POLITICA
Argentina, un caso testigo en la guerra global de precios de una droga clave contra el cáncer
En la lucha a nivel mundial contra el cáncer, Argentina se convirtió en un actor clave en la disputa entre un laboratorio multinacional y su medicamento estrella, y otro local que lanzó un biosimilar – único en el mundo hasta ahora – y forzó una baja del precio en el país de alrededor de un 50%.
Es una batalla con múltiples matices por su enorme impacto en el costo de la salud y su mayor accesibilidad para los pacientes al bajar su precio. En las farmacias en Argentina, llega a los $20 millones la dosis de dos viales, por lo que es afrontado en su totalidad por el Estado, obras sociales y prepagas.
Por un lado, está Merck & Co, el gigante farmacéutico norteamericano que tiene la patente de Keytruda, usado en los tratamientos oncológicos más innovadores y costosos del mundo, y defiende la inversión de USD 44 en desarrollo farmacéutico. Ese es el nombre comercial del pembrolizumab, un fármaco de inmunoterapia usado para tratar diversos tipos de cáncer que reactiva el sistema inmunitario del paciente y destruye las células cancerosas, que le representa casi la mitad de sus ingresos mundiales.
Usado para tumores de pulmón, mamas, linfomas de Hodgkin y otros cánceres avanzados o metastásicos con resultados sumamente alentadores, ha permitido salvar, desde 2014, innumerables vidas.
Pero su precio lo vuelve inaccesible para la mayoría sin cobertura médica o ayuda del Estado. Hoy el cáncer es la causa de una de cada 6 muertes globalmente, una cifra que se proyecta en ascenso, al igual que el costo de las nuevas terapias para tratarlo.
Del otro lado de esta disputa farmacéutica, en Argentina está el laboratorio ELEA. Como Keytruda no fue patentado en el país, el laboratorio del Grupo Sigman desarrolló un biosimilar de la droga, que modificó el mercado local y facilitó su uso a miles de pacientes que antes veían el medicamento como un recurso inalcanzable.
Mientras que hasta enero de 2025, Merck Sharp & Dohme (MSD) – el nombre de la multinacional Merck & Co fuera de Estados Unidos y Canadá – operaba como único oferente, la irrupción de la versión local del pembrolizumab desarrollada por ELEA, forzó que el laboratorio norteamericano bajara el precio un 49%, y perdiera terreno frente a su nueva competencia nacional.
Con la entrada del biosimilar desarrollado por el laboratorio de Hugo Sigman, llamado Pembrox, el mercado argentino de esta droga pasó de 50.000 a 80.000 unidades en un año. El Estado nacional, que solía adquirir unas 280 dosis por año, pasó a comprar casi 4.000 en 2025, según cifras oficiales revisadas por Infobae, en un salto de más del 1.300%.
De hecho, en la última licitación de pembrolizumab realizada del Ministerio de Salud de la Nación, y la primera donde se presentaron por MSD y ELEA, acaba de ganar este mes el laboratorio argentino. Lo hizo al ofertar un precio por unidad del 56% inferior con relación a la última contratación directa que había obtenido MSD – cuando era el único oferente – en enero del año pasado. Desde 2021, todas las compras oficiales las venía obteniendo Merck en forma directa, ya que no tenía competencia a nivel local.
Para el lanzamiento de Pembrox, ELEA aprovechó la oportunidad de que Keytruda no estaba patentada en Argentina, porque el desarrollo original había sido de Organon, una empresa holandesa de menos tamaño, adquirida luego por Schering-Plough, que a su vez, fue comprado por MSD.
“Cuando Merck adquirió los derechos sobre el medicamento a nivel global, no tenía la patente en el país, y ya no pudo registrar la propiedad inventiva porque se habían vencido los tiempos”, explicaron en ELEA ante la consulta del equipo de ICIJ. Merck & Co sí tiene la patente de Keytruda hasta 2028, en la mayoría de lo países centrales de Europa y en Estados Unidos, entre otros.
Argentina es el único país en el que, hasta ahora, se desarrolló un biosimilar de Keytruda, hecho que marcó un precedente que ahora es observado a nivel internacional por su impacto económico en los sistemas de salud y el mayor acceso al tratamiento de los pacientes.
Se trata de una suerte de “clon” de un fármaco biológico que si bien no es idéntico, por su origen vivo, tiene los mismos beneficios con un efecto similar.
Dos meses después de la salida de Pembrox en el país, la ANMAT flexibilizó los criterios para aprobar biosimilares. A través de la Resolución 1741/2025, del 14 de marzo de 2025, facilitó el ingreso de alternativas a medicamentos de alto costo y alto impacto, en línea con los requerimientos internacionales.
ELEA ya exporta Pembrox a Paraguay y prevé expandirse a otros mercados tras la caducidad de la patente internacional, según le dijo el CEO del laboratorio, Gustavo Pellizari, al equipo argentino de ICIJ.
Oncólogos consultados por el equipo argentino coincidieron en que su eficacia es equivalente a Keytruda. “Pembrox está autorizado por el Ministerio de Salud, y para nosotros es un medicamento adecuado. Utilizamos indiferente uno u otro, no hemos visto ninguna diferencia. Usualmente, lo prescribimos por la droga genérica, pembrolizumab”, le dijo el referente en oncología en Argentina Ernesto Gil Deza al equipo de ICIJ.
A nivel global, Merck & Co logró consolidar una posición dominante alrededor de Keytruda, en base a la normativa de patentes, innovaciones alrededor de la droga y su presentación, y un fuerte lobby.
Así lo revela la investigación “La Medicina del Millón” (llamada “The Cancer Calculus” en inglés), liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, y de la que participó Infobae, junto a La Nación y la red Ruido, por Argentina, y el Consorcio Internacional de Investigación Periodística (CLIP) a nivel regional, entre 49 medios del mundo. El trabajo se publica hoy en simultáneo en todo el mundo.
La investigación, llevada adelante durante el último año por 124 periodistas de 37 países, se basa en decenas de entrevistas a oncólogos, pacientes de cáncer y sus familias, expertos en patentes, reguladores, integrantes de la industria farmacéutica y otros, así como en datos de precios y análisis de patentes en todo el mundo, documentos corporativos, legales, y regulatorios, e información a la que accedieron los integrantes del Consorcio a través de cientos de solicitudes de acceso en decenas de países, incluida Argentina, donde se realizaron tres pedidos al PAMI, al Ministerio de Salud y a IOMA.
El trabajo expone las prácticas de lobby desplegadas por Merck para montar una red de más de 1.400 patentes en medio centenar de países. Los que conocen el mundo farmacéutico describen esta estrategia como evergreening: una sucesión de registros que extienden el control comercial más allá del vencimiento original de la patente para controlar a la competencia en el mercado, mantener elevados los precios de Keytruda y construir, así, un imperio económico con ese medicamento como pilar central.
Así, Merck & Co (conocido como MSD en el resto del mundo) acumuló USD 163.000 millones en ventas y repartió casi USD 75.000 millones en dividendos, mientras limitaba su carga tributaria mediante registros en jurisdicciones con beneficios fiscales.
Desde MSD Argentina, ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, señalaron que “al igual que ocurre con la mayoría de los medicamentos farmacéuticos innovadores, el precio de Keytruda siempre se ha definido considerando múltiples factores, entre ellos el valor clínico, la etapa del ciclo de vida de la innovación, las condiciones macroeconómicas y la sostenibilidad del sistema de salud, con el objetivo de apoyar el acceso y permitir que las terapias innovadoras lleguen a los pacientes”.
La baja en el precio
En el mercado, el lanzamiento de Pembrox tuvo un efecto inmediato: en los primeros seis meses tras el lanzamiento, el biosimilar ya concentraba más de la mitad de las ventas locales de pembrolizumab. El acceso a tratamientos se expandió, aunque los precios siguen siendo elevados en términos absolutos y persisten presiones sobre los médicos que recetan cualquiera de las alternativas, según testimonios recogidos en la investigación.
Antes de la irrupción de la competencia local en Argentina, en junio de 2024, Keytruda se vendía a USD 4.857 la dosis de dos viales. Una semana antes del lanzamiento al mercado de Pembrox, su precio cayó a USD 3.821 y, en enero de 2025, a USD 3.448, una baja de casi el 30% respecto de medio año atrás, según los números provistos por ELEA al equipo argentino de ICIJ.
Ante la consulta a MSD Argentina sobre estos datos, no dieron datos de su precio antes o después de la salida de la competencia local. Sin embargo, sostuvieron, que “en términos acumulados, la evolución del precio de Keytruda en Argentina se ha mantenido muy por debajo de la inflación desde su lanzamiento. Esta tendencia ya era evidente en los años previos a la entrada del biosimilar y continuó luego de su ingreso al mercado”.
En ese sentido, precisaron que “en el período comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2025, la inflación fue del 10.009%, mientras que el precio público de Keytruda aumentó un 7.570%. En 2024, la inflación fue del 117,8%, mientras que el precio público de Keytruda aumentó un 73,2%. En 2025, el aumento del precio fue del 14,9%, en comparación con una inflación del 31,5%”.
Y agregaron que “MSD siempre ha demostrado prácticas de precios responsables, incluso en años de marcada volatilidad económica, con el objetivo constante de apoyar un acceso sostenible para los pacientes”.
Lo cierto es que la aparición del competidor local, forzó una reducción aún más marcada en el precio en el terreno de las licitaciones públicas del Estado nacional, donde las compras se realizan a mayores volúmenes y un descuento más significativo.
El Estado argentino pasó de pagar USD 3.171 por unidad en enero de 2025, cuando MSD era aún el único que había ofertado el año anterior, a menos de USD 1.400, en la última licitación en la que resultó ganadora ELEA. Si bien este proceso se había iniciado el año pasado, la adjudicación al laboratorio argentino fue publicada el 1 de abril último. Implicó una baja superior al 56% en menos de un año, de acuerdo a la consulta del sitio oficial Compr.Ar que hizo Infobae.
Al pararse sobre cada barra, se despliega la información
El efecto en el mercado de la irrupción de Pembrox, se hizo notar. Tras los primeros seis meses, el biosimilar de ELEA ya concentraba más de la mitad de las ventas locales de pembrolizumab. El acceso a tratamientos se expandió, aunque los precios siguen siendo elevados en términos absolutos.
El valor de la dosis de dos viales en Estados Unidos, el principal mercado de Merck % Co donde se concentran el 60% de sus ventas, asciende a USD 12.031, según relevó la investigación de ICIJ.
Pelizzari subrayó que la competencia benefició a los pacientes y al Estado: “Estoy convencido de que lo venden mucho más barato en Argentina que en Estados Unidos. Deberían verse obligados a venderlo al precio argentino”, señaló en diálogo con periodistas del ICIJ.
Sin embargo, el Consorcio investigativo detectó que hay una gran disparidad de precios para el tratamiento anual y las dosis requeridas de en distintos países. Mientras que en EEUU es de USD 208.000, en Colombia es de USD 130.000; US$ 116.000 en Croacia; USD 93.000 en Líbano; USD 80.000 en Alemania; y USD 65.000 en Sudáfrica, con el consiguiente impacto en los presupuestos públicos de salud, incluso en los países más desarrollados.
Desde MSD explican la disparidad de precios en una combinación de factores. Entre ellos, detallan, “el valor clínico, la etapa del ciclo de vida de la innovación, las condiciones macroeconómicas y la sostenibilidad del sistema de salud, con el objetivo de apoyar el acceso y permitir que las terapias innovadoras lleguen a los pacientes”.
Sobredosificación
La investigación internacional también revela que Merck & CO promueve una dosis mayor de Keytruda de la que algunos expertos consideran necesaria, lo que habría significado un gasto extra de alrededor de USD 5.000 millones solo en pacientes con cáncer de pulmón, según la Organización Mundial de la Salud.
En el mismo sentido, el oncólogo argentino Deza advirtió que “se promociona una dosis plana de 200 miligramos cada tres semanas, cuando la droga original y sus efectos fue estudiada por kilogramo de peso, a dos miligramos por kilo cada tres semanas. Por lo tanto, en forma absolutamente artificial, se una dosis mayor de pembrolizumab con la dosis plana, lo cual incrementa innecesariamente un 30% las erogaciones para la adquisición de esta droga”.
El medicamento que llegó un día después
La investigación internacional de ICIJ documentó la desesperación de pacientes que deben esperar por el pembro más de lo que su condición médica lo permite, o recurren al mercado negro si tienen los recursos. Tmabién, encontró médicos obligados a elegir entre sus pacientes por falta de recursos, y la multiplicación de litigios judiciales para acceder al pembrolizumab, que no siempre se resuelven a tiempo.
El cáncer ya representa una de cada 6 muertes globalmente, y se proyecta que las cifras aumenten en las próximas décadas, mientras el costo de las nuevas terapias sigue creciendo.
Delicia M. murió a finales de enero pasado, a los 65 años, por un melanoma que había hecho metástasis en el pulmón, en la mama derecha y el hígado. Vivía en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Su familia organizó un campeonato de truco y otro de penales para recaudar fondos y así comprar el pembrolizumab. Gran parte de General Rodríguez se movilizó para ayudar: se había organizado un campeonato de truco y penales para recaudar fondos, como parte de la campaña “Todos por Delicia”. Pero el evento no llegó a realizarse.
Delicia murió un día antes de que PAMI autorizara la entrega del remedio, que fue finalmente Pembrox. Aunque las chances de sobrevida de Delicia eran bajas, según admiten sus hijas, la droga quizás hubiera detenido el avance del cáncer, además de mejorar su calidad de vida.
“Empezamos a investigar y a consultar precios. Cuando fuimos a la farmacia nos dijeron que costaba 20 millones de pesos cada dosis. Era imposible, pero mi mamá la necesitaba urgente porque la autorización para recibirla de PAMI podía demorar tres o cuatro meses”, cuenta Andrea, una de las hijas, en diálogo con el equipo argentino de ICIJ.
Un día después de su muerte, PAMI autorizó el pembrolizumab. “En la farmacia dijeron que ya tenían el medicamento. Así que ni bien llegó, nos pusimos en campaña para ver quién podía necesitarlo”, dice Rocío, la otra hija de Delicia. Y a través del periódico local La Posta ofrecieron la dosis que les había quedado.
La beneficiada fue Ángeles, una mujer de 50 años a quien poco después de una operación, en octubre de 2025, le descubrieron un Linfoma T. “No funcionaron la quimio ni la radioterapia, así que la oncóloga prescribió pembrolizumab”, relata Ángeles por teléfono desde su hogar en el barrio porteño de Floresta. Dejó de trabajar por la enfermedad y se quedó sin obra social.
“Como es un linfoma muy raro, pembrolizumab no está en el nomenclador para esta enfermedad”, explica Ángeles, pero su oncóloga deposita su esperanza en ese medicamento.
En Argentina, la llegada de Pembrox permitió que más personas accedieran al tratamiento y se redujeran los costos de tratamientos oncológicos caros para el sistema de salud. Pero persiste una discusión de fondo que plantean laboratorios como Merck & Co: cómo asegurar la inversión requerida para innovación y el desarrollo farmacéutico sin la debida protección de las patentes frente a la competencia. El dilema sobre el valor de la salud y quién puede pagarla, aún sigue sin resolverse.
Este trabajo forma parte de la investigación global, The Cancer Calculus, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El equipo argentino está formado por Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Ricardo Brom (La Nación), Iván Ruiz (CLIP) y Edgardo Litvinoff (Ruido)
POLITICA
Ante la presión de la oposición, LLA busca imponer sus proyectos sobre morosidad en el Congreso
Ante la presión opositora, La Libertad Avanza elabora iniciativas alternativas sobre endeudamiento y discapacidad para negociar con los bloques dialoguistas. El oficialismo busca evitar imposiciones contrarias a su gestión económica y reemplazar el concepto de emergencia por políticas permanentes de fortalecimiento.
En el área de discapacidad, la estrategia impulsada por legisladores como Gerardo Huesen, Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz contempla regularizar pagos a prestadores.
El FMI confirmó que sigue de cerca el aumento en las tasas de morosidad de los hogares argentinos
Respecto al sistema financiero, el bloque libertario descarta la intervención directa del Banco Central para regular tasas. La diputada Silvana Giudici señaló que “el crédito en Argentina representa” un porcentaje menor frente a la región, priorizando la transparencia y el acceso a la información.
Con el ingreso del Presupuesto nacional previsto en el Congreso, el oficialismo busca consensuar los textos definitivos para blindar sus prioridades fiscales y disputarle el protagonismo legislativo a la oposición en el recinto.
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POLITICA
La Justicia Federal avanzará con la causa contra las petroleras extranjeras acusadas de explotar petróleo en Malvinas
Luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones a las empresas extranjeras que exploten el petróleo de las Islas Malvinas y vulneren la soberanía nacional sobre el archipiélago, la causa por daño ambiental y soberano avanzará en el fuero federal. Así, el Juzgado Federal de Tierra del Fuego intervendrá en el hecho.
En ese contexto, la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva contra las dos petroleras extranjeras que forman parte del proyecto Sea Lion.
Según pudo constatar Infobae, se trata de un yacimiento offshore producto de la unión comercial entre la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas tienen previsto perforar y extraer petróleo de la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es decir, en la plataforma continental argentina.
La presentación fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitaron el cese de las tareas vinculadas con el emprendimiento hidrocarburífero.
Como argumento, las organizaciones sostuvieron que las compañías avanzaron con etapas logísticas y de construcción bajo licencias emitidas de manera unilateral por el Reino Unido. Por este motivo, denunciaron que el proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y del certificado de aptitud ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 26.675.
Además de asumir la competencia, Borruto ordenó dar participación a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según el sitio Fiscales, la magistrada consideró que el área donde se proyecta la iniciativa se encuentra dentro de la jurisdicción provincial, por lo que el Estado fueguino posee atribuciones sobre los recursos naturales y la regulación ambiental.
De esta manera, la resolución dispuso que la Fiscalía de Estado provincial tendrá diez días para ejercer la representación correspondiente en resguardo del patrimonio y el ambiente estatal. También intimó a los demandantes a que, en un plazo de cinco días, informen si iniciaron procesos con el mismo objeto en otros tribunales.
En línea con esto, las organizaciones deberán traducir los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital la documentación necesaria para analizar las medidas cautelares solicitadas.
La decisión judicial coincide con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y con intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. En este documento, el Ministerio Público Fiscal entendió que el eventual impacto ambiental excede una jurisdicción local, debido a la conexión oceanográfica de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.
Según lo informado, el proyecto Sea Lion contempla una infraestructura de pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de ductos y conductos verticales. Por esto, para Borruto esas instalaciones se ubicarían sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima nacional.
En el dictamen, Bendaña sostuvo que las empresas pretenden desarrollar una actividad capaz de provocar daños sobre recursos naturales de la República Argentina sin que las autoridades nacionales hayan evaluado sus consecuencias.
En este sentido, la Fiscalía remarcó que los organismos argentinos no pudieron acceder ni controlar de forma integral la información técnica de la iniciativa, requerir estudios independientes, garantizar instancias de participación ciudadana ni resolver sobre su aprobación o rechazo. Así, el planteo se apoya en el carácter preventivo del derecho ambiental ante daños que podrían ser irreversibles o de difícil recomposición.
Por otro lado, la jueza Borruto también consideró que la demanda involucra un posible daño a la soberanía nacional, más allá de la discusión ambiental. En su resolución, señaló que el reclamo comprende la defensa de un interés federal vinculado con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En consonancia con este planteo, la Fiscalía citó la Ley de Hidrocarburos N.º 26.659 y su modificatoria, la Ley N.º 26.915, que establecen la ilegalidad de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.
Por esta razón, el dictamen añadió que la explotación unilateral de recursos naturales por parte del Reino Unido resulta incompatible con el proceso de negociaciones promovido por las Naciones Unidas. Según el Ministerio Público Fiscal, las resoluciones internacionales reconocen la existencia de una controversia de soberanía y exhortan a las partes a evitar medidas unilaterales mientras permanezca abierta.
A raíz de esto, la Fiscalía remarcó que la combinación de un presunto daño ambiental interjurisdiccional, la afectación de un interés soberano y la ubicación del proyecto en la plataforma continental argentina configura un caso de competencia federal. Con las medidas ordenadas, el expediente quedará a la espera de la intervención de Tierra del Fuego y del cumplimiento de los requerimientos dirigidos a las organizaciones demandantes.
POLITICA
La ofensiva por Malvinas, la baja de la inflación y la mano dura en seguridad: las cartas de Milei para calentar la campaña
Javier Milei arrancó la semana con una reunión de gabinete. El objetivo fue claro: mantener en agenda el reclamo por Malvinas. Este lunes 14 enviará a Diputados el proyecto de defensa de la soberanía. La pregunta, ahora, es: ¿Qué es lo que realmente busca el Presidente? Anticipo la respuesta: busca que la Argentina, lobby petrolero y diplomacia mediante, pueda participar de las regalías por recursos que se extraigan de esa cuenca.
¿Puede la cuestión Malvinas cambiar la agenda social y política? Es un tema que capta al público nacionalista, parte del cual ya milita con Milei, pero también detrás de Victoria Villarruel y el kirchnerismo. Malvinas es tanto una cuestión transversal como sentimental.
Por ahora, el primer ministro Andy Burnham ayudó a sostener la confrontación: dijo que “Londres será inflexible en la defensa de la soberanía” y que respaldará la voluntad de los isleños que decidieron ser ingleses. Burnham es el líder de los parlamentarios laboristas y con esa frase respondió a una pregunta que, durante un debate legislativo, le había efectuado la líder de los conservadores, Kemi Badenoch.
La posición de Gran Bretaña y de sus líderes es internamente uniforme: a las declaraciones de los líderes laborista y conservador se sumó el jueves la de Nigel Farage, dirigente de la agrupación de derecha radical Reform UK: cruzó mensajes con el canciller israelí y dijo que la soberanía inglesa sobre las islas es innegociable. Milei, en su viaje de octubre al Reino Unido, tenía previsto reunirse con su amigo Farage, pero canceló su visita al Reino Unido.
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Todo marcha de acuerdo al plan. Aunque, en realidad, Trump no volvió a hablar sobre el tema: en las conversaciones que mantuvo con Burnham hablaron sobre el conflicto con Irán y el que mantienen Rusia y Ucrania. Inclusive, los británicos le reclaman a Israel que acepte la creación del Estado de Palestina. Pero, hasta donde se sabe, el presidente norteamericano no reprendió a los ingleses por la cuestión colonial en nuestro archipiélago.
La oposición, por su parte, cree haber encontrado una línea discursiva. En lugar de ponerse en contra del Gobierno, lo que terminaría por beneficiar a Milei y lo ayudaría a instalar el debate, el peronismo decidió redoblar la apuesta oficial: el diputado Guillermo Michel planteó que si la idea es sancionar a empresas inglesas, directamente que las excluyan de participar del régimen RIGI y que se les prohíba beneficiarse con los tratados de doble imposición. Así como también plantean aumentar el gasto militar por encima de lo que propone el Gobierno.
Por su parte, el canciller Quirno, junto con el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, continuaron toda la semana con la presentación de denuncias en Comodoro Py contra empresas que operan en la cuenca Malvinas y también contra accionistas, ejecutivos y proveedores.
El verdadero objetivo detrás de la estrategia por Malvinas
¿Cree realmente el Gobierno que podrá recuperar el control sobre las islas? Tal vez falten décadas para que la bandera argentina vuelva a flamear allí. Los objetivos son otros.
En primer lugar, encarecer al proyecto Sea Lion el costo de explotación offshore. Esa perforación está en aguas profundas, a 600 kilómetros de los puertos San Julián y Deseado. Quienes trabajen allí no podrán usar los puertos de la costa argentina. Halliburton, Baker Hughes y SLB representan el 53 por ciento de los servicios petroleros de todo el mundo y anticiparon la semana pasada que no van a prestar servicios en Malvinas. Y las empresas y proveedores que lo hagan serán denunciadas.
En segundo lugar, el verdadero objetivo: el Gobierno argentino busca abrir una negociación para que el Reino Unido coparticipe a nuestro país en ese negocio petrolero.
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Una alta fuente del Gobierno deslizó que en el equipo de Milei saben que será muy difícil sentar al Reino Unido a negociar la soberanía. Y la vía diplomática no es suficiente para forzar a Londres. Entonces, Milei, más allá del reclamo real de soberanía, está buscando una diagonal: que el universo de empresas petroleras, perjudicado por no poder trabajar a la vez en Vaca Muerta y en Sea Lion, presione a Londres para incluir a la Argentina en el negocio.
De allí en más, todo es imaginable: que YPF pueda participar en Sea Lion, se distribuyan regalías por una explotación de recursos naturales que son argentinos pero que están fuera de nuestro alcance, etcétera. Una suerte de paraguas en el debate de la soberanía, que permita discutir negocios comunes. Se busca que el lobby petrolero realice un trabajo silencioso y consiga un éxito de la mejor diplomacia.
En tercer lugar, en el proyecto el agravamiento de las sanciones también alcanzará a las empresas que se dedican a la pesca. Un sector en el que operan ilegalmente los buques chinos y es un tema que interesa a los Estados Unidos.
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Más allá de la legitimidad del reclamo argentino, nuestro país debe ser muy cuidadoso en no malinterpretar los mensajes que distintos políticos extranjeros dan sobre las islas: Trump nunca dijo expresamente que apoya el reclamo nacional y no hay nada que haga suponer que EE.UU. vaya a romper su alianza con Gran Bretaña.
Por otra parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel y el hijo de Benjamin Netanyahu se pronunciaron en favor de la soberanía argentina sobre Malvinas, pero eso no debe ser sacado de contexto porque en las últimas semanas el Reino Unido cuestionó la violencia de los colonos judíos sobre los palestinos.
El rumbo institucional de la Argentina, basado en razones legales e históricas, es serio y no debe ser confundido con interpretaciones meramente sentimentales que pueden alimentar decisiones equivocadas.
Seguridad y educación, dos temas que aprovechó el Gobierno
El Gabinete también aprovechó dos temas que le llegaron servidos en bandeja.
Una jueza bonaerense decidió suspender la aplicación de la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad. Sebastián Pareja dijo que LLA le pedirá el juicio político, una ONG denunció penalmente a la magistrada y los fiscales bonaerenses dijeron que seguirán aplicando la norma que, además, sigue vigente en todo el resto del país. Contra el garantismo que impulsa el kirchnerismo, que deriva en impunidad, Diego Santilli aprovechó para cuestionar a Axel Kicillof.
Por otro lado, los malos resultados en las pruebas PISA en lengua, ciencias y matemáticas. La Argentina quedó ubicada en el fondo de la tabla mundial. Décadas de desmanejos con la educación, bajos salarios, las escuelas, infinitos paros docentes y permitir que los adolescentes aprueben sin muchas exigencias. Arriba, en la cima del mundo, están China, Singapur, Japón, Corea y, bastante cerca, el Reino Unido. El común denominador de los mejores: valorar la exigencia, mérito y disciplina de estudio. El Gobierno aprovechó esos resultados para culpar a los gobiernos kirchneristas. La decadencia lleva décadas.
La inflación baja, pero preocupa el nivel de actividad
En materia económica, el dato más positivo de la semana para el Gobierno fue el índice de inflación: el Indec informó que en agosto fue de 1,7 por ciento, un descenso muy importante respecto del índice de julio (2,1 por ciento). El martes había existido un anticipo: la inflación en la Ciudad fue de 1,7, mucho más baja que el 2,9 de julio.
Lo positivo: la reducción fue muy importante y responde a la caída de los precios de alimentos y transporte, la caída de precios por baja demanda y a la deflación en indumentaria.
Lo negativo: los servicios subieron 2,8 por ciento, muy por arriba del promedio general, y la Canasta Básica Total, límite de la pobreza, creció 2,6 por ciento.
Los riesgos: el menor ingreso de dólares en la segunda parte del año y la presión que pueda ejercer cualquier movimiento del dólar.
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La UIA sostiene que la reducción de la inflación no alcanza y afirma que lo importante es el nivel de actividad. Esta semana difundió su Monitor de Desempeño Industrial: el 49,7 por ciento de las empresas están afectadas por la caída de las ventas, por lo cual el 42 por ciento redujo su producción. Los motivos: caída del poder adquisitivo, la apertura de importaciones y el flagelo del contrabando. El miércoles, el Indec confirmó el derrumbe: la producción industrial bajó en julio 4,9 por ciento interanual y 5 por ciento desestacionalizado. Y la construcción no se quedó atrás: cayó 4,5 por ciento interanual y 4,6 por ciento respecto de junio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la economía marcha a distintas velocidades y que hay sectores a los que les va a costar más tiempo salir adelante. Y Patricia Bullrich dijo que esa situación preocupa al Gobierno.
El otro tema económico de la semana tuvo que ver con los deudores morosos: la oposición logró instalarlo en la agenda, tenía asegurado el quórum y obligó a LLA a girar en el aire para hacer un control de daños. El proyecto no pasará por la Comisión de Presupuesto, por lo cual cualquier solución que adopte el Congreso no deberá tener costo fiscal. Martín Menem y LLA vieron el desenlace como un triunfo.
Mientras el Presidente siempre sostuvo que el debate no es real sino una fake news instalada por la oposición para desgastar a Milei, la Iglesia reitera su reclamo de mayor justicia social. No es un dato menor que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA haya publicado un informe que muestra que 30 de cada 100 familias necesitan pedir dinero a familiares, amigos o billeteras virtuales para llegar a fin de mes, mientras que entre las familias que están en situación de pobreza el problema alcanza al 44 por ciento.
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Uno de los aliados más fieles de LLA, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, buscó mostrar empatía: decidió que a los deudores morosos les reducirá Ingresos Brutos y los eximirá del Impuesto de Sellos.
En el Gobierno no todos coinciden con la dureza con la que Milei lleva adelante su plan económico.
El sector más político, la mesa política, teme el impacto que la economía pueda tener en los votantes. Milei lo ve distinto: la gente me votó para bajar la inflación y él lo está logrando.
¿Qué dicen las encuestas? Tanto las que maneja el Gobierno como la oposición coinciden en dos datos: Milei conserva una imagen positiva que está entre el 32 y 37 por ciento —según las distintas encuestadoras—; Atlas Intel acaba de relevar que el 38 por ciento aprueba la gestión del Presidente; se frenó su caída y varios estudios coinciden en mostrar que, del casi 70 por ciento restante, hay un 50 por ciento que asegura que jamás volvería atrás para votar al kirchnerismo. En otras palabras, este último sector podría decantar, a falta de opción, en favor de Milei o no iría a votar. Salvo que aparezca un outsider, que todavía no aparece claro, o un insider. Falta mucho: 12 meses hasta la fecha de las PASO, que por ahora no se definieron.
Igualmente, ese panorama es suficiente para entusiasmar al peronismo, un sector que hace unos meses consideraba que no tenía chance alguna. Ahora, sus referentes empezaron a soñar. La muestra la dio el martes: las distintas tribus del peronismo —excepto La Cámpora— se juntaron para un nuevo homenaje por la muerte de De la Sota y para tomarse una foto política. Unidad con competencia, recomendó Sergio Massa, que levanta lentamente el perfil y no descarta ni confirma que pueda ser candidato.
Javier Milei, Islas Malvinas, malvinas, Reino Unido, Petróleo
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