El ministro Luis Caputo y su vice, José Luis Daza, destacaron en sus últimas presentaciones la importancia de la apertura comercial -medida por la suma de exportaciones e importaciones sobre el PBI- para que la economía crezca de modo sostenido y eleve el ingreso medio por habitante -PBI equivalente en dólares del promedio del año dividido por el total de la población-.

Para respaldar esa afirmación se apoyaron en la relación entre ambos indicadores en países desarrollados y en economías que transitan ese proceso, en su mayor parte miembros o invitados a integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Si bien no se trata de una relación fija y concluyente -hay excepciones-, en general se cumple la regla de que un mayor comercio internacional de bienes y servicios se asocia con un mayor nivel de ingreso per cápita, según datos del World Economic Outlook (WEO) del FMI para PBI por habitante en 2025 y del Banco Mundial para el grado de apertura comercial, en ese caso hasta 2024.

La evidencia comparada que cita el equipo económico sugiere que una mayor integración con el mundo tiende a correlacionar con ingresos por persona más altos, aunque con casos que se apartan de esa pauta.

En el universo de 43 países vinculados a la OCDE, el ranking se elaboró con 42 países que cuentan con datos comparables de ambos indicadores. En esa comparación, la Argentina aparece rezagada: se ubica 38° en ingreso por habitante y 42° en apertura comercial.

La apertura al mundo no solo se vincula con la disminución y eliminación de retenciones sobre las exportaciones y de los aranceles (cargos) sobre las importaciones, sino principalmente con el volumen -en valor y cantidades- del intercambio de bienes y servicios en proporción a la generación anual de riqueza. En particular, en un proceso de reactivación de la economía, a diferencia del pasado, cuando el aumento de las ventas externas operaba como salida para compensar la retracción del consumo interno.

Esos dos requisitos se cumplieron en la integración original de la OCDE y en su ampliación.

Los primeros 18 países desde su fundación en 1961 fueron: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia e Irlanda, con el propósito de colaborar en políticas públicas y desarrollo económico.

Luego, el consejo abrió adhesiones a: Japón (1964); Finlandia (1969); Australia (1971); Nueva Zelanda (1973); México (1994); República Checa (1995); Corea del Sur (1996); Hungría (1996); Polonia (1996); República Eslovaca (2000); Chile (2010); Israel (2010); Eslovenia (2010); Estonia (2010); Letonia (2016); Lituania (2018); Colombia (2018/2020, proceso finalizado en 2020); y Costa Rica (2021).

Mientras tanto, se encuentran en proceso formal de adhesión, con expedientes abiertos desde 2022: Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania. Desde 2024 iniciaron conversaciones con la OCDE los gobiernos de Indonesia y Tailandia.

En ese conjunto de 43 países, que representa 65% del PBI mundial en valores corrientes, el PBI por habitante promedio es de USD 47.142 y el grado de apertura de sus economías -exportaciones más importaciones en términos del PBI- promedia 56 por ciento. En ese universo, la Argentina no solo aparece entre las más rezagadas: ocupa el puesto 38 en ingreso por persona y 42 en apertura al mundo, y figura entre las que perdieron posiciones en las últimas cuatro décadas.

En ese período, dentro del grupo de países desarrollados y en proceso de desarrollo vinculados a la OCDE, se destacaron en aumento de la apertura comercial entre extremos: entre 148 y 175 puntos del PBI sobresalieron Luxemburgo e Irlanda, y sus PBI por habitante se multiplicaron por 11 y 19 veces.

En contraste, en Argentina el intercambio se elevó en apenas 13 puntos del PBI y el PBI por habitante aumentó 3,3 veces, la tasa menor de todo el bloque de la OCDE.

Desde la vuelta a la democracia en 1983, la Argentina tuvo un desempeño singular: fue el país con menor crecimiento sostenido del PBI per cápita entre los grandes países latinoamericanos; se mantuvo entre las economías más cerradas de la región durante gran parte del período; y atravesó ciclos de apertura y cierre comercial, sin consolidar una estrategia estable de inserción internacional.

En ese recorrido predominó una lógica de “vivir con lo nuestro”, consigna asociada al ex ministro de Economía Aldo Ferrer, que la propuso tras analizar las políticas y el fracaso de experiencias aperturistas de los setenta.

Argentina pasó de niveles de apertura similares a Brasil en los años ’80, a quedar muy por detrás en la última década, y más aún de Chile y México, con una integración comercial en torno de 28%, frente a 36% de Brasil, 64% de Chile y 75% de México.

En PBI por habitante, la Argentina tenía en 1983 un nivel que superaba al de Brasil en 249%; al de Chile en 123%; y al de México en 57 por ciento. También superaba a Rumania en 86%, a Corea del Sur en 76%, a Portugal en 40%, a Polonia en 92% y a Hungría en 93 por ciento. Cuarenta años después, supera al mayor socio del Mercosur en apenas 32%, fue equiparada por México y se retrasó con el resto: la brecha llega a 33% con Rumania y a 63% con Corea del Sur.

1983–1990: regreso de la democracia e inestabilidad económica; crisis de deuda pública heredada; hiperinflación; economía relativamente cerrada; y estancamiento del ingreso per cápita.

1991–2001: Convertibilidad; apertura comercial y financiera; fuerte crecimiento inicial; aumento de productividad; aumento del endeudamiento para financiar el déficit fiscal; posterior crisis de competitividad por deliberada apreciación del peso y colapso en 2001, con pesificación asimétrica entre depósitos y préstamos, default e inmovilización de los depósitos en cuentas bancarias fuera del sistema. La apertura comercial pasó de aproximadamente 14% a más de 20% del PBI durante los 90.

2002–2023: rebote y estancamiento; auge de los precios de las materias primas; fuerte recuperación hasta 2011, aunque con default parcial de la deuda pública y exceso de regulaciones. Luego se sumaron restricciones cambiarias que derivaron en un crecimiento muy débil hasta 2015, y la actividad se movió con altibajos en los años siguientes. La apertura alcanzó más de 40% del PBI tras la crisis de 2002, pero volvió a caer hacia niveles cercanos a 25–30% durante la última década.

2024–2026: ajuste de tarifas; recuperación del equilibrio fiscal; recapitalización y acumulación de reservas del BCRA; desregulación; recorte de subsidios a las tarifas de los servicios públicos; y reapertura del comercio exterior.

¿La apertura explica toda la diferencia? No. La evidencia internacional muestra que la apertura suele ayudar al crecimiento, pero funciona mejor cuando está acompañada por: estabilidad macroeconómica, baja inflación, reglas previsibles, inversión en capital humano e instituciones sólidas.

La evidencia del Banco Mundial para América Latina también sostiene que los mercados abiertos son importantes, pero no suficientes por sí solos, para impulsar un ciclo de desarrollo económico sostenido y una mejora del ingreso real de la población.

En la última semana, la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y el director para Argentina, Peter Siegenthaler, se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien estuvo acompañado por el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, para repasar el estado de las negociaciones del acuerdo de garantías de préstamos por hasta USD 2.000 millones.

Luego de reunirse con el presidente Javier Milei, Cordeiro Guerra escribió en X: “Fue un gusto compartir perspectivas y conocer de primera mano los avances que se están logrando en materia de estabilidad macroeconómica, así como contribuir, a través de la garantía, al acompañamiento de la agenda del Gobierno para facilitar un acceso más eficiente y en mejores condiciones a los mercados internacionales”.

El viceministro José Luis Daza resaltó que el país no solo cuenta con recursos naturales que pocos países tienen y que el mundo demanda con mayor intensidad, como alimentos, energía y combustibles, minerales como el cobre y el litio, y servicios asociados a la economía del conocimiento. También mencionó la respuesta de la inversión extranjera a la apertura y a los incentivos que, con respaldo legislativo, impulsa el Gobierno, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), las inversiones de las medianas industrias (RIMI) y el super RIGI, para nuevas actividades.