INTERNACIONAL
Beijing exige a las empresas chinas en el extranjero a cumplir sus leyes por sobre las normativas de cada país

El largo brazo de la ley china tiene tantos miles de kilómetros que resulta imposible de medir. El Decreto N° 835 -“Reglamento de la República Popular China sobre la Lucha contra la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada de Estados Extranjeros”- es un ejemplo de este nuevo paradigma legal que impone el régimen comandado por Xi Jinping para ciudadanos, empresas e instituciones chinas radicadas en el extranjero.
Hace pocos días, Infobae publicó la entrada en vigor de una ley que restringía la libertad de conciencia de sus ciudadanos no ya dentro de su territorio sino también fronteras afuera. Se trataba de la “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico” que comprime a la mínima expresión las etnias menos representativas del país priorizando una “unidad nacional” cuyos criterios quedan en consideración del Partido Comunista Chino (PCC). Estertores de la Gran Revolución Cultural Proletaria de 1966 donde se resaltaba la figura de Mao Tse-Tung. Ahora, el objetivo es resaltar el pensamiento de Xi y del PCC. Esa purga terminó con la vida de millones de personas.
Pero el Decreto N° 835 no busca (únicamente) perseguir la conciencia de sus ciudadanos radicados en el extranjero, sino obligarlas a dirimir un dilema legal que hasta ahora no contemplaban: cumplir las leyes de los países donde son residentes o circunscribirse a las normas del régimen de Beijing. Este intríngulis procesal coloca a una empresa, una institución o un simple inmigrante chino en una situación en la que se verá atrapado entre dos obligaciones legales incompatibles.
El reglamento del régimen dice expresamente que China responderá a lo que denomina “jurisdicción extraterritorial injustificada”. El objetivo apunta a las sanciones, restricciones y controles impuestas por otros estados.
En su Artículo 6, el decreto establece:
“El departamento competente en materia de Estado de derecho del Consejo de Estado, conjuntamente con otros organismos competentes, llevará a cabo la identificación de las medidas de jurisdicción extraterritorial injustificada adoptadas por Estados extranjeros y podrá realizar investigaciones y consultas con las partes extranjeras, entre otras actuaciones. Las organizaciones y personas podrán proponer al citado departamento el inicio del procedimiento de identificación.
Para llevar a cabo dicha identificación se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
Si la medida infringe el derecho internacional y los principios fundamentales de las relaciones internacionales;
Si existe una conexión apropiada entre el acto sometido a jurisdicción extraterritorial y el Estado extranjero que pretende ejercerla;
Si la medida perjudica la soberanía, la seguridad o los intereses de desarrollo de China, o lesiona los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones chinas;
Cualquier otra circunstancia que deba ser considerada.
Cuando, tras el procedimiento de identificación, se determine que una medida constituye una medida de jurisdicción extraterritorial injustificada de un Estado extranjero, el departamento competente del Consejo de Estado podrá anunciar oficialmente dicha determinación. Ninguna organización ni persona podrá ejecutar ni colaborar en la ejecución de tales medidas.
Cuando, por circunstancias especiales, un ciudadano u organización chinos necesiten ejecutar o colaborar en la ejecución de dichas medidas, deberán solicitar autorización al departamento competente del Consejo de Estado, exponiendo los hechos, los fundamentos y el alcance de la actuación requerida. Una vez aprobada conforme al procedimiento de decisión del Mecanismo de Trabajo, podrán ejecutarlas únicamente dentro del ámbito expresamente autorizado».
El texto es claro. Intimidante. Cuando el régimen considere que un estado extranjero -ya sea mediante una sanción, control o restricción- pretenda ejercer su jurisdicción, ningún ciudadano podrá cumplir o colaborar en su ejecución, salvo que Beijing -mediante el Consejo de Estado– lo autorice.
Es decir, una corporación china con una filial en Brasil o un ciudadano chino dueño de un restaurante en Madrid son obligados a cumplir con determinados requisitos por una ley (brasileña o española, de acuerdo al ejemplo) que los conmina a colaborar con las autoridades locales por filtración de datos. Sin embargo, si China considera que esa normativa son “extraterritorialmente injustificadas”, esas entidades chinas comprometidas podrían recibir dos órdenes simultáneas e incompatibles: la ley local le exige cumplir; la ley china le exige no cumplir.
Pero el Decreto N° 835 es aún más ambiguo, lo que lo convierte en más riesgoso para sus emigrantes y empresas en el extranjero. El Artículo 4 afirma que el régimen podrá ejercer “jurisdicción extraterritorial” cuando exista una “conexión apropiada” con China. El problema es que ese concepto no está definido y puede abarcar indistintamente a: ciudadanos chinos, empresas, filiales, financieras, tecnología, datos. La vaguedad de su texto es lo que hace temeraria y discrecional a la ley.
El Consejo de Estado es quien tendrá plena autoridad para decidir si se aplica o no la ley local de acuerdo a cada caso. Las autoridades chinas podrán identificar las medidas extranjeras, prohibir su cumplimiento, ordenar inspecciones tanto a empresas como a particulares, imponer entrevistas, ordenar no cumplir la norma, sancionar a esas empresas, restringirle inversiones y hasta congelar sus activos.
Otro punto intimidante es el que se desprende de los Artículos 12 y 13. En ellos se obliga a las compañías a cooperar con las investigaciones y obedecer las órdenes administrativas. La negativa de esta “colaboración” podría derivar en sanciones. En ninguna línea del texto se enumeran garantías procesales comparables a las que suelen exigirse en sistemas donde un poder judicial independiente revisa plenamente la actuación de la administración.
El Artículo 14 también es contundente. Alienta a generar denuncias entre entidades que se sientan afectadas por algún “traidor” que cumpla con leyes en el extranjero. “Cuando una organización o persona ejecute o colabore en la ejecución de medidas extranjeras de jurisdicción extraterritorial injustificada, lesionando con ello los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones chinas, estos podrán interponer, conforme a la ley, una demanda ante los tribunales populares para solicitar el cese de la infracción y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos”.
Además de la persecución de sus ciudadanos, la ley podría derivar en conflictos bilaterales. La intromisión del régimen chino en cuestiones administrativas locales generarían tensión entre los países involucrados que verían cómo Beijing intenta influir en decisiones tomadas fuera de su territorio. Esta presión podría extenderse, además, a otras represalias del estado comandado por Xi Jinping contra los países que quieran cumplir sus leyes.
Esto fue lo que ocurrió en Panamá, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión portuaria otorgado a Panama Ports Company (filial de la empresa china CK Hutchison) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal, calificando el acuerdo de “leonino” y lesivo para los intereses del país, lo que se tradujo en un conflicto bilateral y una presión monumental de Beijing sobre la nación centroamericana. El régimen comenzó una serie de contramedidas comerciales absurdas contra empresas panameñas y exigió al gobierno de José Raúl Mulino a desatender la decisión del máximo tribunal judicial del país.
A la Corte panameña no le tembló el pulso y respondió con altura republicalos ataques desde China: “Siempre va a haber alguien a quien le guste el fallo y va a haber gente a la que no le guste, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o esos deseos, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo que la lleve a una conclusión“, dijo la presidenta del máximo tribunal María Cristina Chen Stanziola.
El Decreto N° 835 no sólo apunta a mantener sobre sus márgenes legales a las empresas chinas, sino también actúa como una advertencia para aquellas naciones que hacen negocios con China. Delicias de una autocracia imperial.
X: @TotiPI
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Fox News Poll: Cool your servers! Voters reject data centers

NEWYou can now listen to Fox News articles!
While U.S. tech companies race for AI dominance, the latest Fox News nationwide survey finds voters hitting the brakes on data centers, as more prefer taking time to address local concerns than rushing expansion to maintain a competitive global edge.
By a 40-point margin, voters oppose building data centers in their area to support artificial intelligence (30% favor, 70% oppose).
MAGA supporters (46% favor) and Republican men (45%) are the groups most likely to favor data centers, while White women with a college degree (84% oppose) and liberal voters (80%) are the most opposed.
FOX NEWS POLL: VOTERS WANT MAJOR CHANGE AMID ECONOMIC AND POLITICAL DISCONTENT
Among those favoring data centers, 60% cite economic benefits, including jobs, economic growth, community investment, and tax revenue as the reason for their support. Another 21% point to technological benefits, saying the centers are useful, necessary, or important for future progress. Just 2% say staying ahead of competitors is the primary reason for their support.
Those opposing data centers emphasize a different set of considerations. Half (50%) say environmental issues are their main concern, including energy and water use, pollution, noise, and overall environmental impact, while far fewer mention quality-of-life concerns (14%), economic effects (11%), or simply having a negative view of AI (11%).
FOX NEWS POLL: SIGNIFICANT SUPPORT FOR BOTH VOTER ID LAWS AND MAIL-IN BALLOTS
While data centers are broadly unpopular, views of artificial intelligence technology itself are somewhat less negative. Overall, 45% view AI favorably versus 54% unfavorably, underwater by 9 points. In April, it was -11 points.
Positive views of AI are higher among MAGA Republicans (55% favorable), voters with graduate degrees (52%), conservatives (50%), and men (49%) than among Democrats (41%), those without a college degree (43%), liberals (37%), and women (40%).
Nearly 8 in 10 voters prefer slower data center construction to address environmental and community concerns, while 2 in 10 favor building them as quickly as possible to maintain a competitive advantage over China and other countries.
While majorities across the board prefer the slow adoption of the centers, MAGA Republicans (36%) and very conservatives (35%) are the most likely to prioritize rapid expansion to maintain international competitiveness.
AI won’t find an ally in the under 30 crowd
Although younger voters are often viewed as more tech-savvy, that does not translate into warm views of artificial intelligence.
Voters under age 30 are the least likely to view AI favorably, at 38%, compared with 48% of those ages 30-44 and 44% of those 45 and over.
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Regardless of differences in views of AI, attitudes toward data centers are pretty consistent across generations. Roughly 7 in 10 in every age group oppose building data centers, and about 8 in 10 prefer slowing construction to address environmental and local concerns.
Conducted July 17–20, 2026, under the direction of Beacon Research (D) and Shaw & Company Research (R), this Fox News survey includes interviews with a sample of 1,003 registered voters randomly selected from a national voter file. Respondents spoke with live interviewers on landlines (70) and cellphones (681) or completed the survey online after receiving a text (252). Results based on the full sample have a margin of sampling error of ±3 percentage points. The survey includes an oversample of 200 voters aged 18–29, bringing the sample size for that subgroup to 350 (±5). Sampling error for results among subgroups is higher. In addition to sampling errors, question wording and order can influence results. Weights are generally applied to age, race, education, and area variables to ensure the demographics are representative of the registered voter population. Sources for developing weight targets include the most recent American Community Survey, Fox News Voter Analysis, and voter file data.
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INTERNACIONAL
Brote de infecciones respiratorias cobra la vida de seis personas en la comarca indígena Ngäbe Buglé, en Panamá

Seis personas, entre niños y adultos, fallecieron recientemente en la comarca Ngäbe Buglé a raíz de un brote de infecciones respiratorias bajas graves.
Las autoridades sanitarias movilizaron un equipo de respuesta rápida para investigar la situación y reforzar las acciones de atención médica en las comunidades afectadas.
Desde el sábado pasado, el Ministerio de Salud desplegó personal especializado en las zonas de Valle Bonito, Palmira y Guayacán.
El equipo permanecerá en el área hasta el viernes, realizando investigaciones de campo y vigilando de cerca la evolución de los casos.
El objetivo principal es identificar el origen del brote y contener su propagación, mientras se mantienen medidas de respuesta sanitaria.

La intervención permitió ofrecer atención médica a 178 personas, administrar 391 dosis de vacunas —incluidas 184 contra la influenza— y distribuir 394 medicamentos en las comunidades afectadas. Las acciones forman parte de un plan integral que busca limitar los riesgos asociados a la enfermedad respiratoria.
El Ministerio de Salud señaló que tres de los fallecidos no buscaron atención médica o recurrieron únicamente a medicina botánica.
Los contactos cercanos de estos casos permanecen asintomáticos, según los reportes iniciales de la investigación epidemiológica.
Hasta el momento, la vigilancia epidemiológica continúa activa en la comarca. Las autoridades insisten en que toda persona con fiebre, dificultad para respirar o tos persistente debe acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.
El llamado busca garantizar el diagnóstico y tratamiento oportunos, y así prevenir nuevas complicaciones en la población.

Por otra parte, el ministerio informó que más de 14 mil pacientes han recibido atención médica en todo el país gracias a la iniciativa “Juntos por la Salud”, que opera en 27 instalaciones de salud y busca reforzar la atención especializada en diferentes regiones de Panamá.
El programa se ha desplegado en hospitales como San Miguel Arcángel, Santo Tomás y Nicolás A. Solano, donde profesionales panameños y estadounidenses colaboran en la atención a la población.
Durante la última semana, cerca de 100 pacientes de cardiología y fonoaudiología en Panamá Oeste recibieron atención como parte de este esfuerzo conjunto.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, recorrieron el Hospital Nicolás A. Solano para supervisar la labor de los nueve especialistas del Comando Sur que actualmente prestan servicios en el lugar.
El ministro Boyd Galindo subrayó el respaldo del personal médico militar, quienes aportan experiencia en áreas como cardiología, fisioterapia, pediatría y ginecología.

Destacó que el apoyo llega en un momento clave, ya que el Estado se encuentra en proceso de licitación para construir el nuevo Hospital Nicolás A. Solano, proyecto que contempla una inversión de $78 millones. Posteriormente, se prevé la construcción de un hospital materno infantil, infraestructura considerada necesaria para la zona.
La iniciativa nació con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria nacional. Para ello, el Comando Sur de Estados Unidos aporta servicios médicos especializados y entrega insumos, equipos y medicamentos valorados en decenas de miles de dólares, según la información oficial.
Las misiones de “Juntos por la Salud” se desarrollan de manera simultánea en 27 centros de atención, cubriendo las diez provincias del país y la comarca Ngäbe Buglé. Esta estrategia busca ampliar el acceso a servicios médicos de calidad en comunidades que requieren apoyo adicional, reforzando la cooperación internacional en materia de salud pública.
“Estamos muy contentos con los resultados de la iniciativa ‘Juntos por la Salud’, que iniciamos este año con la meta de beneficiar a más de 10 mil panameños”, dijo el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera.
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