Durante su presentación en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente, Javier Milei, anunció una medida clave para la industria automotriz, y muy esperada por el sector.

Milei dijo que «la exportación de autos empezará en julio un proceso de reducción progresiva de retenciones que llevará la actual alícuota del 4,5% a 0, hasta junio de 2027. Esta decisión aplica a los derechos de exportación, no al total de la carga para ventas al exterior que actualmente llega al 12 por ciento. 

De todos modos, la decisión impactará en el sector, que hoy tiene fuertes desventajas frente a otros países productores, que no tienen grabadas las exportaciones, y por eso pueden ganar más proyectos cuando una marca tiene un plan para radicar en algún mercado global.

Este viernes, el Gobierno fue un paso más allá: en una conferencia de prensa con el ministro Luis Caputo, el secretario de Comercio Pablo Lavigne confirmó que la reducción para la industria se concentra en sectores exportadores y uno de ellos es el automotor.

«La carga de impuestos sobre la exportación era muy relevante reducirla, especialmente el 2,5% de tasa de retenciones. Ese es el margen que tiene una camioneta cuando se exporta a mercados que compite con los chinos, con los americanos, con los mexicanos», argumentó.

Ante la noticia, la Asociación de Fábrica de Automotores de Argentina -ADEFA- emitió un comunicado explicando que «considera clave la reducción gradual de derechos de exportación como estímulo fundamental para la competitividad exportadora industrial».

Menos impuestos a la exportación: en qué impacta

El reclamo de las automotrices argentinas para que esta carga impositiva se reduzca viene desde hace tiempo. El problema mayor radica en que, muchos países con los cuales se compite a la hora de ganar un proyecto para fabricar en el país, no pagan este tributo, y eso los deja en desventajas frente a otros productores.

Por otro lado, recordemos que el 70% de la producción de la mayoría de las terminales locales está pensado para exportar, como fuente principal de ingresos.

En total, la carga impositiva a las exportaciones suma un 12% promedio. Por un lado, estan las retenciones, también llamadas derechos de exportación, que tributan una alícuota del 4,5%, la cual se aplica al costo del vehículo, es decir, a la carga fiscal que pesa sobre el precio de exportación.

Esa retención se aplica a las partes localizadas en el país, entonces, según la integración nacional que tenga cada modelo, el porcentaje real varía. Por ejemplo, si un auto tiene como máximo un 40% de integración de partes nacionales, no es lo mismo que si tiene el 50% (se para sobre ese porcentaje, el resto es importado).

Por otro lado, a la hora de hablar de impacto en el precio, no se aplica a los autos que se fabrican en el país y se venden en el mercado local. 

Ahora, con esta reducción, bajará el costo actual de 12% a un 10% promedio, porque hay otros gravámenes que siguen vigente y tienen que ver con impuestos provinciales y municipales que se acumulan en cada paso del proceso productivo (como ingresos brutos, entre otros). 

Entonces, si bien la medida es positiva, todavía seguirá pesando el impuesto a las exportaciones y siendo un punto en contra comparado con otros rivales. Por ejemplo Brasil percibe menos del 5%; México, Tailandia y Sudáfrica tienen 0% de impuestos a la exportación; y China, tiene subsidio.

Con esta política impositiva, a países como Chile, le sigue saliendo más barato comprar una Ranger en Tailandia que una fabricada en Argentina.

Mientras tanto, a nivel local, los autos siguen teniendo un 54% de impuestos que incrementa el precio final del 0km.

La ley de promoción industrial

Este 4.5% que se irá quitando a las exportaciones no lo pagan todos los vehículos que hoy se exportan, por la Ley de promoción de la industria automotriz

Actualmente, en la Argentina existe la Ley de promoción de la industria automotriz y autopartista (Ley 27.686) que, entre sus beneficios, otorga la exención de pago de derechos de exportación. Esta ley comenzó a tener vigencia a fines de 2022, por lo que cada nuevo vehículo que se empezó a fabricar localmente desde entonces y el proyecto fue inscripto en este régimen, no paga derechos de exportación.

El beneficio sobre las retenciones a la exportación rige hasta el 31 de diciembre de 2031, con la condición de que los proyectos industriales inicien su producción antes del 31 de diciembre de 2029.

La nueva generación de Ford Ranger, que se produce desde 2023, fue el primer modelo argentino que tuvo el beneficio, mientras que lo tendrán también Renault Niágara, Toyota Hilux y Volkswagen Amarok de nueva generación.

La reacción de las automotrices

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) destacó este viernes a través de un comunicado de prensa esta decisión como parte del «establecimiento de un sendero claro y previsible que se extenderá hasta mediados de 2027. La certidumbre en las reglas de juego es una condición indispensable para que las terminales automotrices y los fabricantes locales puedan planificar sus esquemas de producción, exportación e inversión», afirmó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la entidad.

Además, el directivo que representa a las automotrices en las mesas de reuniones con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria y Comercio, comentó que «la reducción de la carga fiscal sobre las exportaciones representa un estímulo directo para recuperar la competitividad en los mercados regionales y globales en un contexto mundial extremadamente desafiante».

En base a los anuncios realizados ayer por el Presidente de la Nación, Javier Milei, respecto de la reducción gradual de los derechos de exportación a partir de junio, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) «destaca el establecimiento de un sendero claro y previsible que se extenderá hasta mediados de 2027. La certidumbre en las reglas de juego es una condición indispensable para que las terminales automotrices y los fabricantes locales puedan planificar sus esquemas de producción, exportación e inversión«, afirmó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

El presidente de la entidad destacó que esta medida es el resultado de una agenda de diálogo continuo y mesas de análisis técnico que se venían llevando a cabo de manera directa con el Ministro de Economía y el Secretario de industria y Comercio. En ese sentido, Pérez Graziano expresó un agradecimiento especial a la gestión del ministro y su equipo, así como al esfuerzo conjunto de toda la cadena de valor de la industria y a los equipos técnicos involucrados en el desarrollo de estos consensos.

La industria automotriz argentina, con un marcado perfil exportador, enfrenta desafíos estructurales en materia de competitividad: «La reducción de la carga fiscal sobre las exportaciones representa un estímulo directo para recuperar la competitividad en los mercados regionales y globales en un contexto mundial extremadamente desafiante», agregó el directivo.

En línea con este alivio fiscal a nivel federal, el directivo remarcó que es de vital importancia que este esfuerzo sea acompañado de igual manera por las provincias y los municipios, mediante la eliminación de Ingresos Brutos (IIBB) y de tasas municipales distorsivas, que restan competitividad a la exportación y ponen en riesgo la sustentabilidad del sector a largo plazo.

Se enfatizó que estas cargas representan actualmente un impacto de hasta un 10 % sobre el valor de exportación de los vehículos producidos en el país, lo que limita severamente las posibilidades de competir internacionalmente y acceder a determinados mercados, dado que la mayoría de los países productores no tributan impuestos en la exportación.

Para dimensionar el impacto de la medida, el titular de ADEFA recordó el peso estratégico y la representatividad estructural que tiene la cadena automotriz en el comercio exterior de la Argentina:

• Complejo exportador: se consolida como el segundo complejo industrial exportador de bienes de alto valor agregado del país al mundo.
• Manufacturas de Origen Industrial (MOI): representa el 48% de las exportaciones totales de MOI de la Argentina.
• Comercio bilateral: concentra el 70% de las exportaciones industriales con destino a Brasil.
• PBI industrial: la industria automotriz participa con un 8,4% del total, consolidándose como el 3er sector en el PBI industrial.
• Divisas: el sector genera anualmente USD 9.000 millones en concepto de exportaciones.
• Producción: 4to Productor Mundial de pick ups livianas
• Empleo Industrial: Participación del 9.8% del total del empleo asalariado.

En este marco, desde ADEFA se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y con la cadena de valor, en la implementación de la agenda definida para promover las inversiones, incrementar la producción, impulsar las exportaciones y fortalecer el mercado interno, con el objetivo de generar empleo formal y de calidad, y contribuir así a la sostenibilidad del sector en el largo plazo.

Máximo rendimiento político con mínimo costo fiscal: esa fue la consigna planteada en la interna del gobierno a la hora de anunciar el alivio impositivo para los productores sojeros en un esquema pre-anunciado de recortes mensuales.

De momento, está saliendo bien. Javier Milei fue aplaudido por un auditorio habitualmente demandante y malhumorado, como el de los dirigentes de las agremiaciones rurales, que sienten que su sector siempre es la variable del ajuste.

Tanto la Bolsa de Cereales -entidad anfitriona del acto- como la Sociedad Rural elogiaron la medida a pesar de que, en los hechos, no implica un alivio inmediato sino que generaría un recorte de tres puntos hacia el final del año próximo y deja planteado el aliciente para que Milei sea reelecto, dado que en 2028 la caída de las retenciones sería hasta el nivel de 15%.

Lo que quedó en claro es que el «packaging» del anuncio estuvo bien elaborado. Porque, en definitiva, lo que Milei anunció es que no hay ninguna posibilidad de que haya un alivio este año, cuando los productores se quejan de estar sufriendo una disminución en su margen de ganancia.

Ocurre que, al tiempo que la convulsión internacional generó una suba en los commodities agrícolas, también se produjo una aguda suba en el costo de los fertilizantes y otros insumos, por culpa de la disparada en el precio del petróleo. Hablando en plata, la tonelada de urea, un insumo básico para la fertilización de la nueva campaña agrícola, sigue ubicándose mas de un 50% por encima del precio anterior al conflicto en Medio Oriente.

En síntesis, lo que verdaderamente le importa al productor agrícola argentino, que es el margen de ganancia, sigue mostrando un panorama desalentador: se necesita vender dos toneladas de soja para poder comprar una tonelada de urea. Antes del conflicto, esa relación era de 1,4. Esto llevó a los expertos a advertir sobre márgenes de ganancia cada vez más delgados en la gestión agrícola.

Sin embargo, tras el anuncio de Milei trascendieron proyecciones optimistas respecto de que en la campaña del año próximo se pueda replicar un volumen alto de la cosecha -sobre todo la del trigo, que inicia antes-, por el mix de buenas condiciones climáticas y una inversión alta por parte de los productores.

El mensaje entrelíneas a los productores

El otro logro de Milei es alejar las especulaciones sobre alguna medida transitoria, como una rebaja de retenciones de siete puntos como la dispuesta el año pasado durante el primer semestre o un corte completo de retenciones por un mes, como el «tax holiday» de septiembre pasado.

Aquellas medidas denotaban la urgencia de Toto Caputo por generar un impulso exportador, en un año de escasez de divisas, que sea agravó por la masiva dolarización del público en la previa de la elección legislativa de octubre.

Pero ese tipo de medidas no son gratis. Para empezar, implican un pesado costo fiscal. En septiembre pasado, la caja de ARCA resignó el ingreso de las retenciones de la soja para el cupo de u$s7.000 millones. Como la tasa en ese entonces era de 26%, esto implica una merma de u$s1.820 millones. Expresado en pesos de hoy, serían unos $2,5 billones, parcialmente compensados por las inversiones de los productores.

Pero, sobre todo, las medidas transitorias dejan un antecedente que lleva a que, cada vez que hay una percepción de retraso cambiario, los productores tiendan a retener su stock el mayor tiempo posible, a la espera de un nuevo alivio tributario que cumpla la función de una devaluación indirecta.

Y, como si no fuera suficiente con los efectos domésticos, se agrega el riesgo de roces diplomáticos con Estados Unidos. El año pasado, la exención impositiva dispuesta por Caputo coincidió con el anuncio de una línea crediticia del US Treasury anunciada por el secretario Scott Bessent para ayudar al gobierno argentino a atenuar la volatilidad financiera. Los farmers norteamericanos, que ya estaban enojados con Donald Trump por el cierre del mercado chino, tuvieron un motivo adicional de irritación cuando vieron que su gobierno ayudaba a un país competidor justo en el momento en el que tomaban una medida que consideraban como una competencia desleal.

No por casualidad, en el documento firmado con Estados Unidos preanunciando un acuerdo comercial, Argentina se comprometió a no volver a decretar ese tipo de medidas transitorias con potencial de distorsión en el mercado global de materias primas.

Sin «riesgo silobolsa»

De manera que, con esta modalidad de rebaja gradual, el gobierno envía el mensaje de que no tiene sentido especular con un nuevo régimen de alivio transitorio en las retenciones, y que es mejor para los productores vender ahora mientras el precio del mercado internacional sigue alto –la soja supera en Chicago los u$s440, contra un promedio de u$s380 del año pasado-.

Pero, sobre todo, el principal efecto es el mayor incentivo a la inversión para la campaña del año próximo. Ocurre que en una situación de incertidumbre, y con costos crecientes de los insumos, se corre el riesgo de que los productores tomen la inversión como variable de ajuste, algo que puede traer como consecuencia una disminución en los rindes de la próxima campaña.

En cambio, ante la perspectiva de una mejora en los márgenes, se posibilita una planificación financiera con compras de fertilizantes, semillas y maquinaria.

Ni bien el presidente Milei hizo el anuncio, hubo economistas que se preguntaron si la «tablita» descendente de las retenciones no podría llevar a que la mayor parte de la cosecha 2027 quedara guardada en silobolsas, para aprovechar que sobre fin de año estarán los menores niveles de impuestos. Sin embargo, los expertos del negocio agrícola dijeron que hay baja probabilidad de que eso ocurra, porque la «ganancia» de postergar un mes la exportación -$3.000 por tonelada en el mejor de los casos- resulta menor que el costo financiero de tomar un crédito o de comprar dólares y hacerlos rendir en el mercado de capitales.

En el mientras tanto, se da la paradoja de que, al mismo tiempo que anuncia el recorte a las retenciones, el gobierno convertirá a ese rubro en su pilar fiscal. Justo en un momento flojo de la recaudación -que viene de nueve meses en caída interanual consecutiva-, la soja duplicará su aporte -con un potencial de $1,2 billón en mayo- y podría quebrar la tendencia descendente en la caja de ARCA.

Aprendiendo de los errores macristas

Desde el punto de vista político, Milei se puso el objetivo de no repetir el error de Mauricio Macri, quien el primer día de su gestión decretó una amplia rebaja de retenciones, y tuvo que resignarse a reestablecerlas ante la crisis fiscal de 2018, pidiendo perdón y admitiendo que se trataba de «un impuesto horrible».

En los hechos, esa medida minó la credibilidad del argumento que hasta ese momento había defendido la coalición Cambiemos: que la rebaja de retenciones había sido totalmente compensada por el aumento en el volumen de producción exportada por los agricultores.

En definitiva, lo que había sido una de sus mayores banderas, se transformó en un «efecto boomerang» que fue aprovechado por la oposición peronista en la campaña electoral de 2019. Macri había heredado un nivel de retenciones en 35%, lo bajó de inmediato a 30% y estableció un esquema de bajas graduales. En septiembre de 2018, a menos de dos años de iniciado el mandato, las retenciones estaban en 26,5%, y se les agregó una suma fija de $4 por dólar -en ese momento cotizaba a $40-.

En los hechos, Macri volvió a un nivel de 30%, que se fue licuando en la medida en que el peso se devaluaba.  

Milei, en cambio, asumió el discurso «realista» del alivio gradual pero sin retrocesos. Es así que la soja durante el primer año de su gestión se mantuvo en el 33% que había heredado del gobierno peronista, y bajó a 26% en el segundo año -primero como medida transitoria y luego permanente-. En enero de este año recortó otros dos puntos.

Para el final de su mandato, las retenciones de la soja serán de 21%. Es un nivel todavía alto, pero las primeras reacciones indican que, gracias a la picardía política de la dupla Milei-Caputo, se conseguirá el múltiple objetivo de maximizar la recaudación fiscal este año, incentivar la inversión para la próxima campaña agrícola y, encima, hacer un gesto simbólico al sector rural, donde la imagen del gobierno estaba devaluada.

En una entrevista en Infobae al Regreso, Ricardo Buryaile valoró la decisión oficial de reducir las retenciones para trigo, cebada y soja a partir de un cronograma fijo, anunciado por el ministro de Economía en conferencia de prensa.

Durante su paso, Buryaile ponderó el anuncio: “Me parece correcto. Lo que tenemos que hacer es dividir en dos: lo inmediato para trigo y cebada, y lo proyectado para la soja en los próximos años”.

La confirmación de un cronograma “más certero” para la baja de retenciones, según Buryaile, permite que los productores puedan tomar decisiones de siembra con mayor información.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que desde junio las retenciones para trigo y cebada tendrán una reducción de dos puntos porcentuales, medida que llega “justo a tiempo” para la toma de decisiones de siembra.

Buryaile contextualizó: “El productor triguero venía perdiendo 50 dólares por hectárea. Con este anuncio pierde 35. Ya la Bolsa de Comercio de Rosario estima una caída de alrededor de 250 mil hectáreas en la superficie sembrada”.

La suba de insumos sigue siendo una preocupación central para el sector. “No es indiferente a la producción agropecuaria lo que pasó con los combustibles, que subieron más del 40%. Los fertilizantes también aumentaron muchísimo”, detalló el exministro.

Según su visión, la baja en las retenciones, aunque positiva, no compensa el encarecimiento de los costos: “Vos preferís perder 35 en vez de 50, pero lo lógico sería que el mayor incentivo funcione con rentabilidad, no con menor pérdida”.

Buryaile fue enfático al describir el dilema: “La decisión del productor cuando saca los números es: ‘¿Le pongo menos tecnología al trigo?’ Vas a tener o reducís el área de siembra o aplicás menos tecnología. Eso te baja la calidad y los rindes”.

El gobierno estableció un cronograma fijo para la baja de retenciones a la soja, que será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027 y medio punto porcentual mensual a partir de 2028.

El impacto fiscal mayor, de 1.224 millones, se trasladará al próximo mandato presidencial. Sobre este punto, Buryaile valoró la previsibilidad: “Ahora está fijo, es otra cosa. Cuando el presidente decía que dependía de la recaudación, había incertidumbre sobre cómo iban a operar los mercados a futuro”.

El exministro insistió en la necesidad de transformar el esquema en legislación: “Sería mucho mejor que sea por ley. Todos los gobiernos usan el artículo 755 del código aduanero para fijar estos aranceles, pero funcionan como derecho de exportación. Es un impuesto y debería darlo el Congreso”.

Recordó la experiencia de años anteriores: “En 2022, cuando Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, incluyó los derechos de exportación en la ley de presupuesto y nosotros rechazamos la suba. Eso es lo que hay que hacer: darle previsibilidad de futuro”.

Pese al alivio que implica la baja de retenciones, Buryaile subrayó que “la suba de los costos y la inestabilidad climática siguen generando pérdidas para los productores”. Explicó que la rentabilidad depende también del tipo de cambio: “No es lo mismo tener una retención sobre un tipo de cambio de mil cuatrocientos que de mil seiscientos. El tipo de cambio real, después de restar el derecho de exportación, incide directamente en los ingresos”.

La incertidumbre climática añade un factor de riesgo: “Cuando producís a cielo abierto enfrentás los avatares del clima. Este año fue extraordinario, tuvimos una gran cosecha, pero si viene un Super Niño puede complicar todo. Tenés que ganar plata para cuando te vaya mal, y si perdés dos años seguidos, te desanimás”.

En cuanto a la estructura productiva, Buryaile aclaró: “No todo es soja o trigo. Muchas veces se habla del campo como un todo y hay cultivos o actividades, como la ganadería, que atraviesan realidades distintas. Hoy la ganadería pasa un mejor momento que la agricultura”.

El exministro concluyó que “hay un punto que hay que empezar a animarse a terminar con estos impuestos distorsivos”, aunque reconoció que “llevar las retenciones a cero es difícil porque implican entre 8 y 10 mil millones de dólares menos para el Estado”.

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