El consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la local Contreras Hermanos logró la adjudicación para construir el gasoducto más extenso de la historia argentina, una infraestructura valuada en 1.200 millones de dólares que forma parte del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) impulsado por YPF, ENI y XRG, brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc. La obra conectará el corazón de Vaca Muerta con el puerto de Sierra Grande, en Río Negro, y representa un hito en el desarrollo de la industria energética del país.

La definición de la licitación introdujo un mecanismo inédito en el sector argentino: un sistema de subasta inversa electrónica enfrentó a dos finalistas que ofrecieron sus propuestas a la baja sin conocer la oferta de su competidor ni la certeza de que el rival seguía en carrera. Este modelo eliminó la influencia de la trayectoria local y priorizó el precio, según reconstruyeron fuentes del sector. La oferta ganadora se fijó en 1.200 millones de dólares para dos ductos de 527 kilómetros, uno de gas de 48 pulgadas de diámetro y otro poliducto de 24 pulgadas.

Jorge Mas, empresario cubanoamericano y propietario del club Inter Miami donde juega Lionel Messi, lidera Pumpco a través de la compañía matriz MasTec, una de las principales constructoras de ductos de Estados Unidos, con ingresos anuales aproximados de 14.300 millones de dólares. La adjudicación de esta obra marca la primera incursión exitosa de Pumpco en el mercado argentino, tras tres intentos previos en los que no logró imponerse en licitaciones vinculadas a otras infraestructuras energéticas del país.

Por su parte, el Grupo Techint-Sacde, presidido por Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, sumó su segunda derrota consecutiva en procesos de licitación ligados al desarrollo de megaproyectos de exportación de hidrocarburos en Vaca Muerta. En esta ocasión, perdió por una diferencia del 15% en el precio ofertado, pese a haber sido uno de los dos únicos consorcios locales habilitados a competir junto a oferentes internacionales. Semanas antes, la misma sociedad quedó fuera de la construcción del ducto de la iniciativa SESA, otro proyecto relevante para la exportación de GNL.

La obra adjudicada conecta la Meseta Buena Esperanza, en el centro de Vaca Muerta, con Sierra Grande, localidad que albergará la terminal marítima de exportación. Ambos ductos correrán en paralelo a lo largo de 527 kilómetros, con capacidades técnicas que superan a las del gasoducto Perito Moreno y al proyecto de Southern Energy (SESA), que avanza de manera independiente en la misma región. El ducto de gas, de 48 pulgadas, se erige como el de mayor diámetro construido en el país hasta la fecha.

El proceso de licitación arrancó con cerca de siete empresas y consorcios, pero el filtro técnico redujo la competencia a dos finalistas. A través del sistema digital, YPF fijó un tope máximo de oferta y, desde ese punto, los dos consorcios pujaron a la baja. Ninguno conocía el monto que presentaba el otro ni si su competidor continuaba activo en la subasta. Fuentes consultadas calificaron el resultado como “el monto más competitivo” posible para el proyecto, derivado de la presión ejercida por la competencia internacional.

De acuerdo con lo informado por fuentes del sector, la decisión final de inversión (FID) para el proyecto aún está pendiente y podría resolverse a finales de este año o a comienzos de 2027. La adjudicación definitiva del contrato se firmaría entre 20 y 30 días después de la notificación formal recibida por el consorcio ganador. Mientras tanto, el consorcio YPF-ENI-XRG avanza en la preparación de los pliegos para licitar los materiales, incluyendo los caños de ambos ductos, cuya adjudicación se espera en los próximos meses.

La presencia de empresas internacionales sin experiencia previa en la construcción de infraestructura energética en Argentina modificó el mapa competitivo. Tanto Pumpco como Bonatti se asociaron con Contreras Hermanos para el diseño e ingeniería del proyecto, aunque la firma local no pudo presentarse como oferente principal porque la licitación fue exclusivamente internacional. Contreras Hermanos solo pudo participar como socio técnico y de apoyo.

La creciente entrada de oferentes internacionales provocó una baja en los costos finales de las obras energéticas relacionadas con Vaca Muerta. Diversas voces del sector remarcaron que la competencia internacional “le hizo bien a la Argentina”, en referencia a la reducción de precios observada en las últimas licitaciones. Este fenómeno desafía a los proveedores locales tradicionales, que enfrentan a nuevos jugadores capaces de soportar esquemas de rentabilidad diferentes y acceder a estructuras de costos más flexibles.

Para Pumpco, la adjudicación del gasoducto significó el primer éxito después de intentos fallidos en otros proyectos clave: la reversión del gasoducto norte, la construcción del oleoducto VMOS y el ducto financiado por SESA. En todos esos casos, la sociedad Techint-Sacde logró imponerse en la competencia. La victoria actual representa un cambio de tendencia en el acceso de actores extranjeros al mercado de infraestructura energética argentino.

El formato de subasta inversa ciega implementado por YPF para esta licitación eliminó factores como la trayectoria previa, las sinergias logísticas con otras obras en curso o la relación histórica con el operador. El proceso se centró exclusivamente en la variable económica, empujando a los concursantes a sostener el precio más bajo sin información sobre la oferta rival. Esta modalidad plantea un desafío estructural para las empresas locales, que disponen de márgenes de maniobra más acotados frente a las grandes constructoras internacionales.

El desarrollo de los dos grandes proyectos de exportación de GNL en Vaca Muerta, tanto el de SESA como el de YPF-ENI-XRG, avanza de manera independiente y con financiamiento propio. Ambos comparten el mismo corredor geográfico y enfrentan desafíos técnicos similares, pero mantienen estructuras de contratos, ingeniería y financiamiento separadas. El ducto adjudicado a Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos discurrirá en paralelo al que semanas antes SESA adjudicó al consorcio Víctor Contreras y a la italiana Sicim.

La magnitud de la obra, con 527 kilómetros de extensión y un diámetro récord para el tramo de gas, da cuenta del cambio de escala en los proyectos de exportación asociados a Vaca Muerta. Hasta hace pocos años, la producción de la cuenca neuquina se destinaba principalmente al abastecimiento interno y a exportaciones limitadas a países vecinos. La consolidación de estos desarrollos, junto al oleoducto VMOS y la ampliación del gasoducto Perito Moreno, apunta a transformar la región en un polo exportador de hidrocarburos con destino a mercados de Europa y Asia.

El proceso de adjudicación de la obra civil representa solo una de las etapas del proyecto global. La provisión de los caños que compondrán ambos ductos aún debe definirse, y según fuentes del sector, la licitación para ese segmento comenzará hacia fin de mes. En iniciativas anteriores, esta instancia generó tensiones con la industria local, como sucedió cuando Tenaris quedó fuera frente a oferentes internacionales tanto en el gasoducto de SESA como en la obra civil de Argentina LNG.

La participación de Bonatti, la otra firma extranjera que integra el consorcio ganador, permite ampliar el alcance internacional de la obra. Junto a Pumpco y con el respaldo técnico de Contreras Hermanos, el grupo se prepara para asumir la ingeniería y ejecución del proyecto una vez que reciba la aprobación definitiva. Si la decisión final de inversión resulta favorable, Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos quedarán a cargo de una obra destinada a fortalecer la infraestructura de exportación energética del sur argentino.

El impacto de la competencia global en el sector energético argentino, la modificación de los esquemas de licitación y la consolidación de nuevos actores en el segmento de infraestructura marcan el ritmo de un proceso que redefine el mapa de proveedores y constructoras. El consorcio adjudicatario emerge como protagonista en la transformación de la cuenca de Vaca Muerta, mientras la industria energética nacional busca posicionarse en el escenario internacional.

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para incorporar en la Argentina un mecanismo similar al «government shutdown» de los Estados Unidos; es decir, un «apagón» del Estado mediante el cual este deja de funcionar y de ejecutar gastos. Si bien lo presentó como parte del ahorro de recursos de la «motosierra», el motivo real es la caída de la recaudación —que en junio registró una baja del 7,4% real en comparación con junio de 2025—, la creciente «deuda flotante» con proveedores y la escasez de recursos para afrontar el funcionamiento cotidiano de la administración pública.

Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales del Ministerio de Economía que dirige Luis «Toto» Caputo, la deuda flotante de los primeros cinco meses de 2026 (de enero a mayo, según los últimos datos disponibles) sumó 11,8 billones de pesos. Solo en el mes de mayo, la cifra alcanzó los 1,4 billones.

La deuda flotante es la ejecución del gasto que el Estado reconoce como registrado y facturado por el proveedor, pero que no ha sido ejecutado; es decir, que no se pagó. En la práctica, funciona como un retraso en los pagos: el proveedor brinda el servicio, el Estado lo registra y lo reconoce, pero «pedalea» el cumplimiento de la obligación por meses. Este fenómeno es una derivación directa de la recesión y de la baja en la recaudación fiscal.

En otras palabras, para exhibir superávit fiscal, Caputo y Milei dejan de ejecutar pagos exigibles, y esa falta de recursos llevaría al Presidente a decretar un «shutdown». De paso, Milei encontraría otra manera de mostrarse en sintonía con su aliado político, Donald Trump.

La iniciativa fue presentada por el Presidente como una herramienta para profundizar la disciplina fiscal y evitar cualquier desvío del equilibrio de las cuentas públicas, atribuyéndole la responsabilidad a «la política». Sin embargo, según admitieron fuentes oficiales a iProfesional, la realidad es más compleja: «Estamos raspando la olla y no hay plata». Son luces amarillas en el frente fiscal.

¿Qué es el shutdown de Milei y cómo funcionaría el «apagón» del Estado?

Milei lo explicó de la siguiente manera durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura: «Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo…, en realidad, de la política». Y prosiguió: «Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y apagás el Estado». Así que vamos a terminar con eso por ley».

En el diálogo, Fantino celebró la medida con expresión de admiración: «Javi, es otro país, otro país». A lo que Milei redobló la apuesta: «Por eso te digo… que esto guarda relación con la ley de mercado de capitales; hoy a las 18 empezamos a tejer eso».

El concepto «government shutdown» remite al sistema norteamericano, donde el cierre parcial o total del gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento necesarias para mantener operativas las agencias federales. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre ambos modelos.

En Estados Unidos el mecanismo está regulado desde hace décadas y contempla cuáles son los servicios esenciales que deben seguir funcionando —como defensa, seguridad, control aéreo, hospitales y emergencias— aun cuando el resto de la administración quede paralizada. Además, responde a un conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por la aprobación del presupuesto.

La propuesta que analiza Milei tendría otra lógica: establecer por ley que, una vez agotados los recursos presupuestarios asignados, el Estado deje automáticamente de gastar. Además, todavía falta definir cuáles serían los servicios esenciales y los no esenciales que podrían «apagarse». En este caso, el motivo fundamental sería que «se terminó la plata» y no la falta de aprobación de una partida presupuestaria por disputas legislativas.

La deuda flotante del Estado: el dato clave que explica el anuncio

El trasfondo económico del proyecto aparece reflejado en las cuentas públicas. Entre enero y mayo, la deuda flotante del Estado nacional alcanzó, sumando todos los meses, los 11,8 billones de pesos, según los últimos datos oficiales disponibles. Se trata de obligaciones con proveedores, prestadores de servicios, contratistas, provincias y otros acreedores del Estado que permanecen pendientes de pago.

¿Cómo se compone esa deuda flotante de estos cinco meses? De acuerdo con la planilla oficial del Ministerio de Economía sobre la Evolución de la Deuda Exigible de la Administración Central durante 2026, analizada por auditores internos y a la que accedió iProfesional, las obligaciones pendientes de pago registraron fuertes variaciones entre enero y mayo.

El indicador tuvo un pico de deuda de $4.044.758,20 millones en marzo, para luego descender a $2.791.422,03 millones en abril y a $1.422.736,19 millones en mayo. En tanto, en enero había sido de $1.582.757,61 millones y en febrero de $1.950.414,55 millones. La sumatoria de estos períodos arroja los 11,8 billones de pesos mencionados.

Los principales compromisos no pagados se concentraron en transferencias a provincias, con $676.596,97 millones en enero, $1.020.428,46 millones en febrero, $1.759.296,10 millones en marzo, $1.023.141,73 millones en abril y $419.568,13 millones en mayo. Esto explica los reclamos de recursos que los gobernadores le transmiten al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en las reuniones celebradas en la Casa Rosada.

La deuda con el personal y los salarios también representó una porción importante, con montos de $428.331,41 millones, $359.269,23 millones, $428.532,37 millones, $378.534,55 millones y $299.873,88 millones, respectivamente.

En el rubro de bienes y servicios, la deuda exigible fue de $87.816,19 millones en enero, $106.991,31 millones en febrero, alcanzó un máximo de $364.924,13 millones en marzo, para luego bajar a $178.207,50 millones en abril y a $107.922,55 millones en mayo. En bienes de uso, los compromisos oscilaron entre $46.040,22 millones y $78.668,84 millones durante el mismo período.

La inversión financiera solo registró deuda exigible en marzo, por $50.721,16 millones, mientras que la adquisición de títulos y valores mostró obligaciones de $29.211,42 millones en enero, $9.591,31 millones en febrero, $51.133,28 millones en marzo, $29.675,56 millones en abril y $7.104,74 millones en mayo. No se informaron montos correspondientes a la disminución del patrimonio.

Por otra parte, los gastos figurativos corrientes y de capital, que constituyen transferencias dentro del sector público, también reflejaron cifras elevadas: $313.098,45 millones en enero, $359.681,85 millones en febrero, $1.271.496,29 millones en marzo, $1.039.573,53 millones en abril y $448.257,49 millones en mayo. A ello se suman los gastos figurativos para aplicaciones financieras, que ascendieron a $1.662,94 millones en enero, $39.986,03 millones en febrero y marzo, $72.446,47 millones en abril y $85.506,66 millones en mayo.

La planilla oficial aclara que estos datos no incluyen la deuda pública y que no se incorporan registros anteriores a 2025. Aunque parte de esos compromisos se cancelan en los meses subsiguientes, el fenómeno se repite de manera sistemática: todos los meses se generan nuevas obligaciones impagas.

Sólo en mayo la deuda flotante ascendió a 1,4 billones de pesos. En términos prácticos, esto significa que el Tesoro reconoce esos gastos, pero posterga los pagos para preservar caja. De ese modo, el déficit fiscal se desplaza hacia adelante.

Tal es así que ese dato contrasta con el discurso oficial que exhibe el superávit fiscal como el principal logro de la administración Milei. El vocero presidencial Adrián Ravier sinceró este martes en la Casa Rosada que «el Gobierno no puede bajar impuestos hasta no tener superávit fiscal», mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, convirtió al equilibrio de las cuentas públicas en el eje central de toda la estrategia económica. Milei y Caputo repiten en todos sus discursos que alcanzaron el equilibrio fiscal desde el primer mes de su gestión, pero las declaraciones del vocero evidenciaron matices internos.

Es por ello que muchos economistas advierten que una parte sustancial del superávit se explica, precisamente, por el diferimiento de pagos y la acumulación de deuda flotante.

Una caja fiscal cada vez más ajustada por el ajuste fiscal

Los números de mayo muestran la estrechez financiera del Estado. Ese mes, el Tesoro recaudó 13,2 billones de pesos.

De ese total, destinó:

• 7,9 billones a jubilaciones, pensiones y AUH
• 1,3 billones al pago de salarios
• 2,1 billones al pago de intereses de la deuda
• 500.000 millones a otros gastos

En conjunto, esos cuatro rubros absorbieron 11,9 billones de pesos, equivalentes a cerca del 86% de toda la recaudación de 13,2 billones. El restante 1,4 billón quedó asentado como deuda exigible o deuda flotante. «Tiene dos componentes: una recaudación insuficiente y una recaudación que se destina a deudas con proveedores de meses anteriores o a cubrir vencimientos de deuda pública con acreedores privados u organismos; entonces, quedan gastos del mes sin pagar y pasan para los meses siguientes», señalaron fuentes del Gobierno.

Con el margen de ese remanente debían afrontarse los gastos de funcionamiento del Estado, la compra de insumos hospitalarios, los programas sociales, las transferencias a provincias, los subsidios, el mantenimiento de organismos y la escasa obra pública que continúa en ejecución. Al no realizarse esos desembolsos, se genera de forma constante la denominada deuda flotante.

Allí aparece el nudo del problema: obligaciones que simplemente quedan pendientes. A esta situación se suma otro factor que preocupa al Palacio de Hacienda: la recaudación tributaria volvió a deteriorarse y en junio registró una caída real del 7,4%, reduciendo todavía más la disponibilidad de recursos líquidos.

Prioridad para la deuda financiera

Fuentes vinculadas al Ministerio de Economía explican que el esquema presupuestario vigente prioriza el cumplimiento de los compromisos financieros.

En otras palabras, antes que cancelar obligaciones con proveedores o gastos operativos, el Gobierno procura garantizar el pago de los vencimientos de deuda, los compromisos con organismos internacionales como el FMI y el BID, y los bonos emitidos por el Tesoro.

En esa misma línea se inscribe el reciente acuerdo anunciado por Caputo con BBVA, Santander y Deutsche Bank, que otorgarán un préstamo por u$s3.200 millones, con garantía de organismos multilaterales, para afrontar vencimientos financieros. El capital comenzará a amortizarse recién en 2029, mientras que el Banco Mundial cobrará alrededor de u$s100 millones por actuar como garante.

Para distintos analistas, esa prioridad configura una lógica de «frazada corta»: los recursos alcanzan para cumplir con los acreedores financieros, pero resultan insuficientes para sostener plenamente el funcionamiento de la estructura estatal.

Un modelo inspirado en Estados Unidos y el trasfondo político

Desde el Gobierno relativizan las diferencias y sostienen que el proyecto aún está en etapa de elaboración. Voceros oficiales señalaron que «será parecido a lo que ocurre en Estados Unidos» y remarcaron que «cada país define cuáles son sus actividades esenciales».

No existen todavía precisiones sobre qué organismos quedarían alcanzados, cuáles continuarían funcionando ni cómo se garantizarían prestaciones sensibles como salud, educación, justicia o seguridad. Por el momento, Milei avanza únicamente en la etapa de preparación de un anteproyecto de ley.

En Estados Unidos, los cierres del gobierno ocurrieron unas veinte veces desde la década de 1970. El más reciente, durante la segunda presidencia de Donald Trump entre fines de 2025 y comienzos de 2026, provocó la suspensión del pago de salarios a millones de empleados federales, afectó servicios públicos, retrasó programas sociales y paralizó numerosas agencias nacionales, aunque continuaron operando las áreas consideradas críticas.

Más allá de la explicación técnica, el anuncio contiene una fuerte carga política.

Milei busca convertir el equilibrio fiscal en un principio legal permanente que limite la capacidad de futuros gobiernos para expandir el gasto público. La iniciativa se complementa con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y otras normas vinculadas al mercado de capitales y las reglas fiscales.

Sin embargo, el proyecto también deja expuesta la tensión entre el discurso del superávit y la realidad de una administración que enfrenta una recaudación en retroceso, crecientes obligaciones impagas y una caja cada vez más ajustada.

En ese contexto, el «shutdown» aparece no sólo como una bandera ideológica con la cual Milei puede emular al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y adaptarse al modelo libertario, sino también como la respuesta institucional que el Gobierno busca diseñar frente a un problema mucho más inmediato: la escasez de recursos para sostener el funcionamiento del Estado sin abandonar su compromiso de déficit cero.

Mientras el Gobierno avanza en la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y busca inversiones con el Super RIGI, proyecto aún pendiente de debate en el Congreso, el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Christian Asinelli, expresó en Infobae en Vivo que poseer recursos naturales no garantiza riqueza. El directivo puso el foco en una cuestión fundamental: “Necesitas la infraestructura habilitante para sacar esos recursos y después, con esos recursos, ¿qué vas a hacer?”. El interrogante atraviesa la agenda económica argentina y define los desafíos de futuro.

Asinelli ejemplificó con Neuquén y el caso de Vaca Muerta, donde la disponibilidad de gas y la irrupción de recursos minerales abren una oportunidad significativa. Sin embargo, preguntó: “¿Qué vamos a hacer con todo ese gas? ¿Qué vamos a hacer con estos minerales?”. El vicepresidente de CAF remarcó que el plus que hoy no tiene la economía argentina podría posicionarla mejor en el futuro, pero todo depende de cómo se utilicen los ingresos extraordinarios derivados del sector energético y minero. “¿Se lo va a utilizar para educación, para salud, para achicar las brechas de pobreza en nuestro país? Es una pregunta que nos tenemos que hacer”, insistió Asinelli.

Es que la mirada sobre el mundo rural en América Latina y el Caribe se transformó en las últimas décadas. Según CAF, la región suma 670 millones de habitantes, con 120 millones en zonas rurales, cerca del 18% del total. En Argentina, la ruralidad representa menos del 10% de la población, con 3,5 millones de personas. El concepto de ruralidad, explicó Asinelli, ya no se limita a la agricultura, la ganadería o la pesca, sino que abarca también la explotación de minerales críticos y el desarrollo de energías limpias como la solar y la eólica.

El desafío de la infraestructura aparece en toda la región. Asinelli precisó que el 65% de las personas en el mundo rural vive cerca de una vía de comunicación, pero cuando se consideran rutas pavimentadas, esa proporción baja al 50% en Argentina y al 40% en el resto de América Latina y el Caribe. La falta de infraestructura habilitante encarece la logística y limita la competitividad. El caso de Vaca Muerta es ilustrativo: la operación requiere grandes volúmenes de arena, transportada desde Entre Ríos en camiones que recorren cientos de kilómetros. Asinelli planteó la necesidad de un tren o un puerto para reducir los costos de transporte y el impacto ambiental, dado que el uso de camiones incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero.

La situación social del mundo rural añade más complejidad al panorama. Porque siete de cada diez trabajadores rurales son informales y la pobreza rural alcanza el 34%, el doble que en las ciudades. Asinelli destacó la urgencia de políticas que permitan transformar empleos informales en trabajos formales y de mayor calidad.

El vicepresidente de CAF describió una transformación progresiva en la economía rural. Mientras en el pasado la mayoría de los ocupados en zonas rurales se dedicaban a actividades agropecuarias directas, hoy la tecnología y la diversificación permitieron la aparición de nuevos sectores, como el turismo sostenible. Actividades como el avistaje de aves y la promoción de “pueblos mágicos”, reconocidos por Naciones Unidas, abren alternativas laborales y productivas. Aun así, la región mantiene una brecha productiva del 20% respecto de los países desarrollados.

Según Asinelli, la discusión sobre el destino de los recursos excede la lógica de inversión puntual. La experiencia regional, como la construcción del puerto de Chancay en Perú gracias a capital privado chino, muestra que el desarrollo depende tanto de la infraestructura principal como de una red de caminos, trenes y servicios que permitan que el progreso llegue también a las áreas próximas.

Ante la consulta sobre si hoy en el Gobierno de Milei se piensa en ello, el directivo subrayó que el desarrollo territorial requiere una visión integral. Aseguró que muchas áreas del Estado piensan en proyectos, pero no siempre de manera coordinada. CAF impulsa iniciativas que contemplan la obra principal y los impactos sobre el entorno, porque el crecimiento aislado no se traduce automáticamente en beneficios para el conjunto de la sociedad. “Uno se puede salvar, pero pasa un día, pasan dos días y tu barrio se empieza a poner peor”, ejemplificó Asinelli.

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