POLITICA
Avanza una negociación política para destrabar el conflicto por la ley de financiamiento universitario

El conflicto por la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y que el Gobierno no cumple con el argumento de que carece de los fondos para hacerlo y la norma no los identifica, es objeto de una negociación política entre funcionarios nacionales y rectores, donde hay buena predisposición para llegar a un arreglo, dijeron fuentes oficiales a .
Ambas partes planean reunirse esta semana −evalúan una convocatoria para este miércoles o a más tardar el jueves− en pos de intentar acercarse a un acuerdo en el corto plazo, según pudo pudo saber este medio.
Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello.
En particular, interviene Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales, y están al tanto de las alternativas del diálogo el ministro del Interior, Diego Santilli, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que llevó el caso a la Corte Suprema a través de un per saltum que no prosperó.
También sigue las tratativas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fuentes universitarias y legislativas confirmaron a el desarrollo de estas conversaciones. De parte de las casas de altos estudios, la voz cantante la lleva Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de presidente del CIN.
De hecho, los representantes del Gobierno y los rectores nucleados en el CIN se reunirán este miércoles o jueves, para acercar posiciones y buscar encaminar una solución hacia fines de la semana que se inicia, indicaron desde ambas orillas a .
“Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”, dijo a una fuente que participa de este ida y vuelta. Otra voz al tanto de las negociaciones coincidió: “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”.
De momento, existen diferencias sustanciales entre la suma pretendida por los representantes de las universidades y lo que está dispuesto a aprobar el Gobierno.
“Están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo; hay voluntad de diálogo”, dijo una fuente oficial que sostuvo que apuntan a cerrar el asunto hacia el fin de semana.
El conflicto por la ley de financiamiento universitario se tradujo la semana pasada en medidas de fuerza docentes y en tomas de los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.
Los centros de estudiantes de estos establecimientos preuniversitarios decidieron las tomas de ambos edificios en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores nacionales.
La ley encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los fondos y que eso se traduzca en un aumento salarial de los docentes. En lo central, obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y no docentes, y las partidas para las universidades tomando como base la pérdida de recursos del sector desde diciembre de 2023.
Tomas suspendidas
La toma de los colegios, ahora suspendida, fue en sintonía con las clases públicas organizadas frente a la sede de la Corte Suprema por la UBA, para exigir que el máximo tribunal se expida a la brevedad en el expediente iniciado por el Gobierno para no aplicar la norma.
Es que, mientras se da el diálogo a nivel político, el conflicto se judicializó y está en la Corte Suprema de Justicia, que no cuenta con un plazo para definirlo. Los rectores universitarios lo saben, por lo que también están dispuestos a dialogar, ante una situación económica cada vez más complicada.
“Con este presupuesto es cada vez más difícil sostener el funcionamiento. No se trata de cuántos meses aguanta, sino de que ya la están asfixiando. El recorte es constante y empeora el funcionamiento día a día. No es un cierre de un día para el otro, pero van cerrando la canilla de a poco, deteriorando todo”, planteaba el último documento de la UBA difundido antes de la marcha.
El Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario en agosto del año pasado, el Gobierno la vetó, pero el Congreso volvió a insistir y evitó el veto, con lo que la norma quedó en vigor.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo decretó que no la puede cumplir por falta de presupuesto. Las universidades acudieron a la Justicia, que les dio la razón en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno recurrió estos fallos y llegó con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal tiene en sus manos la causa luego de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario que fue aceptado. Antes, la Corte rechazó un per saltum para abocarse de manera directa al caso.
De esta manera, quedó suspendida la medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras el planteo de los rectores de las universidades nucleados en el CIN.
En las conversaciones previas, el Gobierno planteaba transferir fondos que permitieran recuperar la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023, como ordena la ley aprobada por el Congreso.
Las partidas de fondos contarían con la aprobación del Ministerio de Economía. Sin embargo, ese ofrecimiento no llegó a buen puerto, por el rechazo extendido de los rectores y los gremios universitarios.
El 12 de mayo pasado, unas 120.000 personas realizaron la cuarta Marcha Federal Universitaria, con epicentro en Plaza de Mayo, para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento.
La movilización reclamaba una actualización salarial de docentes y no docentes, que perdieron cerca del 35% de su poder adquisitivo desde 2023. Son el sector más afectado dentro de los trabajadores estatales, que en promedio resignaron el 17% de sus salarios.
Las universidades también reclaman la recomposición de becas estudiantiles y fondos para gastos de funcionamiento de las facultades. Es que las transferencias a las casas de estudios públicas registraron una caída real acumulada del 45,6% desde 2023, “una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, según plantearon las organizaciones en el documento leído durante la manifestación.
Gobierno presentara un recurso extraordinario,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Las prioridades del Gobierno para el cierre del año legislativo y los proyectos que podrían quedar en espera

Pocos días después de que papa León XIV concluyera su histórica visita a la Argentina, los tiempos políticos se aceleraron en el Congreso. Conscientes de que quedan solo dos semanas para el fin de las sesiones ordinarias el Gobierno comenzó a dar señales claras de cuáles son sus prioridades legislativas.
En medio de tensiones internas que ya casi nadie se molesta en ocultar, el sector del oficialismo encabezado por Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem comenzó a presionar para destrabar la suspensión de las elecciones primarias (PASO). Por indicación de la Casa Rosada, el senador libertario Agustín Coto convocó para la semana que viene a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la idea es dictaminar el proyecto de reforma política el próximo martes y lograr la media sanción el 26 de noviembre.
En los planes del Gobierno, luego la Cámara de Diputados le dará sanción definitiva durante las sesiones extraordinarias de diciembre y así cumplirán con el pedido de la Justicia Electoral, que advirtió que cualquier cambio en la forma de votación debe realizarse en años pares para evitar “cambiar las reglas del juego” tan cerca de los comicios.
Sin decirlo, el karinismo apunta contra Patricia Bullrich, porque sospechan que no tiene verdadero interés en suspender las primarias por su ambición personal de competir en una interna contra Milei. No obstante, desde el entorno de la jefa del bloque colocan las responsabilidad en el Poder Ejecutivo por no haber garantizado los votos. Justamente de eso deberá encargarse el jefe de Gabinete Diego Santilli durante la próxima semana.
Por su parte, la Cámara de Diputados también definió prioridades. La semana que viene convocará a una sesión especial el miércoles para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Si bien se descarta que ambos proyectos serán aprobados, el de Malvinas se encamina a sufrir la amputación del Título VII, que incorpora cambios al régimen electoral y al Código Penal para sancionar la “injerencia extranjera” en la política argentina.

Este capítulo genera objeciones entre bloques aliados y dialoguistas, que sostienen que su redacción podría afectar la libertad de expresión y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. El Gobierno se comprometió a modificar nuevamente la redacción pero no lo eliminará de raíz como pretende la oposición y dado que al modificar normas electorales requiere 129 votos afirmativos es probable que caiga rechazado.
A la semana siguiente, el miércoles 25, el oficialismo llevará al recinto el proyecto de Presupuesto 2025. El texto de la “ley de leyes” aún no fue dictaminado porque bloques aliados como el PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal todavía esperaban una respuesta del Ministerio de Economía a la mayoría de sus planteos, que van desde las deudas por coparticipación a CABA, a los fondos para Discapacidad y Universidades, concesiones viales, aportes a las cajas previsionales y rebajas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
En este caso, será el Senado el que deberá completar la sanción del Presupuesto durante el mes de diciembre, algo de vital importancia para el Gobierno a la hora de mostrar previsibilidad económica y estabilidad política a los mercados en un contexto de fuerte incertidumbre internacional y con algunos datos económicos negativos a nivel local.
Con tantos temas de alto perfil arriba de la mesa de negociación, es probable que al menos una decena de proyectos se posterguen para el año que viene o directamente caigan en el olvido.
Entre ellos se destaca el denominado Super RIGI, que el Gobierno puso en el centro de la agenda hace apenas unos meses pero luego perdió impulso. La iniciativa, que tiene media sanción de Diputados, apuntaba a incentivar las grandes inversiones en nuevas industrias como data centers e inteligencia artificial con beneficios fiscales por 30 años. Pero quedó trabada en el Senado cuando los aliados del oficialismo reclamaron la incorporación de los proveedores locales. Por el momento no hay rumores de que se trate durante las próximas semanas.
A la inversa, la ley de biocombustibles se aprobó en el Senado pero quedó trabada en Diputados porque el PRO, la UCR y bloques provinciales reclamaron mayor protección para las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, que no podrán competir con las grandes empresas productoras de Córdoba y Santa Fe.

Entre los temas pendientes, los que conservan alguna posibilidad de ser tratados durante las sesiones extraordinarias son la nueva ley de Salud Mental y la ley de Discapacidad. La primera, que entre otros puntos modifican criterios de internaciones, fue recientemente aprobada en el Senado a pesar del rechazo del peronismo pero todavía no comenzó a discutirse en comisión en Diputados. Por su parte, la reforma del área de Discapacidad consiguió un amplio consenso en Diputados y debería tratarse en el Senado en el corto plazo.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, publicó Patricia Bullrich en sus redes sociales. Sin embargo, el mensaje fue interpretado como un desafío a la Casa Rosada, que tiene otras prioridades.

En cambio, el panorama es más incierto para el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que repone los límites a la venta de tierras a extranjeros), la denominada Ley Hojarasca y el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes. Los tres primeros tienen media sanción de Diputados pero ni siquiera fueron dictaminados en el Senado.
Finalmente, la ley de ludopatía se encamina a perder estado parlamentario incluso a pesar de que Patricia Bullrich había adelantado que se trataría en las “próximas semanas” luego de una fuerte campaña de presión de la Iglesia Católica.
“La ludopatía infantil no es un juego; destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerles límites”, dijo Bullrich, pero la normativa que incluso restringe la publicidad de las casas de apuestas legales es rechazada por las provincias, que podrían ver sus recursos disminuidos.
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POLITICA
Cómo varió la cantidad de católicos en las últimas dos décadas en el país

Aunque el catolicismo sigue siendo la religión con mayor cantidad de fieles, perdió seguidores en los últimos 18 últimos años frente al crecimiento de los que no se identifican con ninguna religión, o se manifiestan ateos o agnósticos, y el aumento de los evangélicos.
Un relevamiento realizado por el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), publicado en junio de este año, muestra que una mayoría en el país adhiere al catolicismo, pero este credo ya no conserva el predominio religioso que históricamente tuvo.
¿La visita del Papa León XIV podrá alterar los números actuales? Aún es muy pronto para saberlo, pero lo cierto es que las multitudinarias misas en la Ciudad de Buenos Aires, la fábrica de FADEA en Córdoba, la Catedral de Luján y el Encuentro con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles reunieron, al menos, a 7,1 millones de personas. Una cifra que sorprendió a los organizadores y al propio Vaticano.
Actualmente, el 57,7% de la población de 16 años o más se identifica como católica, según un informe del Barómetro de la Religiones que dirige el sociólogo e investigador del CONICET Juan Cruz Esquivel. Ese porcentaje marca una baja considerable en comparación con el 90% de adhesión a ese credo registrado en 1960, según el Censo Nacional de Población de ese año.
“Si bien el catolicismo como práctica religiosa puede haber disminuido, al mismo tiempo, en ciertas circunstancias, es muy activo. A los católicos los movilizó mucho la presencia del Papa León XIV en el país”, señala Pablo Semán, profesor en la Universidad de San Martín y especializado en el estudio de las culturas populares y en temas de religiosidad.
“El Papa, en tanto pontífice, es una encarnación de la divinidad y para los católicos su figura es de mucha jerarquía, lo que genera una gran emoción religiosa. Hay gente que fue a ver pasar al Papa y no se quedó a la misa”, agrega este investigador del CONICET.
La población sin afiliación religiosa – incluyendo ateos y agnósticos – se consolida como segundo grupo en magnitud con el 22,4%, lo que confirma el avance de procesos de desinstitucionalización religiosa. Ocupa ese lugar desde 2019 según la compración histórica.
Sin embargo, el informe del Barómetro advierte que “esta categoría no implica necesariamente ausencia de religiosidad. Por el contrario, una proporción significativa mantiene creencias y prácticas espirituales. Este fenómeno se aproxima a lo que la sociología denomina ‘creer sin pertenecer’, donde la religiosidad persiste desvinculada de instituciones formales”.
En el mismo sentido, en diálogo con Infobae, Semán señala que hay un amplio sector que se define como ‘sin religión‘, pero que eso no significa que no tenga creencia religiosa, o que sean ateos, sino que no pertenece a ninguna institución puntual. Puede creer en Dios, en el Espíritu Santo, en la Virgen, en el Gauchito Gil, o en el horóscopo. Es gente que quizás no se identifica con la Iglesia católica o su dogma, o que practica terapias alternativas y tiene un régimen de pensamiento que es totalmente compatible con ‘creer‘ en algo”.
En tercer lugar, con el 17,4%, se ubican los que se reconocen como evangélicos, casi una quinta parte de los consultados en la encuesta del Barómetro. Este número evidencia un crecimiento gradual pero sostenido en las últimas dos décadas, y consolida a este culto como segunda identidad religiosa organizada.
“Estos datos muestran que el campo religioso argentino ya no se estructura en torno a una única entidad dominante”, señala el informe de la UBA sino que, por el contrario, “se ha vuelto más plural, fragmentado y diverso”.
El resto de la población se distribuye entre comunidades judías, musulmanas, espiritualidades indígenas u otras creencias minoritarias.
¿La visita de León XIV puede reactivar al catolicismo en el país? “Hay una dimensión vital del catolicismo que es la papal. Y eso, a su vez, hace latir y reverberar otras dimensiones del catolicismo. En una metáfora un poco gruesa, el Papa siembra al ritmo del viento y del avión, y la estructura católica se mueve al ritmo de una infantería mecánica en la arena. Hay una brecha entre ambas. Siempre es un problema saber si la Iglesia lo va a aprovechar o no. Y también cómo medirlo”, analiza Semán ante Infobae.
En ese sentido, el autor de “Vivir la fe. Entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina”, sostiene que puede haber algunos indicadores aunque habrá que esperar para verlos. “¿Va a haber más bautismos, más conversiones o asistencia a las misas? No lo sabemos aún, puede ser en un par de meses. El Papa promueve una movilización de la estructura eclesial y, además, hay reencantamiento de prácticas que no son necesariamente las más institucionales ni las más visibles. Mucha gente gana profundidad de su fe católica en contextos como este o se acerca al catolicismo. Quizás después no vaya a la misa. Ese es un problema de los curas y de cómo está definida la misa».
Afiliación religiosa por edad
Según los datos del Barómetro, las formas de creer varían según la edad. “El cambio religioso está fuertemente impulsado por un proceso de reemplazo generacional”, advierte el informe coordinado por Esquivel, docente de la UBA especializado en el tema de laicidad, secularización y la relación Estado-Iglesia en Argentina.
En efecto, entre los jóvenes (16 a 29 años), el porcentaje de los que se consideran católicos desciende al 44,6%, y en cambio asciende al 69% entre los de 50 años y más.
En cuanto a los jóvenes que manifiestan tener afiliación evangélica, el porcentaje crece hasta el 23,6%. En el otro extremo etario de los mayores de 50, desciende al 13,6%, por debajo del promedio.
Estos números muestran que los jóvenes no pierden la vocación religiosa, pero se vuelcan progresivamente más hacia el mundo evangélico en detrimento del catolicismo.
“Los jóvenes en general tienden a tener más distancia de las instituciones. Y entonces, creyendo o no creyendo, prefieren estar en lugares donde la institución es más flexible. El catolicismo no lo es para los jóvenes, como no lo es para nadie”, observa Semán sobre los datos que arroja el Barómetro. “Al ser más flexibles, los evangelistas pueden ensayar más proximidad cultural con ese grupo”, agrega.
En cuanto al segmento que no se identifica con ninguna religión, son ateos o agnósticos – el segundo más numeroso del país según el relevamiento – alcanza el 31% entre los jóvenes, contra el 22,4% del promedio de los consultados de todas las edades. En cambio, los mayores de 50 que no adscriben a ningún credo descienden al 12,6%.
“Entre los jóvenes sin religión es muy probable que haya crecido el ateísmo o la crítica de la religión. De hecho, entre los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales – a los que conozco por mi rol docente – es donde más ateos hay. También crecen nuevas formas de creencia religiosa, no institucionalizada”, apunta Semán.
Por género
Entre los católicos, son ligeramente más las mujeres: 58,5% contra el 57,1% de hombres que se definen como tales. La diferencia a favor de las mujeres también es mayor entre los evangélicos: 19,3% vs 15,2% de hombres.
Para Semán, esto está vinculado al diferente lugar que ocupa la mujer en la vida institucional de ambos credos. “Trabajé socialmente en un barrio cinco años y las mujeres que participan en los grupos religiosos son mayoría. Y sin embargo, su rol en la Iglesia Católica es secundario. En los barrios populares del Gran Buenos Aires hay decenas de iglesias evangélicas que no pertenecen a ninguna federación, que tienen como pastoras a mujeres. Y en cambio, si esa mujer se queda en el catolicismo, su protagonismo está muy restringido y es conflictivo, porque tiene que siempre negociar con el obispo o el sacerdote”.
En tanto, entre los que no se reconocen como pertenecientes a ninguna religión suman más hombres: 25,7% contra 18,8% de las encuestadas de género femenino.
Por área de residencia
Según los datos del Barómetro, las formas de creer varían también de acuerdo al lugar de residencia, con diferencias entre aquellos que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o el interior del país.
Los que se reconocen como católicos son más en las provincias (59,4%) y los que dicen no tener filiación religiosa suben en porcentaje (26,1%) en el tejido urbano de la Capital y alrededores.
La distribución de los evangélicos es similar en el AMBA que en el resto del país.
Por nivel educativo
Sin embargo, en el análisis por nivel educativo, la filiación evangélica sube entre los que tienen secundario incompleto, hasta el 22,5%.
“Los evangélicos se expanden más en los sectores populares, donde los católicos no pueden crecer”, advierte Semán. ¿A pesar de la labor pastoral de la Iglesia y de asistencia de Cáritas? pregunta Infobae. “Esa es la única manera que tiene el catolicismo de crecer entre los sectores populares, como una suerte ‘de hospital’. En cambio, los evangélicos son sociedades de socorros mutuos en el mundo popular. Sin interferencia de nadie”.
Los que no se identifican con ninguna religión son ligeramente más entre los que tienen secundario completo y formación terciaria o universitaria (28,5% y 27,9%, respectivamente).
En el caso de los católicos, el porcentaje de los encuestados es similar entre los que tienen secundario incompleto y estudios superiores (60,1%). Solo baja un poco entre los de secundario incompleto (50,9%).
Los motivos para acudir a un templo
El mismo Observatorio de la UBA, en otro informe de agosto pasado, relevó los motivos por los que la población argentina acudió a templos o iglesias. La encuesta arrojó que un 35,5% lo hizo durante el último año en busca de algún tipo ayuda.
El apoyo espiritual fue el principal motivo de consulta (21,7%), seguido por los problemas de salud (10,5%).
Otro 8,9% de los encuestados – en un cuestionario de respuestas múltiples – dijo haberlo hecho para solicitar ayuda económica o alimentaria.
También se registraron consultas vinculadas con la capacitación o búsqueda de empleo (7,1%), las actividades educativas o el apoyo escolar (5,6%) y las situaciones de violencia familiar (3%).
El Barómetro detalla que los evangélicos utilizan con mayor frecuencia las redes de apoyo de sus iglesias. El 64,6% de los que se identifican con ese credo acudió a alguna en busca de algún tipo de apoyo durante el último año, frente al 38,8% de los católicos.
Entre este grupo, el 48,3% acudió por apoyo espiritual, más del doble que entre los católicos (22,2%) y muy por encima de las personas sin filiación religiosa (5,1%).
Esta tendencia también se observa en las consultas por problemas de salud, que alcanzaron al 17,6% de los evangélicos, frente al 12,4% de los católicos y el 3% de quienes no se identifican con ninguna religión. En el caso de la asistencia económica o alimentaria, los porcentajes fueron del 15,8%, 9% y 3,8%, respectivamente.
El relevamiento también muestra diferencias en cuanto a la edad de los que acuden a una institución religiosa. Las personas mayores de 50 años fueron quienes más asistieron a un templo en busca de ayuda el último año: el 45% acudió a estos espacios durante el último año, frente al 34% de los jóvenes de 16 a 29 años y al 27,6% de quienes tienen entre 30 y 49 años.
En cambio, el 72,4% de las personas de entre 30 y 49 años dijo no haber recurrido a estas redes de apoyo durante el mismo período.
Entre los principales motivos, el de las personas de más de 50 años fue la búsqueda de apoyo espiritual y problemas de salud, mientras que entre los jóvenes tuvieron mayor peso las solicitudes de ayuda económica o alimentaria y las situaciones de violencia familiar.
El nivel educativo marca otra diferencia en la relación con las instituciones religiosas. Las personas con menor instrucción educativa fueron las que más ayuda buscaron en templos (42,8%), según el relevamiento realizado por el Barómetro de la UBA. Lo hicieron en busca de apoyo espiritual (26,9%), problemas de salud (14,9%) y/o asistencia económica o alimentaria (12,5%).
En contraste, el 73,4% entre quienes finalizaron estudios superiores no acudieron a templos o iglesias en busca de ayuda.
Visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
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POLITICA
El próximo fenómeno político que ve el Gobierno y el ultimátum de Milei a sus funcionarios

La economía al servicio de la persona. Humanismo y sensibilidad. El papa León XIV dejó numerosas consignas en los discursos que emitió durante su visita a la Argentina. Es imposible no trasladarlas al plano de la política, pese a que su palabra tiene un sentido evangelizador. En la Casa Rosada todavía no tienen una conclusión acabada sobre si este suceso histórico generará un cambio en las pretensiones del electorado. Parece ser pronto para decirlo.
Cada funcionario tiene su propia lectura. Uno de ellos, de diálogo permanente con Javier Milei, opinaba que el principal efecto político de este viaje es el empoderamiento de la Iglesia como institución altamente legitimada. En el mismo sentido, otro de ellos : “Además de movilizar 8 millones de personas en todo el país, fueron capaces de emitir un discurso que, si lo hubiera dicho cualquier otro partido o dirigente político, le habría valido una puteada desde la Casa Rosada”.
No se trata de una apreciación menor. La narrativa que durante estos años no pudo utilizar el peronismo kirchnerista podrá encarnarla con mayor facilidad la Iglesia, esta vez con la plataforma ya instalada por parte del Sumo Pontífice. En el Gobierno ven que no dejarán de tener una tensión con esta institución, a la cual Milei no recibió en ocasión alguna hasta la visita del Papa y las ceremonias protocolares por fechas patrias.
Aunque no lo hicieron trascender públicamente, en el entorno del Presidente masticaron bronca ante la actitud de una importantísima figura eclesiástica que llamó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para pedirle que llevara más presos a la Cárcel de Devoto para la actividad de León XIV. La discusión fue acalorada, pero la funcionaria le dijo que no podía hacer nada porque era un entuerto administrativo y judicial.
Estos cortocircuitos ya habían trascendido a la esfera pública. Antes de la visita de León XIV, una de las figuras más carismáticas del ámbito eclesiático, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, que puso en duda los números que publica el Gobierno. “Dicen que sacaron a millones de la pobreza, pero los pusieron en la miseria”, dijo.
Y es que la economía libertaria oscila entre cifras positivas y negativas. En el Gobierno reconocen que está costando llevar al Índice General de Precios (IPC) hacia el 1% mensual. La inflación de octubre fue de 2,2% pero exaltan que la núcleo fue de 1,5%. La consultora LCG afirma que la canasta con la que se miden los precios actualmente (confeccionada en 2004 y 2005) pondera menos los servicios que la actualización metodológica que el INDEC había preparado a este año. Si el Gobierno no hubiera postergado su implementación, ese número habría sido 2,4%.
No son pocos los que ya se imaginan el reclamo de la Iglesia el año próximo. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, podrá hacer lo propio frente a Milei el año próximo durante el Tedeum por el 25 de mayo. En julio pasado, pidió fortalecer el compromiso para aquellos argentinos que padecen actualmente “el agobio de la falta de trabajo y la aflicción de la pobreza”. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) informó días atrás que hay 32.429 empresas menos desde noviembre de 2023 y 10.234 en lo que va del año.

Aunque con menos legitimidad social para recoger ese reclamo, el peronismo seguramente busque hacer campaña con consignas similares el año próximo, donde la dinámica del presupuesto será clave. Ya hay algunas tensiones que se avizoran en el horizonte. En diciembre creen que habrá déficit primario y financiero. Sería la segunda vez en el año que se vulnere esa ancla del programa macroeconómico. En la administración libertaria dicen que será pasajero, dado que ese registró estará condicionado por el pago de aguinaldos de la administración pública nacional, pero reconocen que no es un suceso menor, dado que aquello no pasó ni en 2024 ni 2025.
Hace tiempo que Luis Caputo le viene advirtiendo a los funcionarios políticos del Gobierno que debe empezar a desplegar cada vez más ases bajo la manga para no bordear el rojo fiscal. Esa situación implica menores herramientas desde lo político.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) publicó un informe ejecutivo sobre la Ejecución Financiera del Presupuesto en el que advierte que ya se usó el 84,1% del crédito vigente hasta octubre. Se trata de la mayor ejecución de los últimos diez años, frente a un promedio del 71,8% a esta altura del año. Analizan que deberán incrementar el monto total del Presupuesto.

En medio de ese contexto, el Gobierno busca acelerar la aprobación del Presupuesto 2027 y, para eso, tuvo que aceptar pedidos de los aliados del PRO, UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. El dictamen en la Comisión de Presupuesto está previsto para el martes 17, la votación en Diputados el miércoles 25 y el paso al Senado en las sesiones extraordinarias de diciembre.
Los negociadores de Diputados se comprometieron a garantizar fondos para las prestaciones de Discapacidad, aunque todavía no precisó partidas, distribución ni mecanismos de actualización. Con las universidades busca un acuerdo que combine más recursos con beneficios en las contribuciones patronales. A los gobernadores y aliados ya se les incorporó obras provinciales, sin detallar cuáles ni por cuánto monto. Y al PRO se le autorizó la concesión hasta 2032 de los regímenes de promoción automotriz y autopartista que solicitaba.
El Presupuesto es condición indispensable para la rendición de cuentas con el FMI. “Más caro va a salir no tenerlo”, dicen cerca del Presidente, que dos semanas atrás les pidió a sus funcionarios durante la reunión de Gabinete que era obligatoria su aprobación, así como la Reforma Política. Todas antes de fin de año.
A los Menem no les disgustaba la idea de esperar a los primeros meses del año próximo, pero acataron la directiva. El Presidente no suele intervenir en la estrategia política, pero cuando lo hace no quedan lecturas dobles. “Saben que tienen la obligación de avanzar. Es un ultimátum”, dice un integrante de la Mesa Política respecto de los negociadores del oficialismo.

Milei y el equipo económico consideran que es vital la aprobación de la Reforma Política con la mayor celeridad posible. El objetivo es brindarle múltiples señales al mercado: ganar tiempo para que se recupere la economía antes de que comiencen los momentos de volatilidad preelectoral, limitar la organización del peronismo para la primera vuelta y generar un acuerdo político con gobernadores y partidos aliados.
El momento es clave. Cerca de Caputo miran con atención lo que podría pasar en la próxima reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). La consultora GMA Capital informó que el mercado da un 87% de probabilidad para que la tasa de referencia suba 250 puntos básicos. Ese endurecimiento de la política monetaria podría suponer desafíos para el rendimiento de los instrumentos argentinos. “Si el consenso del mercado es arriba de 50%, la FED va a subir”, se resignan en Economía.
Ante esto, una fuente inobjetable del Gobierno confirmó a Infobae que ya se están cerrando los detalles del borrador del proyecto con los gobernadores aliados. “La idea ya es tener 37 votos. Vamos a cerrar con el PRO, los radicales y algunos provinciales. El objetivo es dictaminar esta semana”, indicó.
Son conversaciones que todavía se mantienen de manera subterránea. Otro de los principales negociadores de LLA dijo que lo único que queda pendiente es “ver cómo se integran las listas conjuntas en las elecciones de octubre”. Hay gobernadores con los que directamente ya se logró un acuerdo de palabra sobre qué lugar ocuparán en los cargos para el Senado y la Cámara de Diputados, y si competirán bajo colectoras o bajo otro esquema.
Hubo muchas reuniones que no trascendieron en las que también se habló sobre cómo competirá La Libertad Avanza en el plano provincial. En varias de ellas ya se decidió no competir por la gobernación, pero no se les comunicó esa decisión a las militancias de base para no desmotivarlas.
“Se está trabajando en un acuerdo, pero no se puede menospreciar a los legisladores nacionales que se ilusionan con competir. Tampoco a quienes quieren ser candidatos locales. Hay que contenerlos”, señalan.
La neuquina Nadia Márquez es una de las que no sería candidata a gobernadora. En el armado desmienten que se haya decidido, pero no niegan que eso forma parte de las conversaciones con el gobernador Rolando Figueroa. Algo similar ocurre con Luis Petri, a quien no postularían para competir contra el radicalismo de Alfredo Cornejo. No son pocos los que piensan que podría abrirse y competir por su cuenta. Ganas e intención de voto no le faltan.
Lo curioso es que un integrante del círculo de Karina Milei se refirió a la Reforma Electoral que se tratará esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales y dijo que, en realidad, ese llamado representa “un desafío para Patricia Bullrich” para ver si consigue alinearse con la Casa Rosada. La jefa de bloque se ocupó de aclarar, fuera de los micrófonos, que votará a favor.
No serían momentos para jugar con el humor de la exministra de Seguridad. Este martes es la fecha límite para presentar a los integrantes por el Senado para el Consejo de la Magistratura, el influyente organismo que candidatea y remueve jueces federales y nacionales. Ella es quien tiene que firmar la carta para las postulaciones. No otra persona. El primer cupo por el oficialismo será Nadia Márquez, con quien Bullrich se peleó semanas atrás. ¿Estará de acuerdo en enviarlo? No está previsto que vaya a hacer lo contrario.
Como a la primera minoría le corresponden dos puestos en vez de uno, los libertarios enviarán como segundo cupo al salteño Gonzalo Guzmán Coraita. Así, el cordobés Luis Juez no podrá renovar su lugar. Pero el Justicialismo hizo una jugada semanas atrás: sumó una banca para superar los 21 integrantes que tiene La Libertad Avanza para quedarse con esa silla adicional. Aun así, indican que al momento del recambio legislativo, el oficialismo tenía 20 lugares porque Juez se sumó después. Seguramente se judicalizará. En la Cámara de Diputados la ecuación es más sencilla y los libertarios enviarán los nombres del cordobés Gonzalo Roca y la bonaerense Giselle Castelnuovo.
Bullrich volverá a reunirse con Karina este martes por la mañana en la Casa Rosada, en una nueva reunión de la Mesa Política. Todavía es un enigma qué se dirán y si disimularán los cortocircuitos de las últimas semanas. Tres de los integrantes de ese esquema le quitan dramatismo al asunto y creen que no habrá careos.

No está previsto que el Presidente la vaya a convocar a Olivos. Tampoco hará una reunión de Gabinete esta semana. Milei sigue pensando que Bullrich es la dirigente que mejor lo complementa en términos políticos y continúa viéndola como una compañera de fórmula. Eso se está difuminando con fuerza con el pasar de los días. Tanto de un lado, como del otro.
El Presidente conoce el anhelo de Bullrich de aspirar a la Presidencia. Su oferta para propiciarle ese camino de cara al 2031 es una sola: dar vía libre dentro de todo el oficialismo para que se generen internas en las legislativas de 2029.
Si consigue la reelección, Milei cree que su sucesión debe darse en ese marco, y que ese mercado de candidatos se dirimirá en libre competencia dentro del ámbito de la centroderecha. Quien gane, será el mejor: una suerte de traslación de la teoría económica al plano político.
Quienes integran el entorno cercanísimo de los hermanos Milei consideran que el despliegue de esa interna afectará la dinámica del oficialismo. “Va a ser algo parecido a Somalia. Una anomia de poder, porque van a estar todos disputándoselo”, es una sentencia que repiten en un despacho de la Casa Rosada. En otras alas coinciden. Aunque a muchos les guste mirar a mediano plazo, lo cierto es que el Gobierno debe encauzar cuanto antes sus posibilidades de reelegir. “Para hablar hay que ganar”, han cantado en más de una ocasión los streamers oficialistas.
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