POLITICA
Amenazas en las escuelas de CABA: cómo es el protocolo que aplica el gobierno de la Ciudad

En las últimas semanas, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un fenómeno que instaló la preocupación en autoridades, familias y la comunidad educativa: amenazas de violencia plasmadas en pintadas y mensajes dirigidos a escuelas, cuya propagación generó la activación de protocolos de resguardo y un refuerzo sin precedentes de las medidas de supervisión en los establecimientos.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó en conferencia que la prioridad del ejecutivo porteño es erradicar este tipo de prácticas: “Frente a casos de esta gravedad, no podemos ni vamos a minimizar los acontecimientos. No vamos a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar”.
“Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias, mucho más cuando se pone en riesgo o en peligro la propia vida y la de los demás. No se trata de una broma pesada, es un delito”, subrayó el alcalde porteño.
La dimensión nacional del fenómeno fue destacada por Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña, quien subrayó que el “fenómeno es global: ocurre en Chile, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay y, recientemente, todas las provincias argentinas han sufrido de alguna manera este tipo de amenazas”.
El dato que diferencia la situación en Buenos Aires respecto de otros distritos es que, de los más de doscientos casos registrados en el país, más de veinticinco requirieron intervención del Ministerio Público Fiscal local, según precisó el fiscal general Martín López Zabaleta.
En este sentido, Macri amplió: “En tres hechos concretos, las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la ciudad. En todos los casos, la justicia sigue investigando los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de los padres”.
Protocolo, despliegue y acción

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un protocolo para las escuelas, que establece un marco de actuación claro ante la sospecha o detección de armas —de fuego, blancas o impropias— dentro del ámbito educativo.
El protocolo define como “detección” la observación directa de un arma en la escuela y como “sospecha fundada” a cualquier denuncia —verbal, escrita o digital— con base en hechos concretos o conductas que sugieran la portación o amenaza de un arma. Para que proceda la intervención, estos elementos deben ser comprobables, y la evaluación recae sobre los equipos directivos y docentes.
El documento distingue tres tipos de armas: las armas de fuego (pistolas, revólveres, escopetas, fusiles e inclusive armas de fabricación casera), las armas blancas (objetos cortantes o punzantes, como cuchillos o navajas), y las armas impropias (herramientas, vidrios, tijeras, compases o cualquier objeto utilizado para amenazar o herir).
Ante la sospecha o presencia de un arma —en especial si se trata de una persona menor de edad—, el protocolo exige a las escuelas evitar cualquier intervención física. No se permite requisar ni manipular las pertenencias del estudiante, ni intentar quitarle el arma de forma directa. El procedimiento exige que un adulto de la institución, mejor si goza de la confianza del estudiante, lo acompañe a un ámbito reservado y seguro.
En cuanto a la revisión de objetos personales, como mochilas, el texto enfatiza que solo el adulto responsable del menor, en presencia de la conducción escolar, puede abrirlas. Frente a armas de fuego, la norma es categórica: “Solo las fuerzas de seguridad pueden manipular y retirar armas de fuego.” Por eso, cada vez que haya indicio o certeza de la presencia de un arma de fuego, es obligatorio llamar al 911 de inmediato, haya o no amenaza activa, debido al “potencial riesgo para la integridad de la comunidad educativa”.
El procedimiento es más flexible ante la presencia de armas blancas o impropias: solo se debe convocar a la policía si existe un riesgo concreto o una amenaza vigente. Si la situación no implica un peligro inminente, la escuela debe priorizar el resguardo y el abordaje institucional sin derivar el caso automáticamente a la fuerza pública.
Entre las medidas recomendadas ante la presencia de un arma de fuego se destaca “considerar toda arma de fuego como si estuviera cargada”, y procurar que la persona involucrada nunca apunte hacia otros ni manipule el objeto si no está bajo control policial. Para casos menos graves —como la detección de herramientas punzantes en un entorno técnico— el texto llama a una valoración cuidadosa y dialogada, evitando estigmatizar abusivamente a estudiantes o personal.
Procedimientos administrativos y obligación de denuncia judicial

La dimensión administrativa tiene un lugar central en el nuevo protocolo. Ante cualquier episodio, el equipo directivo debe comunicar la situación a la Supervisión Escolar o al superior jerárquico, registrar lo actuado en el Libro de Actas y confeccionar los partes correspondientes.
“Los establecimientos educativos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad judicial competente aquellos hechos que configuren un ilícito penal de acción pública o que afecten los derechos y garantías del menor”, sostiene el documento.
Para casos complejos, el protocolo prevé la articulación inmediata con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), activando el procedimiento conjunto establecido en la Resolución 1-CDNNYA/24. Si se presume que la persona adulta responsable de un estudiante es quien vulnera sus derechos, el equipo escolar debe comunicarse de inmediato con dicho organismo para recibir orientación.
La influencia de las pantallas y las redes sociales
Desde el gobierno porteño indicaron que la expansión del fenómeno está íntimamente relacionada con la lógica viral de las redes sociales, donde los contenidos violentos pueden amplificarse y transformarse en tendencias que viajan de distrito en distrito en cuestión de horas. “No podemos seguir activando protocolos mientras las empresas detrás de las redes sociales no asuman la responsabilidad que les cabe. Son conscientes del daño que se está generando”, criticó Miguel.
En este contexto, Macri subrayó la necesidad de acompañar a una generación que “está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes”, y sostuvo: “Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos”.

A su vez, la administración porteña reforzó su política de prevención con aulas libres de celulares en todos los niveles educativos y fomenta la firma de un compromiso familiar: hasta la fecha, más de cuarenta y ocho mil familias porteñas firmaron el acuerdo donde postergan el acceso al celular hasta la secundaria y se comprometen a supervisar los consumos digitales de sus hijos.
El fiscal general Martín López Zabaleta subrayó en su intervención que la protección de las víctimas y la “intervención inmediata” son prioridades para el Ministerio Público Fiscal. Y expuso que, frente a este tipo de hechos, la fiscalía actúa “con rapidez y precisión” a través de un despliegue conjunto con autoridades educativas, políticas y judiciales.
Por último, Macri subrayó el rol de las familias en este tipo de situaciones y la necesidad de establecer conversaciones entre padres e hijos: “No pensemos que un mensaje en un WhatsApp alcanza para preguntarle a nuestros hijos qué les ocurre. Necesitamos el tiempo, la atención, la dedicación, el silencio y la compañía a ellos para que nos hablen”.
Y concluyó: “A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
En la conferencia estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el de Justicia, Gabino Tapia; y el de Salud, Fernán Quirós. Además, la presidente del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamon; Javier Bujan, Presidente de la Cámara Penal; Carolina Stanley, titular del Ministerio Público Tutelar; y Victoria Morales Gorleri, presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros funcionarios del Poder Judicial, diputados por la Ciudad, representantes de escuelas privadas e integrantes de la comunidad educativa.
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POLITICA
La Casa Rosada reorganiza su actividad por el partido de la Selección: funcionarios presentes y guardias en despachos clave

El Gobierno quedó cruzado por la discusión sobre el funcionamiento de la Casa Rosada a horas de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Después de que ATE acusara a las autoridades de que la sede de Gobierno estaba vacía, desde Nación salieron rechazar que no hubiera actividad y aseguraron que varios funcionarios están en sus despachos.
El Ejecutivo mantiene la decisión de no declarar asueto administrativo, pese al pedido formal del gremio estatal para habilitar un cese de tareas desde las 12. La discusión, sin embargo, se trasladó al funcionamiento real de los despachos oficiales durante la previa del partido. Javier y Karina Milei lo seguirán desde la quinta de Olivos.
La Casa Rosada fue cuestionada por Rodolfo Aguiar, titular de ATE, que publicó: “Es media mañana y la Casa de Gobierno está vacía, no vino nadie, ni el loro”. El dirigente sostuvo que el Ejecutivo se negó a otorgar el asueto a los trabajadores, pero que “todos los funcionarios se autolicenciaron”.
En Balcarce 50 rechazaron esa acusación. Fuentes oficiales aseguraron que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, estaba en su despacho y que lo mismo ocurría con el vocero presidencial, Adrián Ravier, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. “Estamos teniendo reuniones, como un día normal”, remarcaron en Nación.
El Gobierno reconoce, de todos modos, que la dinámica de la jornada no será la habitual hasta el final del día. En distintas áreas admiten que muchos funcionarios y empleados se irán antes del inicio del partido, previsto para la tarde, aunque sin una orden general de la Presidencia ni una resolución administrativa que lo habilite como asueto.
El Ejecutivo dejó librada la organización a cada dependencia. “No hubo ningún mensaje o bajada de línea oficial sobre lo que se puede hacer. Lo maneja cada área”, explican en Nación.
En la Casa Rosada también aseguraron que los empleados de planta tuvieron que asistir temprano para cumplir las ocho horas e irse antes del partido. “Queda una guardia mínima por cada oficina”, sostuvo una fuente de esas áreas. En Balcarce 50 admiten que ese esquema se replica en varios despachos: ingreso más temprano, cumplimiento de tareas, salida anticipada y guardias reducidas para sostener lo indispensable.
Leé también: Javier Milei descartó dar asueto por la semifinal contra Inglaterra y seguirá el partido con Karina desde Olivos
El Ejecutivo tendrá parte de la mesa chica dentro de la sede de Gobierno durante la semifinal. Santiago Caputo verá el partido en el Salón Martín Fierro junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y su mano derecha, Macarena Alifraco. No está confirmado si Santilli también se quedará en Balcarce 50 durante el partido. Lo mismo aplica para el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el vicejefe de Gabinete ejecutivo, Ignacio Devitt.
La Casa Rosada intenta sostener una línea frente al reclamo de ATE: no habrá asueto, pero cada área resolverá cómo organizar su jornada. En la práctica, eso habilita situaciones distintas según el despacho y la necesidad de mantener guardias mínimas.
En Balcarce 50 también cruzan esa discusión con el operativo de seguridad que ya está en marcha por el partido. El Ministerio de Seguridad reforzó la zona de la embajada británica, la Embajada de Israel y la propia cartera de Seguridad con unos 300 efectivos de la Policía Federal, vallados, anillos de seguridad y unidades de reserva.
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POLITICA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas de protección sobre Milagro Sala

La Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas provisorias de protección que había dictado, en 2017, en favor de la dirigente Milagro Sala, condenada a 15 años de prisión por fraude y extorsión. Entendió que las condiciones actuales de detención y de atención médica ya no implican un peligro para ella.
No obstante, en su fallo, la Corte Interamericana advirtió: “El levantamiento de las medidas provisionales en este asunto no implica que el Estado quede relevado de sus obligaciones convencionales de protección». Por el contrario, el tribunal le recordó a la Argentina que tiene el deber de “garantizar los derechos de la señora Sala con especial diligencia en razón de su situación de vulnerabilidad”.
El 23 de noviembre de 2017, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana le había impuesto a la Argentina la obligación de adoptar “de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala”.
Dijo que, en particular, el Estado debía “sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva que sea menos restrictiva de sus derechos que el arresto domiciliario”. También le requirió al Estado que realizara “las gestiones pertinentes para que la atención médica y psicológica que se brinde a la señora Sala se planifique e implemente con la participación de la beneficiaria o sus representantes, a efectos de garantizar su autonomía”.
Entendió que “existía una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo” respecto de Sala.
Ya durante el gobierno de Milei, el Estado Argentino solicitó a la Corte el levantamiento de las medidas provisionales. Presentó escritos en ese sentido el 24 de julio de 2024 y el 3 de febrero de 2026. Sostuvo que la situación que dio origen a la adopción de dichas medidas habría desaparecido y que la situación procesal de la beneficiaria habría variado tras la confirmación de las condenas impuestas en su contra por parte de la Corte Suprema.
La historia del caso
La Corte recordó que, en el momento en el que las medidas provisionales fueron otorgadas, Sala estaba detenida en la cárcel de Alto Comedero, en Jujuy, cumpliendo prisión preventiva, y que, si bien tras la intervención de la CIDH un juez dispuso que cumpliera la prisión domiciliaria, el 29 de septiembre de 2017 la Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó esa decisión y ordenó su traslado al centro carcelario.
Aquella decisión tuvo por fundamento -recordó el fallo de la Corte Interamericana- “la negativa de la beneficiaria de trasladarse al Hospital Pablo Soria para realizarse estudios médicos ordenados por el Departamento Médico del Poder Judicial”. El fallo reseña: “En consecuencia, la señora Sala fue trasladada al centro carcelario “por la fuerza” el 14 de octubre de 2017. Posteriormente, el 19 de octubre de 2017, la beneficiaria se autolesionó en el penal tras ser notificada del rechazo de su solicitud de internación en una clínica privada». Fue en ese escenario que intervino la Corte Interamericana.
La situación actual
Después, relata el fallo, Sala pasó de acusada a condenada, con una condena firme dictada en su contra, y el juzgado jujeño que quedó a cargo de la ejecución de la sentencia autorizó el traslado de Sala a la ciudad de La Plata, para la atención especializada que requería la trombosis venosa profunda que sufre. Pero además, ese juzgado le permitió quedarse en La Plata para garantizar un control médico continuo y especializado.
Por todo eso, ahora la Corte dijo que constató “una significativa modificación de las circunstancias de tutela de los derechos de la beneficiaria que motivaron el otorgamiento de medidas provisionales en noviembre de 2017″.
El nuevo fallo de la Corte sostiene: “La información a disposición de la Corte pone en evidencia que la finalidad específica que motivó la adopción de estas medidas —evitar una afectación irreparable a la vida, integridad y salud de la beneficiaria frente a un contexto de privación de libertad y atención médica insuficiente— encuentra hoy, en lo sustancial, cauces de tutela concretos y actualmente operativos en el ámbito interno, cuya observancia corresponde a las autoridades nacionales competentes sus atribuciones propias y con especial consideración al estado de salud y la autonomía para decidir sobre el tratamiento médico de la beneficiaria».
Advertencia a la Argentina
La Corte Interamericana dijo que “a la luz de los estándares interamericanos”, el Estado Argentino “tiene un especial deber de protección de personas mayores privadas de libertad”. El tribunal advirtió, que, teniendo en cuenta la edad de Sala, “es imperativa la adopción de medidas positivas determinadas en función de sus necesidades particulares de protección basadas en un enfoque diferenciado y que den cuenta de una diligencia reforzada por parte de las autoridades estatales frente a su situación de salud”.
Aclaró, asimismo, que este fallo “no prejuzga sobre situaciones futuras” y que “si se configurasen nuevos hechos, la Comisión podrá considerar una nueva solicitud de medidas cautelares y, de acuerdo al artículo 63.2 de la Convención Americana, podrá solicitar a la Corte medidas provisionales”.
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POLITICA
Regresó al país la misión argentina que trabajó en el doble terremoto de Venezuela

El contingente militar argentino que participó en las tareas de asistencia humanitaria tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela regresó esta madrugada al país, después de 18 días de operaciones ininterrumpidas en las zonas más afectadas por el desastre natural.
La misión estuvo integrada por 146 efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además de seis perros especialmente entrenados para la búsqueda de personas entre estructuras colapsadas. Durante el despliegue, el personal argentino realizó tareas de búsqueda y rescate, asistencia sanitaria, apoyo logístico, transporte estratégico, producción de agua potable y acompañamiento psicológico a las víctimas y sus familiares.
Uno de los momentos más delicados de la operación fue la intervención de los rescatistas argentinos en la búsqueda de Lucas Gámez, el pequeño argentino que quedó atrapado bajo los escombros de un edificio que se derrumbó en La Guayra como consecuencia de los terremotos.
El caso del niño movilizó un amplio operativo y conmovió tanto a la Argentina como a Venezuela. Los equipos trabajaron durante varios días en una zona de alta complejidad, en medio de estructuras inestables y bajo el riesgo permanente de nuevos derrumbes. Finalmente, el cuerpo de Lucas fue localizado entre los restos del edificio.
Durante toda la misión, el contingente argentino desplegó 234 patrullas en las zonas de emergencia. De ese total, 90 fueron patrullas de búsqueda integradas por binomios caninos, 108 estuvieron destinadas específicamente a tareas de rescate y otras 36 tuvieron una composición mixta.
Como resultado de las operaciones, los especialistas lograron localizar con vida a dos menores que permanecían atrapados entre los escombros. También hallaron a 78 personas fallecidas y recuperaron 51 cuerpos, que fueron posteriormente remitidos a las autoridades responsables de su identificación y entrega a sus familiares.
El personal especializado argentino fue el primero del dispositivo nacional en llegar a la zona de emergencia y el último en retirarse. Su intervención comenzó con el arribo del primer escalón durante la madrugada del 27 de junio. El segundo grupo se incorporó el 1° de julio para ampliar las capacidades operativas y reforzar la búsqueda en las áreas más afectadas.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas argentinas mantuvieron una presencia permanente en el terreno y trabajaron en coordinación con autoridades venezolanas y equipos provenientes de otras partes del mundo. En total, participaron 15 agencias internacionales en el dispositivo de asistencia y rescate.
La misión incluyó también el empleo de sistemas aéreos no tripulados. Los drones argentinos acumularon 85 horas de vuelo, durante las cuales efectuaron tareas de reconocimiento, evaluación de estructuras, observación de zonas de difícil acceso y apoyo a las patrullas que operaban sobre el terreno.
Ese trabajo resultó especialmente importante en sectores donde el ingreso de los rescatistas representaba un riesgo elevado por el estado de los edificios o por la posibilidad de nuevos desprendimientos. Las imágenes obtenidas desde el aire permitieron establecer prioridades, delimitar áreas de búsqueda y organizar el ingreso de los equipos especializados.
Además de las tareas de rescate, el contingente desarrolló una amplia operación de asistencia humanitaria. Durante los 18 días de despliegue, produjo 210.000 litros de agua potable, de los cuales 57.000 fueron envasados en sachets para su distribución entre la población damnificada.
La provisión de agua adquirió especial relevancia por los daños sufridos en la infraestructura y la interrupción de los servicios básicos en distintas localidades. En numerosos sectores, las plantas argentinas se convirtieron en una de las principales fuentes de abastecimiento para las familias que habían perdido sus viviendas o permanecían en centros de evacuación.

La misión distribuyó además 530 raciones de comida por día: 380 calientes y 150 frías. Los equipos logísticos movilizaron diariamente unos 40 metros cúbicos de suministros y distribuyeron alrededor de una tonelada y media de recursos destinados tanto a los damnificados como al sostenimiento de las brigadas desplegadas.
El dispositivo incluyó también diez generadores eléctricos, utilizados para garantizar energía en los puestos sanitarios, centros de coordinación y bases operativas instaladas en las zonas afectadas. Asimismo, se brindó asistencia logística y movilidad a aproximadamente 140 personas.
En materia sanitaria, el personal médico argentino realizó 103 atenciones a integrantes del contingente. También se efectuaron 23 intervenciones veterinarias sobre los perros de trabajo, sometidos a jornadas prolongadas y a condiciones de alta exigencia física.
Durante la misión hubo cuatro internaciones menores, sin consecuencias graves. Paralelamente, los equipos especializados mantuvieron un servicio permanente de apoyo psicológico para civiles, familiares de víctimas y miembros de los contingentes internacionales que participaron de la emergencia.

El repliegue fue dispuesto después de que la emergencia ingresara en una nueva etapa. En los primeros días posteriores a un terremoto, la prioridad se concentra en localizar sobrevivientes y rescatar personas atrapadas. Con el paso del tiempo, el operativo comienza a orientarse hacia la remoción de estructuras con maquinaria pesada, la limpieza de las zonas afectadas y la recuperación de los servicios.
Ese cambio de fase determinó que las capacidades específicas aportadas por la Argentina hubieran completado las tareas para las que fueron requeridas. A partir de entonces, comenzó el regreso gradual del personal, los equipos y los vehículos utilizados durante el despliegue.
La operación demandó un importante esfuerzo de transporte estratégico. Para el envío del contingente se realizaron seis vuelos redondos, en los que se trasladaron 97,3 metros cúbicos y 12.749,6 kilos de carga.
Esos vuelos acumularon 102 horas y 40 minutos y recorrieron 63.778 kilómetros, una distancia equivalente a aproximadamente una vuelta y media alrededor de la Tierra.
Para el repliegue se programaron otros cinco vuelos redondos, en los que fueron transportados 106,46 metros cúbicos y 14.327,2 kilos de material. Esa etapa demandó 92 horas y 40 minutos de vuelo y un recorrido total de 52.908 kilómetros.
Entre el despliegue y el regreso, la operación aérea acumuló 116.686 kilómetros, una distancia cercana a tres vueltas completas al planeta. En total, se efectuaron once vuelos estratégicos: seis para el envío de personal y equipos y cinco para su repatriación.
Las aeronaves trasladaron brigadas de rescate, insumos médicos, víveres, equipos de comunicación, herramientas, generadores, plantas potabilizadoras y el material necesario para sostener a los efectivos durante casi tres semanas de trabajo.
Toda la operación fue realizada en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias, que participó en la articulación de los recursos enviados por el Estado argentino y en el enlace con las autoridades responsables del operativo en Venezuela.
Tras su llegada al país, los integrantes del contingente fueron trasladados a la I Brigada Aérea de El Palomar. Allí se realizarán los controles médicos y psicológicos previstos para este tipo de despliegues, además de una etapa de descanso y acompañamiento posterior a la misión.
Las evaluaciones buscan detectar consecuencias físicas o emocionales vinculadas con el trabajo desarrollado en un escenario caracterizado por la destrucción, la presencia permanente de víctimas y las extensas jornadas de búsqueda.
El regreso puso fin a una de las mayores operaciones humanitarias recientes realizadas por las Fuerzas Armadas argentinas en el exterior. La misión dejó como saldo dos personas rescatadas con vida, más de 200.000 litros de agua producidos y cientos de patrullas desplegadas.
También quedó marcada por la búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino hallado sin vida bajo los escombros en La Guayra. Su caso fue uno de los episodios más conmovedores de una operación en la que el contingente argentino trabajó hasta la última etapa de búsqueda, antes de que la emergencia pasara definitivamente a la fase de remoción y reconstrucción.
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