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ECONOMIA

Caputo se vuelve a reunir con contadores en la previa de la nueva ley de Inocencia Fiscal: qué definición clave se espera

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Este jueves, a las 14 horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, volverá a reunirse con los contadores. Otra vez el eje del encuentro será la nueva Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno va a girar la semana que viene a la Cámara de Diputados. Pero ahora hay otra arista de la discusión que va a cobrar importancia: ¿qué hacer con el vencimiento de la declaración jurada de Ganancias de personas humanas de fines de julio?

El avance de la nueva normativa fiscal se vio condicionado por una serie de factores políticos. La situación del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó complicaciones al proceso. El respaldo de la Casa Rosada al exfuncionario generó un freno en la actividad parlamentaria, lo que dejó sin tratamiento la propuesta destinada a corregir debilidades de la ley vigente y crear incentivos para que los argentinos exterioricen sus ahorros en dólares. El Congreso no abordó el proyecto en los últimos meses, mientras el calendario impositivo avanzó y los vencimientos de Ganancias quedaron cada vez más cerca.

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Caputo enfrenta ahora la disyuntiva de prorrogar o no los vencimientos de Ganancias para personas humanas. La decisión no depende exclusivamente del ministro, ya que la recaudación por Ganancias se distribuye entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de la coparticipación. Si la cartera resuelve postergar los vencimientos sin establecer pagos a cuenta ni anticipos, los ingresos de los gobernadores sufrirían un impacto directo. Este escenario adquiere relevancia en medio de un intento de la administración libertaria por recomponer los vínculos con los mandatarios provinciales.

ARCA
A fines de julio es el vencimiento para la presentación de la declaración jurada de Ganancias.

La convocatoria a los contadores surgió el martes por la noche, cuando los participantes del primer encuentro con el titular del Palacio de Hacienda recibieron la invitación para una nueva reunión. Pero el contexto cambió respecto a la cita anterior: diversos profesionales del sector contable expresaron públicamente la necesidad de prorrogar el vencimiento de Ganancias.

El Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nota a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la que solicitó formalmente la postergación del plazo para la presentación y el pago de las declaraciones juradas, un requisito central para la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

En paralelo, circuló la versión de que el Ministerio de Economía y ARCA analizaban una posible alternativa para quienes cumplan con la presentación y el pago bajo el régimen general hasta el 27 de julio. Según esta hipótesis, los contribuyentes podrían acceder a los beneficios de la nueva ley fiscal mediante la opción de “ganancias simplificada” en el sistema web de ARCA. Sin embargo, fuentes internas del fisco nacional negaron esa posibilidad ante la consulta de Infobae, y precisaron: “Solo se implementa lo que está vigente, que el nuevo proyecto de ley no aplica”.

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Que funcione la Ley de Inocencia Fiscal es fundamental para los planes del ministro de Economía y esto quedo expuesto durante la conferencia de prensa en donde presentó el programa financiero hasta 2027. “Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. Nos reunimos con un grupo de contadores que nos brindaron su perspectiva sobre las razones por las cuales la ley no funcionaba como esperábamos. Incorporamos esas correcciones, pero el mandato del Congreso está, ya que la ley original fue aprobada; no veo razones para que no aprueben una versión mejorada”, señaló Caputo.

Lo que no está tan claro que sea así. La discusión en el recinto estará cruzada por lo que sucedió con el ex jefe de Gabinete, quien está siendo investigado presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas y se adhirió al RSG, aunque ello no implique necesariamente que lo hizo para sacar dólares del colchón.

Asimismo, el titular de la cartera económica también profundizó sobre el objetivo de la iniciativa y la magnitud de los recursos involucrados: “La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura y pymes. Es una masa crítica muy importante, porque los números oficiales que maneja el Banco Central indican que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones”.

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El margen para definir los próximos pasos en materia impositiva es cada vez más estrecho. Caputo tiene que hacer equilibrio entre cuidar la relación con los gobernadores y hacer caso a las demandas de los contadores para que la iniciativa funcione. La decisión que se conozca tras el encuentro marcará por qué se inclinó el ministro.



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Entra en vigencia este lunes un plan de ARCA con el que Economía busca ayudar a las Pyme

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Esta medida se llevará a cabo como respuesta a las problemáticas que están teniendo lugar entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los trabajadores del sector (Foto: Shutterstock)

Un hombre con traje y corbata habla tras un atril transparente frente a una pantalla azul con texto y el dibujo de una huella dactilar
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que con estas medidas busca aliviar la situación financiera de las pymes. (Maximiliano Luna)
Manos de una persona usando una calculadora sobre papeles con gráficos, una lupa, pilas de monedas y una computadora portátil en un escritorio.
La tasa de financiación para micro, pequeñas y medianas empresas se ubica en 2,75% mensual. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)
Contenedores Aduana
En ARCA aseguraron a Infobae que todavía trabajan para que entre en vigencia el computo de los saldos a favor. (Foto: Shutterstock)

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Por qué crece la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras

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La estabilidad del dólar mayorista contrasta con la caída de precios de acciones y bonos (Foto: Reuters)

  • Mayor incertidumbre o expectativas de devaluación. Una brecha que crece suele reflejar que los inversores y actores del mercado desconfían de que el tipo de cambio oficial pueda sostenerse a su valor actual, anticipando un salto devaluatorio o cambios en la política cambiaria.
  • Presión sobre el Banco Central. Si el tipo de cambio oficial se mantiene quieto -incluso “atrasado” si se lo coteja con el avance de la inflación- mientras el CCL sube, crecen las tensiones sobre las reservas internacionales y los incentivos para liquidar o retener exportaciones e importaciones.
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El CCL permite comprar un activo en pesos en Argentina y venderlo contra dólares depositados en una cuenta fuera del país

  • Mayor demanda de divisiones en el exterior. El CCL permite comprar un activo en pesos en Argentina y venderlo contra dólares depositados en una cuenta fuera del país. Cuando aumenta su precio respecto a otros tipos de cambio -como el dólar MEP, que queda en el país-, crece la necesidad o el deseo de fugar o posicionar capitales en el exterior.
  • Distorsiones en la economía. Una brecha elevada complica el comercio exterior. En el pasado, con un control de cambios estricto y brechas mucho mayores, generó incentivos a la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, y suele trasladarse a los precios internos de la economía.
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Para que la divergencia se corrija de manera sostenible, será necesario que mejore la percepción de riesgo soberano o que el tipo de cambio real recupere competitividad (PPI)

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Día, Burger King, Tía Maruca: ola de fusiones de último momento, antes de que entre en vigor un cambio regulatorio en materia de competencia

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Hay una tendencia que se viene dando hace, por lo menos, tres años: luego de la salida de empresas multinacionales de la Argentina, las marcas quedan en manos de empresarios locales. El fenómeno, que muchos analistas explican por la dificultad de las grandes corporaciones globales para entender el mercado interno argentino, se aceleró aún más en las últimas semanas ante la inminencia de un cambio regulatorio en materia de competencia que podría dificultar la concreción de estos negocios.

De hecho, la semana pasada, José Luis Manzano -accionista de grandes firmas como Edenor y Metrogas- cerró su ingreso como socio en la cadena de supermercados Dia junto a Francisco de Narváez, mientras que a través de su vehículo de inversión, Integra Capital, también se confirmó su adquisición de los 107 restaurantes de Burger King en el país, anteriormente en manos de Alsea, el holding mexicano que también opera la marca Starbucks en el país.

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Horas más tarde, Molinos Río de la Plata anunció la compra de la emblemática marca de galletitas Tía Maruca. Estas tres operaciones se cerraron en un solo día y, aunque los actores son distintos, todos comparten un denominador común: las transacciones se anunciaron o cerraron antes del 17 de noviembre, la fecha en que entrará en vigor un cambio regulatorio que alterará las reglas del juego para las fusiones y adquisiciones en la Argentina.

Qué cambia el 17 de noviembre y por qué los empresarios lo miraron con atención

Desde este martes, la Ley de Defensa de la Competencia 27.442 empezará a incluir un régimen de control previo de concentraciones económicas. El mecanismo implica que determinadas fusiones y adquisiciones —las que superan ciertos umbrales de facturación— deberán obtener la autorización de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) antes de concretarse.

Con la compra de Dia, el grupo liderado por Francisco de Narváez suma más de 900 sucursales y supera las 1.000 tiendas en 22 provincias

Hasta ahora, las empresas podían cerrar el negocio y notificar después. La entrada en vigencia del nuevo esquema opera un año después de la constitución formal del organismo de competencia, plazo que se cumple precisamente este 17 de noviembre.

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La diferencia no es menor. “Al final del camino, las autoridades tendrán más poder si opinan antes de que se cierre la transacción que si lo hacen después. Este contexto apuró negocios en los últimos meses, sin dudas”, explicó un especialista en el sector a Infobae.

En tanto, para aquellas operaciones en las que el impacto sobre la competencia es más debatible —los casos más “opinables”, en la jerga del sector—, la obligación de conseguir el visto bueno previo introduce una capa adicional de incertidumbre que puede condicionar el precio, el diseño de la operación e incluso su viabilidad.

El caso Telecom-Telefónica, el ejemplo de lo que puede ocurrir

El antecedente más elocuente de lo que implica que el regulador opine antes es la fusión entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina. Anunciada en febrero de 2025, la operación fue suspendida preventivamente en marzo de ese año por la Secretaría de Industria y Comercio y, recién en junio de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dio su autorización, pero con condiciones severas.

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El organismo exigió a Telecom la transferencia de 6 millones de clientes móviles activos a un competidor independiente —4 millones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2 millones en el interior—, junto con la cesión del espectro radioeléctrico necesario para prestar el servicio. Además, ordenó la desinversión de la cartera de abonados de Movistar en 28 localidades de cinco distritos, que comprenden 211.400 abonados en telefonía fija, servicios corporativos y mayoristas.

La fusión entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina fue el antecedente más elocuente del nuevo esquema

Desde Telecom —operador de la red móvil Personal— cuestionaron la resolución. “Es un encuadre competitivo antiguo que no refleja el mercado de telecomunicaciones actual. Tenemos a Starlink operando en banda ancha satelital y siguen contando los abonados uno por uno en las distintas regiones del país”, señalaron entonces desde la empresa en declaraciones a Infobae. “Nos obligan a una desinversión que es complicada y no tiene antecedentes”, agregaron en aquella oportunidad. El caso dejó en claro que, cuando el regulador opina antes, puede imponer condiciones que reconfiguran el negocio de manera sustancial.

Día cerró cinco días antes del cambio normativo

Una de las operaciones que llamó la atención en los últimos días fue la venta de Supermercados Dia Argentina al grupo GDN, la firma controlada por Francisco De Narváez, propietario de ChangoMás. El acuerdo, por USD 53,8 millones, se anunció el 5 de noviembre y cerró el 12 de noviembre, exactamente cinco días antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.

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La cadena española, previamente controlada por el fondo de inversión LetterOne del empresario ruso Mijail Fridman, decidió abandonar el mercado local tras acumular pérdidas contables por 54 millones de euros y un consumo de caja de 14 millones de euros en los 12 meses finalizados en junio de 2026. Con la incorporación de las más de 900 sucursales de Dia, GDN alcanza una red de más de 1.000 tiendas distribuidas en 22 provincias. El grupo español venía buscando hace tiempo desprenderse de su negocio en Argentina.

La novedad trascendió el 14 de noviembre, cuando se confirmó que también Manzano había ingresado como socio en GDN a través de Integra Capital, bajo la sociedad Dorinka. Según informó la propia compañía, el grupo inversor de Manzano se incorpora para “fortalecer el plan de crecimiento, la capacidad de inversión y la expansión en el mercado”. De Narváez, sin embargo, seguirá siendo socio mayoritario, mientras que Dia y ChangoMás continuarán funcionando como empresas separadas hasta que la ANC apruebe la integración.

Manzano también se quedó con Burger King y sumó las estaciones Shell

El mismo 14 de noviembre, Alsea, la firma mexicana que operaba Burger King en la Argentina, confirmó la firma de un acuerdo vinculante para vender los 107 restaurantes de la cadena. En el mercado identificaron a Integra Food & Hospitality —controlada por Integra Capital— como la compradora. La operación todavía está pendiente de autorizaciones regulatorias.

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Integra Capital, el vehículo de inversión de José Luis Manzano, se quedó con los 107 restaurantes de Burger King en la Argentina (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)

La adquisición cobra dimensión cuando se la conecta con otra operación anterior. En junio pasado, Mercuria Energy Group, el fondo suizo que es socio mayoritario de Manzano en Integra Capital dentro la petrolera Phoenix Global Resources, adquirió los activos de downstream de Raízen Argentina por USD 1.420 millones. Esa transacción incluyó la refinería de Dock Sud —rebautizada Signar Energy— y una red de 894 estaciones de servicio de la marca Shell en todo el país.

La hipótesis de negocios es sumar los restaurantes de Burger King a esa red de estaciones, tal como hizo YPF en su alianza con McDonald’s.

La trama del ecosistema Manzano tiene un eslabón adicional. Edenor, la distribuidora eléctrica en la que Integra Capital también tiene participación, informó, también la semana pasada, a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que su subsidiaria Edenor Inversiones S.A.U. suscribió acciones representativas del 20% del capital social de Latam Downstream Holdings Ltd. (LTDH), la sociedad controlante de las empresas del negocio de refinería de hidrocarburos que incluye a Signar Energy y la red de surtidores Shell. Edenor justificó la inversión como parte de su estrategia de crecimiento y la alineó con su propósito de contribuir a la transición energética, en particular el creciente rol de la electricidad en la movilidad.

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Molinos aceleró dos operaciones en octubre y noviembre

Molinos Río de la Plata, la empresa insignia del Grupo Pérez Companc, también concentró operaciones en las semanas previas al cambio regulatorio. El 28 de octubre, la compañía presidida por Luis Pérez Companc anunció la adquisición del 100% de Grupo Ayudín en Argentina, Uruguay y Paraguay, que comprende las marcas Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton, además de dos fábricas, un centro de distribución y oficinas comerciales en la región. La operación, cuya implementación fue declarada como sujeta al cumplimiento de autorizaciones habituales, se acordó con Apex Capital y Superior Brands.

El 14 de noviembre, además, Molinos anunció la compra de Tía Maruca, la histórica marca de galletitas fundada en 1998. La operación abarca la marca en la Argentina y determinados países de la región, y también está condicionada a la obtención de la autorización correspondiente.

Con estas dos incorporaciones, Molinos avanza en su objetivo de convertirse en una de las empresas de consumo masivo más importantes de la región, en un portfolio que ya incluye marcas como Matarazzo, Lucchetti, La Salteña, Don Vicente, Granja del Sol y NotCo, entre otras.

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Un mercado en máximos históricos, con compradores locales al frente

Estas operaciones se inscriben en un año de actividad récord para el mercado de fusiones y adquisiciones en la Argentina. Según un informe de la consultora Aon, el capital movilizado en M&A creció 38% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, con USD 4.672 millones en 129 operaciones. El dato de PwC Argentina coincide en la tendencia: 56 transacciones por USD 5.700 millones en el primer semestre, lo que posiciona al período como el tercer semestre más activo por valor desde 2010.

A partir del 17 de noviembre, toda fusión o adquisición que supere los umbrales de facturación establecidos por la ley deberá contar con la aprobación de la ANC antes de cerrarse
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compradores locales lideraron el proceso: según PwC, el 59% de las operaciones del semestre tuvo a inversores argentinos como adquirentes. “Resulta evidente que casi todos los compradores fueron locales. Ya no se trata de oportunidades de comprar barato, sino de entender la lógica argentina para armar planes de largo plazo, maximizar sinergias con sus negocios existentes y potenciar el crecimiento”, dijo Patricio Rotman, director de F&G Advisors.

La explicación del fenómeno tiene varias capas. Para Eugenio Aramburu, del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam), los inversores locales suelen liderar los procesos de M&A al inicio de un nuevo ciclo macroeconómico por su mayor capacidad de adaptación y flexibilidad en la evaluación del riesgo. “Pasó en la época de Menem y está pasando en el ciclo de Milei”, señaló.

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Valeriano Guevara Lynch, Chairman de Allende & Brea, sintetizó la dinámica con una frase que circula entre los operadores del sector: “Donde la multinacional ve volatilidad, el empresario argentino ve precio”. Para Guevara Lynch, el año que viene tendrá dos mitades bien diferenciadas: “una carrera por firmar antes de las elecciones y una pausa para ver qué dicen las urnas”.

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