Illinois Gov. JB Pritzker was dealt a major legal blow Friday after a federal judge gutted key state laws providing in-state tuition, financial aid and scholarships to illegal immigrants, marking another win for the Trump administration’s nationwide immigration agenda.

U.S. District Judge Stephen McGlynn, a Trump appointee serving in the Southern District of Illinois, sided with the Justice Department, ruling that Illinois’ in-state tuition policies, the RISE Act and the Illinois DREAM Act are «unconstitutional and invalid» as applied to illegal immigrants.

The ruling permanently prevents Illinois from enforcing the laws, although McGlynn delayed the order from taking effect for 14 days to allow the state to ask an appeals court to intervene.

JUSTICE DEPARTMENT SUES COLORADO OVER IN-STATE TUITION AND FINANCIAL AID FOR ILLEGAL IMMIGRANTS

U.S. Attorney Steven Weinhoeft celebrated the ruling.

«Illinois sought to incentivize illegal immigration on the taxpayer’s dime by treating illegal aliens better than U.S. citizens living in other states, in clear violation of federal law,» Weinhoeft said in a statement. «This ruling enforces the statute Congress wrote and stops the State from putting illegal aliens ahead of American citizens.»

The decision is the latest victory for the Trump administration’s effort to dismantle state laws extending higher education benefits to illegal immigrants and comes one day after the Justice Department filed a similar lawsuit against Colorado.

NEBRASKA ENDS IN-STATE TUITION BENEFITS FOR ILLEGAL IMMIGRANTS UNDER DOJ DEAL

The Justice Department filed the lawsuit against Illinois and a handful of colleges in September 2025, arguing that Illinois violated federal law by offering in-state tuition and financial aid to illegal immigrants without making those same benefits available to all U.S. citizens regardless of where they live.

McGlynn granted the federal government’s motion for summary judgment and denied Illinois’ motion to dismiss.

The ruling invalidates Illinois’ in-state tuition rules, the RISE Act, which provides access to state financial aid for certain students ineligible for federal aid, and the Illinois DREAM Act, which established scholarship opportunities for eligible students.

DOJ ESCALATES BLUE-STATE ICE STANDOFF AFTER STATES REFUSE KEY FEDERAL REQUEST

Rep. Mary Miller, R-Ill. praised the decision on X.

«This is a win for Illinois taxpayers and American students who were shut out while Pritzker prioritized foreigners in our country illegally,» Miller wrote.

President Donald Trump and Illinois Gov. J.B. Pritzker side by side. (Chip Somodevilla/Getty Images; Kamil Krzaczynski/AFP via Getty Images)

The Justice Department has won or reached settlements in similar cases involving Texas, Kentucky, Oklahoma and Nebraska, with Nebraska agreeing to end in-state tuition benefits for illegal immigrants as part of a settlement. Lawsuits remain pending against Minnesota, Virginia, California, New Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland and now Colorado.

In its lawsuit filed Thursday against Colorado, the Justice Department argued the state’s ASSET Act and related policies unlawfully provide lower tuition rates and state financial aid to illegal immigrants while denying those same benefits to out-of-state U.S. citizens.

«For three decades, Congress has made clear that Colorado cannot give education benefits to illegal aliens that it does not give to all American citizens,» Associate Attorney General Stanley Woodward said. «By granting illegal aliens in-state tuition, Colorado is not only violating federal law but subsidizing education for illegal aliens at taxpayers’ expense.»

Jared Polis, governor of Colorado, speaks to members of the media in the spin room following the first vice presidential debate at the CBS Broadcast Center in New York, US, on Tuesday, Oct. 1, 2024 (Al Drago/Bloomberg via Getty Images)

«Our litigation efforts will not cease until we have fulfilled President Trump’s promise that illegal aliens will not obtain preferential treatment over our nation’s own citizens,» he added.

Colorado Gov. Jared Polis’ office defended the state’s policies.

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«The federal government seizing control of determining in-state tuition across the country is absurd,» a Polis spokesperson previously told Fox News Digital. «In Colorado, we are expanding access to education to provide students with the skills to get good-paying jobs and doubling down on strategies to save students money.»

Fox News Digital reached out to Pritzker’s office for comment.

Un ritmo de guerra terriblemente familiar ha regresado para los iraníes: autopistas bombardeadas y una moneda en caída libre, publicaciones amenazantes del presidente Donald Trump en las redes sociales y una retórica incendiaria por parte de los gobernantes clericales de Irán.

Sin embargo, cuando Behnam, un músico desempleado en Teherán, llama a su familia o amigos para ver cómo están, nunca comienza hablando de la guerra. “La primera pregunta que nos hacemos unos a otros es: ¿Ya comiste?”.

Al igual que todos los iraníes entrevistados para este artículo, Behnam, de 38 años, pidió que no se usara su apellido por temor a represalias del gobierno de Irán. “Sinceramente, ha llegado a un punto en el que solo pensamos en sobrevivir”, dijo.

Atrás quedaron las charlas motivacionales de los familiares sobre encontrar trabajo, dijo, a medida que el desempleo se sigue disparando. Muchos iraníes han archivado sus planes de reparar edificios o reconstruir vidas devastadas por la guerra. Planear para el futuro parece un lujo absurdo cuando los amigos empobrecidos solo pueden permitirse comprar arroz por tazas y cuando Estados Unidos e Irán intercambian ataques contra sitios militares, puertos y plantas desalinizadoras de agua en toda la región.

Durante más de un año, los iraníes han estado atrapados en un ciclo constante de ataques aéreos, represiones de seguridad interna y devastación económica. Un breve alto al fuego alcanzado el mes pasado con Estados Unidos trajo un leve respiro ante la caída de las bombas, aunque no frente al desplome de la economía.

El desmoronamiento del acuerdo en las últimas semanas volvió a sumir al país en la guerra. Muchos iraníes se han quedado con la sensación de que sus vidas están en pausa o ya no les pertenecen.

“Ya no tengo control sobre mi vida”, dijo Behnam. “Nuestro destino está en manos de quienes no piensan en la gente común”.

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Este ciclo de crisis ha plagado a los iraníes desde la guerra de 12 días de Estados Unidos e Israel que golpeó al país en junio del año pasado. A raíz de ello, el gobierno impuso un apagón de internet nacional que duró meses, citando preocupaciones de seguridad nacional. Eso hizo que la tambaleante economía cayera en picada.

Luego, una crisis monetaria en diciembre desató protestas antigubernamentales que se convirtieron en un movimiento en todo el país. Estas fueron aplastadas en enero durante una represión más feroz que cualquier otra que Irán hubiera experimentado en décadas, que dejó miles de muertos y al país amargamente dividido.

Semanas después, Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciaron su guerra contra Irán y la describieron como una oportunidad única histórica para derrocar a los gobernantes autoritarios del país. Aviones de combate estadounidenses e israelíes bombardearon Irán, destruyeron infraestructura y mataron al líder supremo y a miles de civiles. Pero el régimen teocrático del país se mantuvo intacto, envalentonado por su supervivencia.

Asal, una comerciante de 20 años en una ciudad cercana a Teherán, estuvo entre los miles que participaron en las protestas de enero. Al romper a llorar mientras describía el arresto y la tortura que, según dijo, ella y sus amigos experimentaron, Asal dijo que alguna vez tuvo la esperanza de que la intervención de Estados Unidos e Israel ayudara a derrocar al régimen.

“Trump nos dijo que quería salvarnos, pero no era cierto”, dijo. “Lo que sea que pase en el futuro ya no me importa”.

Según algunos iraníes, a su malestar se sumaba el hecho de presenciar cómo sus seres queridos intentaban superar las adversidades económicas solo para ver sus pequeñas victorias aplastadas por la siguiente crisis.

Farzad, un diseñador web en Teherán, dijo que, en la recesión tras la guerra de 12 días, una amiga de la familia había empezado a vender encurtidos y mermelada casera a través de Instagram para complementar su pensión, que ya no era suficiente. Su otrora próspero negocio colapsó durante el apagón de internet, el cual el gobierno impuso durante la represión de enero y los primeros meses de la guerra.

Algunos iraníes dijeron en entrevistas que los precios se habían vuelto tan altos que estaban prescindiendo de la atención médica, o comprando vitaminas para reemplazar las frutas y verduras en su dieta porque eran más baratas.

“Deja de lado las estadísticas”, dijo Farzad. Cuando se trata de medir la crisis económica, dijo: “la conocemos con nuestros propios cuerpos, con nuestra experiencia vivida”.

Incluso cuando los bombardeos disminuyeron esta primavera, los iraníes se enfrentaron a nuevas humillaciones. Su gobierno continuó con la represión contra la oposición, lo que incluyó una ola de ejecuciones de los manifestantes de enero e incautaciones de propiedades de los disidentes. El mes pasado, unos ciberataques cerraron tres de los principales bancos de Irán, según las autoridades. Millones de iraníes perdieron repentinamente el acceso al poco dinero que tenían.

Para cuando se había resuelto el caos bancario, el país estaba de nuevo en guerra.

Los partidarios del gobierno de Irán argumentan que el país no tiene más remedio que seguir la lucha.

“Todo tiene un precio”, dijo Hossein, quien dirige un negocio en línea desde la ciudad portuaria de Bandar Abbas, la cual ha experimentado un intenso bombardeo estadounidense en la última semana. “Enfrentarnos a Estados Unidos y preservar nuestra independencia es mucho más valioso que convertirse en otro país de la región que simplemente dice que sí a todo lo que Estados Unidos quiere”.

Gran parte de los nuevos enfrentamientos se han concentrado en el sur de Irán. Farideh, de 51 años, ha quedado consternada por los bombardeos estadounidenses que han destrozado vías férreas y derribado puentes en su región, lo que ha dejado a algunos residentes varados durante días.

En la provincia sureña de Hormozgán, los ataques aéreos dejaron fuera de servicio redes eléctricas y una planta desalinizadora de agua, según Hamid Saed Panah, director de la compañía local de distribución de electricidad, y Ahmad Nafisi, vicegobernador de la provincia. Estados Unidos no ha comentado sobre estas afirmaciones.

Algunos residentes del sur dijeron que se habían quedado sin agua corriente y sufrían cortes de electricidad de horas de duración mientras tenían que soportar temperaturas que frecuentemente superan los 48 grados Celsius.

“Ha sido una experiencia extremadamente amarga y estresante, llena de desesperanza sobre el futuro”, dijo Farideh. Le costaba imaginar qué sería de la educación de sus hijos y con qué perspectivas profesionales se quedarían. “Desafortunadamente, nosotros, el pueblo, pagamos el precio de los errores y la terquedad de los gobiernos”.

Los leales a la república islámica acampan todas las noches en las calles de la mayoría de las ciudades, exigiendo que el gobierno continúe con la guerra en lugar de la paz y destrozando los nervios de aquellos iraníes desesperados por que la crisis termine.

“Las cosas se han puesto tan mal que todo el mundo ha perdido la cabeza por completo”, dijo Mohsen, dueño de un negocio en la ciudad central de Isfahán. “Estamos atrapados en el infierno y no hay salvación para nosotros”.

*Por Erika Solomon es la jefa del buró del Times para Irán e Irak. Sanam Mahoozi y Shirin Hakim colaboraron con reportería.

A Biden-appointed federal judge on Friday became the second jurist in Massachusetts to block the Trump administration’s effort to end Temporary Protected Status for migrant groups, fueling a growing clash over whether lower courts are ignoring a recent Supreme Court ruling that narrowed their authority over such decisions.

U.S. District Judge Brian Murphy of the District of Massachusetts issued an administrative stay in African Communities Together v. Mullin, temporarily preserving TPS protections for Ethiopian nationals while the court considers whether plaintiffs may pursue constitutional claims in light of the Supreme Court’s June ruling. In a 6-3 decision in Mullin v. Doe, the Supreme Court significantly narrowed lower courts’ authority to block DHS decisions designating or terminating TPS.

Murphy’s ruling drew a swift response from DHS General Counsel James Percival, who accused him of «mutiny» against the Supreme Court and revived criticism of the judge’s May 2025 order halting a deportation flight to South Sudan. DHS blamed Murphy for leaving ICE officers stranded at a U.S. military base in Djibouti, where officials said they faced malaria exposure and the threat of rocket attacks from terrorist groups in neighboring Yemen.

SUPREME COURT’S LATEST IMMIGRATION RULING WILL CAUSE AMERICANS TO ‘DIE AND SUFFER’ ATTORNEY WARNS

«Remember when that district judge rerouted a plane with child rapists headed for South Sudan? The judge made ICE land in Djibouti to face Malaria and terrorist rocket attacks from Yemen,» Percival wrote on X. «Fun fact: it was the very same Judge Brian Murphy who entered a lawless TPS order today!»

Murphy’s Friday order comes amid a months-long legal fight over the Trump administration’s effort to end Ethiopia’s TPS designation.

The litigation began after then-Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem determined in December 2025 that conditions in Ethiopia no longer justified Temporary Protected Status and announced the designation would terminate. Under the department’s notice, Ethiopia’s TPS designation was set to expire after a 60-day wind-down period, with protections ending on Feb. 13, 2026, before Judge Brian Murphy intervened.

SUPREME COURT WEIGHS TRUMP EFFORT TO TERMINATE TEMPORARY PROTECTIONS FOR HAITIAN, SYRIAN MIGRANTS

U.S. President Donald Trump takes questions from the media during a bilateral meeting with President of Lebanon Joseph Aoun in the Oval Office of the White House on July 21, 2026 in Washington, DC. U.S. District Court Judge Patti Saris attends the opening ceremony for the Justice Stephen G. Breyer Community Learning Center on Courts and the Constitution at the federal courthouse in Boston, Massachusetts, U.S., March 25, 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images; Brian Snyder/Reuters)

Earlier this year, Murphy sided with the challengers, granting their motion to postpone DHS’s termination of Ethiopia’s TPS designation after finding they were likely to succeed on claims that the department failed to follow the procedures Congress established for ending TPS.

But litigation was upended on June 25 after the Supreme Court ruled in Mullin v. Doe that lower courts generally cannot hear Administrative Procedure Act challenges to DHS decisions designating or terminating TPS. Since the Administrative Procedure Act formed the legal backbone of the plaintiffs’ challenge, the Trump administration argued Murphy’s injunction had been undermined and should be lifted.

However, the Supreme Court left open whether constitutional claims could still proceed, leading the plaintiffs to revise their complaint to focus on those arguments.

BLUE STATE LEADERS ERUPT AFTER SUPREME COURT’S DECISION ENDING TPS PROTECTIONS FOR HAITIANS, SYRIANS

Murphy’s ruling comes just hours after another judge in the District of Massachusetts, Senior U.S. District Judge Patti Saris, temporarily halted the Trump administration’s effort to terminate TPS for South Sudan. Saris issued an administrative stay preserving protections while she considers whether plaintiffs may amend their lawsuit following the Supreme Court’s ruling. Like the Ethiopia case, the South Sudan challenge was brought by African Communities Together along with individual TPS holders.

Saris said her order was simply meant to temporarily maintain the status quo while the court considers the case and was «not a ruling on the merits.»

A U.S. Department Of Homeland Security and U.S. Customs and Border Protection sign is displayed at the U.S. Customs and Border Protection Headquarters on May 18, 2025 in Washington, DC. (Kevin Carter/Getty Images)

The tandem rulings have led to calls for the Trump administration to ignore the lower courts’ ruling.

«These Democrat operatives in robes do not have the power to do this,» Mike Davis, a conservative legal activist and founder of the Article III Project, wrote on X. «The Supreme Court just made that crystal clear. So it’s time to ignore these clearly lawless orders.»

«These puny little district court judges have been overruled so many times by the supreme court, especially on immigration, I think it’s time for the president to take his constitutional oath seriously, and ignore them,» Ann Coulter, a conservative political commentator wrote on X.

Murphy has repeatedly clashed with the Supreme Court over the Trump administration’s immigration policies, with the justices twice siding with the administration in its challenge to his orders restricting deportations of illegal aliens to countries that are not their homelands.

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The Biden administration first granted Ethiopians Temporary Protected Status in 2022, declaring that war and a worsening humanitarian crisis had made it unsafe to return them to their home country. Then-DHS Secretary Alejandro Mayorkas pointed to ongoing armed conflict, widespread violence, human rights abuses, food insecurity, among the many reason as the basis for the designation. The protections took effect on Dec. 12, 2022, and were later extended through Dec. 12, 2025. DHS estimated approximately 26,700 Ethiopian nationals living in the United States could qualify for TPS.

Fox News Digital reached out to African Communities Together for comment.