POLITICA
ARA San Juan: las querellas de 34 familias pidieron la pena máxima para los cuatro exjefes navales
RÍO GALLEGOS.− Casi nueve años después de que el ARA San Juan implosionara en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo, las familias de la mayoría de las víctimas −a través de las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias− pidieron cinco años de prisión efectiva para cada uno de los cuatro exoficiales de la Armada acusados como responsables por el hundimiento del submarino. En tanto que el abogado Luis Tagliapietra, solicitó penas de hasta siete y ocho años de prisión efectiva.
Sin embargo, sobre el final de la jornada tras los alegatos, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi advirtió que la actuación de los querellantes es de carácter adhesivo a la del Ministerio Público Fiscal, por lo que los pedidos de penas más altas y el encuadre en concurso real planteados carecían de eficacia procesal.
Mientras las abogadas Carreras y Arias aceptaron la observación y ratificaron el pedido en los términos de la fiscalía, Tagliapietra dejó asentada su reserva federal.
En el primer turno, las abogadas Carreras y Arias, que representan a 34 familias de los submarinistas fallecidos, expusieron durante casi cuatro horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, un alegato que combinó el peso de los hechos probados con la voz de quienes perdieron a sus hijos, maridos, hermanos y padres la mañana del 15 de noviembre de 2017.
El pedido de condena recayó en forma igualitaria sobre los cuatro imputados: cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa.
Las querellas solicitaron, además, diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o empleo público para los cuatro, con fundamento en los artículos 248 y 20 bis del Código Penal. La abogada Arias dejó asentado que esta calificación, que encuadra los hechos como estrago culposo agravado por muerte en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, representa el máximo reproche posible dentro del marco jurídico con el que la causa fue elevada a juicio, y que la gravedad de lo probado, en su criterio, excede largamente ese encuadre.
La abogada Carreras, que denominó el suceso como la “Crónica de una muerte anunciada”, cerró el alegato con una reconstrucción de los últimos momentos del submarino, con la que buscó devolver humanidad a una causa que estuvo atravesada por los tecnicismos navales. Describió a la tripulación combatiendo durante al menos 20 horas en el interior de la nave: golpeándose contra las paredes en medio del temporal, respirando humo, sin visibilidad, achicando agua, intentando comunicarse. “El primer golpe contra una pared del pasillo. El otro golpe contra la otra. Un cabezazo contra la tubería. No veo porque el humo me lo impide”, graficó, traduciéndoles a los jueces lo que los 44 vivieron adentro de esa botella de acero.
La abogada se apoyó también en los testimonios de las familias de los tripulantes, todos coincidentes en un punto: el submarino estaba en mal estado, se rompía. “No querían ir. Nos mintieron”, sintetizó Carreras. Y añadió: “La mentira es una forma de violencia, de maltrato”. Para la querellante, el ocultamiento y la mentira no fueron solo posteriores al hundimiento, sino que estuvieron presentes antes y durante la tragedia.
Uno de los ejes finales de su exposición fue la comunicación de la madrugada del 15 de noviembre, cuando el ARA San Juan reportó el ingreso de agua al tanque de baterías. La abogada cuestionó que el imputado Correa, quien recibió el llamado en su teléfono particular pasada la medianoche, no se haya trasladado a la base ni convocado a ningún especialista. “Cuando había problemas me llamaban a mí”, recordó que el propio Correa declaró en el juicio.
Para la querella, ese llamado no era una novedad de rutina: era un pedido de ayuda. “El sentido común indica que esa pregunta, en medio de la noche, reportando un principio de incendio, no podía ser otra cosa que un pedido de auxilio”, sostuvo.
Lorena Arias tomó la palabra para construir el encuadre jurídico del pedido de condena. Con precisión, sostuvo que los tres tipos penales imputados −abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por muerte− concurren idealmente sobre una misma conducta omisiva, y que por eso corresponde aplicar la pena del delito más grave: el artículo 189, segundo párrafo del Código Penal.
El eje de su argumentación fue la distinción entre imprudencia simple e imprudencia grave. “La imprudencia grave −explicó− es la que persiste después de que el riesgo fue identificado, documentado y advertido por la propia institución, sin que se adoptara ninguna medida de mitigación”.
Para Arias, ese es el caso: los imputados no fueron sorprendidos por un riesgo desconocido. Convivieron con él, lo toleraron y finalmente lo normalizaron. “Los grandes desastres no suelen producirse por una sola decisión. Se producen cuando una estructura entera comienza a aceptar como normal aquello que el reglamento había sido creado para impedir”, afirmó.
La abogada también desarmó el argumento que, anticipó, esgrimirán las defensas: que el ARA San Juan había navegado antes sin accidentes. “Eso no reducía el riesgo objetivo. Lo que reducía era la percepción de urgencia. Y esa normalización del riesgo no es ejercicio del debido cuidado: es exactamente como los grandes desastres institucionales se producen”.
Arias rechazó además la tesis que las defensas construyeron durante el debate: la de que cada imputado podía desplazar su responsabilidad hacia el otro. “Si todos los garantes se desplazan mutuamente, nadie responde por la muerte de 44 personas. El artículo 45 del Código Penal no funciona así”, señaló. Cada uno de los cuatro acusados tenía deberes propios emanados de normas distintas, y que todos fallaran simultáneamente no los exonera.
Las responsabilidades
La querella trazó una imputación individualizada para cada acusado. A Villamide, titular del Comando de la Fuerza de Submarinos, le señaló la responsabilidad más directa sobre la última navegación: conocía el incidente de julio de 2017 en el mismo sistema que falló en noviembre, recibió el reporte de averías de la madrugada del 15 de noviembre y, según un testigo declarado en el juicio, al día siguiente −mientras las familias esperaban noticias y los tripulantes ya yacían en el fondo del mar− estaba en una recepción de la Escuela de Guerra Conjunta.
A Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, las querellas le atribuyen haber firmado la orden de operaciones que envió al ARA San Juan a su misión final en ausencia del titular del Comando. “Esa firma no fue un acto delegado inocente ni una formalidad administrativa”, sostuvo Arias. “Era asumir la comprobación de que la misión asignada era compatible con el estado real del buque. Esa comprobación era imposible de realizarse afirmativamente, y no se realizó”.
A López Mazzeo, la querella sitúa el origen de su reproche el 5 de septiembre de 2017, cuando emitió el mensaje naval que incorporó al ARA San Juan en una operación que además de los ejercicios navales en Ushuaia requería 12 días de patrulla.
A Correa, jefe de Comunicaciones, la querella le endilga dos momentos de conducta activa. El primero, haber incorporado en la orden de operaciones la extensión del intervalo de comunicación con el submarino de 36 a 48 horas, lo que −según Arias− redujo la capacidad de detección temprana de una emergencia. El segundo, haber recibido el llamado de la madrugada del 15 de noviembre y no haber tomado ninguna medida: ni convocó al Estado Mayor, ni llamó a especialistas, ni activó protocolos de emergencia.
Al cierre del alegato, Lorena Arias leyó uno por uno los 44 nombres de los tripulantes del ARA San Juan. Lo hizo en nombre de las familias que la querella representa. Luego sintetizó el sentido de todo el proceso: “Este juicio no puede devolver a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos, a sus padres. Pero sí puede establecer algo indispensable en un Estado de derecho: que la vida de quienes sirven bajo mandos militares no es descartable, y que los deberes existen para cumplirse, y no para archivarse”.
Las querellas también reservaron para las familias representadas el derecho a reclamar la reparación del daño moral y material sufrido, conforme el artículo 29 del Código Penal.
“Me atrevo a pedirles una sentencia justa”
El último querellante en tomar la palabra fue también el más personal. Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Tagliapietra —uno de los 44 tripulantes fallecidos— y abogado desde el primer día de la causa, cerró los alegatos con un pedido de penas más elevadas que el de sus colegas y un encuadre jurídico propio: siete años de prisión para López Mazzeo y Alonso, y ocho para Villamide y Correa, a quienes además reclamó que se les impute abandono de personas por haber dejado a la tripulación sin auxilio en altamar la noche del 14 de noviembre.
En su alegato denunció una instrucción judicial fallida —con prueba destruida en la Base Naval de Mar del Plata mientras la jueza estaba de vacaciones y peritajes realizados por personal de la propia Armada— y reveló, a partir de documentos reservados, que la misión del ARA San Juan incluía la identificación de buques y aeronaves militares británicos vinculados a Malvinas, y que el submarino fue enviado solo, sin torpedos operativos y sin buque de apoyo.
En el tramo final dejó de lado los tecnicismos para hablar como padre. Contó que su hijo quería llegar a ser almirante para construir una Armada mejor, que estudió con obsesión para participar en la última navegación y que en su computadora tenía archivada toda la documentación del ARA San Juan que estaba estudiando para las pruebas finales.
Admitió que pedir una condena va contra sus propias convicciones —se definió como partidario de la justicia restaurativa—, pero que se debe a las familias que representa. Y cerró con un ruego que excedió el veredicto: que la sentencia establezca qué quedó pendiente de investigar, porque para él la búsqueda de la verdad no termina aquí. “No me atrevo a pedirles justicia, señores. Me atrevo a pedirles una sentencia justa”, concluyó.
Mariela Arias,Conforme a
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Sin banderas ni carteles con mensajes provocativos: cómo será el operativo de seguridad para Argentina-Inglaterra
La FIFA trabaja en colaboración con las autoridades de Atlanta, sede este miércoles de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina. Así lo confirmó la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, quien precisó que habrá un refuerzo de 1.600 agentes policiales, tras calificarse el partido de alto riesgo.
En la previa al encuentro, se realizó una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Leesburg, Virginia, donde participaron representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami, y delegaciones de seguridad de Inglaterra y Argentina, como parte de la agenda de trabajo diaria del Mundial.
Durante esa reunión, Monteoliva indicó que se elaboró el documento “pre match”, con una evaluación del riesgo, los antecedentes entre hinchadas y puntos de concentración de aficionados. En ese marco, se definió que “el partido va a contar con aproximadamente 1.600 agentes policiales”.
“Ningún país tiene injerencia en la planificación del operativo, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones”, deslizó la ministra, al precisar el sentido de la participación de Franco Berlin, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y del programa “Tribuna Segura”, y Alejandro Eboli, comisario de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Otra de las decisiones centrales fue la diferenciación de ingresos: los hinchas argentinos deberán acceder al Mercedes-Benz Stadium por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3. Aunque dentro del estadio no habrá segregación de las parcialidades, la medida busca evitar cruces en los accesos principales.
Además, Monteoliva advirtió que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”. “No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, contó, y dio a entender que entre esos objetos están aquellos que incluyan la imagen de las Islas Malvinas.
Las entradas para el partido ya fueron vendidas en su totalidad y las zonas asignadas, por lo que las autoridades insistieron en que quienes no cumplan con las normas podrán enfrentar sanciones inmediatas.
El derecho de admisión sobre la hinchada argentina
La ministra precisó que, a diferencia de otros mundiales, la presencia de barrabravas argentinos en Estados Unidos es mínima, resultado de un trabajo coordinado entre Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. “Compartimos con Estados Unidos el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, que incluye a 33.000 personas”, detalló.
Además de esa nómina, durante el torneo unos 13 argentinos fueron identificados e incorporados al registro por intentar eludir controles, ingresar con entradas falsas o generar disturbios. “A los trece se les aplicó restricción administrativa de concurrencia, tanto allá como acá para cuando vuelvan”, dijo Monteoliva.
Por otro lado, informó que el sistema de alerta Halcón, que está activo, permitió detectar casos de personas potencialmente conflictivas en el Mundial. “Es una alerta temprana, pero silenciosa. Es decir, no se entera ni el personaje que tiene una restricción, ni siquiera el funcionario que le sella en Migraciones. Nos avisa sobre la salida de personas que tienen antecedentes de violencia en espectáculos públicos, que pueden salir del país porque no tienen una restricción” para viajar, explicó.
El operativo en el centro porteño
Ahora bien, también habrá controles específicos en la Ciudad de Buenos Aires, ante posibles disturbios o descontrol en el marco del partido. El operativo está coordinado con el ministro de Seguridad porteño, Horacio Jiménez, y pondrá especial atención al Obelisco, punto tradicional de reunión.
“Lo que queremos es que el festejo sea en paz. Eso tiene que quedar muy claro. Todo aquel que se ponga violento, atente contra las fuerzas de seguridad o rompa cosas, que se atenga a las consecuencias”, sentenció la ministra.
En la previa, el DT de Argentina, Lionel Scaloni, intentó poner paños fríos al partido, al afirmar que solo se trata de “un partido de fútbol” y que no deben entrar en juego factores externos.
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POLITICA
El Gobierno interviene en la pulseada de la industria farmacéutica por el tratado de patentes
La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), cuyo tratamiento en el recinto de Diputados fue momentáneamente congelado, genera fricciones en el sector farmacéutico. Los laboratorios nacionales –nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa)– son los principales opositores al proyecto y argumentan que la ratificación del PCT aumentaría los precios de los medicamentos. Por su parte, los extranjeros –agrupados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme)– apoyan el tratado y alegan que generaría un marco de mayor previsibilidad para actores vinculados a la innovación.
El PCT fue elaborado en 1970 en Washington y el Senado le dio media sanción en 1998. Este año, el Congreso avanzó con su tratamiento, dado que es uno de los compromisos que asumió la Argentina en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) firmado con Estados Unidos.
El objetivo es incorporar a la Argentina al principal sistema internacional de cooperación en materia de patentes. El tratado contiene tres cláusulas de impacto para el sector farmacéutico: la extensión del plazo de 12 a 30 meses para que un inventor argentino decida en qué países protegerá su invención –y un extranjero presente la solicitud en la Argentina–; la posibilidad de crear una única solicitud para presentar a los 158 Estados miembros del acuerdo; y la incorporación de un examen preliminar internacional no vinculante.
Luego de que Cilfa lo reclamara mediante un comunicado oficial, el oficialismo incorporó al proyecto la reserva respecto del Capítulo II en el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria en que el PCT obtuvo dictamen favorable, el 12 de mayo. Ese apartado habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas de patentes extranjeras para analizar solicitudes de registro. Es decir, si el proyecto lograra eventualmente su sanción definitiva, lo haría con el Capítulo II en suspenso, pendiente de un nuevo paso por el Congreso en caso que quisiera ponerse en práctica.
La entidad que nuclea los laboratorios nacionales envió una carta a los diputados con su pedido. Allí sostuvo que es la “opción más conveniente” para “limitar los efectos adversos sobre la competencia, incluyendo la salud pública y la industria y empleo nacional”, al tiempo que permite, con su adhesión al tratado, cumplir con el compromiso establecido con Estados Unidos.
Cilfa sostiene que los informes preliminares podrían condicionar las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que actualmente son rechazadas. Consideran que estos exámenes podrían fomentar el evergreening, es decir, que los laboratorios extranjeros extiendan sus patentes y monopolios a través de modificaciones menores de sus productos. Por ejemplo, que un jarabe se transforme en un inyectable.
Entienden que la reserva al Capítulo II “limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes de evergreening”.
En esta línea, en un comunicado de marzo sostuvieron que el evergreening es “uno de los principales problemas que debe enfrentar la industria farmacéutica argentina para lanzar medicamentos genéricos o biosimilares” que compitan con los originales –y así, según su postura, reduzcan los precios–. Cilfa argumentó que “la industria farmacéutica argentina ha dinamizado la competencia en el mercado farmacéutico, desarticulando monopolios mediante el lanzamiento de versiones genéricas o biosimilares de medicamentos cuyas patentes vencieron o que, por razones tecnológicas, tenían un único oferente”.
En diálogo con , Eduardo Franciosi, director ejecutivo de Cilfa, aseguró que la reserva “beneficia la salud pública porque se asegura la competencia y mitigan los riesgos de conceder patentes sin altura inventiva, novedad y aplicación industrial, asegurando el acceso de la población a los medicamentos”.
Al respecto, desde Caeme dijeron a que “las patentes no se otorgan de manera automática ni pueden extenderse simplemente por presentar una nueva solicitud. Cada solicitud es evaluada por el INPI, que analiza si cumple con los requisitos establecidos por la ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”.
A su vez, sostuvieron que “hoy lo importante es poder avanzar” en la adhesión al PCT, incluso si eso significa la incorporación de la reserva del Capítulo II.
La cámara que nuclea las filiales de los laboratorios internacionales consideró que la adhesión al tratado “es fundamental porque integra al país a un sistema utilizado por más de 150 países y genera un marco de mayor previsibilidad para investigadores, universidades y empresas vinculadas a la innovación”.
Además, aseguró que “no está pensado solo para grandes compañías”, que reduce los costos para los inventores argentinos y que “cada país conserva la decisión final; el PCT no obliga a aprobar patentes”. Lejos de una “disputa sectorial”, indicaron que se trata de una “discusión sobre innovación”.
“Incorporamos la reserva sobre el Capítulo II porque había una resistencia de la industria farmacéutica local”, reconoció Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, en diálogo con . Sostuvo que “no cambia mucho adherir sin ese capítulo” y que aceptaron el reclamo de Cilfa con el objetivo de conseguir la aprobación del PCT.
El Gobierno sostiene que el tratado simplifica el sistema de patentes, reduce costos y agiliza trámites para investigadores, pymes y empresas argentinas, sin limitar la soberanía de los Estados dado que cada país conserva la potestad de decidir qué innovaciones aprueba.
Entonces, ¿por qué la adhesión al PCT perjudicaría a los laboratorios locales? Cacace señaló que “el temor” de los nacionales es que el INPI “otorgue de forma casi automática las patentes a los laboratorios internacionales por el examen preliminar”, dada la cantidad de solicitudes que están pendientes, cuya cifra supera las 4000. “Los locales no podrían fabricar medicamentos no patentados de laboratorios internacionales que han demorado en patentar en la Argentina. Los laboratorios extranjeros son los más innovadores. Los nacionales son más de reproducir drogas ya creadas”, agregó.
Jorge Otamendi, socio de G-Breuer y abogado especialista en propiedad intelectual, coincidió con la explicación del funcionario. En diálogo con , argumentó que los laboratorios nacionales “copian” lo que no se patenta en la Argentina, especialmente los medicamentos con éxito comercial. Muchos laboratorios extranjeros no patentan sus productos en el país dada su exclusión del PCT y el plazo de 12 meses para solicitar la patente en el país. La adhesión al tratado “aumentaría el interés extranjero en solicitar patentes en la Argentina”, lo que, a su vez, perjudicaría a los nacionales si se tratase de “productos exitosos que no puedan copiar por estar patentados”.
Para el socio de G-Breuer, el eje del PCT es la extensión del plazo para solicitar patentes de 12 a 30 meses, en tanto permite a los laboratorios continuar investigando en ese lapso y luego tomar la decisión de dónde solicitar las patentes, en caso de que el producto prospere.
En cambio, consideró que el examen preliminar internacional no tendría un gran impacto en la industria –solo implica tener en cuenta lo ya examinado– y que Cilfa pidió la reserva para retrasar la adhesión al PCT.
En la misma línea, Cacace aseguró que el INPI seguiría haciendo su evaluación, que el examen internacional es no vinculante y que la oficina de patentes nacional ya utiliza informes de oficinas extranjeras.
Franciosi, de Cilfa, sostuvo que las acusaciones sobre las copias de medicamentos no patentados “son absolutamente falsas”. “Cilfa se opone a regulaciones que afecten el acceso a la salud y la competencia”, resumió, en diálogo con .
“Lobby de la industria”
En el plenario de comisiones en el que se obtuvo el despacho, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, presentó un dictamen de minoría en el que propuso la adhesión al PCT sin reservas. Según el legislador, el Gobierno aceptó la reserva porque “obedeció al lobby de la industria farmacéutica”. Sostuvo que “la reserva podría implicar una pérdida de información, eficiencia y capacidad de planificación para los solicitantes argentinos”.
Agregó que el examen no deteriora la soberanía regulatoria de la Argentina, no obliga a las oficinas nacionales a otorgar patentes ni modifica los criterios para inscribirlas. En este último punto coincide con el Gobierno y con Caeme.
El peronismo, en cambio, rechazó el acuerdo en su totalidad. A lo largo de los años, respaldó la postura de los laboratorios nacionales, que sostienen que el tratado reduciría la competitividad local y terminaría encareciendo los medicamentos.
Si Diputados aprueba en el recinto el texto modificado, deberá volver al Senado para su sanción definitiva.
momentáneamente congelado,plenario de las comisiones,pic.twitter.com/chL0MV8XFj,May 12, 2026,Medicamentos,Cámara de Diputados,Conforme a
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El Gobierno reúne a la mesa política para ordenar las reformas que quiere Milei y confía en suspender las PASO
El Gobierno reunirá este martes en Casa Rosada a la mesa política, la instancia deliberativa y de organización política que tiene el Poder Ejecutivo y que busca ordenar la agenda legislativa de cara a los próximos meses. El encuentro tiene como objetivo repasar los proyectos que el presidente Javier Milei busca implementar después del receso de invierno que habrá en el Congreso.
El encuentro se dará en el despacho de la Jefatura de Gabinete una vez que finalice la conferencia de prensa que viene realizando todos los martes a las 11 de la mañana el vocero presidencial Adrián Ravier. Quien lo acompaña en esos eventos es el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, que es uno de los nueve integrantes de la mesa política.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue quien pasó a tomar liderazgo de la mesa política luego del desplazamiento del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es quien convoca los encuentros y lidera la reunión, que es más distendida y menos protocolar de lo que se especula puertas afuera.
En el encuentro, que será en horas del mediodía, estarán también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich.
“Será bien operativa para hablar sobre las reformas del Congreso y, probablemente, de las reuniones del Colo (Santilli) con los gobernadores”, afirmó uno de los convocados al mitin de este martes.
La prioridad política que se proponen en el oficialismo hasta lo que resta del año es eliminar o suspender las PASO. En la Casa Rosada son optimistas al respecto, pero creen que lograrán suspenderlas más que cancelarlas de manera definitiva del cronograma electoral.
Santilli viene logrando adhesiones de varios mandatarios provinciales sobre la suspensión de las Primarias. En los últimos días lo hicieron el catamarqueño Raúl Jalil y el puntano Claudio Poggi, ambos muy cercanos al oficialismo en términos de colaboración política. El jefe de Gabinete se reunió con este último ayer por la mañana en Casa Rosada y logró que hubiera dos fotos significativas con 13 gobernadores en el último tiempo: cuando fueron a verlo a su asunción como ministro coordinador y el miércoles pasado en Tucumán en el marco de la vigilia por el 9 de julio.
Aun así, hay apoyos que todavía no se trasladan del todo y tienen que realizarse con mecanismos más complejos. En el oficialismo sugieren que cada provincia es particular y que requiere su propia lógica para poder destrabar apoyos. Ayer se oficializó el apoyo del Gobierno a Córdoba a través de un anticipo financiero de hasta $400 mil millones para afrontar compromisos urgentes.
Con un clima de trabajo que describen como renovado tras el cambio en la Jefatura de Gabinete, en el Gobierno consideran que existe margen para retomar proyectos frenados y para impulsar otros nuevos.
En la reunión de mesa política se hablará también del proyecto al que más empeño le puso el Presidente en los últimos meses y que cree indispensable sacar en el segundo semestre del año para generar previsibilidad económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El proyecto busca prohibir de forma total el financiamiento directo o indirecto del BCRA al Tesoro, eliminando la posibilidad de emitir moneda para cubrir el déficit fiscal. Esta medida incluye la eliminación de los adelantos transitorios y la transferencia de utilidades del Banco Central hacia el Estado, así como penas de prisión para los funcionarios que avalen la emisión sin respaldo. El objetivo es restringir el uso político de la emisión monetaria y limitarla solo para casos de deflación, estableciendo reservas técnicas que impidan la distribución de ganancias contables.
El proyecto también redefine el mandato del Banco Central, fijándolo únicamente en la preservación del valor de la moneda para combatir la inflación, descartando otros objetivos como el fomento del empleo o el desarrollo económico con equidad social. Además, propone suprimir las Letras Intransferibles, instrumentos sin valor de mercado que el Tesoro entregaba al BCRA a cambio de reservas, y modificar los mecanismos de remoción de autoridades del Banco Central para reforzar su independencia frente al Poder Ejecutivo.
Todavía no hay una fecha de presentación formal de la iniciativa, pero fuentes de la Presidencia afirman que sería después de julio, una vez retomada la agenda por parte de todo el arco parlamentario.
“A priori seguimos con la agenda de proyectos ya ingresados en ambas Cámaras. Por ahí se le suma el proyecto de desregulación. Y este jueves que se trata en recinto Propiedad Privada”, comentó a Infobae otra de las figuras que integra la mesa política.
La mesa sigue de cerca el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el 16 de julio en el Senado, mientras revisa cambios al proyecto de Inocencia Fiscal para enviarlo a Diputados a partir del 20 de julio.
El Gobierno también trabaja en ajustar la hoja de ruta de las prioridades que contempla la reforma electoral, las modificaciones del régimen de zonas frías, que se postergará para agosto, y los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal. Lo hacen en pleno Mundial y en la antesala del receso invernal del Congreso. Otro de los temas que formó parte del intercambio fue el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, postergado en dos oportunidades, y con fecha tentativa para el próximo 16 de julio en la Cámara Alta.
La reunión también funcionará como una instancia de seguimiento político semanal. La intención oficial es establecer un método permanente para monitorear proyectos y ordenar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso con encuentros cada siete días.
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