POLITICA
ARA San Juan: las querellas de 34 familias pidieron la pena máxima para los cuatro exjefes navales

RÍO GALLEGOS.− Casi nueve años después de que el ARA San Juan implosionara en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo, las familias de la mayoría de las víctimas −a través de las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias− pidieron cinco años de prisión efectiva para cada uno de los cuatro exoficiales de la Armada acusados como responsables por el hundimiento del submarino. En tanto que el abogado Luis Tagliapietra, solicitó penas de hasta siete y ocho años de prisión efectiva.
Sin embargo, sobre el final de la jornada tras los alegatos, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi advirtió que la actuación de los querellantes es de carácter adhesivo a la del Ministerio Público Fiscal, por lo que los pedidos de penas más altas y el encuadre en concurso real planteados carecían de eficacia procesal.
Mientras las abogadas Carreras y Arias aceptaron la observación y ratificaron el pedido en los términos de la fiscalía, Tagliapietra dejó asentada su reserva federal.
En el primer turno, las abogadas Carreras y Arias, que representan a 34 familias de los submarinistas fallecidos, expusieron durante casi cuatro horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, un alegato que combinó el peso de los hechos probados con la voz de quienes perdieron a sus hijos, maridos, hermanos y padres la mañana del 15 de noviembre de 2017.
El pedido de condena recayó en forma igualitaria sobre los cuatro imputados: cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa.
Las querellas solicitaron, además, diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o empleo público para los cuatro, con fundamento en los artículos 248 y 20 bis del Código Penal. La abogada Arias dejó asentado que esta calificación, que encuadra los hechos como estrago culposo agravado por muerte en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, representa el máximo reproche posible dentro del marco jurídico con el que la causa fue elevada a juicio, y que la gravedad de lo probado, en su criterio, excede largamente ese encuadre.
La abogada Carreras, que denominó el suceso como la “Crónica de una muerte anunciada”, cerró el alegato con una reconstrucción de los últimos momentos del submarino, con la que buscó devolver humanidad a una causa que estuvo atravesada por los tecnicismos navales. Describió a la tripulación combatiendo durante al menos 20 horas en el interior de la nave: golpeándose contra las paredes en medio del temporal, respirando humo, sin visibilidad, achicando agua, intentando comunicarse. “El primer golpe contra una pared del pasillo. El otro golpe contra la otra. Un cabezazo contra la tubería. No veo porque el humo me lo impide”, graficó, traduciéndoles a los jueces lo que los 44 vivieron adentro de esa botella de acero.
La abogada se apoyó también en los testimonios de las familias de los tripulantes, todos coincidentes en un punto: el submarino estaba en mal estado, se rompía. “No querían ir. Nos mintieron”, sintetizó Carreras. Y añadió: “La mentira es una forma de violencia, de maltrato”. Para la querellante, el ocultamiento y la mentira no fueron solo posteriores al hundimiento, sino que estuvieron presentes antes y durante la tragedia.
Uno de los ejes finales de su exposición fue la comunicación de la madrugada del 15 de noviembre, cuando el ARA San Juan reportó el ingreso de agua al tanque de baterías. La abogada cuestionó que el imputado Correa, quien recibió el llamado en su teléfono particular pasada la medianoche, no se haya trasladado a la base ni convocado a ningún especialista. “Cuando había problemas me llamaban a mí”, recordó que el propio Correa declaró en el juicio.
Para la querella, ese llamado no era una novedad de rutina: era un pedido de ayuda. “El sentido común indica que esa pregunta, en medio de la noche, reportando un principio de incendio, no podía ser otra cosa que un pedido de auxilio”, sostuvo.
Lorena Arias tomó la palabra para construir el encuadre jurídico del pedido de condena. Con precisión, sostuvo que los tres tipos penales imputados −abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por muerte− concurren idealmente sobre una misma conducta omisiva, y que por eso corresponde aplicar la pena del delito más grave: el artículo 189, segundo párrafo del Código Penal.
El eje de su argumentación fue la distinción entre imprudencia simple e imprudencia grave. “La imprudencia grave −explicó− es la que persiste después de que el riesgo fue identificado, documentado y advertido por la propia institución, sin que se adoptara ninguna medida de mitigación”.
Para Arias, ese es el caso: los imputados no fueron sorprendidos por un riesgo desconocido. Convivieron con él, lo toleraron y finalmente lo normalizaron. “Los grandes desastres no suelen producirse por una sola decisión. Se producen cuando una estructura entera comienza a aceptar como normal aquello que el reglamento había sido creado para impedir”, afirmó.
La abogada también desarmó el argumento que, anticipó, esgrimirán las defensas: que el ARA San Juan había navegado antes sin accidentes. “Eso no reducía el riesgo objetivo. Lo que reducía era la percepción de urgencia. Y esa normalización del riesgo no es ejercicio del debido cuidado: es exactamente como los grandes desastres institucionales se producen”.
Arias rechazó además la tesis que las defensas construyeron durante el debate: la de que cada imputado podía desplazar su responsabilidad hacia el otro. “Si todos los garantes se desplazan mutuamente, nadie responde por la muerte de 44 personas. El artículo 45 del Código Penal no funciona así”, señaló. Cada uno de los cuatro acusados tenía deberes propios emanados de normas distintas, y que todos fallaran simultáneamente no los exonera.
Las responsabilidades
La querella trazó una imputación individualizada para cada acusado. A Villamide, titular del Comando de la Fuerza de Submarinos, le señaló la responsabilidad más directa sobre la última navegación: conocía el incidente de julio de 2017 en el mismo sistema que falló en noviembre, recibió el reporte de averías de la madrugada del 15 de noviembre y, según un testigo declarado en el juicio, al día siguiente −mientras las familias esperaban noticias y los tripulantes ya yacían en el fondo del mar− estaba en una recepción de la Escuela de Guerra Conjunta.
A Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, las querellas le atribuyen haber firmado la orden de operaciones que envió al ARA San Juan a su misión final en ausencia del titular del Comando. “Esa firma no fue un acto delegado inocente ni una formalidad administrativa”, sostuvo Arias. “Era asumir la comprobación de que la misión asignada era compatible con el estado real del buque. Esa comprobación era imposible de realizarse afirmativamente, y no se realizó”.
A López Mazzeo, la querella sitúa el origen de su reproche el 5 de septiembre de 2017, cuando emitió el mensaje naval que incorporó al ARA San Juan en una operación que además de los ejercicios navales en Ushuaia requería 12 días de patrulla.
A Correa, jefe de Comunicaciones, la querella le endilga dos momentos de conducta activa. El primero, haber incorporado en la orden de operaciones la extensión del intervalo de comunicación con el submarino de 36 a 48 horas, lo que −según Arias− redujo la capacidad de detección temprana de una emergencia. El segundo, haber recibido el llamado de la madrugada del 15 de noviembre y no haber tomado ninguna medida: ni convocó al Estado Mayor, ni llamó a especialistas, ni activó protocolos de emergencia.
Al cierre del alegato, Lorena Arias leyó uno por uno los 44 nombres de los tripulantes del ARA San Juan. Lo hizo en nombre de las familias que la querella representa. Luego sintetizó el sentido de todo el proceso: “Este juicio no puede devolver a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos, a sus padres. Pero sí puede establecer algo indispensable en un Estado de derecho: que la vida de quienes sirven bajo mandos militares no es descartable, y que los deberes existen para cumplirse, y no para archivarse”.
Las querellas también reservaron para las familias representadas el derecho a reclamar la reparación del daño moral y material sufrido, conforme el artículo 29 del Código Penal.
“Me atrevo a pedirles una sentencia justa”
El último querellante en tomar la palabra fue también el más personal. Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Tagliapietra —uno de los 44 tripulantes fallecidos— y abogado desde el primer día de la causa, cerró los alegatos con un pedido de penas más elevadas que el de sus colegas y un encuadre jurídico propio: siete años de prisión para López Mazzeo y Alonso, y ocho para Villamide y Correa, a quienes además reclamó que se les impute abandono de personas por haber dejado a la tripulación sin auxilio en altamar la noche del 14 de noviembre.
En su alegato denunció una instrucción judicial fallida —con prueba destruida en la Base Naval de Mar del Plata mientras la jueza estaba de vacaciones y peritajes realizados por personal de la propia Armada— y reveló, a partir de documentos reservados, que la misión del ARA San Juan incluía la identificación de buques y aeronaves militares británicos vinculados a Malvinas, y que el submarino fue enviado solo, sin torpedos operativos y sin buque de apoyo.
En el tramo final dejó de lado los tecnicismos para hablar como padre. Contó que su hijo quería llegar a ser almirante para construir una Armada mejor, que estudió con obsesión para participar en la última navegación y que en su computadora tenía archivada toda la documentación del ARA San Juan que estaba estudiando para las pruebas finales.
Admitió que pedir una condena va contra sus propias convicciones —se definió como partidario de la justicia restaurativa—, pero que se debe a las familias que representa. Y cerró con un ruego que excedió el veredicto: que la sentencia establezca qué quedó pendiente de investigar, porque para él la búsqueda de la verdad no termina aquí. “No me atrevo a pedirles justicia, señores. Me atrevo a pedirles una sentencia justa”, concluyó.
Mariela Arias,Conforme a
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Día clave para el Gobierno: expectativa por el Presupuesto y dilaciones en el proyecto de Malvinas

El presidente Javier Milei reunió el lunes a los diputados y senadores de La Libertad Avanaza en la Casa Rosada, pero no habló de geopolítica ni de la agenda parlamentaria. El mandatario dedicó las tres horas del encuentro a explicarles a los dirigentes de su espacio los principios básios de su modelo, cómo responder a las críticas de la oposición y la situación de los principales indicadores de la economía argentina.
Aunque el Gobierno se prepara para enfrentar en las próximas semanas importantes desafíos en el Congreso, al jefe de Estado le interesa más que los legisladores entiendan primero por qué está convencido de que las medidas que está tomando son correctas, porque considera que las batallas parlamentarias que se vienen las va a ganar si logra la ventaja en el plano discursivo.
Un primer ejemplo de esto lo tuvo con la causa Malvinas, cuando el equipo que lo acompaña le acercó las encuestas que indicaban que la gran mayoría de la población apoyaba fuertemente las medidas que anunció por cadena nacional.
Aunque varias de las iniciativas vinculadas a este asunto ya fueron anticipadas, el Poder Ejecutivo todavía trabaja en la redacción final del texto que entrará por la Cámara de Diputados, en la que interviene principalmente el canciller, Pablo Quirno, pero todavía no tiene fecha para la presentación.

No obstante, la cúpula libertaria ya comenzó con las negociaciones con los aliados y le mostraron un primer borrador al PRO durante la última reunión que tuvieron con ellos en Casa Rosada, en el marco de los acercamientos para alcanzar acuerdos electorales en todo el país.
En aquella oportunidad, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, los enviados de Mauricio Macri a esa mesa, vieron la propuesta y aseguraron que, en principio, van a apoyarla.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comprometió a pasarles en los días siguientes por WhatsApp la versión final, aunque hasta el momento ninguno de los dos la recibió.
Los tiempos también se extendieron porque el primero de ellos se encuentra actualmente en Washington, ya que acompañó al alcalde porteño, Jorge Macri, en la gira que está haciendo por los Estados Unidos, lo que pausó las conversaciones con los libertarios.
Por lo pronto, lo que sí enviará este martes el Ejecutivo es el Presupuesto 2027, que también ingresará por ese mismo recinto, pero a diferencia del otro proyecto, su contenido se mantiene bajo un estricto hermetismo y en el Palacio de Hacienda se niegan a dejar trascender ningún detalle.
Recientemente, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, respaldó el rumbo de la economía argentina y rechazó, en línea con el Presidente, una de las principales críticas de la oposición, el nivel de endeudamiento de las familias.
“Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente una vulnerabilidad financiera significativa”, expresó.

En las últimas horas circularon algunos supuestos detalles de su contenido, pero las autoridades nacionales aseguraron a Infobae que esas cifras no eran correctas, sobre todo en lo que respecta a la expectativa sobre la inflación y el valor del dólar.
Lo que sí está definido es que no va a ser presentado por Milei, como los años anteriores. Tampoco por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El plan de gastos para el año que viene, que será electoral, se entregará directamente y sin exposición de los funcionarios de primera línea.
Por la tarde, en tanto, volverá a reunirse la mesa política en las oficinas del extinto Ministerio del Interior para, justamente, terminar de coordinar la estrategia legislativa de cara a la discusión de los dos mencionados proyectos.
Como siempre, el encuentro estará encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; acompañada por Santilli e Ignacio Devitt, su segundo; ”Toto“ Caputo; Santiago Caputo, asesor presidencial; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y Fabián Fernández, secretario de Comunicación.
Será después de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. La intención es terminar de ordenar la estrategia para el tratamiento de la ley de gastos y recursos y definir la hoja de ruta de las próximas semanas.

El debate por el Presupuesto abrirá una nueva instancia de negociaciones con gobernadores y bloques aliados, que reclamarán definiciones sobre los recursos destinados a las provincias, las obras de infraestructura y las transferencias nacionales. El oficialismo necesita construir acuerdos para conseguir la aprobación de una norma que considera central para sostener el programa económico.
De hecho, este fue uno de los mensajes que Karina Milei les transmitió a los legisladores en la reunión del lunes, cuando tomó la palabra por unos minutos, poco antes de que llegara el Presidente.
A la funcionaria le molestó que algunos integrantes del oficialismo hayan criticado a distintos mandatarios provinciales y referentes de partidos que serán fundamentales para aprobar las reformas en el Congreso.
En paralelo, el Poder Ejecutivo continuará trabajando en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que fue anunciado por Milei en cadena nacional y busca endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en las islas Malvinas y en la Plataforma Continental.
Está cuestión seguirá así como uno de los temas de la agenda oficial, junto con el Presupuesto y la reforma electoral, que comenzará a debatirse este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La Casa Rosada apunta a avanzar con esos proyectos antes de que las negociaciones por las elecciones de 2027 ocupen de lleno la dinámica del Congreso.
Pablo Quirno,Carlos Presti,Base Naval Integrada de Ushuaia,Ushuaia
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Diputados abre el debate por el endeudamiento de las familias: hay casi 50 proyectos y buscan consensuar propuestas

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados se reunirán este martes para comenzar a buscar acuerdos sobre los proyectos destinados a abordar el endeudamiento y la morosidad de las familias. El plenario fue fijado luego de que la Cámara Baja aprobara por unanimidad un emplazamiento que estableció un cronograma de trabajo y fijó para el 29 de septiembre la firma de los dictámenes.
En total, hay cerca de 50 iniciativas presentadas por distintos bloques de la oposición. Este lunes se sumó una propuesta de los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora y forman parte de Provincias Unidas.
Ese proyecto plantea crear una línea de préstamos destinada a las personas que se encuentran en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central. La iniciativa permitiría refinanciar las obligaciones mediante créditos de mayor plazo y menor costo financiero.
Los préstamos serían otorgados por bancos que adhieran voluntariamente al programa y contarían con beneficios impositivos destinados a reducir el costo financiero, además de fondeo proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Según la propuesta, el Estado no asumiría las deudas privadas.
Los créditos se ajustarían por UVA, tendrían una tasa máxima del 7,5% anual y un plazo de cinco años para su cancelación.
La diputada Alejandra Torres explicó los fundamentos de la iniciativa: “No hay un problema de deuda por irresponsabilidad. Tomar un crédito es parte de la dinámica de cualquier familia y motoriza el crecimiento, como ocurre en los países más desarrollados. El problema son las tasas desproporcionadas, por eso proponemos una salida donde cada parte hace su esfuerzo”.
Cómo será el debate en las comisiones y cuáles son los proyectos que tienen más respaldo
El emplazamiento aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles pasado estableció un cronograma de reuniones para este martes 15 y los días 22 y 29 de septiembre, siempre a las 14. En el último encuentro está prevista la firma de los dictámenes.
Las iniciativas fueron giradas a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, pero no a Presupuesto y Hacienda. El bloque oficialista que conduce Gabriel Bornoroni recibió favorablemente esa decisión, bajo la premisa de que las medidas que finalmente se acuerden no deberían generar impacto fiscal.
Santiago Pauli ya llevaba dos semanas realizando reuniones con invitados y trabajando sobre un esquema similar al que finalmente aprobó la Cámara. A partir del emplazamiento, los bloques opositores buscan ahora acercar posiciones y reducir el número de propuestas para avanzar con textos consensuados.
Entre los proyectos mejor posicionados aparecen los del radical Pablo Juliano y la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. También existen iniciativas impulsadas por Unión por la Patria.
Juliano propuso crear un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito. La iniciativa busca fomentar el acceso responsable al financiamiento, prevenir situaciones de sobreendeudamiento y aumentar la transparencia de las condiciones de contratación.
También apunta a reforzar la responsabilidad de las entidades al momento de otorgar créditos y promover la inclusión financiera.
Frade, en tanto, centró su propuesta en el uso responsable de las tarjetas de crédito. El proyecto establece que las entidades emisoras deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de fijar límites de gasto definidos por los propios usuarios, con el objetivo de prevenir situaciones de sobreendeudamiento.
La Libertad Avanza prepara un dictamen propio y pone el foco en el costo real de los créditos
La Libertad Avanza también trabaja en una propuesta propia para llevar al recinto. El eje estará puesto en las medidas vinculadas con el Costo Financiero Total (CFT), el indicador que refleja cuánto termina pagando efectivamente una persona por un crédito al sumar intereses, comisiones, seguros y otros cargos.
En las reuniones de la Mesa Política de la Casa Rosada, de las que participa el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich presentó una propuesta para implementar un sistema que brinde información más clara y explícita antes de contratar un préstamo.
El objetivo es que los usuarios puedan conocer de antemano el costo real del financiamiento y comparar las condiciones antes de asumir una deuda.
La iniciativa involucraría al Banco Central, los bancos y las empresas fintech en los mecanismos de refinanciación y en la revisión de la forma en que se informa el CFT.
A partir de ese planteo, el oficialismo prepara un dictamen alternativo, que buscará presentar el 29 de septiembre, cuando las comisiones firmen los distintos despachos.
De esta manera, La Libertad Avanza pasó de mantenerse al margen de las primeras propuestas sobre endeudamiento familiar a trabajar en una alternativa propia, mientras la oposición intenta consensuar un texto que reúna parte de las casi 50 iniciativas presentadas.
deudas, familias, Diputados
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Realismo libertario: Milei reclama a su tropa una defensa cerrada del plan económico y busca reactivar sus proyectos

Desde que retomó la actividad en la Casa Rosada, Javier Milei suma encuentros con ministros y legisladores, y los dedica centralmente a la marcha de la Economía, no con sentido académico sino para reclamar una defensa activa, y cerrada, del plan de Gobierno. Lo acaba de repetir en el inicio de esta semana, marcada además por la intención de reactivar proyectos propios en el Congreso. El oficialismo tiene pendiente una extensa lista de iniciativas, algunas por ahora realmente complicadas, como la reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO. Y añade también como objetivos prioritarios el Presupuesto 2027, desde este martes, y el texto sobre Malvinas. En el fondo, es un clásico: intensidad política cuando los números no acompañan, al menos como se esperaba. Algo así como realismo libertario.
Las reuniones referidas y la significativa actividad presidencial en redes sociales asoman en espejo con la economía. La batería está dirigida a contrarrestar lo que el círculo de Olivos percibe como preocupación en el interior del oficialismo, alimentada por el olfato de algunos libertarios y variadas encuestas, no sólo ni principalmente las que circulan de manera pública. Es llamativo, pero para aplacar las inquietudes propias no alanza ya con lo ocurre en las otras veredas: el peronismo/kirchnerismo embarrado en sus internas y otras franjas políticas dispersas, fragmentadas.
La reiteración del mensaje de Milei ante funcionarios, diputados y senadores se produjo después de una semana que dejó a la vista un cuadro de datos contrapuestos, pero distante del concepto de economía con dos velocidades. Algunos, aún con los cuidados del caso, prefieren la figura de la K para describir sectores en alza y rubros en caída. El Gobierno celebró la desaceleración del IPC de agosto (1,7%) dos días después de la difusión de los informes del INDEC con registro de derrumbe en la industria y en la construcción. Pero además, en los últimos días se consolidó entre economistas de diverso perfil que el PBI cerrará el 2026 con un crecimiento módico, algo por encima de los 2 puntos porcentuales, lejos del cálculo inicial del oficialismo, que lo ubicaba en 5 puntos y tal vez un poco más.
Eso remite directamente al Presupuesto. El texto enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso para el 2026 fue superado por la realidad no sólo en cuanto a aquella cifra de crecimiento económico, sino además en materia de inflación anual, estimada en 10,1%. El acumulado en los ocho meses ya cerrados trepa a 21,3%.
Por supuesto, no serán los únicos puntos de atención en el Presupuesto 2027. Están los más tradicionales, cruzados por las tensiones de estos tiempos, como Educación y en particular, financiamiento universitario. Del mismo modo, con similar eco de las disputas legislativas, serán considerados los montos proyectados para el área de discapacidad. Y esta vez, un foco se lo llevará Defensa. Importa qué partida será asignada al desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

Pablo Quirno y Carlos Presti visitaron el lugar la semana pasada. El viaje del canciller y del ministro de Defensa a Tierra del Fuego buscó destacar el giro del Gobierno sobre el reclamo de soberanía por Malvinas. También expuso que recién ahora pasó a ser una prioridad. Es una obra anunciada en el 2022 y que en la práctica, tuvo nulo o muy escaso avance desde entonces. Al regreso a Buenos Aires, en una entrevista, Presti expresó indignación por ese estado de cosas. Significativo, porque es una historia que involucra a la gestión de Alberto Fernández/CFK y también a la actual.
En lo inmediato, fuera de la cuestión presupuestaria, el Congreso espera el texto específico sobre Malvinas, bajo el título de Defensa de la Soberanía Nacional. La redacción del articulado demandaría unos días más para su “pulido”, en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, según se dejaba trascender desde el oficialismo. En buena medida, tiene que ver con que Milei realizó un giro en este terreno.
El proyecto va al Congreso con categoría de prioritario, al igual que el Presupuesto 2027, de acuerdo con las indicaciones de Olivos a sus legisladores. Eso no significa que sean desatendidos los objetivos planteados desde hace tiempo. En ese lote, se destaca la reforma electoral y, en especial, la intención de anular las PASO, en función del proyecto reeleccionista de Milei. La decisión de retomar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, este martes, no significa que esté asegurado el trámite.
Por el contrario, se trata de un tanteo, que incluye el tratamiento de Ficha Limpia como gesto de LLA a sus aliados. Parece contemplar también y más seriamente alternativas para evitar que las primarias sean obligatorias. De todos modos, los trascendidos que se hacen circular desde oficinas libertarias no desarman los recelos de socios y dialoguistas. Por ahora, resultan confusas las señales a los jefes provinciales de buen trato con el Gobierno. El Presupuesto también debe ser contemplado en ese marco.
Menos complicada pinta esta semana la posibilidad de que el Senado tenga sesión, después de algunas frustraciones del oficialismo. Está previsto que el jueves sean tratadas en el recinto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda entrega de Inocencia Fiscal. Las prevenciones tienen que ver con “errores de cálculo” en anteriores intentos de sesionar. El último ejemplo: la caída de la sesión motorizada por LLA para debatir la ley de biocombustibles, hace una semana. No les dio el número, por desacuerdos con varios gobernadores.
Con todo, los encuentros encabezados por Milei no habrían girado en torno del trabajo legislativo. El Presidente utilizó la reunión con legisladores para señalar la necesidad de defender la política económica. Y el Gobierno difundió fotos que lo muestran utilizando un pizarrón para desarrollar sus argumentos. Campaña, ya sin vueltas.
Pablo Quirno,Carlos Presti,Base Naval Integrada de Ushuaia,Tierra del Fuego
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