INTERNACIONAL
Keiko está lista para liderar al Perú
Conocí a Keiko Fujimori hace 27 años. Su padre, Alberto, entonces era presidente del Perú y yo presidente del Ecuador. Los Fujimori, mi hija Paola y yo iniciamos la “diplomacia presidencial” que culminó con la firma del tratado definitivo de paz entre nuestros países en Brasilia, el 26 de octubre de 1998. Keiko y Paola tenían algo más de 20 años de edad. Los dos mandatarios fuimos nominados al Premio Nobel de La Paz en 1999 por haber “resuelto el conflicto armado internacional más antiguo del hemisferio occidental”, como lo destacó el presidente Clinton.
Desde entonces, cambió nuestra historia binacional: luego de centurias de competir por ganarnos las guerras militares, entramos al nuevo milenio como socios en la guerra para consolidar la paz. En la ceremonia de Brasilia me dirigí al presidente Fujimori: el día de hoy firmamos la paz — le dije —, a partir de mañana le invito a ejercerla. “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”, había escrito Pablo VI en Populorum Progressio y a eso nos dedicamos: proyectos binacionales de energía renovable, irrigación agrícola, complementación vial, educación, salud y turismo. Si bien el conflicto armado duró tanto en resolverse, el intercambio comercial creció tanto y tan rápido que el Perú llegó a convertirse en uno de los socios comerciales más importantes del Ecuador. Los espectaculares resultados de la nueva integración fueron una sólida evidencia de que las conversaciones pueden sustituir a las confrontaciones y de que la pacificación interna conduce a la cooperación, motor de la paz social y del desarrollo.
La paz con el Ecuador solamente fue posible luego de un proceso de pacificación interna conducido por Alberto Fujimori. La pacificación de la economía redujo la inflación galopante de varios miles por ciento anual a menos de dos dígitos. También consiguió la pacificación de la sociedad cuando logró desarticular a Sendero Luminoso, el movimiento guerrillero más cruel y sanguinario del mundo después del de Cambodia, y apresar a su jefe máximo, Abimael Guzmán. El triunfo sobre el terrorismo en los años noventa en Perú quedó marcado en la mente de los ciudadanos como uno de los grandes logros del presidente Fujimori y como un ejemplo de lo que puede hacer un gobernante decidido a usar su autoridad para sacar a su país del caos.
Cuando conocí a Keiko, ella me impactó por varios motivos: su ilimitado amor por el Perú y por su pueblo; su extraordinaria inteligencia racional y emocional; su serenidad permanente que ayudaba a la distensión en momentos muy difíciles; su madurez, muy superior a la que correspondería a una persona de su edad; su metódica seriedad en el manejo de los temas del Estado; su bondad expresada con exquisita cortesía. A partir de ahí surgió una relación que se transformaría en amistad familiar y que dura hasta hoy.
He seguido su trayectoria con la frecuencia que el vivir en diferentes partes del mundo nos ha permitido. Recuerdo la visita que le hice en su modesto departamento de estudiante en la Universidad de Columbia, donde obtuvo la maestría en administración de negocios, con ocasión del nacimiento de su primera hija, Kyara; los eventos académicos internacionales en los que participamos conjuntamente para darles a los estudiantes elementos de análisis de una negociación internacional exitosa desde las diferentes perspectivas de los actores; las numerosas conferencias por Zoom para “ponernos al día”, y sus ocasionales visitas a Boston, Massachusetts, donde obtuvo su bachillerato en administración de empresas en la Universidad de Boston, durante la primera parte de la presidencia de su padre.
Cada vez que interactuaba con ella, advertía la velocidad y la profundidad de su crecimiento personal y profesional. Me parecía admirable el manejo simultáneo de dos responsabilidades que demandan amor, dedicación, habilidades especiales y sacrificio: su rol de madre de familia, aumentado por el nacimiento de su segunda hija, Kaori, y su rol de líder política, fundadora y cabeza de Fuerza Popular, un partido al que convirtió en la principal y más estructurada organización política del Perú.
Todas las enseñanzas que adquirió tras sus larguísimas horas de quemar pestañas en el estudio, los debates y las reflexiones las volcó en la formulación de la ideología, la concreción de la estructura organizativa más eficiente y la formación de equipos de trabajo que elaboraran propuestas de necesarias políticas públicas. Además “quemó suela” en las innumerables calles y plazas urbanas y en los senderos que conducen a alejados asentamientos humanos en la enorme geografía peruana.
Las dolorosas circunstancias por las que atravesó en su vida templaron aún más su carácter: la prisión de su padre y el lento y progresivo deterioro de su salud; su propia defensa judicial, frontal y valiente, ante las acusaciones características de la política latinoamericana que la condujeron a 490 días de prisión preventiva; tres derrotas consecutivas en su carrera a la presidencia del Perú, dos de ellas por escasísimo margen; la pérdida de sus dos progenitores en menos de tres años. Durante todo este tiempo, Keiko exhibió entereza; respetó las reglas del juego democrático, y demostró que aún vivían en ella las virtudes que me impresionaron cuando la conocí.
El 12 de abril pasado Keiko triunfó con claridad en la primera vuelta electoral y el próximo 7 de junio, una vez más, someterá su candidatura a consideración del pueblo peruano en la segunda vuelta. Ganó porque sintonizó con la más grande urgencia nacional que, más de tres décadas después, vuelve a ser la necesidad de paz y de reconciliación interna en medio de la más grave crisis de legitimidad política que se recuerde.
Suele decirse que los ciudadanos votan unas veces por candidatos que les gustan, y otras, por candidatos a los que necesitan. En tiempos de tranquilidad y de bonanza, propicios para darle alas a la esperanza, prefieren a los primeros. En circunstancias en las que la viabilidad democrática y la subsistencia del entramado social están en juego, optan por los segundos. El Perú vive ahora en el segundo escenario y necesita la conducción de una persona como Keiko.
Hablando delante de una pared que reproduce varias veces la frase La fuerza del orden, su propuesta central para el Perú actual, Keiko definió la esencia de la decisión electoral que se avecina:
“Esta elección no se trata de mí”, dijo. No se trata de una disputa entre ideologías, ni entre Lima y las regiones, ni entre el fujimorismo y el anti fujimorismo. Se trata de elegir entre seguir en el caos y recuperar el orden; de usar el principio de autoridad para combatir a la delincuencia; de construir un Estado que garantice oportunidades para el empleo, multiplique el bienestar y los servicios básicos. Convocó a los peruanos a transformar “el miedo y la decepción en acción y en esperanza”.
Su expresión facial, su lenguaje corporal, el tono y la cadencia de sus palabras comunicaron la consistencia y la coherencia de sus virtudes de siempre: su ilimitado amor por el Perú y por su pueblo; su extraordinaria inteligencia racional y emocional; su serenidad permanente que ayuda a la distensión en momentos muy difíciles; su madurez, muy superior a la que correspondería a una persona de su edad; su metódica seriedad en el manejo de los temas del Estado; su bondad expresada con exquisita cortesía.
El triunfo electoral de un equipo de gobierno que recupere el orden y orqueste la salida del Perú del caos requiere de tres condiciones: 1. Candidatos que posean una clara visión sobre los problemas del país y un plan de acción para solucionarlos. 2. Instituciones que cuiden la democracia protegiendo el voto popular y no permitan acciones fraudulentas alimentadas por chanchullos, componendas, maniobras y trampas. 3. Electores que ejerzan su obligación cívica y concurran masivamente a votar en lugar de permanecer cómodamente en sus casas.
A lo largo de su vida política y en especial durante esta última campaña, Keiko ha completado su obligación de candidata: reúne ideas, voluntad y equipo. Obtuvo la mayor cantidad de votos, dirige la maquinaria política más eficiente y su mensaje declara una batalla frontal contra el crimen organizado incrementando la fuerza policial y reformando el sistema penitenciario. Su propuesta goza de credibilidad porque la encarna la persona con mejores credenciales para esa tarea: liderazgo firme, acumulada experiencia y participante directa en la exitosa campaña de su padre que resolvió problemas parecidos hace más de 30 años: problemas que por la mala conducción posterior han regresado.
El 7 de junio, todos estaremos pendientes de que se cumplan los otros dos requisitos: el comportamiento moral y jurídico de las instituciones y el comportamiento cívico de los electores.
A fuerza de quemar suelas y pestañas Keiko conjuga el análisis teórico con la vivencia práctica. Por eso está lista y desea liderar al Perú. El 7 de junio las urnas nos dirán si el Perú está listo y desea el estilo de liderazgo de Keiko.
* Jorge Jamil Mahuad Witt es abogado, académico y ex presidente de Ecuador (1998-2000)
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INTERNACIONAL
Venezuela anunció su salida de la Corte Penal Internacional y Estados Unidos felicitó al gobierno de Delcy Rodríguez
Por qué Venezuela dejó la CPI y el pedido de dos ONG para rever la situación
La relación de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional
SPLC director grilled on alleged fraud and paying extremists
Rep. Jim Jordan, R-Ohio, accuses the Southern Poverty Law Center of fraud and hypocrisy. Jordan states the SPLC, working with the Biden Justice Department, saw donations jump from $51 million to $133 million in one year, exploiting events like the Charlottesville rally to mislead donors.
NEWYou can now listen to Fox News articles!
Months before losing re-election, former Rep. Cori Bush, D-Mo., touted the work of her non-profit to donors even though records indicate the organization may have never been registered as a tax-exempt organization.
Bush described Poltivist Power Inc. as «a new 501(c)(4) organization uniting grassroots organizing with political strategy to fight oppression,» in a fundraising email.
«My team and I are on the ground, and we could use your support. Can we count on you to donate to our tornado fund today so we can continue our relief efforts?» Bush wrote.
STACEY ABRAMS HIT WITH SUBPOENA IN ALLEGED CAMPAIGN FINANCE VIOLATIONS SAGA: ‘NO ONE IS ABOVE THE LAW’
Former Rep. Cori Bush, D-Mo., attends a news conference in Washington, D.C., on Wednesday, May 8, 2024. (Allison Robbert/Bloomberg via Getty Images)
Bush made the same characterization in a second fundraising email sent weeks later.
But Fox News Digital could not identify any IRS record showing Poltivist Power had obtained or claimed tax-exempt status. While not proof of wrongdoing, the lack of a paper trail for Bush’s organization raises questions about whether the former «Squad» member misled donors during her time in office.
Without reporting, it’s unclear how much the group fundraised.
Bush, who first arrived to Congress in 2021, was known for her progressive stances that grouped her with fellow Democrats like Reps. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, D-Minn., Ayanna Pressley, D-Mass., Rashida Tlaib, D-Mich.
Among them, Bush began taking a critical view of the U.S. relationship with Israel amid its protracted war with Hamas in Gaza. Her criticisms became a centerpiece topic in her 2024 primary against Democratic challenger Wesley Bell — a race she lost.
Now out of office, Bush has remained involved in progressive politics in her local scene.
When approached about Poltivist Power Inc., Bush did not respond to requests for comment from Fox News Digital on whether Poltivist Power had received donations, on why it hadn’t yet reported a 990 and about the nature of its activities.
The organization’s domain, Poltivistpower.com, was first purchased on April 1, 2025, records show. Bush announced the creation of the group shortly after a tornado struck the St. Louis area, killing at least four people and causing widespread damage.
‘SQUAD’ DEM DISMISSES FRAUD PROBE SPECULATION AFTER $29M NET-WORTH DROP
WASHINGTON, DC – OCTOBER 22: Rep. Cori Bush, D-Mo., speaks to reporters after a House vote on Capitol Hill on Friday, Oct. 22, 2021 in Washington, DC. (Photo by Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)
«The Politivist team is on the ground, providing supplies, checking on families, and showing up for those who’ve been left behind,» Bush said.
Since then, in addition to not having a filing recorded with the Internal Revenue Service (IRS), the group seem to have wrongly filed paperwork with Delaware’s Department of State and with ActBlue Civics, a fundraising site for Democratic groups.
In its March 2025 Delaware incorporation filing, Poltivist Power was registered as an «exempt» corporation, a designation Delaware says is reserved for entities that meet the requirements of Section 501 of the Internal Revenue Code.
In both cases, the application requires tax-exempt status with the IRS. The organization is still listed on ActBlue Civics.
Notably, Bush’s fundraising emails, in which she highlighted the organization, also included a disclaimer clarifying that «Contributions to Politivist Power are not affiliated with Politivist Action PAC and are not political donations.» The note distinguishes the non-profit from a dedicated fundraising group by the same name.
Despite Bush’s departure from Congress, enough anomalies about Politivist Power have surfaced to catch the attention of Missouri Attorney General Catherine L. Hanaway earlier this month.
She announced her office would look into whether Bush had personally benefited from her fundraising efforts during the tornado recovery and the work that Politivist allegedly did at the time.
«The investigation started when a local news station reported that people had reported to it that contributions they had made for a tornado relief fund had actually gone to her political activity,» Hanaway said in a statement about the investigation.
FIRST ON FOX: ACTBLUE BOARD MEMBERS IN HOT SEAT AS GOP PROBES ‘SERIOUS’ MISCONDUCT ALLEGATIONS
TK (Michael B. Thomas/Getty Images)
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«We do not have our own evidence of that, but that is what we are investigating,» she added.
Bush has not been formally charged with any wrongdoing.
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INTERNACIONAL
Un reporte rutinario destapó la red que manipuló el sistema tributario panameño por más de $40 millones
Lo que comenzó como una revisión rutinaria para mejorar un reporte interno de recaudación terminó destapando uno de los mayores casos de presunta manipulación del sistema tributario panameño.
Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Ingresos (DGI) revela que fueron una serie de inconsistencias, omisiones y patrones repetitivos los que llevaron a descubrir una estructura que, según las investigaciones, habría generado un perjuicio superior a $40 millones mediante el sistema E-Tax 2.0.
El documento, que sirvió de base para la investigación penal conocida como Operación Pandora, permite reconstruir las nueve principales señales de alerta que despertaron las sospechas de los auditores y que posteriormente dieron paso a allanamientos, órdenes de captura y procesos judiciales contra funcionarios y particulares.
La primera señal surgió casi por accidente. Mientras la Sección de Agentes de Retención desarrollaba un nuevo reporte para comparar las declaraciones del formulario 4331 con los pagos efectivamente recibidos por la DGI, detectó que BAC International Bank aparecía con importantes retenciones registradas en el sistema, pero sin el correspondiente respaldo de pago en efectivo.
En cambio, el sistema mostraba documentos de ajustes que habían sido aplicados como si se tratara de pagos válidos.
La segunda alerta apareció cuando los auditores solicitaron oficialmente el listado completo de esos ajustes. El informe explica que dos movimientos nunca fueron incluidos en la documentación entregada inicialmente por el área de Cuenta Corriente, pese a que existían dentro del sistema. Esa omisión llevó a revisar directamente las bases de datos de E-Tax 2.0.
La tercera señal fue el propio volumen de operaciones. La auditoría identificó 61 ajustes por un valor superior a $42.471 millones, aunque cuatro de ellos correspondían a resoluciones legítimas previamente aprobadas por la DGI. Al excluir esas operaciones, permanecían decenas de movimientos sin justificación suficiente para iniciar la investigación.
La cuarta evidencia surgió al reconstruir la trazabilidad completa de cada trámite. Los investigadores imprimieron cada expediente, identificaron quién creó las solicitudes, quién las aprobó, qué funcionarios intervinieron, las fechas, los mensajes internos y los documentos asociados. El resultado fueron 17 expedientes físicos con aproximadamente 5.000 folios de evidencia documental.
La quinta señal fue quizás una de las más llamativas. Muchos de los ajustes se sustentaban en transacciones realizadas hacía cinco, diez y hasta más de quince años, cuyas operaciones originales ya habían concluido exitosamente y cuyos pagos figuraban correctamente registrados.
Sin embargo, años después fueron anulados o modificados para liberar créditos tributarios nuevamente utilizables. Los auditores calificaron como inusual que solicitudes de anulación se presentaran después de tanto tiempo sin existir nuevos elementos que las justificaran.
La sexta modalidad consistía en anular declaraciones tributarias utilizando una resolución que únicamente permite hacerlo cuando fueron presentadas “sin corresponder”.
Sin embargo, al revisar expedientes de compraventas de acciones, fincas y otros activos, los auditores comprobaron mediante escrituras públicas, registros oficiales e incluso información publicada por las propias empresas que las operaciones sí habían ocurrido, por lo que no existía fundamento aparente para anularlas.
La séptima señal fue la utilización de créditos provenientes de pagos no aplicados para beneficiar a otros contribuyentes. Según el informe, una vez liberadas las boletas mediante anulaciones o ajustes, esos montos eran trasladados posteriormente hacia terceros mediante solicitudes de corrección y cesión, cambiando completamente al beneficiario original del pago.
La octava alerta estuvo relacionada con la alteración del código tributario 202 (ITBMS) y otros movimientos realizados mediante solicitudes de corrección dentro del módulo BPM-GTR. La auditoría concluye que el sistema permitía modificar el destino final de pagos previamente registrados utilizando distintos tipos de ajustes administrativos.
Finalmente, la novena señal fue la existencia de ajustes sin respaldo documental suficiente. En algunos expedientes los auditores encontraron operaciones millonarias que carecían de memorandos, resoluciones u otra documentación que justificara los cambios realizados dentro del sistema, mientras otros ajustes solo estaban respaldados por un memorando específico cuya validez también fue sometida a revisión.
Más allá del sofisticado manejo informático, el propio informe deja ver que fueron los errores administrativos y la repetición de patrones los que terminaron exponiendo el mecanismo.
La investigación comenzó porque un reporte interno no coincidía con otro; luego aparecieron documentos omitidos, operaciones antiguas reactivadas, expedientes sin sustento y anulaciones sobre transacciones cuya existencia pudo verificarse mediante registros públicos, escrituras notariales e incluso publicaciones corporativas disponibles en internet.
Con esa evidencia, la DGI remitió el expediente al Ministerio Público, dando origen a la Operación Pandora, que actualmente investiga una presunta organización integrada por funcionarios y particulares dedicada a manipular E-Tax 2.0 para obtener beneficios económicos ilícitos.
La investigación alcanza a una estructura integrada por abogados, funcionarios en ejercicio y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes presuntamente aprovecharon sus conocimientos sobre los procedimientos internos y los accesos al sistema E-Tax 2.0 para ejecutar ajustes tributarios irregulares.
De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, el expediente involucra al menos a 19 personas y, hasta el momento, ya registra dos acuerdos de pena homologados y otros dos en proceso, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de participación y las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados.
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