El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, continuó hoy el cruce que mantuvo este sábado con la senadora y exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que se inició luego del robo a un nene de 12 años ocurrido en la ciudad de La Plata.

Durante una entrevista con la periodista Mariana Contartessi en Radio La Red, el funcionario de Axel Kicillof apuntó contra Bullrich y afirmó que la exministra “está nerviosa porque el gobierno está cayendo mucho en la consideración de la opinión pública”.

Además, indicó que los dichos de Bullrich responden a una estrategia política, en un contexto en el que, según él, el gobierno nacional está perdiendo respaldo en la opinión pública y crece la imagen del gobernador Kicillof. Alonso expresó que el discurso de la senadora va en sintonía a una maniobra para desviar la atención de la caída en la consideración social, y no a una preocupación técnica en materia de seguridad.

De acuerdo con Alonso, la actual ministra de Seguridad de la provincia, María Fernanda Monteoliva, cuenta con conocimientos técnicos, pero se encuentra limitada por un gobierno nacional que “no pone un peso” ni impulsa políticas concretas. A su vez, señaló que Monteoliva habría advertido la falta de fundamento en las acusaciones y, por esa razón, la vocera principal terminó siendo Bullrich. “ (Bullrich) está tratando de volver a traer la idea del baño de sangre, la idea de que es un descontrol el conurbano”, remarcó Alonso.

Durante la entrevista, Alonso sostuvo que el año pasado, la provincia de Buenos Aires registró la menor cantidad de crímenes en ocasión de robo desde el retorno de la democracia. “Desde que se contabilizan seriamente los homicidios, el año pasado fue el año con menos homicidios en ocasión de robo”, afirmó. El mandatario provincial reconoció la gravedad de cada hecho puntual y el impacto sobre las víctimas y sus familias, pero remarcó que el trabajo conjunto con los intendentes apunta a mejorar el espacio público y fortalecer los patrullajes.

Al referirse al esfuerzo operativo, Alonso destacó el alcance de los recorridos policiales: “Cada cuatro horas recorremos el setenta y cinco por ciento de las calles”, dijo, y subrayó el gasto sostenido en combustible a pesar del aumento de los precios. Para Alonso, el contraste con la ausencia de inversión nacional evidencia una diferencia de prioridades y compromiso.

El funcionario concluyó que quienes critican la situación de seguridad en la provincia deben actuar con seriedad, abandonar la política del espectáculo y priorizar la gestión. “Tienen que dejar el show, dejar las redes sociales y ponerse a gobernar en serio”, concluyó Alonso.

El violento robo a un niño de doce años ocurrido el jueves en el barrio de Tolosa, en La Plata, generó este sábado un fuerte intercambio en redes sociales entre Bullrich y Alonso. El asalto ocurrió cuando un delincuente encapuchado abordó al menor mientras se dirigía a la escuela, lo tiró al suelo y le robó sus pertenencias, entre ellas un teléfono móvil y un buzo. El episodio fue registrado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales.

Tras conocerse el caso, Bullrich utilizó su cuenta en X para cuestionar duramente la gestión del gobernador Axel Kicillof y de Alonso, a quien calificó como “no ministro”. La exministra de Seguridad criticó la respuesta de las autoridades ante el hecho, acusándolos de no actuar frente a la inseguridad y de abandonar a los ciudadanos, y reclamó mayor presencia y acciones concretas para brindar seguridad a los bonaerenses.

Alonso respondió horas después con un mensaje en el que recurrió a una frase de Néstor Kirchner para interpelar a Bullrich y defendió el trabajo realizado por la cartera de Seguridad provincial. Sostuvo que la función del ministerio no es dictar condenas, sino que esa tarea corresponde a la Justicia, y destacó el nivel de esclarecimiento de delitos alcanzado durante la gestión de Axel Kicillof. Además, recordó la colaboración de la provincia en operativos en Rosario y señaló fallas de Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad.

Para Alonso, las críticas de Bullrich forman parte de una “campaña sucia” que busca utilizar casos de inseguridad con fines políticos. El ministro cuestionó la instrumentalización de las víctimas y sugirió que estos ataques buscan desviar la atención ante la caída en la imagen del gobierno nacional. Y concluyó pidiendo a la senadora que actúe con dignidad y deje de emplear la inseguridad como herramienta electoral.

Ante las múltiples encuestas que mostraron un impacto en el humor social por la situación económica, el Gobierno intenta recuperar los ejes de la agenda pública en medio de las investigaciones judiciales al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y apuesta además a una baja de la inflación en el corto plazo, luego de la cifra de 3,4% de marzo.

Después de su presentación de la semana pasada en el Congreso, con su informe de gestión, Adorni reaparecerá mañana con una conferencia de prensa en Casa Rosada ante periodistas. El funcionario se siente fortalecido, y el Gobierno apuesta a dar una vuelta de página para recuperar protagonismo en la agenda pública, que incluye el impulso de proyectos clave en el Congreso y el avance de reformas económicas.

Como panorama de fondo, múltiples estudios de opinión pública advirtieron sobre una baja en la percepción social de la evaluación de la gestión del presidente Javier Milei, el rumbo del Gobierno y la imagen del mandatario.

Por supuesto que las encuestas son una foto de un determinado momento de la realidad, lo que no necesariamente puede llegar a traducirse en un impacto negativo futuro para el oficialismo en las presidenciales de 2027 en las que el libertario irá por la reelección.

En medio de una situación económica fracturada, el ministro Luis Caputo dijo que hay sectores en alza, que registran un gran crecimiento, como minería y energía, al plantear que entre los dos sectores “hay casi un producto Bruto Interno (PBI)”.

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No obstante, se trata de dos actividades que aportan un bajo caudal de votos en las elecciones, porque representan menos de un millón de trabajos directos. En contrapartida con rubros como el industrial, que atraviesa por un fuerte impacto, y que emplea a muchas más personas, en lo que marca dos realidades de la economía.

Ante este panorama es que el Gobierno espera una baja de la inflación, algo que indudablemente tendrá un correlato en una mejora del humor social. El próximo 14 de mayo se conocerá el índice de inflación de abril del INDEC, que en la previa, según mediciones de consultoras privadas, sería de entre 2,4% y 2,6%, mucho menor al 3,4% de marzo.

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Justamente el Gobierno necesita un punto de inflexión en la inflación, que revierta la suba y empiece a ir hacia una tendencia a la baja. En este sentido, los alimentos aumentan a un ritmo menor que el mes anterior, y en grandes volúmenes el promedio es a la baja. Además se espera una estabilización del precio de las naftas, luego de la escalada de 30% por el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tanto Milei como el ministro de Economía plantearon un escenario de baja de la inflación a partir de abril. El futuro del Presidente en las elecciones estará signado por la economía, y para eso necesita que este año el índice empiece con un “1″ hacia fin de año, de modo de consolidar una baja en la tendencia inflacionaria.

Manuel Adorni, Inflación

La localidad cordobesa de Toledo atraviesa una fuerte controversia política e institucional tras la aprobación de una ordenanza que modifica el cálculo de las dietas de concejales y miembros del Tribunal de Cuentas. La medida, votada sobre tablas en el Concejo Deliberante, generó un duro cruce entre el intendente Sergio Marín y los ediles, en medio de acusaciones cruzadas, dudas sobre la redacción del texto y la posibilidad de un veto e incluso una judicialización.

La iniciativa fue aprobada el martes por la noche con cinco votos a favor y dos en contra, sin tratamiento previo en comisión. El eje del conflicto se centra en el artículo 5 de la ordenanza, que establece que la dieta mensual será equivalente al 2% del presupuesto total del municipio, estimado en unos 7.400 millones de pesos.

A partir de esa fórmula, el Ejecutivo municipal realizó un cálculo que encendió la polémica: cada concejal y miembro del Tribunal de Cuentas podría percibir alrededor de 12,3 millones de pesos mensuales. “Hicimos el cálculo que da la fórmula que aplicaron y el monto es ese. La verdad que no salimos del asombro”, afirmó Marín e diálogo con La Voz, quien además cuestionó el contexto económico en el que se aprobó la medida.

El intendente también criticó la forma en que se trató el proyecto. “Es un despropósito. Se trató sobre tablas, sin aviso al Ejecutivo, cuando hay obras importantes que siguen sin discutirse”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que avanzará con el veto de la ordenanza y no descartó recurrir a la Justicia si el Concejo insiste con su aplicación. “Si no hay marcha atrás, vamos a plantear su inconstitucionalidad”, remarcó.

Además, el jefe comunal apuntó contra los concejales que acompañaron la medida, incluidos representantes de La Libertad Avanza. “Llama la atención que hablen de anticasta y aprueben algo así en este contexto”, cuestionó.

La respuesta del Concejo: “Es una mala interpretación”

Desde el Concejo Deliberante rechazaron de plano la versión del intendente y aseguraron que existe una interpretación errónea —o malintencionada, según denunciaron— del texto aprobado.

El concejal Marcelo Márquez explicó al Doce TV que el monto mencionado por el Ejecutivo no corresponde a cada funcionario, sino a un total global que debe dividirse entre diez cargos: siete concejales y tres integrantes del Tribunal de Cuentas.

“Ese es el monto total a repartir. Da poco más de un millón de pesos por persona, y con descuentos queda en unos 830 mil pesos para cada concejal”, detalló. No obstante, reconoció que la redacción del artículo puede prestarse a confusión y adelantó que impulsarán una modificación para aclararlo.

“Vamos a ampliar ese punto para que quede explícito cómo se aplica el cálculo. Un municipio como Toledo no podría pagar jamás 12 millones por concejal”, afirmó.

En el mismo sentido se expresó la presidenta del cuerpo legislativo, Ivana Toledo, quien aseguró que la normativa vigente —en particular la Ley 8102— impide que los ediles perciban cifras de ese nivel.

“Jamás cobraríamos ese monto porque la ley no lo permite”, sostuvo. Además, señaló que la ordenanza surgió a partir de un acuerdo previo con el Ejecutivo para regularizar las dietas, e incluso afirmó que el propio intendente había solicitado una actualización de su salario. “Debe estar cobrando cerca de 5 millones por todo concepto”, indicó.

La dirigente fue más allá y acusó al jefe comunal de generar intencionalmente la polémica. “Esto es una trampa del intendente para difamarnos y generar una mala interpretación”, lanzó.

Un conflicto abierto

La controversia no solo expuso diferencias técnicas sobre el cálculo de las dietas, sino también una fuerte tensión política en una localidad de entre 5.000 y 6.500 habitantes, con recursos limitados y un presupuesto acotado.

Mientras el intendente insiste en que la redacción actual habilita sueldos millonarios y avanza hacia el veto, desde el Concejo aseguran que se trata de un error subsanable y que corregirán el texto para evitar interpretaciones ambiguas.

En ese contexto, el conflicto sigue abierto y podría escalar en los próximos días si no se alcanza un acuerdo político.