POLITICA
Anulan el fallo que consideró inocentes a los interventores kirchneristas del Incaa
La Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones de dos exdirectores del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y de dos productores audiovisuales y mandó a dictar un nuevo fallo tras el juicio en el que fueron juzgados por defraudación.
En el proceso se investiga el manejo del Fondo de Fomento Cinematográfico en el período 2002-2013.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hicieron lugar al recurso de casación del fiscal y ordenaron dictar un nuevo fallo.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 había absuelto a los exdirectores del Incaa Liliana Mazure y Jorge Alvarez y a Fernando Rubén Sokolowicz y Pablo Luis Rovito, acusados del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.
El juicio estuvo a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel. Comenzó el 3 de junio de 2025 y culminó el 14 de octubre de ese año. Habían sido procesados hace 18 años por el juez Claudio Bonadio.
Ahora, la Casación revocó las absoluciones y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
La causa se inició a raíz de una denuncia anónima en el año 2007. A lo largo del proceso estuvieron imputados distintos funcionarios públicos y productores audiovisuales y, finalmente, la fiscalía elevó a juicio a los tres presidentes que se sucedieron al frente del Incaa durante el período 2002-2013 (el primero, Jorge Coscia, falleció antes del comienzo del debate) y a tres productores audiovisuales.
Dos de ellos habían intervenido en una producción audiovisual alcanzada por la imputación (Fernando Rubén Sokolowicz y Pablo Luis Rovito) y el restante, Alejandro Juan Tossenberger, en otra. Este último fue absuelto por falta de acusación fiscal al cierre del debate.
La maniobra investigada se relaciona con irregularidades en la suscripción y ejecución de convenios celebrados entre las autoridades del INCAA y distintos productores audiovisuales, en virtud de los cuales se habrían liberado indebidamente fondos del Fondo de Fomento Cinematográfico para la producción de proyectos audiovisuales.
La acusación señaló que los funcionarios que administraban los fondos no dispusieron de las medidas necesarias para comprobar la efectiva progresión de la obra cinematográfica. También se habían advertido presuntas falencias en las rendiciones de gastos que presentaron las productoras.
La fiscalía sostuvo que muchas de las producciones cinematográficas en cuestión nunca se hicieron, lo que, según la acusación, generó un perjuicio económico al Estado.
El monto total del perjuicio económico causado al INCAA en los múltiples expedientes administrativos relevados en el caso, según el alegato final del fiscal, superaría los $16.000.000.
En las películas cuestionadas vinculadas a los dos productores respecto de quienes el fiscal mantuvo la acusación, el monto involucrado es de $1.600.000, a diciembre de 2013.
En su caso, el fiscal que instruyó el caso, Gerardo Pollicita, entendió que Sokolowicz y Rovito acordaron el proyecto “La Historia de América Latina”, una serie de 63 episodios (50 capítulos más un resumen de otros 13).
Aunque los productores “percibieron la totalidad del aporte del INCAA”, que ascendió a $16.000.000, pago que se realizó durante las presidencias de Coscia y Álvarez, “solo se entregaron 18 de los 63 capítulos convenidos”, había sostenido la acusación.
La Sala IV consideró arbitrario el análisis de los hechos y el derecho efectuado por el tribunal oral y, por eso, anuló la conclusión absolutoria a la que arribó.
Sostuvo la Casación que el tribunal oral partió de una premisa equivocada para la determinación del alcance de los deberes a los cuales los presidentes del Incaa imputados en la causa debían adecuar el manejo del Fondo de Fomento Cinematográfico; y señalaron que ese error fue el que impactó en el examen de los hechos del caso.
El fallo de Casación destacó que la ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica Nacional, que sirvió de marco a los convenios, no podía ser considerada absoluta aun cuando la aplicación de fondos se tratara de una facultad discrecional que no había sido reglamentada.
Desde esa óptica, señalaron los camaristas que el correcto abordaje del caso implicaba el examen de la razonabilidad de la actuación de los funcionarios imputados, tomando en cuenta tanto la citada ley del cine como la de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
El juez Hornos mencionó que, a partir de la reforma constitucional de 1994 y de la aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado argentino se comprometió a maximizar sus esfuerzos por enaltecer deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública, promoviendo la probidad y la transparencia.
Y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción.
El juez Borinsky puso de resalto que los funcionarios públicos, en quienes el Estado deposita el cumplimiento y la ejecución de sus funciones en virtud del rol especial que desempeñan, son quienes mayores deberes y responsabilidades tienen hacia la sociedad y, precisamente por esa circunstancia, se reclama y espera que cumplan sus funciones con responsabilidad, ética y transparencia.
Puntualizó que el delito de defraudación agravada, en juego en el caso, puede asumir cualquiera de las modalidades de los fraudes previstos en el Código Penal, pero con la particularidad de que el sujeto pasivo de la conducta es el Estado, lo que constituye precisamente la razón de la agravante.
Por otra parte, el tribunal revisor observó que el perjuicio patrimonial también fue descartado arbitrariamente en la sentencia absolutoria.
Advirtió que no se realizó un examen integral y razonado de los peritajes contables incorporados al debate, ya que se trata de prueba técnica especialmente destinada a esclarecer la existencia o no de uno de los requisitos para la configuración del delito imputado por el Ministerio Público Fiscal.
En particular, con relación al expediente que involucra la imputación del delito a dos productores, precisaron que el tribunal oral no había explicado con fundamentos suficientes cómo los incumplimientos contractuales de su parte, que fueron admitidos por el propio sentenciante, resultaban compatibles con la afirmación de que no hubo perjuicio patrimonial.
absoluciones,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Dura crítica de Martín Menem a Axel Kicillof: “Tendría que estar inhabilitado para ocupar cargos públicos”
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó con dureza al gobernador Axel Kicillof al afirmar que “debería estar inhabilitado para ocupar cargos públicos”, al evaluar negativamente su gestión como ministro de Economía durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Lo hizo en la antesala del próximo año electoral, en el que se espera que el mandatario sea el candidato presidencial por el peronismo.
En una entrevista, el dirigente riojano dio esa definición al responder un comentario crítico de Kicillof sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei. “No dijo nada, en realidad. Tendría que estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Fue el peor ministro de Economía de la historia. Argentina puso el cepo con este tipo”, dijo en el canal TN.
Menem defendió la gestión de Milei y consideró que el expresidente Carlos Menem “estaría orgulloso del gobierno actual”. El dirigente oficialista también destacó la reciente designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, a quien definió como “un jugadorazo, un político de raza. Trabajamos palmo a palmo desde el momento que asumió como ministro del Interior”.
Consultado sobre la cruda interna dentro del oficialismo, en la que estuvo involucrado Manuel Adorni, Menem negó su importancia: “Pensar distinto en una mesa de cinco o seis no es interna, es normal. Intercambiamos opiniones, avanzamos, el gobierno avanza”, sostuvo.
La campaña presidencial y la proyección hacia 2027
El titular de la Cámara Baja sostuvo que La Libertad Avanza apostará por la gestión como eje central de la próxima campaña electoral, sin importar quién sea el adversario político. “Nosotros vamos a mostrar gestión, no importa quién esté enfrente”, puntualizó. “El panorama es muy bueno y muy alentador. En 2023 la gente tampoco llegaba a fin de mes y el dólar volaba, no había materias primas ni se podía exportar”, continuó.
Sobre la situación económica, Menem pronosticó que el próximo índice de inflación se ubicará por debajo del 2% y expresó confianza en la continuidad de la tendencia a la baja. “Va a seguir bajando, está todo dado”, aseguró. Además, planteó que la recuperación dependerá de que “la política no joda como hizo el año pasado”, y consideró que si ese escenario se cumple “toda la economía va a mejorar”.
“La inflación va a seguir bajando, está todo dado. Tenés superávit desde el día 1, con 27 meses de superávit primario y 25 meses de superávit financiero. El riesgo país estaba en tres mil, está en 400 puntos. Las reservas del Banco Central este año ya compraron 11 mil millones de dólares, la meta era 10 mil y va a seguir comprando. Toda la deuda en pesos está con tasas más bajas y previsibles. El programa económico ya tiene solucionados todos los vencimientos en dólares”, describió.
Sin embargo, el dirigente libertario, alineado en la interna con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, admitió que existen sectores que aún no perciben la mejoría económica. “Empatizamos absolutamente con todas las personas que por ahí les va a llegar un poquito más adelante. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, va a llegar más temprano que tarde. Si la política no jode como jodió a partir de mayo del 2025, toda la economía va a mejorar”, manifestó, y precisó que “hay sectores que arrancaron antes que otros, pero el panorama es muy alentador”.
Martín Menem también se refirió al asesinato de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, ocurrido el 6 de junio, general de GENTECH y socio cercano del titular de la Cámara baja. Osorio Peñaloza fue hallado sin vida en su departamento ubicado sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Caballito, ante el presunto ataque de una viuda negra. “La verdad era una persona que trabajaba conmigo, casi como un hermano de la vida. Era el jugador más importante a nivel laboral y fue víctima de un caso típico de viuda negra”, planteó.
En esa causa, se dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Anabela Sabrina Olmedo (33), la principal sospechosa imputada por la muerte. “Hay una persona procesada y detenida. Está la justicia en el tema. Muy triste para mí, no me quiero acordar”, agregó.
Menem planteó que el gobierno de Javier Milei está “reconstruyendo a la Argentina de cero”, y lo comparó con la situación recibida con la de “la Venezuela que se está recuperando del terremoto”, ya que el kirchnerismo fue “una catástrofe”. “Es muy grave la situación en la que recibe el presidente. Estamos reconstruyendo de cero, desde los cimientos”, dijo, y confió: “Argentina prendió todos los motores para que la economía crezca”.
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Marcelo Martínez De Giorgi lleva más de tres décadas en el Poder Judicial de la Nación. De extremo bajo perfil, De Giorgi había vuelto a quedar bajo la mirada pública cuando el gobierno nacional promovió el pliego de su esposa, Ana María Juan, como nueva titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.
Este viernes, De Giorgi dictó un fallo que debilitó a la acusación en el caso $LIBRA al apartar a dos grupos de querellas en la causa que investiga el lanzamiento de la moneda digital que promovió el presidente Javier Milei. La decisión volvió a leerse en clave política y a posar la mirada en el juez.
De Giorgi cultiva la discreción. Prefiere evitar la atención y es un tiempista en el manejo de las causas. Los críticos le atribuyen los lentos movimientos de sus expedientes al objetivo de hacer equilibrio entre los diferentes sectores de poder.
Sus talentos le permitieron llegar lejos; mucho más lejos que la mayoría de los colegas.
Egresado de la Universidad John Kennedy en 1990, los memoriosos recuerdan que para entonces llevaba cinco años en el Juzgado de Sentencia “V” y que en 1992 pasó a trabajar como secretario para Horacio Cattani, uno de los más respetados del fuero, en la Sala II de la Cámara Federal.
Fueron tiempos aquellos en que la Sala II se ganó el mote de la “sala independiente” del poder político. Por sus fallos y por la conducta de sus integrantes. Y allí fue donde Martínez De Giorgi se granjeó buena fama. “Era estudioso, callado, honesto, laburador. Cattani se apoyaba mucho en él”, rememoró un funcionario judicial que lo conoce de esos años.
Algo, sin embargo, se rompió en la relación con Cattani tras la renuncia de Jorge Urso al Juzgado Federal N° 8 y De Giorgi ocupó la subrogancia.
Cattani renunció en 2018 y falleció en 2024.
De Giorgi tejió vinculaciones con el entonces director general de operaciones de los servicios de inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, y los hermanos Ariel y Alfredo “Fredy” Lijo.
La causa “Oncca” fue, según sus críticos, el expediente que le valió su juzgado. Porque Ricardo Echegaray parecía estar contra las cuerdas en aquella investigación, pero salió indemne. Mérito de su defensor, León Arslanian, también de buena relación con Martínez De Giorgi, que cultivó su diálogo con el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Ya al frente del Juzgado ocho tomó algunas decisiones fuertes, aunque siempre muy atento a los tiempos y el contexto. Lo mismo, al tomar la subrogancia del Juzgado cinco, tras la renuncia de Norberto Oyarbide. Y, más tarde, con el Juzgado 11, debido a la muerte de Claudio Bonadio.
Otros dos expedientes generaron más ruido a su alrededor. Uno fue el sobreseimiento del entonces camarista Eduardo Freiler –jefe directo de su esposa– en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El segundo, la investigación por el capítulo argentino del “Lava Jato”: el contrato por el soterramiento del tren Sarmiento.
Simpatizante de Boca Juniors, buen zaguero izquierdo que se quedó sin proyección con la suma de los años, devenido golfista regular, De Giorgi soñó con ser camarista.
A principio de julio, De Giorgi libró exhortos a Estados Unidospara avanzar con la investigación criminal quetiene bajo la lupa al actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),Andrés Gerardo Vázquez. Busca determinar si el zar de los impuestos argentinos es, en efecto, el dueño de tres inmuebles en el estado de Florida.
Ahora, su decisión de rechazar a la querella del caso $LIBRA volvió a volcar la atención sobre su juzgado. La misma que prefiere evitar.
la causa,“Lava Jato”,tiene bajo la lupa al actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero,Actualidad,Los cuadernos de las coimas,Marcelo Martínez de Giorgi,Conforme a,Actualidad,,Líder del negocio. Bunge fue la multinacional que más granos exportó en el primer semestre de 2026,,Nueva inversión. Un líder del maní desembarca en un importante negocio alimenticio,,Investigación alentadora. Probaron con éxito un “cultivo estratégico” en una de las zonas más frías del país
Un día después de que la Corte Suprema ratificara que los condenados en la causa Vialidad deben devolver $685.000 millones, la expresidenta Cristina Kirchner y Lázaro Báez presentaron recursos de queja para buscar dilatar la ejecución de sus propiedades, que serían alcanzadas por el decomiso.
El máximo tribunal confirmó este jueves la actualización del monto del decomiso, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, y rechazó los planteos de nulidad presentados por la exmandataria y el empresario de la obra pública en Santa Cruz. La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó resuelto el monto que deben afrontar los condenados. Sin embargo, todavía resta un paso: la ejecución patrimonial de los bienes, que ya generó nuevas presentaciones para intentar demorarla.
En las últimas horas, Cristina Kirchner y el exempresario de la obra pública santacruceña Báez fueron los primeros en buscar dilatar el proceso. Se opusieron al fallo de la Cámara de Casación que había confirmado la continuidad del decomiso, lo que llevó el expediente nuevamente a la Corte. Ahora, con el monto ya definido, la instancia final del proceso es la ejecución de las propiedades identificadas para ser rematadas, vendidas o cedidas.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, fue quien impulsó la estrategia de la exmandataria, que también quiere evitar el decomiso de bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. “No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, sostuvo la defensa.
Si el decomiso avanza, Cristina Kirchner perdería alrededor de veinte propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111, donde permanece detenida desde hace un año, además de hoteles y sus casas en Río Gallegos y El Calafate. Entre los bienes alcanzados figurarían también los casi 5 millones de dólares secuestrados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner.
Leer más: Causa Vialidad: uno por uno, todos los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó decomisar
El valor total del decomiso para todos los condenados era originalmente de $84.835.227.378,04, calculado en base a los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados por todos los condenados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz. Lo que hizo la Corte este jueves fue dejar firme el monto actualizado del decomiso, según el IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025: así la cifra total asciende a $684.990.350.139,86.
A los planteos de la expresidenta y Báez se suman otros de los demás condenados en la causa, además de un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que sostiene que los bienes decomisados en causas de lavado de activos deben quedar bajo la administración del organismo especializado.
En la Corte Suprema no hay plazos para resolver estas presentaciones, aunque las últimas quejas ingresaron hace menos de un mes. De todas formas, se sabe que las quejas no tienen efecto suspensivo, por lo que el inicio de la ejecución patrimonial podría avanzar en paralelo.
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