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Amenazas en las escuelas de CABA: cómo es el protocolo que aplica el gobierno de la Ciudad

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En las últimas semanas, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un fenómeno que instaló la preocupación en autoridades, familias y la comunidad educativa: amenazas de violencia plasmadas en pintadas y mensajes dirigidos a escuelas, cuya propagación generó la activación de protocolos de resguardo y un refuerzo sin precedentes de las medidas de supervisión en los establecimientos.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó en conferencia que la prioridad del ejecutivo porteño es erradicar este tipo de prácticas: “Frente a casos de esta gravedad, no podemos ni vamos a minimizar los acontecimientos. No vamos a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar”.

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“Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias, mucho más cuando se pone en riesgo o en peligro la propia vida y la de los demás. No se trata de una broma pesada, es un delito”, subrayó el alcalde porteño.

La dimensión nacional del fenómeno fue destacada por Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña, quien subrayó que el “fenómeno es global: ocurre en Chile, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay y, recientemente, todas las provincias argentinas han sufrido de alguna manera este tipo de amenazas”.

El dato que diferencia la situación en Buenos Aires respecto de otros distritos es que, de los más de doscientos casos registrados en el país, más de veinticinco requirieron intervención del Ministerio Público Fiscal local, según precisó el fiscal general Martín López Zabaleta.

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En este sentido, Macri amplió: “En tres hechos concretos, las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la ciudad. En todos los casos, la justicia sigue investigando los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de los padres”.

Protocolo, despliegue y acción

Jorge Macri junto a Mercedes Miguel y Martín López Zabaleta.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un protocolo para las escuelas, que establece un marco de actuación claro ante la sospecha o detección de armas —de fuego, blancas o impropias— dentro del ámbito educativo.

El protocolo define como “detección” la observación directa de un arma en la escuela y como “sospecha fundada” a cualquier denuncia —verbal, escrita o digital— con base en hechos concretos o conductas que sugieran la portación o amenaza de un arma. Para que proceda la intervención, estos elementos deben ser comprobables, y la evaluación recae sobre los equipos directivos y docentes.

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El documento distingue tres tipos de armas: las armas de fuego (pistolas, revólveres, escopetas, fusiles e inclusive armas de fabricación casera), las armas blancas (objetos cortantes o punzantes, como cuchillos o navajas), y las armas impropias (herramientas, vidrios, tijeras, compases o cualquier objeto utilizado para amenazar o herir).

Ante la sospecha o presencia de un arma —en especial si se trata de una persona menor de edad—, el protocolo exige a las escuelas evitar cualquier intervención física. No se permite requisar ni manipular las pertenencias del estudiante, ni intentar quitarle el arma de forma directa. El procedimiento exige que un adulto de la institución, mejor si goza de la confianza del estudiante, lo acompañe a un ámbito reservado y seguro.

En cuanto a la revisión de objetos personales, como mochilas, el texto enfatiza que solo el adulto responsable del menor, en presencia de la conducción escolar, puede abrirlas. Frente a armas de fuego, la norma es categórica: “Solo las fuerzas de seguridad pueden manipular y retirar armas de fuego.” Por eso, cada vez que haya indicio o certeza de la presencia de un arma de fuego, es obligatorio llamar al 911 de inmediato, haya o no amenaza activa, debido al “potencial riesgo para la integridad de la comunidad educativa”.

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El procedimiento es más flexible ante la presencia de armas blancas o impropias: solo se debe convocar a la policía si existe un riesgo concreto o una amenaza vigente. Si la situación no implica un peligro inminente, la escuela debe priorizar el resguardo y el abordaje institucional sin derivar el caso automáticamente a la fuerza pública.

Entre las medidas recomendadas ante la presencia de un arma de fuego se destaca “considerar toda arma de fuego como si estuviera cargada”, y procurar que la persona involucrada nunca apunte hacia otros ni manipule el objeto si no está bajo control policial. Para casos menos graves —como la detección de herramientas punzantes en un entorno técnico— el texto llama a una valoración cuidadosa y dialogada, evitando estigmatizar abusivamente a estudiantes o personal.

Procedimientos administrativos y obligación de denuncia judicial

Jorge Macri, en conferencia

La dimensión administrativa tiene un lugar central en el nuevo protocolo. Ante cualquier episodio, el equipo directivo debe comunicar la situación a la Supervisión Escolar o al superior jerárquico, registrar lo actuado en el Libro de Actas y confeccionar los partes correspondientes.

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“Los establecimientos educativos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad judicial competente aquellos hechos que configuren un ilícito penal de acción pública o que afecten los derechos y garantías del menor”, sostiene el documento.

Para casos complejos, el protocolo prevé la articulación inmediata con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), activando el procedimiento conjunto establecido en la Resolución 1-CDNNYA/24. Si se presume que la persona adulta responsable de un estudiante es quien vulnera sus derechos, el equipo escolar debe comunicarse de inmediato con dicho organismo para recibir orientación.

La influencia de las pantallas y las redes sociales

Desde el gobierno porteño indicaron que la expansión del fenómeno está íntimamente relacionada con la lógica viral de las redes sociales, donde los contenidos violentos pueden amplificarse y transformarse en tendencias que viajan de distrito en distrito en cuestión de horas. “No podemos seguir activando protocolos mientras las empresas detrás de las redes sociales no asuman la responsabilidad que les cabe. Son conscientes del daño que se está generando”, criticó Miguel.

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En este contexto, Macri subrayó la necesidad de acompañar a una generación que “está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes”, y sostuvo: “Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos”.

Desde el GCBA criticaron el rol de las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la administración porteña reforzó su política de prevención con aulas libres de celulares en todos los niveles educativos y fomenta la firma de un compromiso familiar: hasta la fecha, más de cuarenta y ocho mil familias porteñas firmaron el acuerdo donde postergan el acceso al celular hasta la secundaria y se comprometen a supervisar los consumos digitales de sus hijos.

El fiscal general Martín López Zabaleta subrayó en su intervención que la protección de las víctimas y la “intervención inmediata” son prioridades para el Ministerio Público Fiscal. Y expuso que, frente a este tipo de hechos, la fiscalía actúa “con rapidez y precisión” a través de un despliegue conjunto con autoridades educativas, políticas y judiciales.

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Por último, Macri subrayó el rol de las familias en este tipo de situaciones y la necesidad de establecer conversaciones entre padres e hijos: “No pensemos que un mensaje en un WhatsApp alcanza para preguntarle a nuestros hijos qué les ocurre. Necesitamos el tiempo, la atención, la dedicación, el silencio y la compañía a ellos para que nos hablen”.

Y concluyó: “A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

En la conferencia estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el de Justicia, Gabino Tapia; y el de Salud, Fernán Quirós. Además, la presidente del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamon; Javier Bujan, Presidente de la Cámara Penal; Carolina Stanley, titular del Ministerio Público Tutelar; y Victoria Morales Gorleri, presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros funcionarios del Poder Judicial, diputados por la Ciudad, representantes de escuelas privadas e integrantes de la comunidad educativa.

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Qué son las colectoras, el sistema que de votación que analiza el gobierno para las elecciones 2027

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En su intento por imponer su proyecto de reforma política, el gobierno de Javier Milei propone a sus aliados incluir una modificación al texto original que autoriza a usar el sistema de “colectoras” o “adhesiones”. Se trata de un mecanismo que permite a un candidato presidencial competir con más de una lista de legisladores adosada a la propia.

De ser aprobado, le permitiría al Gobierno ofrecerles a sus aliados la posibilidad de tener una lista propia de candidatos legislativos que esté ligada a la candidatura presidencial del propio Milei. Como el corazón de la reforma es la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la inclusión de las adhesiones dejaría un espacio de diferenciación a los partidos aliados que no quieren diluir su identidad en la boleta de La Libertad Avanza (LLA).

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El sistema de colectoras fue prohibido en 2019 a partir de un decreto que firmó Mauricio Macri previo a las elecciones en las que perdió contra Alberto Fernández.

Antes se había usado profusamente. Lo usó, por caso, Cristina Kirchner en 2011 en la provincia de Buenos Aires, cuando su candidatura presidencial a la reelección tuvo dos candidatos distintos a gobernador, Daniel Scioli (por el sello oficial Frente para la Victoria) y Martín Sabbatella (por Nuevo Encuentro).

Cristina Kirchner y Scioli, en 2011Casa Rosada

De otro modo, en 2019 el radical Gerardo Morales presentó su candidatura a gobernador de Jujuy adosada tanto a la lista presidencial de Macri como a la de Sergio Massa. Así ganó la provincia.

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Aunque todavía no se presentó el texto definitivo del proyecto, fuentes del oficialismo sostienen que se pondrá un límite de dos listas de adhesión en cada frente principal. Esto se debe a que el sistema debería convivir con la boleta única, cuyo espacio es limitado.

Durante años las colectoras no estaban ni permitidas ni prohibidas por el Código Electoral. Su uso se popularizó después de la crisis de los partidos políticos que significó el estallido de 2001.

La reforma electoral que creó las PASO, después de la derrota kirchnerista en los comicios de mitad de mandato de 2009, abrió la puerta a una regulación de las colectoras. Se hizo en el decreto reglamentario, de 2011, en el que se dispuso que en la formación de alianzas “pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza”.

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$LIBRA: uno de los imputados busca apartar a la jueza Ledesma y frenar la revisión que podría reactivar la causa

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La defensa de Mauricio Novelli pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma de la revisión de la causa $LIBRA, después de que la Sala II de la Cámara de Casación —que integra la magistrada— admitió por mayoría revisar los recursos de queja presentados por querellantes que reclaman volver a ser incluidos en el expediente.

El experto en criptomonedas que aparece relacionado con Javier Milei recusó a la magistrada con el argumento de que “su vínculo institucional con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales compromete la garantía de imparcialidad judicial”, porque esa organización intentó ser parte en el expediente.

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Si el recurso que debe definir Casación termina por legitimar a los supuestos damnificados, se abriría una vía para discutir el cierre del expediente e intentar reactivar la investigación. Además de Ledesma, la Sala II de Casación Penal está integrada por Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes deberán resolver la solicitud de Novelli.

Actualmente, $LIBRA es un caso cerrado en primera instancia, después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei y otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli. El fiscal Eduardo Taiano había dictaminado que no había elementos para sostener la existencia de un delito.

Mientras la Casación tiene pendiente evaluar la reincorporación de los querellantes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó un escrito ante el juzgado, donde señaló que faltan pruebas para dar concluida la pesquisa, entre ellas reconstruir el recorrido de los fondos y profundizar el análisis de comunicaciones y acuerdos comerciales.

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La recusación

El recurso que presentó la defensa de Novelli se concentró en el rol que deberá asumir la jueza Ángela Ledesma dentro de Casación. El planteo sostiene que Ledesma integra el Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que es parte del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Para la defensa, esa relación adquiere relevancia porque ambas organizaciones intentaron participar en la causa $LIBRA como querellantes. Aunque la Justicia rechazó aquel pedido, las entidades continuaron presentando iniciativas vinculadas con el impulso de la acusación.

También señaló a la organización porque cuestionó los sobreseimientos dispuestos en el caso y promovió otras medidas para sostener la investigación.

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Uno de los fundamentos expuestos por Daniel Rubinovich, el abogado de Novelli, remite a una publicación difundida por CIPCE el 7 de septiembre de 2026, que llevaba por título “Caso $LIBRA: excluir a las querellas profundiza la impunidad”.

El escrito de la defensa señaló que INECIP y CIPCE realizaron gestiones ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para impulsar la intervención de ese organismo en las incidencias recursivas promovidas por las querellas.

La posición de Novelli es que “existen circunstancias objetivas que comprometen la garantía constitucional de imparcialidad judicial”.

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Además, recordó dos antecedentes en los que la propia jueza había pedido no intervenir por su relación con estas organizaciones. El primero ocurrió en 2007, dentro de la causa conocida como Masacre de Pompeya. De acuerdo con el escrito, Ledesma se excusó entonces debido a la preocupación que INECIP había manifestado sobre ese proceso.

Ángela Ledesma

Los demás integrantes del tribunal aceptaron aquella excusación. La defensa señaló que la intervención de la entidad en ese expediente era menor que la que ahora atribuye a INECIP y CIPCE dentro de la causa $LIBRA.

El segundo antecedente corresponde a 2011, en la causa “López”. En ese expediente, Ledesma solicitó su inhibición ante la pretensión de CIPCE de actuar como amigo del tribunal.

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La defensa remarcó que, si la magistrada consideró que esos vínculos justificaban su apartamiento en casos previos, debería adoptar una decisión similar frente a una actuación que describe como más intensa por parte de las dos organizaciones.

El rol de Novelli en la causa $LIBRA

Mauricio Novelli, trader y organizador del Tech Forum Argentina, fue uno de los once investigados que resultaron sobreseídos en primera instancia. Durante la pesquisa, su nombre quedó asociado a un eventual rol de intermediación entre el entorno de Javier Milei y empresarios del ecosistema cripto, entre ellos Hayden Davis, uno de los impulsores del token.

La causa se originó a partir de denuncias que plantearon que la promoción de $LIBRA por parte de Javier Milei en X habría formado parte de una maniobra coordinada: tras el mensaje presidencial, el token subió con rapidez, atrajo fondos de miles de compradores y luego se desplomó cuando algunas billeteras retiraron liquidez.

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Los denunciantes sostuvieron que esa secuencia pudo configurar una estafa y también pidieron investigar posibles delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

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El Banco Central identificó otros US$15 millones en la ruta que investiga el dólar blue

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Durante menos de cuatro meses de 2023, una agencia de cambio domiciliada en el oeste del conurbano bonaerense movió en efectivo más de US$15 millones. No le vendió dólares a ningún ahorrista. Los compró a otras agencias al precio oficial y se los revendió a otras agencias, en billetes, sin dejar rastro bancario. Para el Banco Central (BCRA), ese circuito “evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”, también conocido como blue.

Así surge de un sumario que el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, firmó el 27 de octubre pasado y al que accedió . Con este avance, el organismo cerró su accionar contra Mas Divisas SA, una exagencia de cambio con domicilio en Ramos Mejía, indicada como un eslabón más del presunto pasamanos de dólares entre agencias de cambio cuando las restricciones del cepo estaban vigentes.

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Los US$15 millones conviven con los al menos US$607 millones que, según un informe judicial, movió el circuito denominado “del dólar blue”. Otros cálculos arrojan una cifra mayor: US$900 millones, estimados en base a otros sumarios del BCRA.

Una casas de cambioSantiago Oroz

Según este último sumario, entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 2023, Mas Divisas compró exactamente US$15.627.166. Los dólares le llegaron de otras cuatro agencias. Y la mayoría de ese dinero terminó en manos de una misma empresa.

“Estas transacciones en pesos y dólares se realizaron en efectivo (…) lo que imposibilitó la trazabilidad bancaria de los fondos involucrados”, consignó el BCRA. Para el organismo, la licencia de Mas Divisas fue usada “como una pantalla o telón legal”.

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La agencia, durante el desarrollo del sumario del BCRA, negó las acusaciones. Una representante legal suya presentó una nota con la que defendió su accionar. En un acta de directorio del 3 de enero de 2023 resolvió operar “por movimientos de caja o efectivo”, con el argumento de que los bancos no le abrían cuentas, e invocó el “derecho constitucional de trabajar”. Pese a esto, la explicación no conformó a los investigadores del BCRA.

Por la diferencia entre lo que pagaba y lo que cobraba, la agencia ganó al menos $74,2 millones en esos cuatro meses, según el cálculo del organismo. ARCA también le puso un ojo a la agencia de cambios. Ante el intento de obtener una constancia de inscripción de Mas Divisas ante el fisco, el sistema informa que “posee incumplimientos notificados por falta de presentación de DDJJ”, en alusión a declaraciones juradas.

Información del sistema de ARCA sobre Mas Divisas

Una de las contrapartes de Mas Divisas conduce a otros sumarios del BCRA. Ese es el caso de Concordia Inversiones, que según los documentos oficiales otorgó “mutuos” en dólares a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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Ese sumario alude a “transferencias en dólares estadounidenses, realizadas a 53 personas humanas” entre el 1° de febrero y el 19 de abril de 2023. Según el detalle, hay sujetos que recibieron más de una transferencia. Hubo 56 movimientos por US$150.000 cada uno, seis de US$125.000, dos de US$110.000, uno de US$130.000 y otro de US$100.000. Todos ellos suman US$9,8 millones.

“Como justificación del origen de los fondos presentaron contratos de mutuos que documentaban préstamos otorgados por la entidad sumariada”, sostiene el sumario contra Concordia Inversiones. Un detalle: la devolución de los montos iba a realizarse en ‘dólar billete’ (sic), tal cual surge del documento del BCRA.

Allí están volcados los nombres y CUIT de los receptores de los mutuos. Un cruce de esa información con documentos comerciales en una base utilizada por bancos permitió observar que de los 53 sujetos, cinco percibieron la AUH y siete son monotributistas.

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Estos sumarios exponen las sospechas del BCRA sobre la ruta del rulo financiero, también conocida como la del dólar blue. La entidad monetaria publicó documentos que dan cuenta de supuestas maniobras con montos todavía más elevados.

La documentación del Central incluye operaciones de dinero desde enero de 2022 hasta octubre de 2023. Las páginas analizadas por aluden a investigaciones hechas a Gallo Cambios, Mega Latina, Stema Cambios y Arg Exchange, la casa de cambio de Elías Piccirillo, también conocido como “el rey del dólar blue”.

Por separado, suman ventas que ascienden hasta los US$1371 millones. Sin embargo, al considerar que muchos de los giros fueron cruzados entre estas mismas entidades, la cifra baja a US$900 millones.

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Su pérdida de trazabilidad (las casas de cambio recibían pesos, pero no registraban operaciones de venta de dólares) y un “activo mercado paralelo” durante estos años son los indicios que el BCRA utilizó para argumentar el posible desvío de estos millones. Entonces, la Superintendencia a cargo de Curutchet identificó a los proveedores de los dólares y hasta dónde llegan sus rastros.

El juez Ariel Lijo está a cargo de la causa judicial que investiga el rulo financieroRicardo Pristupluk

La cifra total de las investigaciones vinculadas a la ruta del dólar blue varía. Un trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) la estimó en US$607 millones, en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas por el rulo financiero durante la época del cepo.

“El mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente -que en este período llegó a superar el 100%- en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial“, sostuvo la jueza María Servini antes de que las causas por el ”rulo» quedaran concentradas bajo la tutela del juez Ariel Lijo.

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