INTERNACIONAL
Ataques ucranianos golpearon el puerto de Primorsk y otros activos navales rusos en el mar Báltico
Ucrania lanzó el domingo una de las mayores ofensivas con drones de las últimas semanas contra territorio ruso, con el puerto báltico de Primorsk como objetivo central. Los ataques dejaron un incendio en el terminal de exportación de crudo, alcanzaron un navío militar de la clase Karakurt, una lancha patrullera y un petrolero en el Báltico, y se extendieron a otras regiones del país, dejando al menos tres muertos y varios heridos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó la operación de exitosa y aseguró que causó daños significativos a la infraestructura portuaria.
El gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, confirmó que más de 60 drones fueron derribados durante la noche. Según su versión, el incendio fue extinguido con rapidez y no se registró derrame de petróleo. Zelensky describió en Telegram la destrucción de instalaciones del puerto y aseguró que la flota en la sombra también recibió golpes frente a Novorossiysk, el principal terminal exportador ruso en el mar Negro. “Estos petroleros eran utilizados activamente para transportar petróleo. Ya no”, escribió el mandatario.
Primorsk opera como terminal principal de Transneft para el envío de crudo al exterior, con capacidad para un millón de barriles diarios. Ya había sido atacado en varias ocasiones desde marzo. Según datos de Bloomberg, los ataques combinados a Primorsk y al puerto de Ust-Luga provocaron en la semana del 22 al 29 de marzo una caída del 43% en las exportaciones rusas de petróleo, con un coste estimado de más de 970 millones de dólares en ingresos perdidos para Moscú en solo siete días.
El ataque del domingo no es un hecho aislado. Primorsk fue golpeado al menos en tres ocasiones desde finales de marzo, en una campaña de hostigamiento sistemático diseñada para impedir las reparaciones antes de que el terminal recupere capacidad operativa. Según el Atlantic Council, los ataques ucranianos de 2026 han dejado de ser esporádicos para convertirse en oleadas coordinadas y repetidas sobre los mismos objetivos de alto valor. El propio Kremlin admitió que su defensa antiaérea no puede proteger “al cien por cien” la infraestructura crítica, una concesión inusual que revela la magnitud del problema.
Vantor/Handout via REUTERS
El objetivo estratégico de la campaña ucraniana es privar al Kremlin de los ingresos extraordinarios que le ha generado la guerra en Medio Oriente. El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del crudo por encima de los 110 dólares por barril. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció el domingo que nuevas interrupciones podrían elevar aún más los precios, y sostuvo que menores volúmenes compensados por cotizaciones más altas seguirían siendo rentables para el Estado. Los analistas del Carnegie Endowment for International Peace han matizado esa ecuación: el crudo no exportado ahora podría llegar al mercado cuando los precios ya hayan bajado, convirtiendo la interrupción temporal en pérdida real.
El domingo, los ataques se extendieron a otras regiones. En Belgorod, un dron alcanzó un automóvil y mató a un hombre de 21 años y a su padre. En la región de Moscú murió el sábado un hombre de 77 años, y el alcalde Sergei Sobyanin confirmó que cuatro aparatos fueron derribados antes de llegar a la capital. En Smolensk, tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas cuando un dron impactó en un bloque de apartamentos.
En el frente terrestre, las fuerzas rusas avanzaban hacia Kostiantynivka, en el este de Donetsk. Las negociaciones de paz mediadas por Washington permanecen bloqueadas: las tres rondas celebradas este año en Abu Dabi y Ginebra no produjeron avances, en parte porque el conflicto con Irán ha desviado la atención de la Casa Blanca. La UE aprobó el 23 de abril su vigésimo paquete de sanciones, que eleva a 632 el número de buques rusos con prohibición de acceso a puertos europeos. La combinación de ataques directos, sanciones internacionales y golpes a la flota en la sombra configura una presión acumulada sobre las exportaciones energéticas rusas que Kyiv no tiene intención de aflojar.
INTERNACIONAL
Incendios en Europa: el fuego se extiende a Grecia y Gran Bretaña, y evacúan a los Clooney de su viñedo francés
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Sen. Jim Banks, R-Ind., took to the Senate floor Wednesday to call out Neville Roy Singham, saying the communist tech tycoon’s vast nonprofit network is helping China wage «political warfare» against the U.S.
Singham, a 72-year-old American who sold his tech company for $785 million in 2017 and now lives in Shanghai, has funneled $278 million into the broad network of nonprofits since 2017, according to a Fox News Digital investigation. These groups regularly organize and participate in anti-ICE, anti-Israel and pro-Iran demonstrations.
«From his Shanghai office, which he shares with a CCP propaganda outlet whose avowed mission is to ‘tell China’s story well,’ Singham began funding a complex network of left-wing NGOs and nonprofits that advance the interests of the Chinese Communist Party,» Banks said.
SEE IT: GOP SENATOR FLIPS SCRIPT ON AGITATORS TIED TO PRO-CCP, SINGHAM NETWORK
Jodie Evans and Neville Roy Singham are pictured together. (Getty Images)
«Code Pink, that radical organization that chases me and other senators throughout the halls of Congress, used to, on occasion, condemn CCP human rights abuses,» he added. «After Singham started lavishly funding the group—and married its co-founder—Code Pink stopped criticizing the Chinese government and started defending it.»
Code Pink, which was co-founded by Singham’s wife, Jodie Evans, regularly confronts lawmakers on Capitol Hill, and publicly states that «China is Not Our Enemy.» Evans and Singham have not responded to Fox News Digital’s repeated requests for comment.
Fox News Digital obtained footage of Sen. Rick Scott, R-Fla., being targeted by Code Pink on Wednesday over the conflict in Iran. Scott pushed back, questioning whether the group was bothered by the Oct. 7, 2023, Hamas attack on Israel.
TRUMP WELCOMES NETANYAHU TO WHITE HOUSE AS RAGING IRAN WAR THREATENS TO SOUR US-ISRAEL RELATIONSHIP
The Code Pink agitators did not respond to Scott’s question.
Banks’ floor speech also addressed Secretary of State Marco Rubio’s call to combat the far-left political terrorism that has taken root across the globe and in the U.S.
Rubio spoke to more than 60 countries at a summit in Washington, D.C., earlier this month, saying that networks are coordinating across multiple countries, providing training instructions and using encrypted communication to foment unrest. He said that international cooperation is critical to disrupting the financing of dangerous organizations, and that some are working with hostile foreign states.
JIM BANKS, GOP LAWMAKERS RALLY BEHIND DOJ PROBE INTO ALLEGED CCP-LINKED FUNDING NETWORK
«For far too long, however, our counterterrorism doctrine has had a blind spot – a blind spot when it comes to extremist violence from the political left,» Rubio said. «Even today, the very idea that far-left terrorism could be a serious threat is treated as a right-wing fever dream, or worse, as a dangerous fascist conspiracy.»
Singham currently faces a grand jury investigation in the Southern District of New York, a probe which was authorized by acting Attorney General Todd Blanche. The grand jury investigation focuses on Singham’s finances, and seeks to uncover any financial crimes that have taken place as he funds his pro-CCP network of nonprofits. Singham has not been charged to date.
Earlier this year, Treasury Secretary Scott Bessent held a meeting in New York with Goldman Sachs Chairman and CEO David Solomon, where he urged the firm to cooperate with the Justice Department’s investigation into Singham’s financial network, according to sources familiar with the discussion.
Treasury Secretary Scott Bessent. (Mark Schiefelbein/AP)
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One source familiar with the meeting told Fox News Digital the exchange was amicable rather than adversarial, adding that Solomon signaled Goldman Sachs was prepared to cooperate with the Justice Department’s probe.
«All distributions from Mr. Singham’s donor-advised fund were made to legally recognized nonprofit organizations, as determined by the IRS,» a Goldman Sachs spokesperson told Fox News Digital. «No distributions have been made from the account since August 2023, and it was closed in early 2024.»
scott bessent, politics, fbi, senate, china, capitol protests
INTERNACIONAL
Ecuador: Fiscalía investiga si tres jueces recibieron dinero de una empresa china a cambio de un fallo favorable
Una de las condenas económicas más elevadas impuestas al Estado ecuatoriano por un litigio contractual pasó de los tribunales a una investigación penal. La Fiscalía General del Estado indaga si la sentencia que obligó al país a pagar USD 59,3 millones a la empresa china China Railway No. 9 Engineering Group fue el resultado de un esquema de corrupción que habría alcanzado a tres jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes ahora son investigados por el presunto delito de cohecho.
La pesquisa se hizo pública el 30 de julio, cuando fiscales y agentes de la Policía Nacional allanaron inmuebles vinculados con los magistrados Milton V., Patricio S. e Iván L., integrantes del tribunal de casación que emitió el fallo cuestionado. Durante las diligencias fueron incautados teléfonos celulares, computadoras y documentos que serán sometidos a pericias para determinar si existieron pagos indebidos relacionados con la decisión judicial.
El origen del conflicto se remonta a 2015, cuando el Ministerio de Educación adjudicó a China Railway No. 9 Engineering Group un contrato cercano a los USD 196 millones para levantar 200 unidades educativas prefabricadas en distintas provincias del país. El proyecto formaba parte del plan de modernización de la infraestructura escolar impulsado por el gobierno de Rafael Correa y buscaba reemplazar establecimientos considerados obsoletos mediante un sistema de construcción industrializada.
Sin embargo, la ejecución del contrato comenzó a acumular retrasos, observaciones técnicas y controversias sobre el cumplimiento de los plazos. En 2018, el Ministerio de Educación resolvió terminar unilateralmente el contrato al concluir que la empresa había incumplido sus obligaciones. La decisión abrió un prolongado litigio en el que la constructora reclamó una indemnización por los perjuicios que, según sostuvo, le ocasionó la terminación anticipada del convenio.
El proceso atravesó distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Nacional de Justicia mediante un recurso de casación. Allí, el tribunal integrado por los tres jueces ahora investigados dejó en firme una sentencia que condenó al Estado ecuatoriano a pagar USD 59.334.103,17 a favor de la compañía china. Ese fallo se convirtió en uno de los más costosos para las finanzas públicas derivados de una controversia contractual.
La decisión judicial permaneció firme hasta que una investigación completamente distinta abrió una nueva línea de sospechas. La Fiscalía informó que la causa por presunto cohecho nació a partir del testimonio anticipado rendido por Michael Ismael H., uno de los sentenciados dentro del caso Plaga, la investigación que desarticuló una presunta red de corrupción integrada por jueces, abogados, funcionarios judiciales, policías y otros operadores que, según el Ministerio Público, obtenían resoluciones favorables mediante pagos ilícitos.
De acuerdo con la versión entregada por ese colaborador, durante un encuentro realizado en Guayaquil conoció información según la cual los tres magistrados habrían gestionado la emisión de la sentencia favorable a China Railway a cambio de dinero. Algunas publicaciones periodísticas señalan que el testimonio menciona un supuesto pago de USD 30.000, aunque ese dato forma parte de la declaración del colaborador y constituye una hipótesis investigativa que aún no ha sido probada en un proceso judicial.
Con base en esos antecedentes, la Fiscalía abrió una investigación previa por cohecho para establecer si la resolución de casación estuvo influenciada por beneficios económicos indebidos. Por ahora no existen personas procesadas ni se han formulado cargos. Las autoridades buscan determinar si los elementos incautados durante los allanamientos permiten corroborar o descartar la versión que dio origen a la investigación.
Hasta el momento, la Fiscalía tampoco ha informado si representantes de China Railway o terceros relacionados con la empresa forman parte de la indagación. La investigación se concentra, por ahora, en establecer si existió una contraprestación económica destinada a influir en la actuación de los magistrados que conocieron el recurso de casación.
El caso amplía el alcance de las investigaciones derivadas del expediente Plaga, que inicialmente se centró en decisiones judiciales vinculadas con personas privadas de libertad y presuntas organizaciones criminales. Ahora, las pesquisas alcanzan una sentencia con importantes consecuencias económicas para el Estado y sitúan bajo escrutinio a magistrados de la máxima instancia de la justicia ordinaria ecuatoriana.
corresponsal:Desde Quito
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Senator targets alleged China-linked Singham network in fiery floor speech
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