Un ingeniero del diario The New York Times fue asesinado a tiros y sus exsuegros quedaron detenidos y señalados como principales sospechosos. Jonathan McKinsey, que también era director de la sección de juegos del medio, fue baleado en el estacionamiento de un complejo deportivo.

El episodio se registró el sábado pasado en el estacionamiento del Dublin Sports Grounds, cuando un sargento de policía que patrullaba la zona encontró a McKinsey, de 40 años, en el suelo, mientras testigos alertaban al 911 y apuntaban a una pareja que permanecía cerca del lugar. La Policía de Dublin confirmó al diario Mercury News que los detenidos son Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años, padres de la exesposa de la víctima.

La policía arrestó en el lugar a los sospechosos cuando se alejaban de la escena, poco después de las 15, hora local. Los dos permanecen bajo custodia en la cárcel de Santa Rita, sin derecho a fianza, y serán formalmente imputados este miércoles.

De acuerdo con el medio estadounidense, el caso aún no tiene un móvil oficial, pero las autoridades confirmaron que se trató de un hecho planificado. El crimen quedó registrado en video, donde se lo ve tendido detrás de una camioneta blanca, mientras testigos observaban sorprendidos.

Un año de denuncias cruzadas y acusaciones de abuso

La muerte de McKinsey se produjo en el contexto de una batalla judicial con su exesposa, Candice Jang, marcada por graves acusaciones mutuas de abuso y negligencia. El viernes estaba prevista una nueva audiencia por la custodia de los hijos de la pareja, según los registros judiciales.

En diciembre de 2025, McKinsey había iniciado el trámite de divorcio y denunció a Jang por maltrato, incluyendo un episodio en el que, según él, ella lo golpeó con una sartén en 2013 y lo agredió verbalmente durante años. También acusó a su suegra, Shili Chen, de insultos homofóbicos -la víctima era un hombre trans- y de maltratar a uno de los nenes por su ropa, además de dirigirle agravios por su identidad de género.

Por su parte, Jang sostuvo en la Justicia que McKinsey era incapaz de controlar su ira y que había agredido físicamente a sus hijos. En una denuncia, relató que McKinsey golpeó a uno de los niños en la cara durante una discusión y le dejó una marca visible. También lo acusó de haber dejado solo a su hijo de dos años en la casa mientras salía de compras.

La policía de Dublín abrió una investigación penal por estos hechos y la fiscalía del condado de Alameda imputó a McKinsey por dos delitos menores: crueldad y lesiones a un menor. Había sido liberado bajo fianza de US$50.000 y buscaba ingresar a un programa de salud mental que, de completarlo, le permitiría eludir los cargos.

En los últimos meses, McKinsey había solicitado a la Justicia ampliar el régimen de visitas con sus hijos y pidió que se levantara la supervisión durante los encuentros. En sus escritos, expresó su deseo de pasar más tiempo con los niños y cuestionó la versión de Jang sobre su conducta.

La mujer, en cambio, insistió en que McKinsey representaba un peligro para los menores y para ella misma. En sus presentaciones judiciales, remarcó que los episodios de violencia no eran aislados y que la seguridad de los chicos estaba en riesgo si quedaban bajo el cuidado de su padre sin supervisión.

El TSE de Guatemala eliminó a 268.263 ciudadanos fallecidos del padrón electoral entre el 4 de abril de 2024 y el 25 de septiembre, una depuración que forma parte de la preparación del registro para las elecciones generales de 2027. En el mismo período, 28.500 personas empadronadas perdieron sus derechos políticos.

Las cifras fueron expuestas durante la reunión mensual que el Tribunal Supremo Electoral mantiene con los partidos políticos. El encuentro también permitió informar sobre el crecimiento del registro y las tareas de empadronamiento dentro y fuera del país.

La presentación estuvo a cargo del licenciado Omar Alexander Gereda Franco, integrante del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones. Esa dependencia administra el registro electoral y coordina los procesos de empadronamiento nacionales e internacionales.

Las sentencias firmes y la interdicción como causas de suspensión

La Ley Electoral y de Partidos Políticos, contenida en el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, establece que los derechos ciudadanos pueden suspenderse por una sentencia condenatoria firme en un proceso penal o por una declaratoria judicial de interdicción. Quienes atraviesan alguna de esas situaciones no pueden votar mientras se mantenga la restricción.

El artículo 15 de esa norma fija la imposibilidad de ejercer el sufragio durante la suspensión. La medida no supone una exclusión definitiva del registro: los derechos pueden restituirse cuando finalizan las condiciones que motivaron la inhabilitación.

El Código Penal guatemalteco complementa ese marco en sus artículos 56 a 59, que regulan la inhabilitación absoluta como pena accesoria. La sanción incluye la suspensión de los derechos políticos, la pérdida de un cargo público, aun cuando hubiera sido obtenido mediante elección popular, y la imposibilidad de acceder a cargos, empleos o comisiones públicas.

La inhabilitación puede extenderse por hasta cuatro años. La situación se resuelve cuando la persona cumple la condena, recibe una amnistía o un indulto, o consigue una rehabilitación judicial en los casos de interdicción.

El juez de Ejecución Penal debe comunicar estas suspensiones al director del Registro de Ciudadanos dentro de los cinco días posteriores a que la sentencia quede firme. Esa notificación activa la actualización correspondiente en el padrón.

La depuración de ciudadanos fallecidos y el registro de suspensiones buscan que la nómina electoral refleje la situación jurídica y civil de quienes están habilitados para participar. El organismo presentó esos movimientos ante las organizaciones políticas en el marco de sus encuentros periódicos sobre la planificación electoral.

Más de 10 millones de ciudadanos habilitados para votar

El padrón electoral guatemalteco llegó a 10.252.221 ciudadanos habilitados al 25 de septiembre. Del total, 5.516.458 son mujeres y 4.735.763 son hombres.

La nómina está organizada en 11 franjas etarias, desde los 18 años hasta los grupos de más de 70. El segmento de 18 a 25 años concentra la mayor cantidad de inscritos, con 1.518.385 personas.

El Tribunal Supremo Electoral prevé cerrar el registro el 20 de marzo de 2027, antes de los comicios generales de ese año. La institución proyecta que el padrón alcance una cifra cercana a 12 millones de empadronados para esa fecha, según la información oficial compartida por el mismo organismo.

El registro también incorpora a los guatemaltecos que viven fuera del país. La cantidad de ciudadanos empadronados en el extranjero ascendió a 95.274, después de las jornadas de 2025 y 2026, que sumaron 2.109 nuevas inscripciones y 3.678 actualizaciones de datos.

Durante 2026, el TSE organizó jornadas en California, Nueva York, Florida, Texas, Georgia, Maryland, Utah y Tennessee, en Estados Unidos. Las comisiones de trabajo continuarán en los próximos meses de acuerdo con la programación divulgada por la institución.

El Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones trabaja mediante los Equipos Técnicos de Empadronamiento Móvil. Estos equipos permiten realizar inscripciones y actualizar información en delegaciones departamentales, subdelegaciones municipales, jornadas móviles, centros comerciales y puestos instalados en oficinas del Registro Nacional de las Personas.

Los encuentros mensuales con los partidos permiten comunicar el estado de estas tareas y los avances de la planificación electoral. El organismo mantiene esas reuniones mientras actualiza el padrón que regirá para la próxima elección general.

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The Supreme Court on Tuesday handed the Trump administration an interim victory in its ongoing immigration crackdown, clearing the way for officials to continue deporting illegal aliens to third countries while the justices consider a legal challenge to the policy.

The justices granted the administration’s request to stay a February ruling from a federal district court in Massachusetts that imposed additional procedural requirements before illegal immigrants could be removed to countries other than their own.

The high court also agreed to hear the administration’s challenge, treating its emergency application as a petition for review and ordering the parties to prepare for arguments during the court’s December session.

FEDERAL APPEALS COURT DEALS BLOW TO TRUMP DEPORTATION AGENDA

Justices Sonia Sotomayor, Elena Kagan and Ketanji Brown Jackson said they would have denied the administration’s request for a stay.

The decision gives the administration the immediate relief it sought as it presses ahead with third-country removals, even as the Supreme Court has yet to decide whether the policy remains.

The dispute centers on the Trump administration’s efforts to remove illegal aliens to third countries. Lower courts have not categorically prohibited those removals but have required procedures intended to give aliens an opportunity to raise claims that they could face persecution or torture in the destination country.

The Trump administration returned to the Supreme Court last week, arguing that those requirements were interfering with its ability to carry out removals and disrupting sensitive diplomatic negotiations with countries willing to accept deportees.

TRUMP ADMINISTRATION’S IMMIGRATION PUSH FUELS ICE’S BIGGEST ARREST MONTH IN AGENCY HISTORY

«The order below also undermines our standing abroad,» the administration argued in its filing, according to the ruling. «Finding third countries willing and able to accept aliens is a delicate diplomatic endeavor.»

The government also argued that judicial intervention in those arrangements could cause «significant and irreparable harm to U.S. foreign policy.»

Attorneys challenging their policy pushed back, arguing that the lower court’s ruling did not prevent the administration from conducting third-country removals but instead required the government to provide notice and an opportunity for illegal aliens to raise protection claims before they were sent abroad.

«The judgment does not require release from detention, prohibit third-country removals, or undo existing arrangements,» the challengers argued in their response.

DHS’ TOP LAWYER THREATENS PENALTIES FOR ATTORNEYS CLOGGING ASYLUM SYSTEM

They alleged that illegal aliens removed without meaningful notice or an opportunity to raise country-specific protection claims had faced «prolonged and arbitrary detention, beatings and sexual assault, disappearance, and chain refoulement.»

Tuesday’s order puts the February district court judgment on hold while the Supreme Court considers the case. The stay will remain in effect until the high court sends down its judgment.

The decision gives the administration the immediate relief it sought as it presses ahead with third-country removals, even as the Supreme Court has yet to decide.

«For the third time in 18 months, the Supreme Court has been called upon to stay the same local district judge’s campaign to halt the Trump Administration from removing illegal aliens including many of the worst-of-the-worst criminals to countries willing to receive them,» White House spokeswoman Lauren Bis told Digital.

«The President will stop at nothing in his effort to make America safe again,» Bis added. «Today’s ruling from the Supreme Court yet again affirms the lawfulness of the President’s homeland security agenda.»

The court directed its clerk to establish a briefing schedule allowing the case to be argued during its December 2026 argument session.

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