativa parlamentaria con el Presupuesto 2027, el proyecto por Malvinas y la reforma del mercado de capitales.
En Balcarce 50 proyectan agrupar iniciativas propias en una misma sesión, una modalidad que el oficialismo utilizó en otras oportunidades para ordenar los acuerdos con sus aliados y evitar votaciones aisladas. “Nosotros siempre hacemos sesiones amplias”, sostienen en Nación sobre el esquema que preparan para la Cámara Baja.
El calendario dependerá de los tiempos de comisión de cada iniciativa. El Presupuesto será uno de los ejes centrales, mientras que el paquete de Defensa de la Soberanía Nacional ingresará primero a Diputados y el Gobierno espera acelerar su tratamiento. La reforma del mercado de capitales todavía debe completar su recorrido antes de llegar al recinto.
El Ejecutivo enviará el Presupuesto 2027 al Congreso en los próximos días. Javier Milei no tiene previsto ir personalmente a Diputados para presentar el proyecto, a diferencia de exposiciones anteriores, y la Casa Rosada todavía termina de definir el formato político y técnico con el que defenderá la iniciativa.
La búsqueda de una sesión fuerte en octubre responde también al nuevo escenario que dejó la última sesión especial. La oposición consiguió abrir el recinto por sus propios medios y emplazó a las comisiones para forzar dictámenes sobre Discapacidad y endeudamiento familiar, dos discusiones que el Gobierno había intentado contener.
En el oficialismo reconocen que no quieren acumular nuevas derrotas a medida que se profundiza el clima electoral. La estrategia es negociar antes con los bloques dialoguistas, ordenar los textos y evitar llegar al recinto sin los respaldos necesarios.
El paquete por Malvinas aparece como una de las herramientas para esa reconstrucción. La Casa Rosada confía en conseguir una mayoría transversal para endurecer las sanciones contra empresas que operan sin autorización argentina en las islas y ya mantuvo conversaciones con el PRO, que anticipó su acompañamiento a la iniciativa.
POLITICA
“Milei es un malvinero de mecha corta”, aseguró Maximiliano Ferraro antes del debate en el Congreso

El diputado Maximiliano Ferraro sostuvo en Infobae al Amanecer que el Gobierno deberá traducir sus anuncios sobre Malvinas en una ley, inversiones en Defensa y partidas concretas dentro del Presupuesto 2027
Ferraro fue invitado al estudio para abordar la expectativa parlamentaria sobre el proyecto anunciado por el presidente Javier Milei. Durante su paso por Infobae al Amanecer, dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar sobre la agenda legislativa, la emergencia en discapacidad, la situación educativa y el esquema económico.
El legislador de la Coalición Cívica ubicó el anuncio presidencial dentro de un escenario de iniciativas que todavía no llegaron al Congreso. “Creo que estamos a la espera porque pasaron 12 días del Milei malvinero”, expresó al referirse a la cadena nacional.
Para Ferraro, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas requiere continuidad institucional. “Malvinas debe ser una política de Estado”, afirmó, antes de vincular la falta de novedades sobre ese proyecto con la demora en la presentación del Presupuesto 2027.
El diputado enumeró otros asuntos que comenzaron a tomar lugar en la Cámara de Diputados. “Estamos esperando ese proyecto de ley, como estamos esperando el ingreso del Presupuesto 2027”, dijo.
La discusión parlamentaria también abarca el endeudamiento de los hogares y las dificultades de las personas con discapacidad frente a los pagos a prestadores y terapistas. Sobre ese cuadro, Ferraro señaló: “Estamos comenzando el debate de dos temas que el Gobierno no quería tratar en el Parlamento”.
Malvinas
Ferraro apuntó a la consistencia entre el anuncio presidencial y las decisiones económicas del Gobierno. “No es que no le creo: es un Milei malvinero de mecha corta”, afirmó.
El diputado tomó como ejemplo a Harbour Energy, una compañía vinculada a un proyecto beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Ferraro sostuvo que la empresa había recibido sanciones en Argentina antes de acceder a beneficios del esquema.
“En 2013 fue penalizada por la Argentina y en 2025 se le dio el beneficio del RIGI”, planteó al cuestionar la participación de esa firma en un proyecto alcanzado por el régimen.
Ferraro se refirió a una participación accionaria del 15% y planteó interrogantes sobre los controles previos. “¿La Legal y Técnica del ministro de Economía no vio que una empresa con 15% de participación accionaria había sido penalizada por la misma ley que hoy reivindican?”, preguntó.
El diputado objetó que el Ejecutivo promueva sanciones más duras para empresas que operen en la zona de Malvinas si previamente les concedió espacios de negociación o incentivos. “No solamente las invitaban, sino que las sentaban en la mesa”, sostuvo.
Pese a esas críticas, Ferraro descartó que la oposición se niegue a una norma que fortalezca la defensa de la soberanía argentina. “No me imagino poniéndome en contra”, dijo ante la posibilidad de que el proyecto eleve sanciones para compañías vinculadas a actividades en torno a las islas.
Su planteo se concentró en el alcance material de la propuesta. “Eso tiene que tener un reflejo también, no solamente en la Ley de Defensa de Soberanía de Malvinas, que es una manda constitucional, sino en cómo eso se refleja en el presupuesto”, afirmó.
Ferraro mencionó entre las medidas anunciadas por Milei la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. “Lo que es concretar la base naval integrada en Tierra del Fuego” debe formar parte de esa discusión, sostuvo.
Para Ferraro, la credibilidad del anuncio dependerá de las decisiones que acompañen el discurso. “¿Cómo se demuestra si realmente va a ser creíble? Con acciones concretas, no solamente en lo meramente discursivo o en la estrategia comunicacional”, expresó.
El legislador vinculó la cuestión con la situación política del Presidente. “Intenta relegitimarse porque es algo que está muy en el corazón de los argentinos”, afirmó sobre el uso de Malvinas en la conversación pública.
A la vez, rechazó una lectura basada en lo que definió como nacionalismos extremos. “No creo en los nacionalismos tontos, y eso no quiere decir que no reivindique y no defienda la gesta de Malvinas”, manifestó.
El Presupuesto 2027

La semana previa, distintos bloques opositores impulsaron una sesión para tratar emplazamientos a comisiones. Ferraro sostuvo que esa instancia modificó la posición de La Libertad Avanza y sus aliados ante las iniciativas que no figuraban entre las prioridades oficiales.
“Logramos abrir el recinto”, afirmó el diputado, quien añadió que el oficialismo y parte de sus socios parlamentarios aceptaron tratar la situación de quienes acumulan deudas y la emergencia vinculada a discapacidad.
Al describir la dimensión que atribuyó al problema financiero de los hogares, Ferraro señaló: “Hoy seis millones de argentinos están endeudados y siete de cada diez lo hicieron para comprar alimentos o sostener el hogar”.
El legislador también introdujo el debate educativo en la discusión presupuestaria. “El presupuesto educativo del 2023 al 2025 cayó más del 47%”, afirmó, y ligó esa evolución con los resultados de las evaluaciones PISA.
Ferraro aclaró que la situación educativa no puede adjudicarse solamente a la actual administración. “No es responsabilidad de este Gobierno, pero hay que ponerlo sobre la mesa”, sostuvo.
Como alternativa para quienes enfrentan compromisos financieros, puso sobre la mesa un proyecto propio de portabilidad financiera. “Vos podés renegociar y los bancos salen a competir respecto de cómo te refinancian, a qué plazo y con qué tipo de interés”, explicó.
El mecanismo, según describió, permitiría que una persona traslade su historial crediticio hacia otra entidad para buscar mejores condiciones. “Tu carpeta la podés llevar a otras entidades bancarias y esas entidades bancarias compiten entre sí para ofrecerte mejores condiciones”, indicó.
Ferraro incluyó en esa propuesta a deudores de consumos, préstamos personales y créditos hipotecarios. “No es solamente la carpeta de un solo crédito que podés tener, sino que en esa instancia el banco te renegocia y te ofrece por ahí otro tipo de condiciones”, dijo.
En ese punto, también relacionó la morosidad con decisiones monetarias previas. “Tuviste un tiempo atrás que el Banco Central te puso una tasa de referencia alta y eso también incidió en cómo hoy está la situación”, manifestó.
Sobre la disputa política por la sesión, Ferraro afirmó que el oficialismo buscó impedirla hasta el último momento. “Veinticuatro horas antes de la sesión estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para que la sesión no sucediera”, dijo.
El legislador indicó que la oposición reunió entre 133 y 135 diputados para avanzar con la convocatoria, mientras que el número requerido para habilitar una sesión es de 139. “Cuando se dieron cuenta de que nosotros teníamos 133, 135 diputados, decidieron bajar”, aseguró.
Según su reconstrucción, la discusión permitió emplazar a comisiones que, de acuerdo con su visión, el oficialismo había dejado sin actividad. “Ellos habían decidido cerrar” esas comisiones, expresó.

Las críticas a Luis Caputo
El diputado también fue consultado por el impacto del RIGI y por los sectores que mostraron mejores resultados dentro de la economía. “Principalmente minería e hidrocarburos, por el desarrollo y el potencial que tiene Vaca Muerta”, respondió.
Ferraro agregó que las entidades financieras también obtuvieron beneficios durante este período. “Otro de los sectores que ganaron muchísimo, y hay que decirlo, son el sector financiero y los bancos”, afirmó.
A partir de una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el consumo en la calle Corrientes, el diputado cuestionó la distancia entre ese mensaje y la situación de los hogares. “Si hay una buena situación y él confía tanto en esa situación que administra, que traiga la plata que tiene en el exterior”, sostuvo.
El legislador diferenció esa exigencia de la libertad de los particulares para decidir dónde colocar sus ahorros o inversiones. “Estoy hablando de funcionarios públicos que tenemos responsabilidades públicas. No me estoy refiriendo al ciudadano común”, aclaró.
Ferraro extendió el pedido a otros integrantes del gabinete nacional. “Tiene que dar el ejemplo él, como tiene que dar el ejemplo Sturzenegger, como tiene que dar el ejemplo la política”, dijo.
El diputado recordó una intervención de Caputo ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, donde el ministro había llamado a convencer a las familias para que retiren sus ahorros de los colchones. “¿No le dijo el otro día a unos estudiantes: ‘Convenzan a sus padres que saquen la guita de los colchones’?”, preguntó.
También señaló que dentro del Gobierno existirían voces con inquietudes sobre el día a día económico. “Algunos plantean prestar atención a la microeconomía, la economía del día a día de millones de argentinos”, sostuvo.
Ferraro cerró su crítica con una referencia a la interna oficialista. “Es una actitud cínica para quedar bien con el rey o con la reina, que es el Presidente o la hermana Karina Milei”, concluyó.

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