El Gobierno avanza con Estados Unidos en un programa para reemplazar progresivamente tecnología china utilizada en redes estatales y profundizar la cooperación en seguridad. La iniciativa formó parte de la reunión que el canciller Pablo Quirno mantuvo este jueves con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, en el Palacio San Martín. El encuentro incluyó anuncios sobre ciberseguridad, narcotráfico y trata de menores, además de una discusión sobre los riesgos que Washington atribuye a determinados proveedores tecnológicos.

Uno de los principales anuncios fue un aporte no reembolsable de US$15 millones para poner en funcionamiento un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. Quirno confirmó que el proyecto incluirá una evaluación de la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT. El objetivo es fortalecer la protección de los sistemas informáticos públicos y ampliar la capacidad del Estado para detectar y responder a ataques.

El anuncio representa un avance sobre el programa que vienen trabajando hace meses para sustituir equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de redes gubernamentales. La iniciativa cuenta con el respaldo del Departamento de Estado y contempla una transición hacia proveedores considerados confiables por Washington. Según explicaron entonces fuentes oficiales, el Gobierno busca retirar progresivamente esa tecnología y desarrollar una estructura de monitoreo de alcance nacional.

El documento estadounidense establece expresamente que el programa debe acompañar el desplazamiento de equipamiento de origen chino de la infraestructura digital argentina. La convocatoria de financiamiento señala que la primera etapa incluirá un relevamiento de redes, sistemas y centros de datos para identificar los equipos considerados no confiables. También prevé formular recomendaciones para retirarlos, aislarlos o neutralizarlos sin interrumpir servicios esenciales.

La asistencia estadounidense había sido anunciada originalmente por hasta US$13.912.185 durante un período aproximado de 36 meses. El nuevo monto informado por Quirno asciende a US$15 millones, aunque todavía no se precisó si se trata de una actualización del mismo programa o si incorpora componentes adicionales. La documentación original establece además que el Departamento de Estado tendrá participación en la revisión y aprobación de etapas y recomendaciones técnicas.

El esquema prevé destinar aproximadamente US$5 millones al diseño de la arquitectura tecnológica del centro, además de partidas para evaluar redes, revisar el marco legal y capacitar especialistas argentinos. La planificación contempla una primera etapa de diagnóstico durante seis meses y una segunda fase de implementación tecnológica entre los meses siete y dieciocho. La expectativa es que el sistema alcance autonomía operativa al finalizar los tres años.

La asistencia no implica que Estados Unidos financiará la totalidad del reemplazo de los equipos chinos. El documento establece que la Argentina deberá asumir principalmente la compra de hardware, licencias de software y costos de funcionamiento. Washington podrá cubrir determinados componentes cuando resulten indispensables para alcanzar los objetivos del programa y no exista otra alternativa de financiamiento.

En el tramo final de una sesión de más de 15 horas en la Cámara baja, el oficialismo logró sacar de discusión el proyecto sobre morosidad y endeudamiento familiar. Ante la falta de respaldo para aprobar su dictamen, La Libertad Avanza impulsó una moción para devolver la iniciativa a comisiones, sin establecer una fecha para retomar el debate.

La propuesta obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, correspondientes a diputados de Córdoba de Provincias Unidas. Esa decisión resultó determinante para que el Gobierno evitara una derrota parlamentaria.

Diputados aprobó el proyecto de discapacidad con 237 votos y lo giró al Senado

La maniobra generó fuertes cuestionamientos de la oposición. Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, denunció que funcionarios nacionales estaban contactando legisladores para negociar apoyos, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acusó al oficialismo de bloquear la discusión sin comprometerse a reabrirla.

El desenlace contrastó con la votación del proyecto sobre discapacidad, que había conseguido un amplio consenso durante la misma sesión.

Las diferencias también respondían al contenido de las propuestas. El dictamen oficialista priorizaba herramientas preventivas, como educación financiera y digital, y la posibilidad de trasladar una operación crediticia a otro proveedor.

En cambio, el texto impulsado por bloques opositores proponía declarar la emergencia por 180 días y establecer un régimen de alivio para los deudores.

Esa alternativa contemplaba planes de pago con cuotas limitadas al 30% de los ingresos, condonación de intereses punitorios y un período de gracia de 90 días. También incluía suspender embargos, ejecuciones y otras medidas de cobro.

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La cúpula del peronismo nacional volvió a reunirse este jueves por la noche, con el foco puesto en trazar una estrategia común respecto a las PASO, en tener los temas claves acordados para tratar de incorporar al Presupuesto 2027y también para analizar los principales puntos de conflicto de la gestión libertaria.

El encuentro fue similar al que tuvo lugar en el Hotel Emperador el 11 de agosto, que fue una primera muestra de que tenían voluntad de trabajar en conjunto pese a las múltiples grietas internas. Hubo, respecto a ese cónclave, dos diferencias. La primera fue cambio de sede. Se pasó del hotel ubicado en retiro a la Casa de La Pampa, en pleno microcentro porteño. Y se agregó a la mesa el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, en representación del PJ Federal.

En la reunión estuvieron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner; los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado); el senador santiagueño Gerardo Zamora, que es el jefe político del oficialismo de Santiago del Estero; el referente de los federales, Juan Manuel Olmos y los gobernadores de la coalición Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Durante la reunión se llevó acabo un análisis sobre situación social, productiva y laboral del país en forma pormenorizada y con la mirada regional de los gobernadores. Allí se le puso especial atención al endeudamiento de las familias y a la cantidad de personas que no están llegando a fin de mes. Todos coincidieron en que la situación es “gravísima”. Ese debate específico se dio con un contexto marcado por las palabras del Presidente sobre aquellos a los que no les alcanza el dinero para cerrar el mes.

También se evaluó la situación de las personas con discapacidad y su financiamiento, a partir del proyecto aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados. En ese orden, se agregó una mirada fina sobre el financiamiento de las universidades y la coincidencia en que hay que mantener el reclamo firme respecto al incumplimiento del Gobierno de la ley sancionada en el Congreso.

Uno de los temas centrales fue la situación de las provincias. La caída de la actividad económica, el financiamiento, el desempleo y el impacto de la política económica libertaria sobre las economías regionales. Los gobernadores resaltaron que, frente al fenómeno del Niño, que ha generado una gran preocupación en las zonas productivas, no ha existido “ningún acompañamiento del gobierno de Milei”.

Respecto al Presupuesto 2027, que era uno de los temas centrales de la reunión, se definió plantear propuestas concretas desde los bloques legislativos. Entre ellas destacaron la necesidad de mejorar las rutas nacionales, y la construcción de viviendas y de infraestructura social. Es decir, la reactivación de la obra pública.

También se va a proponer garantizar los recursos para las personas con discapacidad y sus prestaciones, como una continuidad del reclamo que viene haciendo la oposición, y hacer cumplir la ley de financiamiento universitario, sancionada durante este año y con un veto presidencial revertido por la mayoría especial como antecedente determinante. Un tercer tema que se pedirá incorporar en la discusión presupuestaria es el envió de recursos económicos por parte del Gobierno para que las provincias puedan afrontar los efectos del fenómeno climático del Niño.

Respecto a la reforma política que impulsa el Gobierno y que tiene como eje central la eliminación de las PASO, los participantes de la reunión mostraron una postura uniforme respecto a la estrategia del Gobierno. Creen que el Presidente solo piensa en reformar las reglas de juego para entorpecer la organización de la oposición. En ese sentido, se mostraron de acuerdo en que deben seguir unificados y haciendo esfuerzos para sostener las PASO.

Como sello final de la reunión, hubo acuerdo en que el peronismo debe mostrar una vocación de unidad y que es fundamental trabajar en la amplitud de la coalición para construir una alternativa política sólida. Fue una forma de dejar de lado, por un tiempo, los mensajes internistas que sobreviven en las redes sociales y en las palabras de muchos dirigentes del peronismo.

El gobierno nacional todavía no ha podido lograr tratar la reforma política en el Senado y en el peronismo creen que hay que seguir insistiendo, con los espacios por fuera del PJ, en la importancia de sostener las Primarias.“No tienen los votos y por eso no pueden avanzar”, sostuvo un dirigente de mucho peso dentro del armado peronista. La intención del oficialismo es cerrar el año sin las PASO en el escenario electoral. Aunque eso tal vez cueste que no se trate la reforma electoral en su conjunto.

Lo que aún están viendo es cómo logran avanzar, porque hay sectores como el PRO o algunos gobernadores que no avalan su eliminación. Y otros aliados que se inclinan por unas Primarias que no sean obligatorias como opción. El consenso sólido que necesita la Casa Rosada aún no existe. El problema es que el tiempo pasa y cada vez está más cerca el año electoral. Eso genera mayor reticencia en algunos sectores colaboracionistas que no quieren avalar un cambio de reglas de juego tan pegado al inicio del 2027.

En lo que respecta a la postura de Fuerza Patria, la gran mayoría de los integrantes del grupo que se reunió están a favor de conservarlas. Melella es el único que se ha manifestado en contra de sostenerlas. Los demás entienden que, aunque no las tengan en sus provincias, es importante sostenerlas para contribuir al ordenamiento de la fuerza política a nivel nacional.

Entienden que después de varios años de una interna destructiva, la falta de un liderazgo sobre la mayoría de la dirigencia y la necesidad imperiosa de un cambio de ciclo, obligan al peronismo a legitimar su candidato a través de los votos. La mejor forma de hacerlo es con unas PASO, que organiza el estado nacional y que puede llevarse a cabo en todo el país sin mayores inconvenientes.

“Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei. Después podemos dar cualquier otra discusión. Hay que ver cómo nos armamos para que no puedan manipular el sistema electoral a beneficio de la reelección de Milei”, indicó Kicillof ayer en una entrevista con el canal C5N.

El peronismo intenta organizarse para que el Presidente no pueda imponer las condiciones en la disputa electoral. El Gobierno quiere generarle un problema a la oposición y sabe que si logra sacar del camino las PASO, conseguirá su objetivo. Porque la fragmentación del PJ es tan grande que la eliminación de esa herramienta electoral los obliga a organizar una interna, que muchos ven imposible de lograr, o lograr un consenso amplio para sostener a un nuevo candidato.

El viernes de la semana pasada Sergio Massa visitó a Cristina Kirchner en San José 1111 y habló con ella sobre el futuro de las PASO. La ex presidenta quería saber con exactitud adónde estaba parado el espacio político respecto a su fuerza en el Congreso y que posibilidades tenía el Gobierno de avanzar con el apoyo de los gobernadores aliados. El líder del Frente Renovador, teléfono en mano, monitorea en forma permanente el poroteo legislativo.

Si no hay PASO, la primera opción es tratar de organizar una interna justicialista. Pero, por el momento, aparecen varias trabas que ponen en duda su viabilidad. La financiación, el control, la organización, la logística, los padrones. Si no está bien ordenada, puede terminar siendo contraproducente para el espacio político.

Hasta aquí han existido muchas reuniones bilaterales entre actores de diferentes tribus con el objetivo de encontrar un orden, un punto de acuerdo y una sintonía un poco más fina en el camino a seguir. Con estas mesas de trabajo el peronismo da alguna señal de que existe un piso de consenso pese a estruendosa interna bonaerense. Una gestualidad necesaria para el resto de la dirigencia justicialista, que mira a la distancia lo que considera que puede terminar siendo un cambio de ciclo profundo dentro del PJ.