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Atacado por los “celestiales”, Pareja blinda el armado bonaerense de LLA con una lealtad absoluta a Karina Milei

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La Libertad Avanza (LLA) atraviesa un sinuoso proceso de reordenamiento en la provincia de Buenos Aires. Su presidente, Sebastián Pareja, cambió la mitad de los coordinadores de las ocho secciones, así como se inmiscuyó a niveles municipales. El hombre bendecido por Karina Milei apela al reciclaje de dirigentes y a pactos territoriales para blindar su poder interno, a pesar de que los “celestiales” libertarios lo apuntaron como un enemigo directo.

Entre los parejistas parecen burlarse de las Fuerzas del Cielo y las llaman, irónicamente, “las fuerzas del suelo”. La caída en desgracia de los militantes digitales del mileísmo y la pérdida de influencia del asesor Santiago Caputo, frente al empoderamiento de la hermana presidencial, hace que Pareja siga teniendo un fuerte predicamento en la provincia de cara a las elecciones de 2027.

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Del armado de Pareja participan referentes que en el pasado estuvieron en la órbita del amplio espectro del justicialismo o de Juntos por el Cambio, y que hoy bregan por “las ideas de la libertad”, paradójicamente sin margen para el debate interno y con una lógica de lealtad absoluta a “El jefe”, Karina Milei.

El caso de la coordinación de LLA en la segunda sección es paradigmático. Quedó en manos de Ezequiel Saccani, un antiguo armador de Emilio Monzó, que luego fue bullrichista y viene del sello “Hechos” de los hermanos Passaglia. Fue su promotor en Pergamino, donde es oriundo, en la campaña legislativa de 2025. Ahora pasó a administrar la lapicera violeta en la región.

La más populosa primera sección, durante el verano ya había quedado a cargo de Luciano Olivera en reemplazo de la diputada nacional Andrea Vera, hija de Ramón “Nene” Vera, senador provincial de LLA y hombre fuerte del partido en Moreno. Olivera proviene de Malvinas Argentinas, donde estuvo ligado al espacio del cinco veces intendente Jesús Cariglino e integró JxC dentro del lote del monzoísmo (o Partido del Diálogo), donde coincidió con Pareja. Fue parte de la boleta libertaria en la última elección provincial, cuando aterrizó en la Cámara alta de la Legislatura.

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Hubo movimientos, además, en la séptima sección. Allí Pablo Disalvo, dirigente de Azul, fue confirmado en reemplazo de Alejandro Speroni como coordinador de una región que es única en la cual LLA no ganó bancas en la Legislatura. En cambio, Disalvo condujo una de las pocas localidades donde los libertarios se impusieron tanto a nivel nacional como provincial en 2025. Tras ser nombrado en 2024 jefe regional de la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI, fue promovido a finales de octubre del año pasado a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Municipales, del Ministerio del Interior.

En la coordinación de la sección tuvo su participación Carlos Calvella, dirigente de Saladillo y actual titular del Anses local. Es el padre de la diputada provincial Geraldine Calvella, quien tuvo un fugaz paso al frente del Renaper. En los últimos días, Calvella hija dejó la presidencia de la juventud LLA-PBA. En su lugar ascendieron al referente juvenil Sebastián Acuña, que viene de ser asesor en el Concejo Deliberante de San Fernando.

Meses atrás, el diputado provincial Juan Osaba -perfilado para reemplazar al caputista Agustín Romo al frente del bloque libertario en la Legislatura- ya había comenzado a delegar la coordinación de la octava sección en Micaela Fragasso, titular de Anses en La Plata. Con amplio recorrido en la capital bonaerense, Osaba participó del armado de Cambiemos y fue funcionario de segunda línea durante la gestión de Julio Garro.

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En La Plata, Osaba articula con el ahora senador bonaerense Matías Miguel de Urraza, de pasado en el Frente Renovador, donde fue secretario parlamentario del bloque de diputados provinciales. Fragasso, en tanto, daba capacitaciones de “liderazgo femenino” y cursos de “negociaciones en organizaciones”, y pasó por el gobierno del Frente de Todos. Antes de saltar a LLA, tuvo un cargo en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Aníbal Fernández.

Sebastián Pareja y Juanes OsabaInstagram Juanes Osaba

El armado territorial de Pareja volvió a ser foco de un incesante ataque por parte de las milicias digitales mileístas. Los últimos movimientos del partido en PBA, sumados a una citación a indagatoria a titulares de cuentas en X que denunció penalmente el propio Pareja, al declararse víctima de hostigamiento digital, desataron una ola de acusaciones cruzadas dentro de LLA.

Los dirigentes territoriales reivindican su rol en la gestión cotidiana. Sobre todo, en el conurbano profundo, a donde –dicen– sus detractores “no llegan”. Se aferran a la estampita de la hermana del mandatario. “Sebastián es Karina y Karina es Javier”, se escudan. En complemento, añaden que para LLA en la provincia rige una versión clara de la cadena de mando: “Pareja, los Menem y Karina”. En ese orden.

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Pero el desencanto golpea a simpatizantes libertarios del llano que deciden bajarse de actividades, campañas y fiscalizaciones. “La interna sembró desconfianza, paranoia y espantó a mucha gente”, analiza un dirigente que gestionó armados libertarios y lidió con las predominantes tribus en puja. Otra voz de las bases violetas, a su vez, dice: “Varios de los que estamos desde el principio evaluamos dar a un paso al costado. Seguimos apoyando a Javier, pero no al partido”.

Para disipar las internas libertarias en los estratos municipales, LLA bonaerense lanzó el Foro Provincial de Concejales, un ámbito de “coordinación política” y “asistencia técnica para la gestión local”. Quedó al frente Alejandro Carrancio, diputado nacional y dirigente de Mar del Plata. Fundador del frente vecinal UNIR, con pasado en el massismo y JxC, hoy es una pieza clave de la sucursal libertaria provincial, de la que es vicepresidente, y uno de los “alfiles” de la tropa de Pareja en el Congreso.

El esquema se organiza en tres regiones con subcoordinadores por sección: AMBA (1ra, 3ra y 8va), Centro-Norte (2da, 4ta y 7ma) y Sur (5ta y 6ta). En la primera sección, por ejemplo, quedó al frente el concejal Rafael De Francesco, un dirigente peronista de Hurlingham y mandamás del partido Unión Celeste y Blanco, que supo engrosar el liderazgo del empresario Francisco de Narváez.

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La directiva ya dejó heridos. Maximiliano Corio, concejal de Campana y desplazado de la coordinación partidaria local, salió al cruce. “Me harté del silencio cómplice. Hace unos días, el exchofer de Ramón Vera, Luciano Olivera, me comunicó que me sacaba el cargo”, dijo Corio en un extenso descargo en redes sociales, donde despotricó contra Pareja.

En Quilmes fue desplazado de la conducción del bloque libertario Leandro Goria (ex PJ-K) luego de que el 24 de marzo reivindicara a las Madres de Plaza de Mayo. El casillero fue ocupado por Estefanía Albasetti. En ese municipio está vinculada al legislador Nahuel Sotelo, el único celestial que parece haber pasado el filtro de los celestiales.




@analiacorvino,@Saccaniezequiel,pic.twitter.com/qtlwK9C9P7,February 7, 2026,@Gericalvella,@Sebaacuna_ok,pic.twitter.com/CBAVLbk5u6,April 9, 2026,citación a indagatoria,pic.twitter.com/EQX4BF4cGY,April 18, 2026,Manuel Casado,Conforme a

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Nicolás Massot pidió suspender la derogación de la Ley de Tierras: “El Gobierno tiene una salida fácil”

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Nicolás Massot, diputado nacional de Encuentro Federal, presentó junto a Miguel Ángel Pichetto una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

En diálogo con Infobae al Regreso, Massot aclaró que el planteo judicial alcanza únicamente a ese artículo y no cuestiona el decreto completo. El objetivo de la presentación es evitar que durante las próximas semanas se concreten operaciones que puedan generar derechos adquiridos antes de que el Congreso tome una decisión. “Lo que queremos evitar es que esta ventana de tiempo, que tal vez son solamente 13 o 14 días, permita que se consoliden situaciones que después tengan efectos jurídicos”, sostuvo.

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Massot señaló que la eliminación de las restricciones alcanza cuestiones vinculadas con tierras fronterizas, acuíferos y otros territorios contemplados por la normativa. “No es que le tenemos aversión a los extranjeros y no queremos que inviertan. No es así, no es eso lo que dice la ley”, aclaró.

Qué pide la cautelar

Según explicó el diputado, la presentación también busca que se releven las operaciones que puedan concretarse durante este período. “Pedimos a la Justicia que empiece a solicitar informes y nosotros lo vamos a reforzar con pedidos a las 24 provincias y a las direcciones de Registro de Propiedad”, señaló.

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La intención es conocer qué escrituras puedan realizarse mientras se define el futuro de la norma. Massot remarcó que esa información no se encuentra disponible en una base de datos pública de consulta inmediata.

Además, pidió que una eventual decisión favorable sea publicada en el Boletín Oficial para evitar que los compradores puedan alegar desconocimiento. “Que nadie pueda alegar buena fe o desconocimiento”, afirmó.

El legislador también advirtió sobre la posibilidad de utilizar mecanismos para eludir las restricciones. “Si realmente se quiere liberar la venta de tierras fronterizas, acuíferas y demás, y sin tope, podrá alguien pagar USD 350.000 u USD 800.000, tramitar exprés la ciudadanía argentina y comprarse lo que quiera”, planteó.

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El diputado de Encuentro Federal propuso sancionar una norma que derogue el artículo 154 y restablezca la Ley de Tierras

La salida que propone para el Gobierno

Massot cuestionó que el Gobierno no haya impulsado una ley para reemplazar o ratificar los aspectos del DNU que considera necesarios. “Hace 30 meses, más o menos, que se sancionó el DNU. El Gobierno tuvo una elección en el medio, mejoró su situación en las dos cámaras y tuvo una advertencia en el Senado”, señaló.

Para el diputado, el oficialismo todavía tiene una alternativa antes de la sesión especial del 15 de octubre: aprobar una norma que vuelva a poner en vigencia las restricciones sobre la compra de tierras.

“En cualquier ley de las que se estaban discutiendo o en un proyecto nuevo, se pone un solo artículo que diga: ‘Deróguese el artículo 154 del DNU 70’ y se vuelve todo a la normalidad”, explicó.

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Massot consideró que esa opción permitiría evitar que el conflicto quede planteado como una disputa general sobre todo el decreto. “El Gobierno lo tiene en un cajón a mano. Es facilísimo sortear esta situación”, sostuvo.

También cuestionó el fallo de la Corte Suprema que intervino en la disputa judicial. El diputado aclaró que no es abogado y evitó avanzar sobre cuestiones procesales, pero criticó el momento de la resolución y algunos de sus fundamentos.

“Textualmente dice: ‘Como es obvio, la soberanía no es un derecho colectivo’. Si era obvio, hace dos años que lo tenían para fallar. No es que llegó el mes pasado a la Corte Suprema”, afirmó.

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Massot diferenció las demandas legítimas de los sectores sociales respecto del uso político de las movilizaciones (Infobae en Vivo)

Negociaciones antes del 15 de octubre

De cara a la sesión especial, Massot consideró que el Gobierno todavía tiene margen para negociar. Al referirse al ministro del Interior, Diego Santilli, destacó su capacidad de diálogo, aunque puso en duda que tenga la decisión final sobre el tema.

“Santilli tiene el conocimiento biográfico, la confianza de muchos actores y tiene las formas, pero por ahí no tiene la decisión última”, señaló.

Massot sostuvo que existen antecedentes recientes de acuerdos entre sectores con posiciones diferentes. Mencionó, entre otros, las discusiones por el Hospital Garrahan, el presupuesto universitario, el presupuesto de discapacidad y el financiamiento extraordinario de la SIDE.

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“En algunas cuestiones puntuales hay mayorías que convergen sobre ese tema”, explicó.

El diputado también cuestionó la incertidumbre que, según su interpretación, genera la situación jurídica de la norma. “Con todo el ruido que hay, con las cautelares, los amparos, el Congreso en contra y el rechazo en el Senado, es una ley que pende de un hilo. Entonces afecta cualquier decisión de inversión real de alguien serio”, afirmó.

Massot diferenció las demandas legítimas de los sectores sociales respecto del uso político de las movilizaciones (AP Photo/Rodrigo Abd)

Sobre la movilización prevista para la jornada parlamentaria, Massot diferenció entre los reclamos de distintos sectores sociales y su eventual utilización política. “Seguramente van a ir veteranos de Malvinas, gente que quiere la emergencia en discapacidad y gente que quiere el presupuesto universitario”, señaló.

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“Los vivos están de los dos lados”, agregó, y cuestionó tanto a quienes presentan cualquier protesta como desestabilización como a quienes utilizan las movilizaciones para provocar hechos de violencia.

La situación del PRO y el rol de Lacunza

En el cierre de la entrevista, Massot se refirió al exministro de Economía Hernán Lacunza y al presente del PRO.

“Si mucha gente como Hernán gana protagonismo en la escena política, es una buena noticia”, afirmó.

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El diputado diferenció a Lacunza de la situación actual del partido. “Hernán representa un perfil muy serio y muy bueno del PRO, pero el PRO está buscando su bola en el bolillero”, sostuvo.

Massot cerró con una definición sobre el perfil que, según su visión, debería conservar la política argentina: “Lo importante es que en la Argentina no se pierdan el profesionalismo en la gestión, la incorporación de nuevos perfiles formados a la clase dirigente y la transparencia en los datos de gestión”.

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nicolás massot

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Guillermo Montenegro regresará a la intendencia de Mar del Plata tras diez meses en el Senado bonaerense

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MAR DEL PLATA.– Guillermo Montenegro volverá a la intendencia de General Pueyrredón después de diez meses en el Senado bonaerense y completará el mandato para el que fue reelegido en 2023. El dirigente dejará su banca en la Legislatura y retomará el control del municipio en reemplazo de Agustín Neme, que había quedado al frente de la comuna desde diciembre. El regreso se producirá en medio de una creciente preocupación por la inseguridad y de dificultades en las cuentas municipales.

Durante meses, cada vez que alguien lo presentaba como exintendente, Montenegro hacía una corrección. No era exintendente. Era intendente en uso de licencia. La precisión, que podía parecer apenas jurídica, terminó siendo política.

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Montenegro había pedido licencia, y no renunciado, cuando asumió como senador provincial el 10 de diciembre pasado. Esa diferencia le permitió conservar la posibilidad de regresar al cargo para el que había sido reelegido en 2023. Ahora decidió ejercerla.

Guillermo Montenegro y Agustín Neme, su hasta ahora sucesor en Mar del Plata, junto a Diego Santilli

La decisión se conoció apenas terminó el 62° Coloquio de IDEA, que durante tres días y reunió en Mar del Plata a empresarios, economistas y dirigentes políticos. Montenegro estuvo en la ciudad. Se lo vio en el Sheraton, conversó con empresarios y dirigentes, pero evitó hablar públicamente. Mientras la discusión por su eventual regreso crecía, eligió el silencio.

“Es una decisión personal”, manifestaron fuentes cercanas a Montenegro en diálogo con . “Mar del Plata tuvo una caída en términos de seguridad y no se hubiera perdonado no volver”, agregaron.

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La vuelta supone también el final de una experiencia política que duró menos de un año. Montenegro había encabezado la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral y desembarcó en el Senado bonaerense como parte del reordenamiento político que acercó al dirigente del Pro al oficialismo nacional. Neme, su reemplazante en el municipio, deberá regresar ahora al Concejo Deliberante.

Pero Montenegro no vuelve a la misma administración que dejó diez meses atrás.

Las cuentas municipales son una de las primeras señales. Los últimos tres ejercicios cerraron en rojo. El deterioro no comenzó con Neme: atraviesa el final de la propia gestión de Montenegro y se profundizó en un escenario de menores transferencias y mayores dificultades para financiar el funcionamiento municipal. En 2025, el resultado financiero consolidado de la administración central y los entes descentralizados dejó un déficit superior a los $16.000 millones.

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Guillermo Montenegro en el festival La Derecha Fest en Mar del PlataMara Sosti –

El otro problema es bastante más visible.

La inseguridad se convirtió en los últimos meses en uno de los principales asuntos de la agenda marplatense. Cinco homicidios ocurridos en un período de pocas semanas encendieron las alarmas y llevaron a cámaras empresarias, comerciantes y distintos sectores de la ciudad a reclamar respuestas. Las estadísticas oficiales muestran, además, que la preocupación no nació de una sucesión de episodios aislados.

La discusión llegó esta semana hasta el Coloquio de IDEA. Patricia Bullrich habló allí del problema y contó que había conversado con la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. El Gobierno prepara un refuerzo de fuerzas federales antes de la temporada de verano. La seguridad, una de las banderas con las que Montenegro construyó su perfil como intendente, vuelve así a esperarlo en el despacho principal del municipio.

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Hay una Mar del Plata que permite entender esa preocupación sin necesidad de entrar inmediatamente en las estadísticas. El miércoles por la noche, mientras cientos de ejecutivos cenaban en distintos puntos de la ciudad después de las actividades de IDEA, en la avenida de los Trabajadores, en la zona del puerto, los restaurantes estaban llenos. Afuera, sobre una calle con poca iluminación, los trapitos se distribuían entre los autos estacionados.

Patricia Bullrich en el 62° Coloquio IDEA 2026Mauro V. Rizzi

Adentro se hablaba de inversiones, reformas y crecimiento. Afuera aparecía otra parte de la ciudad que no entraba en el programa del Coloquio.

Ese contraste acompañó los tres días del encuentro empresario. A pocos kilómetros del Sheraton, donde se discutieron durante horas las condiciones necesarias para que la Argentina vuelva a crecer, Mar del Plata atravesaba su propia discusión sobre seguridad, recursos y conducción política.

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En ese escenario también se deterioró la relación entre Montenegro y Neme. Lo que inicialmente había sido presentado como una transición ordenada empezó a mostrar diferencias sobre la administración municipal y sobre la forma de enfrentar algunos de esos problemas. A medida que avanzó el año, la posibilidad del regreso dejó de ser una hipótesis lejana.

Montenegro, junto a NemeAgustín Neme

Montenegro nunca cerró esa puerta. Su licencia se convirtió, con el paso de los meses, en una herramienta política: podía seguir en el Senado o volver al municipio. La discusión adquirió todavía más peso porque su mandato como intendente termina en 2027 y porque la sucesión marplatense ya empezó a mezclarse con el armado electoral del próximo año.

La decisión despeja una incógnita, pero abre otras. Montenegro deberá volver a administrar una ciudad con tres ejercicios consecutivos en rojo, una discusión creciente por la inseguridad y una temporada de verano a pocas semanas de comenzar. También tendrá que reconstruir el funcionamiento político de un gobierno municipal que durante diez meses tuvo otro jefe.

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En el Coloquio, Montenegro no quiso anticipar nada. Caminó por el Sheraton, habló en privado y evitó las definiciones públicas. Había una razón.

Durante meses, la pregunta en Mar del Plata fue si Montenegro iba a volver.




intendencia de General Pueyrredón,62° Coloquio de IDEA,Diego Yañez Martínez,Guillermo Montenegro,Mar del Plata,Conforme a

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Ley de Tierras: la oposición busca votos en Diputados para limitar la compra de campos por extranjeros y recurre a la Justicia

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Las bancadas de la oposición en la Cámara de Diputados buscan alternativas ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por Javier Milei con el dictado del DNU 70/2023.

Este viernes se presentó una medida cautelar formada por los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Massot. Buscan suspender la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023,hasta que el Congreso se pronuncie.

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“Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, explicó Pichetto, jefe de la bancada de Encuentro Federal.

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