POLITICA
Amenazas en las escuelas de CABA: cómo es el protocolo que aplica el gobierno de la Ciudad
En las últimas semanas, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un fenómeno que instaló la preocupación en autoridades, familias y la comunidad educativa: amenazas de violencia plasmadas en pintadas y mensajes dirigidos a escuelas, cuya propagación generó la activación de protocolos de resguardo y un refuerzo sin precedentes de las medidas de supervisión en los establecimientos.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó en conferencia que la prioridad del ejecutivo porteño es erradicar este tipo de prácticas: “Frente a casos de esta gravedad, no podemos ni vamos a minimizar los acontecimientos. No vamos a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar”.
“Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias, mucho más cuando se pone en riesgo o en peligro la propia vida y la de los demás. No se trata de una broma pesada, es un delito”, subrayó el alcalde porteño.
La dimensión nacional del fenómeno fue destacada por Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña, quien subrayó que el “fenómeno es global: ocurre en Chile, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay y, recientemente, todas las provincias argentinas han sufrido de alguna manera este tipo de amenazas”.
El dato que diferencia la situación en Buenos Aires respecto de otros distritos es que, de los más de doscientos casos registrados en el país, más de veinticinco requirieron intervención del Ministerio Público Fiscal local, según precisó el fiscal general Martín López Zabaleta.
En este sentido, Macri amplió: “En tres hechos concretos, las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la ciudad. En todos los casos, la justicia sigue investigando los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de los padres”.
Protocolo, despliegue y acción
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un protocolo para las escuelas, que establece un marco de actuación claro ante la sospecha o detección de armas —de fuego, blancas o impropias— dentro del ámbito educativo.
El protocolo define como “detección” la observación directa de un arma en la escuela y como “sospecha fundada” a cualquier denuncia —verbal, escrita o digital— con base en hechos concretos o conductas que sugieran la portación o amenaza de un arma. Para que proceda la intervención, estos elementos deben ser comprobables, y la evaluación recae sobre los equipos directivos y docentes.
El documento distingue tres tipos de armas: las armas de fuego (pistolas, revólveres, escopetas, fusiles e inclusive armas de fabricación casera), las armas blancas (objetos cortantes o punzantes, como cuchillos o navajas), y las armas impropias (herramientas, vidrios, tijeras, compases o cualquier objeto utilizado para amenazar o herir).
Ante la sospecha o presencia de un arma —en especial si se trata de una persona menor de edad—, el protocolo exige a las escuelas evitar cualquier intervención física. No se permite requisar ni manipular las pertenencias del estudiante, ni intentar quitarle el arma de forma directa. El procedimiento exige que un adulto de la institución, mejor si goza de la confianza del estudiante, lo acompañe a un ámbito reservado y seguro.
En cuanto a la revisión de objetos personales, como mochilas, el texto enfatiza que solo el adulto responsable del menor, en presencia de la conducción escolar, puede abrirlas. Frente a armas de fuego, la norma es categórica: “Solo las fuerzas de seguridad pueden manipular y retirar armas de fuego.” Por eso, cada vez que haya indicio o certeza de la presencia de un arma de fuego, es obligatorio llamar al 911 de inmediato, haya o no amenaza activa, debido al “potencial riesgo para la integridad de la comunidad educativa”.
El procedimiento es más flexible ante la presencia de armas blancas o impropias: solo se debe convocar a la policía si existe un riesgo concreto o una amenaza vigente. Si la situación no implica un peligro inminente, la escuela debe priorizar el resguardo y el abordaje institucional sin derivar el caso automáticamente a la fuerza pública.
Entre las medidas recomendadas ante la presencia de un arma de fuego se destaca “considerar toda arma de fuego como si estuviera cargada”, y procurar que la persona involucrada nunca apunte hacia otros ni manipule el objeto si no está bajo control policial. Para casos menos graves —como la detección de herramientas punzantes en un entorno técnico— el texto llama a una valoración cuidadosa y dialogada, evitando estigmatizar abusivamente a estudiantes o personal.
Procedimientos administrativos y obligación de denuncia judicial
La dimensión administrativa tiene un lugar central en el nuevo protocolo. Ante cualquier episodio, el equipo directivo debe comunicar la situación a la Supervisión Escolar o al superior jerárquico, registrar lo actuado en el Libro de Actas y confeccionar los partes correspondientes.
“Los establecimientos educativos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad judicial competente aquellos hechos que configuren un ilícito penal de acción pública o que afecten los derechos y garantías del menor”, sostiene el documento.
Para casos complejos, el protocolo prevé la articulación inmediata con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), activando el procedimiento conjunto establecido en la Resolución 1-CDNNYA/24. Si se presume que la persona adulta responsable de un estudiante es quien vulnera sus derechos, el equipo escolar debe comunicarse de inmediato con dicho organismo para recibir orientación.
La influencia de las pantallas y las redes sociales
Desde el gobierno porteño indicaron que la expansión del fenómeno está íntimamente relacionada con la lógica viral de las redes sociales, donde los contenidos violentos pueden amplificarse y transformarse en tendencias que viajan de distrito en distrito en cuestión de horas. “No podemos seguir activando protocolos mientras las empresas detrás de las redes sociales no asuman la responsabilidad que les cabe. Son conscientes del daño que se está generando”, criticó Miguel.
En este contexto, Macri subrayó la necesidad de acompañar a una generación que “está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes”, y sostuvo: “Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos”.
A su vez, la administración porteña reforzó su política de prevención con aulas libres de celulares en todos los niveles educativos y fomenta la firma de un compromiso familiar: hasta la fecha, más de cuarenta y ocho mil familias porteñas firmaron el acuerdo donde postergan el acceso al celular hasta la secundaria y se comprometen a supervisar los consumos digitales de sus hijos.
El fiscal general Martín López Zabaleta subrayó en su intervención que la protección de las víctimas y la “intervención inmediata” son prioridades para el Ministerio Público Fiscal. Y expuso que, frente a este tipo de hechos, la fiscalía actúa “con rapidez y precisión” a través de un despliegue conjunto con autoridades educativas, políticas y judiciales.
Por último, Macri subrayó el rol de las familias en este tipo de situaciones y la necesidad de establecer conversaciones entre padres e hijos: “No pensemos que un mensaje en un WhatsApp alcanza para preguntarle a nuestros hijos qué les ocurre. Necesitamos el tiempo, la atención, la dedicación, el silencio y la compañía a ellos para que nos hablen”.
Y concluyó: “A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
En la conferencia estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el de Justicia, Gabino Tapia; y el de Salud, Fernán Quirós. Además, la presidente del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamon; Javier Bujan, Presidente de la Cámara Penal; Carolina Stanley, titular del Ministerio Público Tutelar; y Victoria Morales Gorleri, presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros funcionarios del Poder Judicial, diputados por la Ciudad, representantes de escuelas privadas e integrantes de la comunidad educativa.
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En medio de la expectativa por los reslutados de las elecciones en Brasil, Javier Milei aguarda por los resultados del balotaje desde la Quinta de Olivos, mientras en el resto del Gobierno se impone la cautela a la espera de los datos oficiales.
“Hay que esperar”, remarcaron a TN desde la Cancillería y varias áreas del Ejecutivo, donde los funcionarios consultados prefirieron evitar hacer proyecciones anticipadas. “Hay expectativa, lógicamente, pero por el momento muy medido”, se sinceró otra fuente cercana a uno de los despachos de Balcarce 50.
Incluso en las redes sociales, Milei no hizo nuevas alusiones al avance de los comicios en el país vecino, donde las principales encuestas daban cuenta en la previa de un escenario muy reñido, con leve ventaja para Flávio Bolsonaro.
Así, en Casa Rosada prima el hermetismo, mientras el conteo en Brasil se congeló alrededor del 0,25% de las mesas escrutadas, luego de que la Justicia electoral habilitara una prórroga hasta las 19 por las denuncias del Partido de los Trabajadores por las dificultades en el transporte de electores en tres municipios del estado de Bahía: Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas. También hubo denuncias en otras ciudades importantes como San Pablo.
Antes de frenarse el recuento, los primeros datos oficiales -con un 0,25% de las mesas escrutadas- arrojaron un 57,66% en favor de Lula da Silva frente al 42,34% de Bolsonaro.
En la primera vuelta, el hijo del expresidente se impuso con el 47% de los votos contra el 45% del actual mandatario. Nunca en la historia de Brasil un candidato derrotado en las generales logró revertir el resultado.
Desde Casa Rosada, una de las pocas voces que se expresó públicamente fue el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, que tildó de “locura” la decisión del Tribunal Superior Electoral brasileño de frenar el conteo.
“Gane quien gane el balotaje de Brasil hoy, una vez más los comicios quedan manchados por una jugada política que pone en tela de juicio todo el proceso democrático. Es una pena realmente que un país tan importante como Brasil ya vaya tres elecciones consecutivas donde la Corte Suprema se mete a cambiar las reglas de juego en medio del proceso”, cuestionó a través de un posteo de X.
En los días previos, Milei volvió a dejar en claro su respaldo absoluto a su socio ideológico, en un duelo que consideró fundamental para el futuro de la región. “Este domingo tenemos otra cita clave en Brasil, donde si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha, que le plantea cara al comunismo en todo el mundo”, sostuvo el viernes durante su aparición en la gala anual de la Fundación Faro, el think tank de La Libertad Avanza.
Además, el Presidente enfatizó el sábado durante una entrevista que un eventual triunfo del candidato liberal serviría para “acelerar fuertemente” la agenda aperturista del Mercosur. ”Paraguay es liberal, con Santi Peña; nosotros somos liberales; Brasil liberal en caso de que gane Flávio; y si bien Uruguay tiene un gobierno de izquierda, siempre tuvieron vocación de apertura; con lo cual se viene un periodo para acelerar a fondo en el Mercosur con una agenda fuerte de libre comercio», remarcó.
Noticia que está siendo actualizada.-
Javier Milei, Brasil
POLITICA
Libertarios, peronistas y radicales viajaron a Brasil por la segunda vuelta: impresiones de una elección que tiene en vilo a la región
La segunda vuelta presidencial de Brasil, que este domingo enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con Flávio Bolsonaro, también movilizó a dirigentes argentinos. Legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el Frente Renovador y el kirchnerismo viajaron al país vecino para seguir una elección que puede redefinir el escenario regional y tendrá impacto en el vínculo bilateral con la Argentina.
Las comitivas arribaron con agendas distintas. Diputados y senadores participaron en Brasilia de una misión institucional de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), con reuniones junto a especialistas y recorridos por organismos electorales. En paralelo, representantes del Frente Renovador viajaron a San Pablo por invitación del Partido de los Trabajadores (PT) para acompañar la votación y el escrutinio.
La definición se desarrolla en un escenario de paridad y con candidatos de posiciones ideológicas contrapuestas. El resultado será seguido con atención por el gobierno de Javier Milei, debido a su incidencia en la relación política, comercial y diplomática entre ambos países. Las últimas encuestas anticipan un empate técnico y los analistas brasileños ponen el foco en la participación y en la movilización de votantes en los estados decisivos.
En ese contexto, la diputada libertaria Mercedes Llano y la senadora radical Carolina Losada compartieron con Infobae sus observaciones sobre el proceso electoral, las instituciones brasileñas y las perspectivas de la relación bilateral.
La delegación de la FURP estuvo integrada por Losada y el senador radical Maximiliano Abad; la senadora de La Libertad Avanza Emilia Orozco; y los diputados Llano, Damián Arabia y Diego Giuliano, del Frente Renovador.
Los legisladores iniciaron las actividades el jueves en Brasilia. El programa combinó encuentros con analistas políticos, información sobre el sistema electoral brasileño y una visita a la Embajada argentina.
Losada explicó que el objetivo fue conocer de cerca las particularidades de una elección que concentra atención internacional. La agenda también incluyó conversaciones sobre los escenarios posteriores a los comicios y reuniones con especialistas en opinión pública.
La senadora aclaró que la delegación no viajó como misión oficial de veedores electorales, sino en el marco de un programa de intercambio institucional. Además, precisó que el viaje no contó con financiamiento estatal.
Losada y Abad regresaron de forma anticipada a la Argentina este domingo. El resto de la comitiva tenía previsto permanecer en Brasilia hasta mañana.
Uno de los puntos que concentró el interés de los legisladores fue el sistema de votación electrónica brasileño. El mecanismo permite emitir el sufragio mediante urnas digitales y difundir los primeros resultados pocas horas después del cierre de los comicios.
Llano, diputada por Mendoza, relató que la delegación visitó un centro de votación y una escuela en la que se realizaban procedimientos de auditoría de urnas. “Hemos observado todo el proceso electoral”, afirmó la legisladora, quien volvió a remarcar que los argentinos no tienen condición de veedores oficiales.
Las autoridades explicaron los mecanismos de control, integridad y seguridad del voto electrónico. Durante una de las visitas, según contó Llano, la comitiva coincidió con integrantes de una delegación vinculada con la Organización de los Estados Americanos (OEA), que también revisaba los procedimientos.
“Por lo que nos han expresado las autoridades, hay una alta confiabilidad”, sostuvo la diputada. También destacó las herramientas previstas para limitar interferencias externas en la transmisión de datos. “Como observadores da la impresión de que es un sistema aceitado y en el que la gente confía”, señaló.
La legisladora advirtió que los especialistas señalaron una característica de la carga de datos: los resultados provienen de regiones con comportamientos electorales distintos. Por eso, una ventaja inicial puede modificarse durante el escrutinio, en una contienda donde los respaldos de Lula y Bolsonaro muestran marcadas diferencias territoriales.
La movilización electoral fue uno de los ejes de las conversaciones entre la delegación argentina y los analistas brasileños. “Se vive un clima de polarización, de movilización civilizada”, describió Llano.
La diputada remarcó que la participación puede definir la elección. Los especialistas consultados por la delegación señalaron la capacidad de movilización del PT en el nordeste, una región donde Lula concentra parte importante de su respaldo.
“La variable, el punto que nos han marcado todos, es que lo que va a ser determinante es el nivel de participación, si aumenta o no”, dijo Llano. En una competencia ajustada, las variaciones en la concurrencia a las urnas pueden alterar el resultado, sobre todo en los estados donde alguno de los candidatos logró amplias diferencias en la primera vuelta.
En esa instancia, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos y Lula alcanzó el 45,16 %. Los sondeos más recientes, sin embargo, proyectan un empate técnico para el balotaje.
Una encuesta de Datafolha, difundida en la víspera de los comicios, ubicó a Bolsonaro con el 51 % de los votos válidos y a Lula con el 49 %. La diferencia se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales informado por la consultora.
Los referentes argentinos que siguieron la campaña registraron una fuerte movilización de militantes y simpatizantes del oficialismo brasileño y del bolsonarismo en los días previos a la votación.
Llano contó que el sábado asistió de manera informal a una movilización de seguidores de Bolsonaro en Brasilia, fuera del programa de la FURP. “Nos acercamos informalmente, fuera del programa, a una de las movilizaciones de Bolsonaro”, explicó.
Según su relato, el acto transcurrió con entusiasmo y una nutrida presencia de simpatizantes. “Se vive buen clima, de algarabía, la gente tocando la bocina, con todo el colorido y la impronta brasileña”, expresó.
La diputada aclaró que esa actividad no modificó el carácter institucional de la visita. Los integrantes de la delegación, representantes de distintos espacios políticos argentinos, tenían previsto seguir los resultados desde la Embajada argentina y no desde los centros de campaña.
Las diferencias ideológicas dentro de la comitiva aparecen en las lecturas sobre el desenlace y sus eventuales consecuencias para la Argentina.
Para Llano, una victoria de Flávio Bolsonaro abriría una instancia de mayor acercamiento político entre Buenos Aires y Brasilia, por las coincidencias que identifica entre el bolsonarismo y La Libertad Avanza en materia económica y regional.
“Para nosotros como espacio, un triunfo de la derecha, aparte de representar una consolidación de nuestra doctrina, de nuestra mirada en la región, representa una gran oportunidad, porque vamos a compartir miradas de libre mercado”, afirmó.
La diputada consideró que un triunfo del candidato del Partido Liberal podría facilitar el entendimiento diplomático, en un contexto de diferencias políticas entre Milei y Lula. A su vez, sostuvo que supondría “una consolidación de las ideas de la libertad, de la austeridad, de libre mercado en el orden regional y una mejora, por supuesto, de las relaciones diplomáticas”.
La mirada de Losada estuvo enfocada en el carácter institucional de la misión y en el funcionamiento de las estructuras políticas y económicas brasileñas. La senadora destacó que, durante los encuentros, se abordó la continuidad de las políticas de Estado y del comercio bilateral aun cuando existen diferencias entre los presidentes.
Según relató, los especialistas señalaron que una parte importante de los vínculos económicos entre Brasil y la Argentina opera con relativa independencia de las controversias políticas entre ambos gobiernos.
El punto cobra relevancia ante el deterioro del vínculo personal entre Milei y Lula, que condicionó los contactos de mayor nivel sin interrumpir los intercambios comerciales ni el trabajo de las estructuras diplomáticas.
Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina, y la relación económica, industrial y productiva entre los dos países constituye uno de los ejes de la integración regional.
El Frente Renovador y el kirchnerismo, cerca del PT
Mientras la misión multipartidaria cumplía sus actividades en Brasilia, una comitiva del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, viajó a San Pablo por invitación directa del Partido de los Trabajadores de Lula.
El grupo está integrado por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el presidente del Frente Renovador, Giuliano; y los diputados nacionales Sebastián Galmarini y Marina Salzmann.
El espacio confirmó su participación mediante un comunicado, en el que indicó que la visita respondió a una invitación del PT. “Por invitación del PT, una delegación del Frente Renovador estará hoy en São Paulo, Brasil, acompañando la jornada democrática”, informó.
La convocatoria fue formalizada en una carta fechada el viernes 23 de octubre en Brasilia y firmada por Edinho Silva, presidente nacional del Partido de los Trabajadores. El documento, dirigido al Frente Renovador, invitó a los dirigentes argentinos a seguir el escrutinio presidencial.
La comunicación precisó que los referentes del PT se reunirían este domingo desde las 16 en el Hotel InterContinental de San Pablo, sobre Alameda Santos, en el barrio de Jardim Paulista. La invitación destacó la presencia de los dirigentes argentinos por el papel político e institucional del Frente Renovador.
La comitiva massista se incorporó así a las actividades organizadas por el oficialismo brasileño en una jornada clave para la continuidad del gobierno de Lula.
También viajó a Brasil el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, dirigente kirchnerista e integrante de La Cámpora, otra de las presencias argentinas vinculadas con el espacio que respalda al actual mandatario brasileño.
La coincidencia de referentes del Frente Renovador y del kirchnerismo refleja la atención del peronismo argentino sobre una elección con consecuencias regionales. Para esos sectores, la continuidad de Lula implicaría que uno de los referentes de la centroizquierda latinoamericana siga al frente de la principal economía de la región.
Un triunfo de Flávio Bolsonaro, en cambio, abriría una nueva etapa en el vínculo político de Brasil con la Argentina y con otros gobiernos sudamericanos. El resultado también tendrá una lectura en la política argentina, donde la administración de Milei mantiene afinidad ideológica con sectores de la derecha brasileña.
Una definición que puede conocerse esta noche
Las autoridades electorales se preparan para un escrutinio ajustado. El Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a difundir los resultados desde las 17, una vez concluida la votación en todo el territorio brasileño, según el horario unificado de Brasilia.
La prensa brasileña informó que la conducción del organismo prevé poder establecer matemáticamente al ganador antes de las 20.30. La estimación puede variar de acuerdo con la velocidad de la carga de votos y la distancia entre los candidatos.
Como antecedente, en el balotaje de 2022, el TSE confirmó el triunfo de Lula sobre Jair Bolsonaro a las 19.56, con el 98,91 % de las urnas escrutadas. En ese momento, Lula obtenía el 50,83 % de los votos válidos y Bolsonaro, el 49,17 %. El resultado final fue de 50,90 % contra 49,10 %.
Cuatro años después, Brasil vuelve a las urnas en una elección atravesada por la polarización y la incertidumbre. Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en una jornada que también contempla definiciones para gobiernos estaduales.
La atención se concentra en la participación y en la distribución territorial del voto, dos variables que pueden resultar decisivas en una disputa sin una ventaja concluyente en las encuestas.
Para los legisladores argentinos, el viaje permitió observar el sistema electoral brasileño y tomar contacto con una competencia política de alta intensidad. También dejó en primer plano una certeza para la dirigencia local: el próximo presidente de Brasil será un actor determinante para las relaciones económicas, diplomáticas y políticas de la región, más allá de sus afinidades o diferencias con el gobierno de Milei.
En San Pablo, los dirigentes del Frente Renovador y del kirchnerismo seguirán el desenlace junto a referentes del PT. En Brasilia, la delegación institucional acompañará el escrutinio desde la representación diplomática argentina.
POLITICA
Viraje en el PJ: el peronismo revisa su relación con la Justicia y disputa los espacios de poder del kirchnerismo
El peronismo ensaya un acercamiento a sectores de la Justicia con los que hasta hace poco se mostraba enfrentado. El viraje se inscribe en una discusión más amplia dentro del PJ, donde distintas vertientes internas empiezan a revisar posiciones que durante años fueron incuestionables bajo la conducción del kirchnerismo. La renovación del Consejo de la Magistratura, prevista para dentro de menos de un mes, amenaza con acelerar esa disputa.
“Estos tipos se quedan”, reconoció a un referente del espacio para explicar el cambio de actitud frente a la Justicia.
La frase funciona como una síntesis del pragmatismo que empieza a imponerse en parte del PJ, que ya no ostenta en el Congreso las mayorías legislativas que le permitían ser un actor con poder de veto. Ahora debe negociar.
El nuevo equilibrio de fuerzas tendrá consecuencias concretas: el PJ podría perder injerencia en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar candidatos para cubrir vacantes judiciales y de intervenir en los procesos de sanción y remoción de jueces. La Libertad Avanza (LLA), en cambio, se fortalecerá.
La fecha límite es el 18 de noviembre. Para entonces, deberán definirse los ocho consejeros que corresponden al Congreso, cuatro por Diputados y cuatro por el Senado. En cada cámara, la fuerza con mayor representación tiene derecho a dos lugares, mientras que las dos minorías siguientes se reparten los restantes. Los candidatos deben ser abogados.
Actualmente, los lugares del peronismo están ocupados por dirigentes identificados con Cristina Kirchner: Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Senado, y Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade en Diputados. Pero el nuevo reparto amenaza con alterar ese predominio.
Los lugares en disputa
La disputa más áspera se anticipa en Diputados, donde el peronismo pasaría de dos representantes a uno. Los aliados de Sergio Massa ya avisaron que darán pelea por ese lugar. También buscan intervenir en la definición referentes del peronismo federal, como el entrerriano Guillermo Michel.
La discusión pone a prueba el peso de Cristina Kirchner dentro de un partido en plena reorganización. ¿Conservará su representación o cederá espacio a otras vertientes del PJ, más predispuestas a aceitar los vínculos judiciales?
En el Senado, en cambio, las negociaciones parecen más encaminadas. Suenan con fuerza Eduardo “Wado” de Pedro y el exgobernador de San Juan Sergio Uñac. Ambos mantienen un vínculo fluido con la expresidenta, pero tienen perfiles más proclives al diálogo que los actuales representantes.
De Pedro es oriundo de Mercedes, al igual que la familia Mahiques, con la que mantiene canales de diálogo. El clan ganó influencia en el entramado judicial desde que Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia de Javier Milei. El senador también fue señalado como uno de los interlocutores del Gobierno durante las negociaciones por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.
Por entonces, distintas fuentes lo ubicaban en diálogo frecuente con el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque desde su entorno siempre negaron que cumpliera ese papel.
Uñac, en tanto, proviene del peronismo federal y gobernó San Juan hasta 2023. Su pragmatismo quedó expuesto recientemente cuando votó a contramano de su bloque la reforma de la ley de glaciares impulsada por el oficialismo.
En el bloque peronista no confirman ni descartan las postulaciones. “No hay nada oficial”, se limitan a señalar. Pero, de concretarse, los reemplazos marcarían un cambio significativo en la forma en que el PJ busca relacionarse con la Justicia.
Ya hubo expresiones concretas en este sentido. Durante este año, el peronismo acompañó buena parte de los pliegos judiciales enviados por el oficialismo y hasta se dividió para facilitar la prórroga de Carlos “Coco” Mahiques −padre del ministro− en la Cámara Federal de Casación Penal.
También respaldó el ascenso a camarista en el fuero Penal Económico de Pablo Yadarola, uno de los jueces que participó del viaje a Lago Escondido en 2022, un episodio que había desatado durísimas críticas del kirchnerismo e impulsado una denuncia.
Esta vez, sin embargo, el PJ optó por acompañarlo. Su rechazo no habría alcanzado para impedir la designación y prefirieron no exhibir impotencia legislativa.
Se impuso, además, una mirada de largo plazo. Sin fuerza para imponer condiciones ni incidir en los nombres, parte del peronismo prefirió acompañar antes que quedar al margen de decisiones judiciales cuyos efectos trascenderán al actual gobierno.
Los libertarios ganan terreno
La renovación también promete reordenar el peso del oficialismo y sus aliados en el Consejo de la Magistratura. LLA conservaría la banca que actualmente ocupa el cordobés Gonzalo Roca por Diputados y sumaría otras dos: una en esa cámara, para la que suena el santafesino Nicolás Mayoraz, y otra en el Senado, donde aparece como candidata la neuquina Nadia Márquez.
Se trata de postulantes fieles a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que apuesta a sumar injerencia en el mundo judicial. Uno de sus principales aliados es el viceministro de Justicia, Santiago Viola, que ocupa la banca por el Poder Ejecutivo en el organismo.
En el bloque libertario aclaran, de todos modos, que las conversaciones siguen abiertas y que todavía no hay definiciones. En Diputados, el cuarto lugar quedaría para las fuerzas aliadas. Álvaro González, de Pro, busca renovar su mandato y negocia el respaldo del radicalismo y de Provincias Unidas.
En el Senado, en cambio, Pro perdería la representación que actualmente ocupa Luis Juez. El último lugar correspondería al radicalismo, donde Eduardo “Peteco” Vischi aspira a renovar su mandato, aunque podría enfrentar una disputa con el bonaerense Maximiliano Abad, que suma influencia en la agenda judicial.
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros: ocho legisladores, cuatro abogados, cuatro jueces, dos académicos, un representante del Ejecutivo −actualmente el viceministro de Justicia Viola− y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
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