Llegaron los primeros insumos para las pruebas de producción de arrabio verde en un proyecto que prevé generar más de 3.300 empleos en la provincia

19/06/2026 – 17:23hs

El primer cargamento de minerales de hierro arribó al Puerto de Formosa para dar inicio a las pruebas operativas en la Planta de Fermosa Biosiderúrgica. El material recibido permitirá realizar los ensayos iniciales orientados a la producción de arrabio verde, un insumo considerado el eslabón primario en la cadena del acero sustentable. 

El arrabio verde es el material fundido que se obtiene de la primera etapa de reducción del mineral de hierro en un alto horno, con la característica fundamental de que se produce utilizando carbón vegetal (biomasa) como agente reductor y fuente de energía, en lugar de carbón mineral.

La carga, transportada por vía fluvial a través del río Paraguay, consistió en un volumen de seis toneladas de minerales de hierro. Las previsiones del proyecto contemplan la próxima recepción de piedra caliza, otro de los componentes esenciales para el funcionamiento del complejo siderúrgico. El operativo de recepción involucró de forma conjunta a la empresa REFSA, el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, Vialidad Provincial y la firma brasileña Modulax.

El arribo de los insumos coincide con la fase final de las obras civiles en el predio del Polo Científico. De acuerdo con los responsables técnicos del proyecto, la construcción general presenta un avance de entre el 85% y el 88%. Las estructuras principales, incluido el alto horno, se encuentran completamente ensambladas, restando únicamente la ejecución de detalles menores para la puesta a punto definitiva.

La proyección de la planta prevé una capacidad productiva anual de 144.000 toneladas de arrabio verde. Desde el punto de vista socioeconómico, se estima que el funcionamiento continuo de la fábrica generará más de 3.300 puestos de trabajo, contemplando empleos directos e indirectos. Asimismo, la actividad comercial derivada de esta producción proyecta exportaciones por un valor de 155 millones de dólares anuales.

La magnitud del proyecto industrial

Para abastecer la demanda operativa, se contempla la importación anual de 240.000 toneladas de minerales y 60.000 toneladas de piedra caliza. Por su parte, la provincia proveerá 350.000 toneladas de leña destinadas a la elaboración del carbón vegetal necesario para el proceso de combustión.

El abastecimiento de biomasa impulsó la creación de polos industriales carboníferos en las localidades de Matacos, Pozo del Tigre y Subteniente Perín. En estas regiones se instalaron 160 hornos industriales operados por empresarios locales, con un esquema productivo que involucra a familias rurales y operadores forestales en la recolección y procesamiento de leña obtenida a partir del vinal, integrando diferentes sectores del territorio.

La envergadura de la logística requirió la ejecución de obras de infraestructura vial complementaria en la ciudad de Formosa para asegurar el tránsito de camiones pesados entre el puerto y el Polo Científico. Entre los trabajos principales se encuentra la intervención en el acceso portuario desde la avenida Napoleón Uriburu, con una extensión de 1.100 metros destinados a facilitar la circulación del transporte de carga.

De manera paralela, Vialidad Provincial ejecuta la pavimentación y desagüe de ocho cuadras en la calle Martín Rodríguez, de las cuales se completó la mitad del trazado. Las obras viales complementarias en los accesos compartidos incluyen la instalación de sistemas de iluminación LED y dispositivos de seguridad vial, cuya finalización está proyectada para los próximos meses en la periferia del complejo.

El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva línea de crédito destinada a personas que tienen cuotas vencidas e impagas en la entidad y quieren regularizar su situación antes de caer en mora. El programa permite unificar todas las deudas pendientes en un solo préstamo personal, con plazos de hasta 10 años y una estructura en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) que mantiene las cuotas iniciales bajas.

La herramienta está disponible desde el jueves 26 de junio en todas las sucursales del banco y apunta a clientes con situación crediticia 1 o 2, es decir, aquellos que aún no ingresaron en mora pero acumulan atrasos en sus obligaciones.

El mecanismo es el de una unificación de deudas: el banco no entrega dinero en efectivo al cliente, sino que aplica el monto del préstamo directamente a la cancelación de las cuotas impagas. El financiamiento puede cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope de $100 millones.

El plazo máximo es de 120 meses —equivalente a 10 años—, lo que permite distribuir el peso de las obligaciones en un período más largo y, en consecuencia, reducir el monto de cada cuota mensual. La tasa de interés es del 10% más UVA. Quienes opten por la cobertura CER-CVS abonan un punto porcentual adicional, pero a cambio sus cuotas se ajustan por la evolución de los salarios, lo que puede resultar conveniente en contextos de actualización salarial.

La afectación de ingresos prevista es del 25% bajo el esquema UVA, en línea con los criterios habituales de evaluación crediticia del sistema bancario.

El comunicado del banco incluye un ejemplo concreto para ilustrar el impacto de la refinanciación. Tomando como referencia una deuda de $1 millón, la cuota mensual actual bajo un plazo de 36 meses es de $67.670. Con el nuevo programa, a 120 meses de plazo, esa cuota inicial baja a $15.279 en la modalidad UVA más 10%. Si se elige la opción con cobertura CER-CVS, la cuota inicial asciende a $16.030.

La diferencia es significativa: en el escenario más conveniente, la cuota se reduce más de un 77% respecto al valor actual. La contrapartida es que el plazo se extiende considerablemente y el saldo se actualiza por inflación a través del índice UVA.

El beneficio está dirigido exclusivamente a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación. Quienes no cumplan con esa condición deberán transferir su cuenta sueldo a la entidad para poder acceder al programa.

El requisito de situación crediticia 1 o 2 implica que la herramienta está diseñada para actuar de forma preventiva: el objetivo es evitar que los deudores con cuotas atrasadas pasen a una categoría de mora que afecte su historial crediticio y limite su acceso futuro al sistema financiero. Una vez en mora, la regularización se vuelve más costosa y las opciones disponibles se reducen.

Los interesados pueden gestionar el trámite en cualquier sucursal desde el 26 de junio. Se pueden consultar las condiciones en la web del Nación o comunicarse con el “Contact Center” del banco.

El lanzamiento se produce en un momento en que la morosidad bancaria de las familias atraviesa uno de sus peores momentos en más de 20 años. Según datos del Banco Central, la proporción de créditos irregulares en los hogares alcanzó el 12,1% en abril —un máximo desde 2004—, frente al 3,7% registrado en el mismo mes del año anterior.

Los préstamos personales, la línea más extendida entre las familias, registraron un índice de mora del 14,9%. Según estimaciones privadas, más de 5,3 millones de personas tienen al menos un crédito en situación irregular, lo que equivale al 26,7% del universo de personas con algún tipo de financiamiento.

El Gobierno nunca había llegado tan lejos: en su disputa con quienes cuestionan la contabilidad fiscal, ya no se limita a discutir con quienes ponen en duda que haya superávit, sino que también desacredita al propio Fondo Monetario Internacional, que mantiene un criterio técnico diferente.

«Lo que dice el FMI está mal», expresó lacónicamente Felipe Núñez, uno de los principales asesores del ministro Toto Caputo, luego de que en las redes sociales le recordaran que, según el organismo, el año pasado no hubo un superávit financiero de 0,2%, sino un déficit de 0,8%, cuando se contabilizan los intereses ya devengados pero todavía no pagados por los bonos del Tesoro.

Y la afirmación ocurre justo cuando el gobierno está festejando los 29 meses consecutivos de superávit primario y 27 meses con superávit financiero -es decir, contabilizando también los pagos de intereses por la deuda pública-.

«Este resultado vuelve a reafirmar el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico. El orden en las cuentas públicas contribuye a la estabilidad económica y permite continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos», dijo Caputo cuando se publicaron las cifras.

Y destacó el dato de que en lo que va del año, el gasto público, en términos reales, había caído un 2,2% en comparación con el año pasado. La parte que el ministro no contó es que la recaudación de impuestos tuvo una racha de nueve meses consecutivos de caída, por lo que, para seguir manteniendo el superávit, fue necesario extremar la «motosierra» en casi todas las áreas del presupuesto.

Recién en mayo se cortó la racha negativa, pero aun así persisten las dudas sobre si se trató de un cambio de tendencia o de una situación transitoria: en ese mes hubo un efecto que distorsionó las cifras, debido al vencimiento del saldo del impuesto a las Ganancias de Sociedades, que el año pasado había tenido un bajo ingreso.

Gracias a ese efecto es que la recaudación impositiva de mayo tuvo un incremento nominal de 35,6% -lo que implica un aumento real de 1,6% cuando se descuenta la inflación-. Pero la realidad es que, si se excluyera el impuesto a las Ganancias, el resto de la recaudación más ligada a la industria y el comercio apenas varió un 21,7% nominal, lo que implica una brusca caída de 8,8% en comparación con el año pasado.

Un debate sin fin

Pero el debate que se mantiene sin resolución desde hace dos años y que genera controversia entre los economistas el de si se está generando una «bomba fiscal» por los intereses de deuda que mes a mes se acumulan pero no aparecen reflejados en el resultado financiero oficial.

La pelea empezó cuando el gobierno desarmó los pasivos remunerados del Banco Central -los recordados Lebacs, Leliqs y pases a un día-, a los que consideraba una verdadera «bomba» inflacionaria que llegó a representar 10% del PBI. Y, además, argumentaba que esos pasivos ejercían incentivos perversos porque a los bancos les resultaba más convenientes alojar sus pesos sin riesgo y obteniendo una alta tasa, antes que prestarle el dinero a la empresas para que aumentaran su producción.

Fue por eso que desarmó la deuda del Banco Central y la pasó al Tesoro, que cada 15 días sale a absorber pesos y paga una tasa que, en la previsión de Toto Caputo, debería ir en caída,a medida que se consolida el proceso de desinflación.

Pero la controversia consistía en que las Lecaps, a diferencia de otros títulos de deuda, no paga intereses periódicamente, sino que los capitaliza para pagarlos todos juntos al momento del vencimiento del bono. Entonces, los más críticos empezaron a afirmar que Caputo subestimaba el costo financiero y que el superávit fiscal no era tal. La clave del debate pasa por la diferenciación entre lo «devengado» -gastado pero no pagado- con lo efectivamente ya pagado.

Al presentar el informe fiscal cada mes, el gobierno contabiliza en cero esos intereses devengados. Pero los críticos advierten un efecto de bola de nieve.

El FMI contabiliza diferente

Desde la vereda de enfrente se ha rechazado ese argumento por afirmar que es un error de técnica contable mezclar el flujo devengado con los pagos reales. La analogía que hacen estos economistas es la de una persona que considere que sus finanzas del mes fueron negativas, porque tiene cuotas con la tarjeta hasta diciembre.

Es por eso que quienes defienden la contabilidad oficial dicen que, si se cuentan los intereses acumulados de las Lecaps, entonces también tienen que considerarse los ingresos futuros a la caja de ARCA y el efecto de la reactivación de la economía.

Pero hay un problema para el gobierno: el staff del Fondo Monetario no maneja el mismo criterio. Ya el año pasado asumió una postura intermedia entre el gobierno y sus críticos: les dio la razón a quienes dicen que sí hay que contabilizar el interés acumulado, pero advirtió que esa deuda no puede ser tomada de manera nominal sino que debe ser corregida por la inflación.

Y en su último reporte de mayo, previo a la comunicación del nuevo desembolso, el organismo no sólo repitió esa postura sino que, además le puso cifras. En contra de lo que comunicó el gobierno -un superávit fiscal de 0,2% del PBI al cierre de 2025-, indicó que hubo un déficit de 0,8 puntos si se contabiliza el interés acumulado por los bonos «cupón cero».

De momento, esta discrepancia no ha sido un obstáculo para que el gobierno mantenga su buena relación con el organismo, que elogió públicamente el esfuerzo para mantener el «ancla fiscal» aun cuando el alivio tributario haya dificultado la recaudación de impuestos.

Sin embargo, no se trata de una discrepancia inocua: el tener superávit fiscal es lo que le ha permitido al gobierno argumentar que la deuda está cayendo en términos reales y que la venta de dólares por parte del Banco Central al Tesoro no implica una emisión monetaria disfrazada.

El superávit fue, también, uno de los puntos que convencieron al Banco Mundial para otorgar la garantía que le permitirá a Toto acceder al mercado de crédito sin pagar las tasas en torno de 9% que los bancos le estaban pidiendo hasta ahora.

¿Se viene la pelea?

¿Por qué «está mal lo que dice el FMI»? Aunque es probable que el tema se haya discutido en las reuniones técnicas con el staff técnico del Fondo, el gobierno nunca planteó su postura en público.

Los economistas críticos están viendo con preocupación que, en un momento de contracción del crédito, el Tesoro siga renovando las Lecaps, de manera de que no sólo se limita a «rollear» la deuda que vence, sino que además sigue absorbiendo liquidez del mercado.

El stock de Lecaps se estima en unos $30 billones -equivalente a u$s20.000 millones, al tipo de cambio actual-, y los vencimientos son de corto plazo. Todos los meses vence un promedio de $10 billones.

De momento, el FMI no ha opinado al respecto, pero su último informe deja planteado el interrogante sobre si las divergencias respecto del criterio para contabilizar los intereses de la deuda podrán, en algún momento, convertirse en un problema.

No es, por cierto, el único punto en el que el organismo mostró diferencias con el gobierno. También proyectó un déficit de la cuenta corriente para este año -por 0,8% del PBI- e insistió respecto de que tipo de cambio ha perdido competitividad respecto de su nivel de diciembre, que el FMI ya consideraba atrasado.