INTERNACIONAL
Ataques ucranianos golpearon el puerto de Primorsk y otros activos navales rusos en el mar Báltico

Ucrania lanzó el domingo una de las mayores ofensivas con drones de las últimas semanas contra territorio ruso, con el puerto báltico de Primorsk como objetivo central. Los ataques dejaron un incendio en el terminal de exportación de crudo, alcanzaron un navío militar de la clase Karakurt, una lancha patrullera y un petrolero en el Báltico, y se extendieron a otras regiones del país, dejando al menos tres muertos y varios heridos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó la operación de exitosa y aseguró que causó daños significativos a la infraestructura portuaria.
El gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, confirmó que más de 60 drones fueron derribados durante la noche. Según su versión, el incendio fue extinguido con rapidez y no se registró derrame de petróleo. Zelensky describió en Telegram la destrucción de instalaciones del puerto y aseguró que la flota en la sombra también recibió golpes frente a Novorossiysk, el principal terminal exportador ruso en el mar Negro. “Estos petroleros eran utilizados activamente para transportar petróleo. Ya no”, escribió el mandatario.
Primorsk opera como terminal principal de Transneft para el envío de crudo al exterior, con capacidad para un millón de barriles diarios. Ya había sido atacado en varias ocasiones desde marzo. Según datos de Bloomberg, los ataques combinados a Primorsk y al puerto de Ust-Luga provocaron en la semana del 22 al 29 de marzo una caída del 43% en las exportaciones rusas de petróleo, con un coste estimado de más de 970 millones de dólares en ingresos perdidos para Moscú en solo siete días.
El ataque del domingo no es un hecho aislado. Primorsk fue golpeado al menos en tres ocasiones desde finales de marzo, en una campaña de hostigamiento sistemático diseñada para impedir las reparaciones antes de que el terminal recupere capacidad operativa. Según el Atlantic Council, los ataques ucranianos de 2026 han dejado de ser esporádicos para convertirse en oleadas coordinadas y repetidas sobre los mismos objetivos de alto valor. El propio Kremlin admitió que su defensa antiaérea no puede proteger “al cien por cien” la infraestructura crítica, una concesión inusual que revela la magnitud del problema.
Vantor/Handout via REUTERS
El objetivo estratégico de la campaña ucraniana es privar al Kremlin de los ingresos extraordinarios que le ha generado la guerra en Medio Oriente. El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del crudo por encima de los 110 dólares por barril. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció el domingo que nuevas interrupciones podrían elevar aún más los precios, y sostuvo que menores volúmenes compensados por cotizaciones más altas seguirían siendo rentables para el Estado. Los analistas del Carnegie Endowment for International Peace han matizado esa ecuación: el crudo no exportado ahora podría llegar al mercado cuando los precios ya hayan bajado, convirtiendo la interrupción temporal en pérdida real.
El domingo, los ataques se extendieron a otras regiones. En Belgorod, un dron alcanzó un automóvil y mató a un hombre de 21 años y a su padre. En la región de Moscú murió el sábado un hombre de 77 años, y el alcalde Sergei Sobyanin confirmó que cuatro aparatos fueron derribados antes de llegar a la capital. En Smolensk, tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas cuando un dron impactó en un bloque de apartamentos.
En el frente terrestre, las fuerzas rusas avanzaban hacia Kostiantynivka, en el este de Donetsk. Las negociaciones de paz mediadas por Washington permanecen bloqueadas: las tres rondas celebradas este año en Abu Dabi y Ginebra no produjeron avances, en parte porque el conflicto con Irán ha desviado la atención de la Casa Blanca. La UE aprobó el 23 de abril su vigésimo paquete de sanciones, que eleva a 632 el número de buques rusos con prohibición de acceso a puertos europeos. La combinación de ataques directos, sanciones internacionales y golpes a la flota en la sombra configura una presión acumulada sobre las exportaciones energéticas rusas que Kyiv no tiene intención de aflojar.
INTERNACIONAL
El presidente surcoreano le pidió ayuda a Donald Trump para lograr la paz con Corea del Norte, como lo hizo “en Medio Oriente”

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, solicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que lo ayude a alcanzar la paz con Corea del Norte, “tal como resolvió el conflicto en Medio Oriente”. Según un comunicado de la oficina presidencial surcoreana, durante una conversación mantenida en la cumbre del G7 en Francia, Trump consultó a Lee sobre los avances en las relaciones intercoreanas.
La petición se produjo en el contexto de la inminente firma de un memorando de entendimiento entre Washington e Irán para poner fin a su guerra, un hecho que ha alimentado la expectativa de que la administración de Trump podría concentrarse a continuación en la península coreana. El mandatario estadounidense avivó esa especulación tras anunciar el acuerdo con Teherán al publicar en sus redes sociales una imagen junto al dictador norcoreano Kim Jong-un, tomada durante su cumbre de 2018 en Singapur.
En el diálogo entre el mandatario estadounidense y el surcoreano, “el presidente Lee le pidió que él (Trump) tomara la iniciativa para lograr una resolución pacífica de la cuestión norcoreana, tal como resolvió el conflicto en Medio Oriente”. El boletín añadió que el inquilino de la Casa Blanca “expresó su compromiso de trabajar” para alcanzar esa distensión.
El presidente Lee mantiene una postura conciliadora hacia Corea del Norte, en contraste con la más firme de su predecesor, Yoon Suk Yeol. En esa línea, el Ministerio de Defensa de Seúl anunció nuevas normas que amplían el acceso público a la zona fronteriza altamente militarizada, permitiendo a los civiles acercarse varios kilómetros más al límite con Corea del Norte.
Las dos Coreas continúan técnicamente en guerra desde 1953, cuando el conflicto finalizó con un armisticio y no con un tratado de paz, y se hallan separadas por una zona desmilitarizada. Por años, la Línea de Control Civil (CCL) restringió el paso de surcoreanos a menos de 10 kilómetros al sur de la frontera fortificada. El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, informó que la CCL se reducirá a un promedio de 6 kilómetros, lo que incrementará el acceso para residentes, agricultores y visitantes.
Pyongyang rechazó en reiteradas ocasiones los intentos de acercamiento de Lee, calificando oficialmente a Seúl como su enemigo “más hostil” y reafirmando su condición de estado nuclear “irreversible”. Analistas especializados en la península coreana consideran que las probabilidades de un nuevo encuentro entre Kim Jong-un y Trump son bajas.
Cabe recordar que Corea del Sur y Estados Unidos restablecieron la referencia a la desnuclearización de Corea del Norte en la declaración conjunta emitida tras una reunión clave sobre asuntos nucleares en Seúl la semana pasada. El texto, correspondiente a la sexta sesión del Grupo Consultivo Nuclear (NCG) y difundido la noche del jueves, señala que ambos países “reafirmaron su objetivo común de lograr la desnuclearización de Corea del Norte”.
En la anterior sesión del NCG, celebrada en diciembre en Washington, se había omitido toda mención directa al régimen norcoreano y a la desnuclearización de la península, hecho que alimentó especulaciones acerca de un posible intento de facilitar un acercamiento entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un.
El retorno del compromiso bilateral ocurre después de la reciente cumbre en Pyongyang entre Kim y el líder chino, Xi Jinping, en la que no se abordó públicamente el tema. La Casa Blanca sostuvo que, tras la reunión del mes pasado entre Trump y Xi en Beijing, ambos mandatarios ratificaron el objetivo compartido de desnuclearizar el territorio norcoreano.
(Con información de AFP)
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INTERNACIONAL
GOP Gov DeWine urges Ohio to abolish the death penalty, says it is no longer a deterrent

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Ohio Gov. Mike DeWine, a Republican, on Tuesday announced support for abolishing capital punishment in his state, reaffirming his change of heart on the policy he helped write as a legislator 45 years ago to reinstate the death penalty in Ohio.
DeWine, who has repeatedly postponed executions during his time as governor, pointed to data showing that the death penalty does not serve as a deterrent to violent crime.
«For the state to take a human life, there must, in my opinion, there must be evidence that in doing so it will help protect the public, that the threat of that action will deter someone from committing murder,» DeWine said at a news conference.
«I do not believe that argument today can be successfully made, nor do I believe that there’s any chance in the future the facts that I’ve cited to support that belief will change,» he said. «Therefore, I believe Ohio should abolish the death penalty.»
TEXAS LAWMAKER PROPOSES BILL TO ABOLISH DEATH PENALTY IN LONE STAR STATE: ‘I THINK SENTIMENT IS CHANGING’
Ohio Gov. Mike DeWine announced support for abolishing capital punishment in his state. (AP Photo/Patrick Aftoora-Orsagos)
As he made his case, DeWine brought out charts and graphs showing the decline in both the number of death sentences handed down by courts and the quantity of executions being carried out. The data also showed the exceedingly long wait times as legal appeals play out for inmates on death row.
The governor said condemned murderers are increasingly unlikely to be executed, as they sometimes die by natural causes or by suicide before they can be executed.
«Even if the murderer is caught, indicted, convicted and sentenced to death, the odds are still pretty good they’re not going to be executed,» he said.
«In summary, each decade that the death penalty has been in effect, the chances of a murderer getting executed get more and more and more remote,» he added.
The last 10 people to be executed in Ohio had been on death row between 14 and 32 years, he said. Since the state reinstated capital punishment in 1981 under a law co-written by DeWine, 56 people who received the death sentence have been executed and 41 died by natural causes or suicide while on death row. Another 89 death sentences were overturned due to «judicial action» such as legal errors.
DeWine emphasized the years of pain for victims’ loved ones due to the delays and the impact on the mental health of state employees who work on execution teams.
UTAH DEATH ROW INMATE WITH DEMENTIA DIES OF NATURAL CAUSES 3 MONTHS AFTER EXECUTION WAS HALTED

The governor cited data showing that the death penalty does not serve as a deterrent to violent crime. (AP Photo/Sue Ogrocki, File)
«I no longer believe the death penalty is a deterrent to murder,» DeWine said. «The moral justification I had for voting for the death penalty simply no longer exists.»
The governor, who is term-limited and cannot seek another term in the 2026 election, said he felt compelled to share his thoughts now after 50 years of experience with the death penalty issue, including as a Greene County prosecutor, a member of the U.S. House and Senate and as Ohio’s attorney general.
However, he said his outright opposition to the death penalty has become solidified in the past year.
DeWine urged the legislature to abolish the death penalty or to leave it up to state residents to vote on the issue, although Republican House Speaker Matt Huffman has said he would oppose such an effort. Other supporters of capital punishment have argued that Ohio’s yearslong execution pause has denied justice to victims’ families and weakened the deterrent effect of death sentences.
DeWine has not authorized an execution since taking office seven years ago, citing, on numerous occasions, pharmaceutical suppliers’ unwillingness to provide the drugs used in lethal injections. Last year, President Donald Trump ordered the U.S. Justice Department to help states to resolve that issue. In January 2025, President Donald Trump ordered the U.S. Justice Department to help states resolve that issue.
The governor has said he expects no more executions during the remainder of his term. Delaying executions has left Ohio with 30 scheduled over the next four years, according to the Ohio Department of Rehabilitation and Correction. The state has not put an inmate to death since July 18, 2018, before DeWine took office.

The governor urged the legislature to abolish the death penalty or to leave it up to state residents to vote on the issue. (Jahi Chikwendiu/The Washington Post via Getty Images)
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«The most important way to protect the public is to lock up violent criminals and to keep them out of society,» DeWine said. «That is a proven way of saving lives and protecting our citizens. Our money and energies are much better spent focusing on keeping these repeat violent offenders out of society.»
Currently, 27 states allow the death penalty while 23 states and Washington, D.C., do not, according to the Death Penalty Information Center.
Since 2019, including that year, three states have abolished capital punishment, while five states now authorize nitrogen hypoxia as an execution method amid ongoing controversy over lethal injection protocols.
At the federal level, Trump has pushed to expand executions. During his first term, 13 federal executions were carried out, which was more than any president in modern history.
The Associated Press contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Hay 2,4 millones de jóvenes en el padrón de Guatemala hasta junio de 2026, menos que en 2023

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala informó que hasta el 15 de junio de 2026 había 2,4 millones de jóvenes empadronados menores de 30 años, por debajo del registro del proceso electoral de 2023. El dato fue analizado por la Comisión de la Juventud del Congreso junto con planes de formación cívica y preparación para las elecciones generales de 2027.
De acuerdo con Omar Alexander Gereda Franco, jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del TSE, el padrón electoral sumaba 10.095.713 ciudadanos inscritos, de los cuales 2.405.563 correspondían a personas menores de 30 años. Ese grupo representa cerca del 24% de los ciudadanos empadronados en el país.
Gereda explicó que en el proceso electoral de 2023 se registraron aproximadamente 2,5 millones de ciudadanos empadronados de entre 18 y 30 años, dentro de un total de 10,9 millones de electores. La comparación con el registro actualizado para 2026 muestra una disminución en ese segmento de la población electoral.
La reunión de trabajo de la comisión se centró en la participación juvenil en las últimas elecciones, los programas de educación cívica, el empadronamiento juvenil, la inclusión de personas con discapacidad y el presupuesto para iniciativas dirigidas a la juventud.

El diputado Héctor Aldana expresó su preocupación por la falta de información dirigida a grupos juveniles para incentivar su participación en temas electorales. También señaló la necesidad de aprovechar con mayor fuerza las redes sociales y otras herramientas digitales para conectar con ese sector.
La jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, Virginia García, informó que a finales de julio será lanzada la campaña Alianza Juvenil por la Democracia, orientada a la capacitación y formación de jóvenes voluntarios que participarán en las Juntas Receptoras de Votos en los próximos procesos electorales. Según la representante del programa de Voluntariado Cívico, el proyecto busca fomentar la participación de la juventud y de las personas con discapacidad en los asuntos democráticos del país.
Las autoridades del TSE buscarán apoyo de las organizaciones políticas para fortalecer las secretarías de juventud y ampliar los procesos de capacitación dirigidos a esa población.
Según lo expuesto en la reunión, en los próximos meses se prevé el desarrollo de campañas de empadronamiento y actividades de formación ciudadana enfocadas en jóvenes, con apoyo de universidades, organizaciones sociales e instituciones públicas. Los diputados también plantearon ampliar las oportunidades de participación para jóvenes con discapacidad y promover la participación ciudadana de cara a los comicios de 2027.

En una segunda reunión, la comisión citó a María Victoria Peneleu, viceministra de Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo; a Elizabeth Ugalde, viceministra de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía; y a delegados de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor para fiscalizar el avance del programa Mi Primer Empleo y otras acciones orientadas a ampliar las oportunidades laborales para los jóvenes.
La funcionaria añadió que el programa mantiene alianzas con 60 empresas en todo el país mediante un esquema de financiamiento compartido: el Estado absorbe el 51% del salario mínimo y las empresas participantes cubren el 49% restante. Durante cuatro meses, los beneficiarios reciben capacitación y adquieren experiencia laboral para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.
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