Lo que comenzó como una revisión rutinaria para mejorar un reporte interno de recaudación terminó destapando uno de los mayores casos de presunta manipulación del sistema tributario panameño.

Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Ingresos (DGI) revela que fueron una serie de inconsistencias, omisiones y patrones repetitivos los que llevaron a descubrir una estructura que, según las investigaciones, habría generado un perjuicio superior a $40 millones mediante el sistema E-Tax 2.0.

El documento, que sirvió de base para la investigación penal conocida como Operación Pandora, permite reconstruir las nueve principales señales de alerta que despertaron las sospechas de los auditores y que posteriormente dieron paso a allanamientos, órdenes de captura y procesos judiciales contra funcionarios y particulares.

La primera señal surgió casi por accidente. Mientras la Sección de Agentes de Retención desarrollaba un nuevo reporte para comparar las declaraciones del formulario 4331 con los pagos efectivamente recibidos por la DGI, detectó que BAC International Bank aparecía con importantes retenciones registradas en el sistema, pero sin el correspondiente respaldo de pago en efectivo.

En cambio, el sistema mostraba documentos de ajustes que habían sido aplicados como si se tratara de pagos válidos.

La segunda alerta apareció cuando los auditores solicitaron oficialmente el listado completo de esos ajustes. El informe explica que dos movimientos nunca fueron incluidos en la documentación entregada inicialmente por el área de Cuenta Corriente, pese a que existían dentro del sistema. Esa omisión llevó a revisar directamente las bases de datos de E-Tax 2.0.

La tercera señal fue el propio volumen de operaciones. La auditoría identificó 61 ajustes por un valor superior a $42.471 millones, aunque cuatro de ellos correspondían a resoluciones legítimas previamente aprobadas por la DGI. Al excluir esas operaciones, permanecían decenas de movimientos sin justificación suficiente para iniciar la investigación.

La cuarta evidencia surgió al reconstruir la trazabilidad completa de cada trámite. Los investigadores imprimieron cada expediente, identificaron quién creó las solicitudes, quién las aprobó, qué funcionarios intervinieron, las fechas, los mensajes internos y los documentos asociados. El resultado fueron 17 expedientes físicos con aproximadamente 5.000 folios de evidencia documental.

La quinta señal fue quizás una de las más llamativas. Muchos de los ajustes se sustentaban en transacciones realizadas hacía cinco, diez y hasta más de quince años, cuyas operaciones originales ya habían concluido exitosamente y cuyos pagos figuraban correctamente registrados.

Sin embargo, años después fueron anulados o modificados para liberar créditos tributarios nuevamente utilizables. Los auditores calificaron como inusual que solicitudes de anulación se presentaran después de tanto tiempo sin existir nuevos elementos que las justificaran.

La sexta modalidad consistía en anular declaraciones tributarias utilizando una resolución que únicamente permite hacerlo cuando fueron presentadas “sin corresponder”.

Sin embargo, al revisar expedientes de compraventas de acciones, fincas y otros activos, los auditores comprobaron mediante escrituras públicas, registros oficiales e incluso información publicada por las propias empresas que las operaciones sí habían ocurrido, por lo que no existía fundamento aparente para anularlas.

La séptima señal fue la utilización de créditos provenientes de pagos no aplicados para beneficiar a otros contribuyentes. Según el informe, una vez liberadas las boletas mediante anulaciones o ajustes, esos montos eran trasladados posteriormente hacia terceros mediante solicitudes de corrección y cesión, cambiando completamente al beneficiario original del pago.

La octava alerta estuvo relacionada con la alteración del código tributario 202 (ITBMS) y otros movimientos realizados mediante solicitudes de corrección dentro del módulo BPM-GTR. La auditoría concluye que el sistema permitía modificar el destino final de pagos previamente registrados utilizando distintos tipos de ajustes administrativos.

Finalmente, la novena señal fue la existencia de ajustes sin respaldo documental suficiente. En algunos expedientes los auditores encontraron operaciones millonarias que carecían de memorandos, resoluciones u otra documentación que justificara los cambios realizados dentro del sistema, mientras otros ajustes solo estaban respaldados por un memorando específico cuya validez también fue sometida a revisión.

Más allá del sofisticado manejo informático, el propio informe deja ver que fueron los errores administrativos y la repetición de patrones los que terminaron exponiendo el mecanismo.

La investigación comenzó porque un reporte interno no coincidía con otro; luego aparecieron documentos omitidos, operaciones antiguas reactivadas, expedientes sin sustento y anulaciones sobre transacciones cuya existencia pudo verificarse mediante registros públicos, escrituras notariales e incluso publicaciones corporativas disponibles en internet.

Con esa evidencia, la DGI remitió el expediente al Ministerio Público, dando origen a la Operación Pandora, que actualmente investiga una presunta organización integrada por funcionarios y particulares dedicada a manipular E-Tax 2.0 para obtener beneficios económicos ilícitos.

La investigación alcanza a una estructura integrada por abogados, funcionarios en ejercicio y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes presuntamente aprovecharon sus conocimientos sobre los procedimientos internos y los accesos al sistema E-Tax 2.0 para ejecutar ajustes tributarios irregulares.

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, el expediente involucra al menos a 19 personas y, hasta el momento, ya registra dos acuerdos de pena homologados y otros dos en proceso, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de participación y las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados.

A federal appeals court on Saturday refused to let the Trump administration enforce key parts of President Donald Trump’s executive order tightening mail-in voting rules in 23 Democratic-led states, a setback that could send the administration to the U.S. Supreme Court ahead of this year’s midterm elections.

In a 2-1 decision, the 1st U.S. Circuit Court of Appeals denied the Department of Justice’s (DOJ) request to pause a June ruling blocking several provisions of Trump’s March executive order while the administration appeals.

The DOJ previously told the court it could seek emergency relief from the Supreme Court if it did not prevail.

The administration argued the lawsuit was premature because federal agencies had not finalized the policies needed to implement the executive order. But the appeals court found the plaintiff states were already facing looming election deadlines and had begun preparing for potential changes.

OBAMA-APPOINTED JUDGE BLOCKS TRUMP’S ELECTION ORDER AS SAVE AMERICA ACT FIGHT INTENSIFIES

«As the district court reasoned, the (executive order) lays out a clear set of rapidly approaching deadlines by which states must coordinate with federal officials and comply with new voting procedures,» the majority wrote. «The Plaintiff States have no practical choice but to respond to the (order) now.»

Trump signed Executive Order 14399 in March as part of his election integrity agenda.

The order directs the Department of Homeland Security (DHS) to compile lists of confirmed U.S. citizens eligible to vote and provide them to states, instructs the U.S. Postal Service (USPS) to establish new standards for mail-in ballots and directs the Justice Department to prioritize investigations into state and local election officials who issue federal ballots to people deemed ineligible to vote.

‘ROGUE’ OBAMA JUDGE’S SMACKDOWN OF TRUMP ELECTION RULES PROVOKES OMINOUS WARNING FROM WHITE HOUSE DEPUTY

An elections office employee scans mail-in ballots in Pennsylvania. (Fox News, File)

The lawsuit was brought by 23 states, and the District of Columbia, led by California, Massachusetts, Nevada and Washington. The states argue the Constitution gives them primary responsibility for administering federal elections and that the president exceeded his authority by directing federal agencies to impose new voting requirements.

U.S. District Judge Indira Talwani agreed in June, ruling that several provisions of the executive order likely exceeded the president’s authority and blocking federal agencies from implementing them in the plaintiff states through the Nov. 3 federal elections.

Ballots are received, sorted and verified at the Los Angeles County ballot processing facility in Industry, Calif. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Saturday’s ruling does not resolve the underlying legal challenge, but leaves Talwani’s injunction in place while the appeal proceeds.

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The White House and the Justice Department did not immediately respond to Fox News Digital’s requests for comment.

El gobierno de Donald Trump tenía previsto enviar a Brasilia a dos altos funcionarios del Departamento de Estado con el objetivo de cuestionar la confiabilidad del sistema de voto electrónico brasileño, cuando se lanzó de lleno la campaña para las elecciones presidenciales del 4 de octubre. Pero el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva les negó las visas y no podrán entrar al país.

La cancillería de Brasil negó las solicitudes de visado presentadas por los diplomáticos Riley M. Barnes, secretario adjunto, y Samuel Samson, subsecretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, informó el sitio de noticias G1, de la red Globo, este sábado.

En un artículo publicado por The Washington Post, se mencionó a ambos como responsables de una estrategia para cuestionar la integridad y la fiabilidad del sistema electoral brasileño.

El viaje estaba programado para unas semanas antes de las elecciones presidenciales del país, previstas para el 4 de octubre. Según la información obtenida por G1, el gobierno brasileño fue informado de la naturaleza «inusual» de la misión de los dos funcionarios y decidió denegarles las visas.

Según fuentes diplomáticas, Brasil tiene la tradición de recibir observadores internacionales durante las elecciones, pero se considera que los estadounidenses no eran observadores; de hecho, tenían «otro papel».

Según The Washington Post, los funcionarios estadounidenses tenían previsto reunirse con referentes críticos del sistema de urnas electrónicas y recopilar información para elaborar un informe destinado a poner en duda la fiabilidad del mecanismo de votación utilizado en Brasil. Justamente, el candidato opositor Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, es uno de los críticos del sistema de urnas electrónicas, igual que su padre.

La solicitud de los funcionarios del Departamento de Estado fue presentada poco después de que el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro afirmara sin presentar pruebas que las urnas electrónicas brasileñas fueron fabricadas por la empresa venezolana Smartmatic, durante una reunión con representantes de cerca de 40 países celebrada esta semana en Brasilia.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) desmintió esa afirmación y aseguró que esa empresa nunca suministró urnas electrónicas ni programas utilizados en el sistema electoral brasileño.

La reunión se produjo bajo la sombra del antecedente sentado por el padre del senador cuatro años atrás.

El 18 de julio de 2022, el entonces presidente Jair Bolsonaro -hoy preso por golpismo- utilizó la residencia oficial del Palacio de la Alvorada y los medios de comunicación del Estado para convocar a decenas de embajadores extranjeros. En esa cita, Bolsonaro atacó la seguridad del voto electrónico y sembró sospechas de fraude.

Aquel episodio tuvo severas consecuencias judiciales: en junio de 2023, el TSE condenó a Jair Bolsonaro por abuso de poder político y uso indebido de los medios públicos, y lo declaró inelegible hasta 2030.

El gobierno de Lula da Silva considera la iniciativa como un intento de interferencia en el proceso electoral y aseguró que actuará para impedir cualquier efecto sobre los comicios. Dos altos diplomáticos brasileños calificaron la misión como «completamente incompatible con la democracia brasileña» y afirmaron que el Ejecutivo protegerá la integridad del proceso.

El Departamento de Estado confirmó el viaje de los funcionarios, pero evitó responder sobre el objetivo de la misión o sobre eventuales cuestionamientos a la integridad del sistema electoral brasileño.

La iniciativa se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Brasilia, marcado por los recientes aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños y por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro por el presunto intento de impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.

La campaña electoral en Brasil está dominada por la polarización, las disputas sobre la transparencia del proceso electoral y las investigaciones judiciales que mantienen inhabilitado políticamente a Jair Bolsonaro, mientras el sistema de voto electrónico continúa siendo respaldado por el TSE y por observadores internacionales, que hasta ahora no han detectado evidencias de fraude en los comicios.