POLITICA
Un gobernador busca una reforma previsional: sube la edad jubilatoria y habrá aportes extraordinarios
El Gobierno de Entre Ríos enviará en las próximas horas a la Legislatura provincial un proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones que incluye una suba gradual de la edad jubilatoria, cambios en el cálculo de los haberes y un aporte solidario extraordinario para los salarios más altos.
Según informaron en el entorno del gobernador Rogelio Frigerio, la iniciativa fue elaborada tras varias semanas de diálogo con representantes sindicales y sectores vinculados al sistema previsional, e incorpora modificaciones planteadas por los gremios durante las negociaciones.
“Lo que nosotros valoramos es que el proyecto original se ha modificado sustancialmente, y esto no quiere decir que apoyemos el proyecto. Pero nos damos cuenta que sirvió más sentarnos a discutir que estar con bombos afuera, que da más publicidad a los dirigentes y nada a la gente”, señaló el titular de la UPCN, José Ángel Allende.
“Lo que hemos ido acordando no quiere decir que acompañemos la reforma. Entendemos que la Caja, tal como está, tampoco puede acompañar, porque va a un estallido. Eso es real”, añadió.
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Desde la administración provincial remarcaron que el proyecto “garantiza los derechos adquiridos”, mantiene el 82% móvil sobre el salario bruto y conserva la actualización de las jubilaciones atada a las paritarias estatales.
De qué se trata la reforma previsional que impulsa Frigerio
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación gradual de la edad jubilatoria para los trabajadores estatales actuales, que pasará a 65 años. El Ejecutivo argumentó que la medida busca adecuar el sistema al aumento de la expectativa de vida y mejorar la sostenibilidad financiera de la Caja.
El proyecto establece un esquema de transición de entre cinco y veinte años para evitar que quienes estén próximos a jubilarse sufran cambios inmediatos en sus condiciones. En tanto, para quienes ingresen al Estado provincial después de la sanción de la ley, la edad jubilatoria será de 68 años.
Desde el Gobierno señalaron que la edad jubilatoria vigente en Entre Ríos no se modifica desde 1993 y afirmaron que, según relevamientos comparados de más de 110 sistemas previsionales del mundo, la provincia se encuentra entre las jurisdicciones con edades de retiro más bajas.
La iniciativa también mantiene la movilidad jubilatoria vinculada a los acuerdos salariales de los trabajadores estatales, tanto para los jubilados actuales como para quienes se retiren en el futuro.
En relación con los regímenes especiales, el Ejecutivo aclaró que no se eliminarán beneficios ni jubilaciones anticipadas. Sin embargo, quienes accedan a esos regímenes deberán continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria prevista por la legislación provincial.
“No se elimina ningún régimen especial. Se aplica una regla que ya estaba prevista en la ley y que nunca se implementó”, indicaron desde el Gobierno provincial.
Otro de los cambios incluidos en el proyecto es la creación de un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio para los trabajadores con salarios más altos. Según precisaron, quienes cobren menos de tres millones de pesos mensuales no deberán realizar aportes adicionales. La medida alcanzará únicamente al 4% de los empleados.
Además, se modificará el cálculo del haber inicial jubilatorio. La propuesta busca ampliar la base de cálculo a 240 meses para evitar distorsiones derivadas de ascensos o recategorizaciones cercanas al momento del retiro, aunque se mantendrá como garantía el 82% móvil sobre el sueldo bruto.
El Gobierno provincial sostuvo que la reforma apunta a fortalecer la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones en medio de un escenario que calificó como “crítico”. Según datos oficiales, actualmente hay 1,9 trabajadores activos por cada jubilado, una relación considerada insuficiente para sostener el sistema previsional.
En ese sentido, señalaron que en la última década la cantidad de jubilados creció un 40%, mientras que el número de aportantes aumentó apenas un 25%.
Finalmente, el Ejecutivo recordó que la provincia mantiene un reclamo ante la Corte Suprema por fondos adeudados por la ANSES vinculados al financiamiento previsional. El proyecto comenzará ahora su tratamiento legislativo en ambas cámaras provinciales.
Frigerio es uno de los gobernadores aliados de Milei. Pertenece al PRO y llegó al sillón provincial con una alianza con otros espacios llamada Juntos por Entre Ríos.
La iniciativa que busca reformar la caja previsional de la provincia va en sintonía con el objetivo del Presidente de llevar a cabo un proyecto similar a nivel nacional y elevar la edad jubilatoria a los 70 años.
Rogelio Frigerio, Reforma previsional, Entre Ríos
POLITICA
Difirieron la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba por razones operativas
El Gobierno nacional difirió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
De acuerdo con lo dispuesto mediante la disposición 274/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, la implementación se postergó hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2027.
La decisión responde a la necesidad de consolidar las condiciones materiales, operativas y tecnológicas que permitan asegurar una transición ordenada y sostenible en una de las jurisdicciones federales de mayor complejidad institucional del país.
La postergación se comunicará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional, conforme lo establece la resolución. El cronograma de implementación, definido por el Ministerio de Justicia, prevé una puesta en marcha gradual del Código en los distintos distritos federales del país, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.
Desde la reanudación del proceso de reforma procesal penal federal, el Ministerio de Justicia impulsó la vigencia del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, priorizando la consolidación paulatina y la articulación interinstitucional.
Hasta el momento, el nuevo modelo se instaló en nueve distritos federales —incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego— y en regiones de la provincia de Buenos Aires, tales como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
Y aún resta implementar el sistema acusatorio en nueve jurisdicciones federales, entre ellas Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, además de zonas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba, la extensión territorial, la densidad poblacional, la dispersión geográfica de las sedes judiciales y el volumen de litigiosidad penal federal han sido señalados como factores determinantes para requerir un análisis específico de las condiciones necesarias para la transición.
La magnitud y complejidad estructural de la Justicia Federal en Córdoba obliga a contemplar una evaluación detallada de los recursos humanos, la infraestructura disponible, la tecnología y la operatividad de los organismos involucrados. El distrito concentra investigaciones vinculadas a delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando, lo que demanda un despliegue técnico y profesional adicional para garantizar la eficacia del sistema acusatorio.
En el proceso de adecuación, se realizaron aportes específicos al Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y garantizar estándares homogéneos en la operatividad del sistema. Entre las acciones desarrolladas, la cartera de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer el análisis forense digital, mediante la entrega de sistemas UFED y equipamiento especializado que optimizan el tratamiento de evidencia digital y la preservación de la cadena de custodia.
Además, se inició el relevamiento de las estructuras edilicias del Poder Judicial para avanzar en la adecuación y equipamiento de las salas de audiencias requeridas por el modelo acusatorio, incluyendo sistemas audiovisuales, conectividad y registración digital. Paralelamente, se impulsaron instancias de formación y capacitación para magistrados, funcionarios y equipos técnicos, a través de talleres, actividades académicas e intercambios institucionales con distritos donde el sistema ya está vigente.
La decisión de diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Córdoba surge tras evaluaciones técnicas y diagnósticos institucionales que coinciden en la necesidad de profundizar la adecuación edilicia, fortalecer la disponibilidad de espacios y asegurar la operatividad de las salas de audiencias bajo el nuevo modelo.
El proceso fue acompañado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba —que solicitó formalmente el aplazamiento mediante la Acordada N° 34/2026— y por la Procuración General de la Nación, que presentó un informe de diagnóstico en abril de 2026 destacando diversas necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura.
El relevamiento realizado por las instituciones intervinientes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, ratifica la importancia de garantizar condiciones materiales y operativas óptimas para la implementación. Se estima que la entrada en vigencia del Código solo será efectiva cuando las salas de audiencias se encuentren plenamente operativas y se hayan completado las acciones de capacitación, incluyendo simulacros y talleres de estandarización dirigidos a todos los operadores judiciales.
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POLITICA
Las dudas que dejó Manuel Adorni y que ahora deberá demostrar ante la Justicia: criptomonedas, bienes y declaraciones
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió aclarar múltiples incógnitas durante la entrevista que concedió anoche a LN+ e incurrió en inconsistencias, omisiones y afirmaciones que requerirán documentación fehaciente, trazable y verificable de manera independiente que deberá presentar ante la Justicia federal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción (OA).
Los principales puntos críticos, según contadores, expertos antilavado, inversores en criptomonedas y abogados consultados por , son los siguientes:
• Inconsistencia en la cronología de inversiones: ofreció versiones divergentes sobre el inicio de sus operaciones en Bitcoin (“hace 13 años”, “2013-2014”, operaciones exhibidas de 2017-2018), sin lograr reconstruir una secuencia temporal coherente que arroje un monto final que sea con las cotizaciones de 2014 y 2018 (con valores promedios de 527 y 7573 dólares, respectivamente, lo que arrojaría una ganancia muy superior a la declarada por Adorni). Esta inconsistencia afecta la posibilidad de verificar la evolución patrimonial y el origen temporal de los activos.
• Ganancias alegadas sin respaldo técnico idóneo: reconoció utilidades por aproximadamente US$ 300.000, sustentadas en capturas de pantalla de billeteras digitales. Pero no acreditó titularidad, integridad ni correspondencia con registros verificables en blockchain o exchanges.
• Falta de identificación de instrumentos operativos: no precisó direcciones de wallets, sean “calientes” o “frías”, ni plataformas de intercambio utilizadas o cantidades de USDT vendidas. Esta omisión impide la verificación independiente en registros públicos (blockchain) y privados (exchanges), restringiendo la auditabilidad de las operaciones.
• Origen indeterminado del fondeo inicial (FIAT): no acreditó el origen de los fondos con los que él y Angeletti habrían adquirido los criptoactivos, ni su correspondencia con ingresos declarados. Este vacío resulta relevante a efectos de determinar la licitud del capital inicial.
• Falta de correlación entre liquidación de activos y registros bancarios: no aportó evidencia sobre la fecha, modalidad ni destino de la eventual venta de criptoactivos, ni su reflejo en las cuentas bancarias en las que ingresaron esos fondos, lo que impide verificar su entrada al circuito formal, por ejemplo a través de un banco, sea en dólares, pesos u otra moneda.
• Posible inconsistencia en declaraciones juradas patrimoniales: reconoció una modificación en la titularidad del inmueble en el country Indio Cúa previamente omitido o consignado de forma parcial con Angeletti, lo que podría configurar una declaración incompleta o inexacta bajo los estándares de integridad exigidos por la legislación vigente a funcionarios públicos.
• Estructura contractual atípica en operación inmobiliaria: describió un esquema de financiamiento con créditos sin intereses con jubiladas y amigos, sin cronograma de amortización y con formalización posterior, características que se apartan de prácticas usuales y que, en sede judicial, podrían requerir justificación económica y documental adicional.
• Invocación de ingresos de terceros sin acreditación: atribuyó diferencias entre ingresos y consumos a ingresos de su cónyuge, sin aportar documentación respaldatoria suficiente ni consistencia con registros tributarios, lo que impide validar esa fuente de financiamiento.
• Reconocimiento de omisión impositiva: admitió no haber declarado ganancias derivadas de inversiones en criptomonedas, invocando una práctica generalizada de economía “en negro”. Dicha admisión podría resultar relevante a efectos tributarios y eventualmente penales, en tanto no se invocó causal legal que justifique la omisión.
• Demora en la producción de prueba documental: indicó haber tardado tres meses en localizar documentación clave sobre el origen de los fondos, lo que plantea interrogantes sobre su disponibilidad, conservación y consistencia, elementos centrales en procesos de verificación patrimonial.
• Adhesión posterior a régimen de regularización fiscal: se acogió ayer al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal, tres meses después de radicada la denuncia penal en su contra. Si bien la herramienta es legal, su utilización en ese contexto temporal podría ser objeto de análisis respecto de sus efectos jurídicos y su alcance frente a eventuales responsabilidades preexistentes.
la entrevista que concedió anoche a LN+,Hugo Alconada Mon,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,“Ahorramos en negro”. Manuel Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares,,Con torta de cumpleaños. Karina Milei posteó una foto de la mesa política en medio de las tensiones Adorni-Bullrich,,En redes sociales. La contundente frase de Esteban Bullrich contra Adorni
POLITICA
La Justicia investigará cómo hizo Adorni para ahorrar los US$200 mil que invirtió en bitcoin
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el miércoles su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y aseguró que el mayor incremento de su patrimonio fue gracias a una inversión de US$200 mil en Bitcoin. La información brindada por el funcionario generó un cambio drástico en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y el fiscal Gerardo Pollicita profundizará ahora en los orígenes de esos fondos.
Concretamente, el fiscal a cargo de la investigación junto al juez Ariel Lijo, investigará el historial laboral de los últimos 12 años de Adorni.
Pollicita quiere saber de dónde salió ese dinero, a pesar de que el funcionario dijo que lo logró gracias a “ahorros en negro” que recaudó junto a su mujer, Bettina Angelleti.
En caso de que el jefe de Gabinete asegure que ese dinero fue hallado en la casa de sus padre, la investigación recaerá también en el resto de sus familiares hasta poder dar con el origen de los fondos.
No será la única medida que tomará Pollicita. También se reunirá con los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero(DAFI) para que se incorporen los US$500 mil que Adorni dijo tener en una entrevista.
El fiscal también solicitará la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, como parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio familiar y contrastar la información presentada ante los organismos de control.
La investigación tomó impulso luego de las declaraciones públicas del jefe de Gabinete, quien admitió que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa y aseguró que una parte significativa de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en bitcoin.
Según pudo saber TN, Pollicita analizará además la documentación vinculada a los activos digitales mencionados por el funcionario. En la fiscalía evalúan cuál es el mecanismo más adecuado para requerir información que permita verificar la existencia de esos fondos y confirmar que fueron incorporados a las declaraciones patrimoniales correspondientes.
El foco está puesto en los US$300.000 que Adorni aseguró haber obtenido como ganancia a partir de inversiones en criptomonedas realizadas junto a su esposa. En una entrevista televisiva, explicó que comenzó a operar con bitcoin en 2013 y que entre 2014 y 2018 obtuvieron importantes rendimientos.
Leé también: Los dichos de Adorni sobre su patrimonio contradicen declaraciones anteriores en el Congreso y la Casa Rosada
“Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”, sostuvo el jefe de Gabinete. También afirmó que esos fondos son la forma de demostrar que su patrimonio fue generado antes de su ingreso a la función pública.
Las explicaciones de Adorni se produjeron en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales y luego de que se conociera la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.
Manuel Adorni, Justicia, Gobierno
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